Veinte minutos tarde y con una expectación máxima. Así arrancó este martes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo el juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La primera sesión de la vista oral se dedicó en exclusiva a las denominadas cuestiones previas, el momento procesal fijado para que las partes puedan poner sobre la mesa del tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, aquellos aspectos que consideren oportunos respecto a la vulneración de derechos fundamentales o el contenido y la finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan. Y las defensas lo han aprovechado para dibujar el proceso como una suerte de causa política. “Estamos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”, han criticado los abogados de los encausados.
La docena de dirigentes soberanistas se han sentado frente al tribunal. A pesar de que en su auto de admisión de prueba el Supremo dejaba la puerta abierta a que los acusados pudieran sentarse junto a sus letrados, los líderes independentistas se distribuyeron frente al tribunal en los cuatro banquillos colocados. En la primera fila se situaron el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Räul Romeva y Joaquim Forn. En la segunda, los extitulares de Territorio y Presidencia, Josep Rull y Jordi Turull, respectivamente, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez. Tras ellos, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. Y en la última fila se colocaron los tres únicos encausados que no se encuentran en prisión provisional: los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, que están procesados exclusivamente por malversación y desobediencia.
Las cuestiones previas arrancaron con la defensa de Junqueras y Romeva, encarnada por el letrado Andreu Van Den Eynde, que realizó una intervención con tintes políticos con la vista puesta en Estrasburgo, donde los líderes independentistas están convencidos de que se desarrollará la batalla jurídica final. A lo largo de casi una hora de intervención, que estuvo trufada de numerosas referencias a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Van Den Eynde señaló que el proceso es “excepcional” porque se han producido “excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”. “Estamos hablando de una causa sobre derechos fundamentales y humanos”, insistió el letrado, que incidió en que el proceso “atenta contra la disidencia política” o contra la libertad ideológica. “Va a ser difícil para la acusación argumentar que este proceso no tiene que ver con las actividades políticas”, aseveró el letrado.
Además, consideró que la causa también “penaliza indebidamente” el derecho a la protesta y atenta contra el de reunión y manifestación. “Me cuesta encontrar qué derecho no se ha vulnerado. Inviolabilidad de domicilios, libertad de expresión, prohibición del debate parlamentario… ¡Hasta la libertad de culto se ha restringido porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión!”, apostilló la defensa de Junqueras y Romeva, que criticó que se excepcionase “todo el catálogo de derechos de la Constitución Española” para “dar respuesta a una opción política”. Por todo ello, criticó que se recurra a la vía penal, la “última ratio”, para abordar una cuestión “política” y mostró su esperanza de que el tribunal, “devuelva la responsabilidad del conflicto a los poderes políticos” a través de una sentencia que entre en los “libros jurídicos y de historia”.
En su intervención, Van Den Eynde también insistió en la necesidad de los observadores internacionales en el proceso, una petición que fue despachada por el Supremo retransmitiendo en directo y por streaming el juicio, afirmando que estos actores “son parte” en Estrasburgo. También insistió en la pertinencia de otras dos pruebas documentales que consideran fundamentales, aportó una nueva prueba de cara al inicio del juicio e insistió en la testifical del senador del PP Ignacio Cosidó, ya rechazada por el Alto Tribunal en el auto de admisión de prueba. La defensa reitera la necesidad de aclarar qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “y los pactos políticos llevados a cabo al respecto”. Y lo hace con la vista puesta en la vulneración del derecho a un juez imparcial.
Testifical de Zoido
Tras la representación de Junqueras intervino la defensa de Forn, el abogado Xavier Melero, que arrancó su turno de palabra haciendo referencia a la “indefensión” que produce que la causa se haya escindido entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde se juzga a Josep Lluís Trapero y a la cúpula de los Mossos D’Esquadra. Por ello, ha solicitado la acumulación de ambas causas. Además, ha pedido que sea llamado a declarar como testigo el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, una testifical que considera “imprescindible”. Teniendo en cuenta que están llamados a prestar declaración tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el letrado cree que sería “extraño” que no acudiese al Salón de Plenos del Alto Tribunal el que fuera titular de Interior para ser preguntado por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los días previos al referéndum y la jornada de la consulta.
Le siguió la representación de Rull, Turull y Sànchez. El abogado Jordi Pina empleó su turno de cuestiones previas para insistir en que se llame a declarar tanto al rey Felipe VI como al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, dos testificales rechazadas en su día por el Supremo. “Es lógico y normal que si el Ministerio Fiscal usa como elemento incriminatorio el discurso que el rey pronunció el 3 de octubre, nosotros podamos interrogar a su majestad sobre lo que dijo y no dijo ese día”, expuso Pina, que continuó aseverando que “cualquier persona es incapaz de entender” que en el proceso no se vaya a escuchar a Puigdemont. Por otro lado, criticó que aún no estén a disposición de las defensas todas las pruebas documentales que fueron aceptadas por el Alto Tribunal. Es por eso que ha solicitado la suspensión de la vista hasta tenerlas en sus manos. “No parece razonable que empecemos un juicio sin que todas las partes tengamos estas pruebas a nuestra disposición”, sentenció.
Pina también utilizó su intervención para dudar de la imparcialidad de buena parte de los miembros que conforman el tribunal. Y, para ello, ha aprovechado el polémico whatsapp de Cosidó en el que se felicitaba por el acuerdo alcanzado con el PSOE para colocar a Marchena como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. “No es culpa suya lo que dijera un senador del PP, que dijo lo que todos sabemos que dijo respecto a controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Quizá Cosidó se lo inventó, pero Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes, y puede que me digan que yo soy imparcial, pero objetivamente con todo lo que les he contado hay una apariencia de falta de imparcialidad”, espetó el letrado.
“Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española”
Tras el receso de una hora para comer, el turno le llegó a la defensa de Jordi Cuixart, que también afeó la situación “algo tensa procesalmente” de que arranque el juicio sin que le hayan sido trasladadas todavía todas las pruebas documentales, algo que puede “afectar a las estrategias de defensa”. El abogado Benet Salellas comenzó su turno de cuestiones previas impugnando la acusación por parte de la Abogacía del Estado por un delito de rebelión contra su representado. Y lo hace, dijo, porque los servicios jurídicos del Estado comparecieron en el procedimiento “para reclamar los posibles perjuicios contra la Hacienda Pública” ocasionados por el procés. “En nuestro caso, concretamente, no hay acusación de delitos que tengan que ver con los recursos públicos, por lo que entendemos que la Abogacía del Estado está de forma indebida”, apuntó el abogado del líder de Òmnium Cultural.
El letrado, además, pidió al tribunal que reconsiderase algunas de las testificales rechazadas por el Supremo en su auto de admisión de prueba, como la del Sindic de Greuges, Rafael Ribó. Pero en lo que más insistió fue en las periciales que les fueron denegadas. Entre ellas, destacó la de dos policías británicos analizando todos los hechos atribuidos a al líder social. “Los peritos analizaron los tuits de Cuixart o los vídeos aportados por la acusación y por las defensas”, explicó. Ahora, en las cuestiones previas, Salellas solicitó a los magistrados que reconsideraran su postura “en virtud a la igualdad de armas”. En este sentido, alegó que en el caso de las acusaciones sí se habían aceptado pruebas similares en las que se analizaba la actuación de su representado. Por eso, considera fundamental que la defensa pueda valerse de dicha prueba pericial para “contra-argumentar” a las partes.
Pero, al igual que hizo el letrado de Junqueras y Romeva, buena parte de la intervención de la defensa del líder de Òmnium Cultural se centró en la vulneración de derechos fundamentales y se alejó de lo técnico para adentrarse un poco más en la cuestión política. Salellas puso de manifiesto que “si al final se juzga el ejercicio de los derechos fundamentales, el mensaje que se envía a la ciudadanía es que hay peligro si se ejercen”. Así, hizo hincapié en que la causa atenta contra los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de proceso debido o a la presunción de inocencia. En este sentido, criticó que cincuenta páginas del escrito de acusación de la Fiscalía “se dediquen a hablar de actos de manifestación pacífica”. Y señaló que considerar delictivas protestas no violentas “es incompatible con un Estado democrático social y de derecho”. “Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar; si empieza entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos”, concluyó el letrado.
Forcadell se agarra a la inviolabilidad parlamentaria
La abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por su parte, utilizó su intervención para pedir que se saque a su representada del proceso al entender que se le imputan actuaciones –tramitación y aprobación de las denominadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum– que están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el Estatut de Cataluña. “Los actos por los que se está enjuiciando a mi representada se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y, por tanto, deben estar protegidos por esta inviolabilidad”, argumentó la abogada Olga Arderiu tras insistir al comienzo de su intervención en la pertinencia de la testifical solicitada de Puigdemont o de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que al igual que el expresident se encuentra en el extranjero. Aunque ambos testigos fueron rechazados por el Supremo, la defensa de Forcadell insiste en la “vital importancia” que tienen “por los cargos que en aquel momento ostentaban”.
Por otra parte, Arderiu anunció también la presentación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para aclarar si se están vulnerando directivas comunitarias por no haberse incorporado al procedimiento el sumario íntegro sobre la organización de la consulta del 1-O, que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La letrada criticó que en la causa que se está juzgando en el Alto Tribunal tan solo consten algunas resoluciones dictadas por el juez de la Ciudad Condal. En concreto, consideró que sólo se están aportando aquellas que constituyen prueba de cargo contra su representada. Una falta de conocimiento sobre la totalidad de la causa que se instruye en Barcelona que, según la letrada, pone a Forcadell en una situación de indefensión.
La misma crítica ha llegado por parte de la defensa de la exconsellera Dolors Bassa, que ha defendido ante el tribunal que el delito de rebelión se dio en el golpe de Estado de 1981 y no en “perseguir la secesión aunque fuese por cauces ilegales”. “Ni lo es concentrarse o manifestarse en contra del sistema constitucional”, aseveró el abogado Mariano Bergés, que recurrió a la sentencia que en su momento dictó el Supremo sobre el 23-F para dejar claro que lo que aquél día sucedió “está muy lejos de lo que ocurrió” en Cataluña. Por otro lado, el letrado tildó de “inaudito” que la macrocausa se haya instruido en “nueve meses” y criticó el tiempo que los abogados han tenido para “instruirse” y “preparar” la causa.
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Borrás, Mundó y Vila
El abogado de Bossa cerró las cuestiones previas de las defensas de los nueve procesados que se encuentran en prisión provisional. Tras su intervención, llegó el turno de los letrados de los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, que se enfrentan a siete años de cárcel por malversación y desobediencia. El abogado del primero consideró que la doble incriminación de su defendido, que está siendo investigado también por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, vulnera sus derechos fundamentales. La defensa de Borrás, por su parte, destacó que el nombre de su defendida no aparece en uno solo de los documentos que las acusaciones constituyen la hoja de ruta de los líderes catalanes para conseguir la independencia de Cataluña.
En cuanto al exconseller de Cultura Santi Vila, su defensa se mostró sorprendida de que se haya incluido a su cliente en el procedimiento a pesar de haber dimitido antes de la famosa Declaración Unilateral de Independencia (DUI). “Dimitió precisamente para marcar distancias de lo que sucedió, como muestra contundente de esa disconformidad”, aseveró el letrado Pau Molins. Una intervención que puso fin a este primer día de juicio. La sesión sobre cuestiones previas se reanudará este miércoles a las 10.00 horas, coincidiendo con el segundo día de debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Se espera que mañana puedan empezar, si nada lo impide, las declaraciones de los testigos.
Veinte minutos tarde y con una expectación máxima. Así arrancó este martes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo el juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La primera sesión de la vista oral se dedicó en exclusiva a las denominadas cuestiones previas, el momento procesal fijado para que las partes puedan poner sobre la mesa del tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, aquellos aspectos que consideren oportunos respecto a la vulneración de derechos fundamentales o el contenido y la finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan. Y las defensas lo han aprovechado para dibujar el proceso como una suerte de causa política. “Estamos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”, han criticado los abogados de los encausados.