Los decretos autonómicos, vía de circunstancias para grandes confinamientos sin estado de alarma

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida ha decidido no avalar las medidas pautadas por la Generalitat de Cataluña en cuanto a la contención del rebrote registrado en la comarca del Segrà (Lleida). Las autoridades catalanas habían decidido ir un paso más allá del confinamiento perimetral de la comarca y tenían previsto impulsar este lunes medidas estrictas que afectarían a la población de ocho municipios. La jueza cree que la decisión del Govern de Quim Torra es desproporcionada y su objetivo "no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial". El president, determina la magistrada, "podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", pero no dictar una "gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos".

Quim Torra, por su parte, ha mantenido su apuesta a la hora de actuar con "contundencia", por lo que prepara un decreto ley que iba a aprobarse anoche en una reunión extraordinaria de su Govern que incorpore un plan de actuación ante los rebrotes. "No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas", ha señalado.

La Fiscalía, que se opuso a los planteamientos de la Generalitat, argumenta que sí es posible un cordón sanitario o confinamiento perimetral, como el decretado en el Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo), pero estima que la propuesta de Quim Torra "excede ampliamente de una simple limitación de movimientos e incide gravemente en los derechos reconocidos constitucionalmente". Este lunes, el fiscal ha expresado que el decreto "sería de nuevo ilegal y recurrible" si afecta a derechos fundamentales.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado la intención de "legislar para poder confinar de manera puntual sin necesidad del estado de alarma". A su entender, sería necesario "un desarrollo normativo que permitiera no tener que llegar al estado de alarma" pero sí cubrir las necesidades específicas en materia de protección ante un brote. Respecto al brote catalán, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado en rueda de prensa que el "papel preponderante lo tienen las comunidades", quienes disponen de "instrumentos para controlar el brote". Asimismo, ha señalado que los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña están trabajando en la vía más adecuada para encarar el brote. La recomendación a la ciudadanía, ha insistido el ministro, pasa por seguir las directrices de las autoridades sanitarias.

Los juristas consultados por infoLibre entienden el origen del choque jurídico en el vacío legal que existe actualmente. Ante la ausencia de una normativa específica, los expertos entrevén en el decreto ley la vía más efectiva para dictar confinamientos puntuales.

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, reconoce una división entre los juristas en torno a la consideración del confinamiento domiciliario. "Unos creen que equivale a una suspensión del derecho fundamental y otros entienden que es una limitación", explica el jurista. Lo cierto es que las herramientas a disposición de las autoridades, esencialmente la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, parecen haberse quedado cortas a la hora de despejar dudas. "La normativa sanitaria es bastante laxa en cuanto a las medidas concretas que pueden adoptar las autoridades sanitarias, es un cajón vacío en el que podría caber todo", señala el constitucionalista. En todo caso, toda decisión en base a la mencionada ley requiere de una ratificación judicial. ¿Y qué ocurre cuando no existe tal autorización? Entonces la solución propuesta por Quim Torra parece la más efectiva. "Dejando de lado las cuestiones más retóricas, lo que plantea es hacer un decreto ley, una medida razonable en términos prácticos, porque no puede ser bloqueado por un juez", estima el catedrático, quien detalla que "lo único que podría paralizar ese decreto sería no solo un recurso de constitucionalidad, sino que además el Tribunal Constitucional dictara una interrupción de la vigencia del decreto".

Con él coincide Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. La aprobación de un decreto ley funciona precisamente para "evitar la resolución judicial, porque los jueces ya no pueden paralizarlo, sólo el Tribunal Constitucional". Se trata de un modo de esquivar ese "vacío legal" producto, en parte, de una falta de previsión. "Se necesitaba una reforma legislativa para dar más cobertura a las actuaciones de la administración pública", en el sentido de "acotar muy claramente quién tiene la competencia, en caso de que exista una situación sanitaria que precise la adopción de medidas drásticas", además de definir "qué se puede hacer, concretar un catálogo específico" reste margen a la interpretación.

Ambos juristas discrepan de la decisión tomada por la jueza. "Las comunidades sí tienen competencias para llevar a cabo este tipo de actuaciones", estima Moreno, porque la ley "se refiere a la autoridad sanitaria, que ahora mismo no es sólo el Ministerio de Sanidad, sino también las consejerías". Arbós no comulga con la jueza a la hora de "remitir al estado de alarma: a veces la política sanitaria determina la necesidad de limitar un derecho fundamental para preservar otro" y en este punto la pregunta tiene que ver con "quién es la autoridad sanitaria". Si lo son las comunidades, reflexiona el catedrático, el alcance de las medidas –que afecte a un barrio, a un municipio o a una comunidad– no debería marcar la diferencia.

Para Moreno, lo "normal es que haya estos debates, pero el problema es que el legislador no se haya dado prisa para modificar la ley orgánica o aprobar una nueva". En todo caso, "siempre queda la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez decrete un estado de alarma para un territorio concreto", aunque entiende que no "habría por qué llegar a esa situación" si las comunidades pueden actuar con cierta autonomía.

Plan de Sanidad

El Ministerio de Sanidad trabaja en la gestión de una posible oleada de contagios, codo a codo con las comunidades autónomas. Este lunes ha presentado su Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19, una estrategia para evitar un repunte generalizado de los casos que obligue a la toma de decisiones drásticas. De esta manera, la aparición de "brotes controlados o casos esporádicos limitados" conllevará acciones como garantizar las capacidades asistenciales y de salud pública, implementar medidas de protección colectiva, el acopio de proveedores de recursos estratégicos y controles en puertos, aeropuertos y fronteras. En el caso de "brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica" se llevarán a cabo medidas adicionales como la redistribución de capacidades asistenciales entre comunidades o la distribución y reposición de recursos estratégicos. Si el problema deviene en "transmisión comunitaria no controlada" habrán de impulsarse acciones simultáneas de confinamiento en todo el territorio estatal o en territorios específicos, así como actuaciones relacionadas con el control de la movilidad y el transporte.

Las comunidades llevarán las riendas, pero será el Ministerio de Sanidad quien se ocupe de armonizar las medidas. Los aspectos relativos a la gestión estratégica de la preparación y respuesta ante amenazas sanitarias se analizarán en el Comité de Dirección del Covid19 creado en el Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), quien acuerda la implementación de las acciones en el conjunto de las comunidades autónomas.

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En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades autónomas, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad. Con una excepción: las situaciones de urgente necesidad. En este caso, se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se informará de manera urgente de los movimientos efectuados.

El documento ha sido estudiado la tarde del lunes en el Consejo Interterritorial que el ministro Salvador Illa preside y se someterá a votación este jueves.

En otros países, el confinamiento se ha desarrollado igualmente como una medida extrema carente de experiencia previa. Italia de hecho prolongará el estado de emergencia hasta diciembre, por orden del primer ministro, Giuseppe Conte. El modelo alemán revela un mayor peso de los estados. El principal rebrote en el país se zanjó con el confinamiento dictado por las autoridades del estado de Renania del Norte-Westfalia. En Suiza también se han constatado diferencias entre cantones, especialmente en cuanto a la gestión económica de la crisis. La Universidad de Ginebra ha publicado un estudio en el que pone de manifiesto las lagunas en la ley de epidemias, vigente desde el año 2016, una norma que considera insuficiente en tiempo de pandemia.