Algunos de los autores del informe de las comunidades autónomas del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, en el que se analizan la gestión de los gobiernos regionales durante este año, han coincidido en que el decreto del estado de alarma, que rigió en España durante casi 100 días con motivo de la pandemia del coronavirus, ha servido para "fortalecer" el Estado autonómico y para darle una "oportunidad".
Así lo han expuesto varios catedráticos de Derecho Constitucional de distintas universidades españolas, que han participado en la redacción de este texto que pertenece a 2019. Según han explicado durante la ponencia, recogida por Europa Press, los asuntos relacionados con la pandemia del coronavirus no están recogidos en este informe al tratarse de un escrito cerrado en 2019, si bien han adelantado algunas cuestiones, como la relacionada con el estado de alarma, que irán en el próximo escrito.
"El Estado autonómico funciona y el decreto de alarma es bueno, es óptimo", ha subrayado uno de los directores del informe, el catedrático Javier García Roca, que ha convenido con el resto de ponentes en ensalzar la figura del estado de alarma frente a la pandemia. Ha defendido este artículo de la Constitución ante las respuestas de algunos partidos porque considera que se han dado "contrapesos" al poder del Gobierno central con el control parlamentario y el control judicial.
En este sentido, los ponentes han puesto en valor la labor de "cogobernanza" de los gobiernos autonómicos en el proceso de desescalada de coronavirus y han reivindicado el diálogo semanal de los presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a través de las videconferencias de los domingos.
Han puesto como ejemplo las medidas de confinamiento que se están produciendo en algunos territorios y que están siendo dirigidas por los gobiernos autonómicos y seguidas de cerca por el Ejecutivo central, fruto precisamente de la "cogobernanza" a la que han hecho referencia.
Consideran que el estado de alarma y la situación sanitaria ha dado una "oportunidad" al modelo autonómico para trabajar de manera coordinada entre distintas administraciones y han apelado al Ejecutivo central y a los regionales a continuar con esta colaboración después de haber finalizado el estado de alarma.
No obstante, han reclamado más reuniones de conferencias sectoriales para ahondar en algunos temas como la financiación autonómica y han rechazado que la convocatoria de estos grupos de trabajo se limiten al "carácter del ministro de turno".
Problemas con las residencias de ancianos
A raíz de los problemas con las residencias de ancianos, el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Javier Donaire, ha apuntado a que la pandemia ha puesto de manifiesto que "no había conciencia" de que había un problema con los geriátricos.
"Nos pone de manifiesto que había un problema del que no éramos conscientes y como las crisis son oportunidades esto nos sirve para hacer un debate interno acerca de cómo debe gestionarse esta cuestión", ha apuntado Donaire, que se ha remontado a la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en las residencias de ancianos para dar a conocer este problema.
A este respecto también se ha pronunciado García Roca que ha aclarado que las competencias en este sentido pertenecen a cada comunidad autónoma, a pesar del estado de alarma. "El estado de alarma no es el artículo 155", ha espetado en esta línea otro de los ponentes.
Fase de "espera" en Cataluña
Durante la presentación del informe de las comunidades autónomas de 2019, varios de sus autores han ido desgranando los estudios sobre el parlamentarismo, la financiación autonómica, la jurisprudencia constitucional y el proceso secesionista en Cataluña, entre otros asuntos que, en boca de los propios ponentes, han quedado en segundo plano por la crisis del coronavirus.
De lo que sí han hablado con vigencia de este año ha sido del proceso secesionista en Cataluña. Según el director del Instituto de Derecho Público, David Moya, el independentismo está en una "fase de espera" después de la "judicialización" del año pasado.
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A través de un orden cronológico, Moya ha argumentado que el proceso soberanista tuvo una etapa en 2017 y 2018 con el referéndum ilegal y el posterior 155, mientras que en 2019 sufrió esa judicialización que se dio con la sentencia que encarcelaba a varios dirigentes por el 1 de octubre.
En este sentido, considera que actualmente en Cataluña se está produciendo este "compás de espera" dado en parte por la fragmentación en el arco independentista y por la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Ejecutivo central.
Por último, ha celebrado el "diálogo" entre ambas administraciones para avanzar en el conflicto catalán, si bien ha avertido que este proceso "será largo" y habrá que "naturalizar" algunas cesiones que se den por ambas partes.
Algunos de los autores del informe de las comunidades autónomas del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, en el que se analizan la gestión de los gobiernos regionales durante este año, han coincidido en que el decreto del estado de alarma, que rigió en España durante casi 100 días con motivo de la pandemia del coronavirus, ha servido para "fortalecer" el Estado autonómico y para darle una "oportunidad".