Defensa también asume como oficiales los cambios en la bandera y el himno dictados por los golpistas en la Guerra Civil

No solo el Tribunal Supremo, que el pasado martes suspendió de forma cautelar la exhumación del dictador Francisco Franco, asume como oficiales las decisiones adoptadas por los militares golpistas en plena Guerra Civil. También el Ministerio de Defensa otorga carácter de Estado a los pasos dados por la Junta Nacional de Defensa franquista, órgano creado por el bando sublevado para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas, en materia de símbolos. Así, la cartera dirigida en funciones por Margarita Robles editó el año pasado una publicación en la que se establece que el cambio de la bandera tricolor a la insignia franquista se produjo oficialmente en agosto de 1936, un mes después de que se diera el golpe de Estado y cuando todavía se mantenía en pie el Gobierno legítimo que encabezaba Manuel Azaña. Del mismo modo, asume como oficial la recuperación de la Marcha Granadera como himno nacional a través de un decreto promulgado en 1937, si bien deja claro en este caso que fue necesario un segundo decreto un lustro después para que se “diese cumplimiento” al primero.

Estas afirmaciones se encuentran recogidas en Los símbolos del Estado español. La bandera. El escudo. El himno, una publicación de carácter oficial de apenas 16 páginas editada en 2018 por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. El escrito, que puede descargarse tanto a través de la web oficial de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural como a través de la página dedicada a la festividad del 12 de octubre del año pasado, pretende “divulgar la historia y significado” de los símbolos nacionales y “acercar su conocimiento a todos los ciudadanos de una manera sencilla y visual”. “Los símbolos nacionales representan los poderes constitucionales del Estado y se encuentran vinculados en su génesis histórica a la Corona de España. El ordenamiento jurídico vigente reconoce estos símbolos como patrimonio de todos los españoles, establece su carácter oficial y regula su utilización, honores y protección”, arranca la publicación.

El Ministerio de Defensa comienza abordando la historia de la bandera, para lo que se remonta primero al reinado de Carlos III y posteriormente al de Isabel II. A continuación, aterriza en la Segunda República, cuando se sustituyó la rojigualda por la tricolor, y prosigue con la Guerra Civil. Es en este último periodo cuando asume como oficial, a pesar de mantenerse en pie el Ejecutivo legítimo de Manuel Azaña, el cambio de insignia promulgado por la Junta de Defensa Nacional. “Al estallar el alzamiento, el 18 de julio de 1936, entre las tropas sublevadas proliferaban diferentes banderas. Para evitarlo, el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general [Miguel] Cabanellas, firmó un decreto, el 29 de agosto de 1936, por el que se recuperó la bandera tradicional. En su artículo único dice: ‘Se restablece la bandera bicolor, roja y gualda, como bandera de España”, recoge la publicación, que señala que dos años después, en 1938, se dispuso que el escudo central “fuera el de los Reyes Católicos colocado sobre el pecho de un águila negra”.

Lo mismo sucede con el himno nacional, cuyo origen se remonta a la militar Marcha Granadera –su primera mención documental data de 1749–. La publicación recorre los cambios producidos en el símbolo durante el Trienio Liberal, en el que se estableció como oficial el Himno de Riego, o en 1870, cuando se decidió mantener la Marcha Granadera aunque pasando a denominarse Marcha Real. En la Segunda República se volvió a recuperar el Himno de Riego, aunque no fue fijado expresamente en la Constitución. Y tras el golpe de Estado, el escrito del Ministerio de Defensa reconoce como oficial el cambio producido por decreto del 27 de febrero de 1937, en el que “se restableció la Marcha Granadera como himno nacional”. Eso sí, añade a continuación que “fue necesaria la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo decreto fechado el 17 de julio de 1942 para que se le diese cumplimiento”.

 

 

Estos dos polémicos párrafos en los que se hace referencia a la bandera e himno nacional también aparecen recogidos, palabra a palabra, en la sección símbolos de Estado de la página web de La Moncloa. Eso sí, incluyendo algún que otro matiz importante. En el caso de la insignia, se recalca que la rojigualda se restableció exclusivamente “entre las tropas sublevadas”. Y en la parte del himno, se señala que fue “el general Franco” el que recuperó la Marcha Granadera. Todos estos detalles que el Ejecutivo ofrece en su página web proceden de una sola fuente bibliográfica: Símbolos de España. Esta obra colectiva fue publicada en 1999 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y recibió en el año 2000 el Premio Nacional de Historia concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. El trabajo fue coordinado por la historiadora Carmen Iglesias, actual directora de la Real Academia de la Historia y académica especializada en el siglo XVIII.

El ‘lío’ del Supremo

La asunción como legítimas por parte de algunas instituciones de ciertas resoluciones emitidas por la Junta Nacional de Defensa durante la Guerra Civil se ha puesto de manifiesto esta semana en el auto del Tribunal Supremo que paraliza cautelarmente la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. En el escrito, adoptado por unanimidad y del que fue ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, se señala que “don Francisco Franco Bahamonde” fue jefe de Estado “desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”. Todo esto, añade el auto que ha tirado por tierra temporalmente uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de Pedro Sánchez, “atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a derecho”.

Efectivamente, el 1 de octubre de 1936 Franco fue nombrado jefe de Estado. Pero esta designación la realizó el órgano creado por el bando sublevado para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por los militares golpistas. Por eso, los historiadores consultados en su momento por infoLibre no dudaron en señalar la pérdida de reconocimiento internacional del gabinete de Azaña acontecida en febrero de 1939 como definitoria del cambio de manos de la autoridad suprema del Estado español. “Es cierto que queda proclamado jefe de Estado, pero no de todo el territorio”, explicó a este diario el catedrático y Premio Nacional de Historia en 2017, Enrique Moradiellos. Una “soberanía múltiple” que se mantuvo hasta que países como Reino Unido o Alemania dejaron de reconocer al presidente de la República Española, Manuel Azaña.

¿Es imposible corregir al Supremo por el auto en el que reconoce a Franco como jefe de Estado desde 1936?

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Los problemas de Defensa con la exaltación de la dictadura

El Ministerio de Defensa ha tenido que hacer frente en los últimos dos años a más de una polémica relacionada con la exaltación del golpe de Estado y el posterior régimen dictatorial. De las más sonadas durante la época de Mariano Rajoy al frente del Gobierno fue la presencia de altos cargos de la cartera entonces dirigida por María Dolores de Cospedal en el entierro del general golpista José Sanjurjo en Melilla el 23 de marzo de 2017, unos meses después de que los restos del militar fueran exhumados del Monumento a los Caídos de Pamplona. El Ejército terminó confirmando a través de un comunicado de la Comandancia General de Melilla que ese día se celebró “una sencilla ceremonia, íntima y privada”. Pero rechazó tajantemente que se hubiera realizado con “honores militares”: “Asistió el actual comandante general de Melilla acompañado de una pequeña comisión”. Los restos de Sanjurjo fueron trasladados de Madrid a la ciudad autónoma en un helicóptero del Ejército de Tierra.

El Ejecutivo conservador no ha sido, sin embargo, el único que ha tenido que hacer frente a complejas polémicas de este tipo. El pasado mes de agosto, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de sacar a Franco del Valle de los Caídos, más de un centenar de altos mandos del Ejército firmaron un manifiesto en el que pidieron “respeto y desagravio” a la figura del dictador, criticando los pasos dados por la “izquierda política y todos sus medios afines” para borrar “todo vestigio de su quehacer por España”. El Ministerio de Defensa abrió una investigación al percatarse de que no todos los firmantes eran militares retirados. Y, el pasado mes de septiembre, ordenó iniciar expediente por infracción disciplinaria contra cinco militares en situación de reserva que firmaron el escrito.