De la Declaración de Granada a la España “polifónica”: la evolución del modelo federal del PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba reúne a todos los líderes autonómicos en el verano del año 2013. La crisis territorial se agrava cada día más en España con el furor independentista al alza y con el propio PSOE en medio de días de convulsión por el choque con el PSC. Pere Navarro clamaba también por una España plurinacional y por el “derecho a decidir”. Los socialistas solventaron esa convulsa situación con un texto que firmaron todas las federaciones bajo la denominación de la Declaración de Granada.

Supuso el primer gran movimiento del PSOE hacia el modelo federal. Hace más de una década de aquel 6 de julio de 2013 y los socialistas han ido durante estos años moldeando sus posiciones y ajustando el modelo a la situación principalmente para dar encaje a la cuestión catalana. Esta ha sido una de las grandes obsesiones de Ferraz, especialmente desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, que enarbola la bandera de haber logrado la reconciliación y que las urnas hayan dado su respaldo aupando a Salvador Illa como presidente de la Generalitat tras sucesivos gobiernos de mayoría absoluta del independentismo. Asimismo, el reciente 41 congreso federal del PSOE ha dado un paso nuevo para aunar todas las posturas de cara a la próxima batalla autonómica: un nuevo modelo de financiación y la creación de un sistema singular para Cataluña. Los socialistas salen de Sevilla con una enmienda pactada por todos los barones de la que emerge el concepto de la “España polifónica”.

La apuesta por la España federal arranca con fuerza en esa Declaración de Granada, cuyo texto se tituló "Un nuevo pacto territorial: la España de todos". En aquel momento el PSOE reconoció que, pese al éxito desde su creación, el Estado de las Autonomías necesitaba “una profunda revisión y una actualización urgente”. 

Frente a los intentos de recentralización de la derecha y los de separación del independentismo, en el PSOE propugnaron entonces: “La solución, una vez más, es la reforma en profundidad. El Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias”. 

La apuesta que hizo en ese momento el PSOE pasaba por una reforma de la Constitución para incorporar expresamente el mapa autonómico y para clarificar las competencias entre administraciones a fin de “acabar con la confusión” y una modificación del Senado para que se convirtiese en una verdadera Cámara de representación territorial. Otro de sus grandes puntos era “modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía” para que no se repitiera un recorte posterior por parte de los tribunales a lo que se había votado como pasó con el Estatut catalán.

Sánchez y la España plurinacional

El PSOE trató de hacer calar ese modelo pero la situación se agravó a nivel territorial con la pugna entre un PP con Mariano Rajoy gobernando con mayoría absoluta en La Moncloa y la apuesta decidida del soberanismo por la independencia. El siguiente gran paso para buscar un encaje lo dio Pedro Sánchez una vez logró ganar las primarias. Para aquella victoria frente a Susana Díaz fue clave el apoyo masivo de los militantes del PSC.

Entonces Sánchez hizo una apuesta por el concepto de España plurinacional, que chocó con buena parte del llamado socialismo clásico. Pero su arrolladora victoria en la consulta interna en 2017 en el partido llevó esos términos a los documentos que se aprobaron en el 39 congreso. En las resoluciones, bajo el epígrafe de Un modelo territorial estable y equilibrado, se recogía: “Los socialistas entendemos que el federalismo, con sus premisas de cooperación, colaboración, solidaridad, y lealtad institucional e interterritorial, como se defiende en nuestra Declaración de Granada, puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad y comprometida con el autogobierno de las Comunidades que la integran”.

“Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Constitución Española”, rezaba el documento.

Para añadir: “En efecto, aunque el vigente Estado autonómico es ya hoy, materialmente, un Estado de tipo federal (eso sí, con algunas disfunciones pendientes muy importantes, como las que afectan en particular a la Cámara de Representación Territorial, el Senado, y al sistema de distribución de competencias), España necesita una transición a una solución federal análoga y homologable con la de otros Estados miembros de la Unión Europea de estructura federal, pues solo ésta puede dar cabida a la pluralidad española, conferir acomodo a los diversos sentimientos de identidad de los españoles en todos los territorios, y estabilizar la descentralización política, económica y presupuestaria de la que nos hemos dotado”.

Llegando a la siguiente conclusión: “Reivindicamos la necesidad y la urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo de organización territorial de nuestro país. Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos públicos comunes. Si las posiciones se mantienen con el desprecio al diálogo conducirán al enconamiento e incluso a la confrontación, que es la vía que han adoptado tanto el gobierno del PP como los independentistas catalanes”.

En ese verano de 2017, a punto del choque entre el Gobierno del PP y la Generalitat de Carles Puigdemont que terminaría en el fatídico 1-O, Sánchez y el entonces líder del PSC, Miquel Iceta, lanzaron la conocida como Declaración de Barcelona, partiendo de la ponencia acordada en el congreso del partido. La apuesta pasaba por la reforma constitucional, el desarrollo del Estatut y la aprobación de un nuevo sistema de financiación. Había dos alusiones directas a la “realidad plurinacional” de España.

"La España multinivel moderna"

La evolución de esa España plurinacional se dio otra vez en el 40 congreso que celebró el PSOE en Valencia en 2021 en un contexto diferente, con la pandemia azotando todavía el país, con la experiencia de la cogobernanza y con Pedro Sánchez ya en La Moncloa diseñando una hoja de ruta de reconciliación con medidas como los indultos. Entonces desapareció ese adjetivo de plurinacional para pasar a una España “multinivel”.

El texto que salió de ese cónclave indicaba: “La cultura federal que se está abriendo camino en España con ocasión de los múltiples foros de deliberación colegiada que la pandemia está obligando a activar entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos es una oportunidad para perfeccionar los mecanismos de cogobernanza y el compromiso común en un destino compartido”. La idea clave pasaba por aquí: “La España multinivel moderna es la que ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en clave de mayor profundización del Estado de las autonomías, tal y como lo refiere la Declaración socialista de Granada, refrendada en la Declaración de Barcelona y las resoluciones del 39 Congreso”.

Acuerdo sobre financiación en Sevilla: "La España polifónica"

Y la última evolución se ha dado en el reciente congreso que se ha celebrado en Sevilla. Con el independentismo en horas bajas y la crisis territorial superada, el principal escollo dentro del partido estaba en lograr un consenso en torno a la financiación singular pactada por ERC y el PSC para hacer president a Salvador Illa. Una cuestión que ha tensionado durante meses al PSOE de manera interna. Pero se logró la cuadratura del círculo con una enmienda pilotada por el valenciano Arcadi España y que logró concitar posiciones que parecían antagónicas como las de los socialistas catalanes y el PSOE de Castilla-La Mancha.

El texto que guía a los socialistas a partir de ahora reivindica esta concepción de país: “España es una realidad compleja que solo se puede construir desde el diálogo, desde la aceptación de la diversidad, desde la suma de las identidades. Una España diversa, dónde la pluralidad de lenguas, culturas e identidades conviven y resultan ser su mayor fortaleza”.

 Apunta el documento esta visión: “Creemos en una España polifónica, en la que todas las voces que conviven en sus territorios sean escuchadas, no solo en términos de identidad cultural o lingüística, también en la participación política y social. Para ello es necesario avanzar en los mecanismos de colaboración y participación, para que la voz del Estado y de sus instituciones centrales pueda estar construida a partir de todas las aportaciones de quienes lo conforman, tanto de los territorios como de los ciudadanos y ciudadanas y grupos sociales”.

Para el PSOE: “Todos los territorios contribuyen a enriquecer el proyecto común de España. La pluralidad es una riqueza, no una debilidad; es en la suma de estas voces donde se encuentra la verdadera fortaleza. Ningún territorio de nuestro país puede concebirse sin su diversidad cultural y lingüística interna. España contiene en su conjunto una gran riqueza lingüística, una gran diversidad que cabe potenciar y preservar, desde la educación, la cultura y la política. Las lenguas sirven para unir y dialogar, no para separar. Sea como fuere, España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todas y todos los socialistas”.

El desafío "urgente" de la financiación

Señala en material territorial como el desafío más “urgente” de aquí a 2030 un sistema de financiación autonómica “más justo y sostenible”. “Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las comunidades autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de suficiencia de recursos, equidad y eficiencia que deben ser corregidas, además de resultar excesivamente complejo. Necesitamos un sistema que asegure recursos suficientes para que todas las comunidades puedan cubrir sus competencias y que lo hagan de forma equitativa, ya que actualmente persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado para financiar los mismos servicios públicos. El objetivo es conseguir que los ciudadanos residentes en distintas comunidades autónomas tengan acceso al mismo nivel de servicios públicos”, defiende el PSOE.

Para especificar a continuación: “Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas, mientras solicitan más fondos al Gobierno central. El nuevo modelo debe avanzar en corresponsabilidad fiscal y, en ningún caso, debe dar cobertura a la menor recaudación de las comunidades autónomas derivada de las bajadas impositivas que adopten”.

“Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas, a los problemas vinculados al mundo rural y a los complejos desafíos relacionados con el reto demográfico y el territorio, así como a las climáticas, entre ellas, las asociadas a los incendios de nueva generación y a las danas catastróficas, como la sucedida recientemente en Valencia y otras comunidades autónomas. Situaciones que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras”, reza el documento que salió adelante con unanimidad de las federaciones.

"Federar no es separar"

Llama el documento a profundizar la cohesión económica y social del territorio: “Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado. España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas y mecanismos federales de cooperación, coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la cogobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos”.

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El análisis que hacen en el PSOE es que “es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas”. Y añade el texto pactado: “El federalismo es la solución para  una convivencia estable. La federalización del Estado que reivindicamos, más que un cambio de modelo supone, desde el pacto y el consenso, dar un paso más en el perfeccionamiento y mejora del Estado Autonómico, garantizando la solidaridad y la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su lugar de residencia”.

“Federar no es separar, federar es unir, creando un espacio de convivencia donde se garantice al mismo tiempo la unidad del Estado con el respeto a la diversidad de los pueblos que lo integran, el autogobierno de las Comunidades Autónomas y la integración política del Estado. Es por ello un sistema que permite reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios de España, mejora la cohesión social y persigue la igualdad, profundiza en la esencia democrática, además de ofrecer respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras comunidades en un Estado integrador y eficiente. El federalismo asume la importancia de los sentimientos y de las identidades que son diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes, en línea con la Declaración de Granada”, recoge el documento aprobado.

Los socialistas apuesta por una reforma del sistema de financiación que “deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva”. El compromiso es aprobarlo de manera “multilateral” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”.