El informe del Defensor del Pueblo de 2013, que ha presentado este jueves la responsable de la Institución, Soledad Becerril, al Parlamento y al Senado, analiza distintas cuestiones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aeropuerto de Castellón, de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, o el almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Así, sobre el aeropuerto de Castellón, considera que es un caso de "planificación deficiente y de una inexistente evaluación estratégica del planeamiento aeroportuario". El informe recuerda que está inaugurado aunque no tiene actividad y, por ello, en noviembre de 2012 se inició una actuación de oficio ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil para comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria. Concretamente, se requería al Ministerio de Fomento, conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que el aeropuerto podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto.
No fue posible examinar el Plan Director, de modo que pudiera hacerse una valoración general de las consecuencias de la presumible falta de estrategia en la planificación y programación. Así, advierte de que el aeropuerto de Castellón puede acarrear "pérdidas irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales" así como pérdidas económicas en infraestructuras con poca o ninguna utilidad para el bien común. Por ello, recuerda que el derecho de la UE requiere que se valore, además de los efectos ambientales, los impactos sociales y económicos, puesto que su objeto era "promover un desarrollo sostenible". "Todo indica que en este caso no hubo una evaluación estratégica con influencia en la decisión de acometer el aeropuerto", admite.
Por otro lado, el informe del Defensor analiza las evaluaciones ambientales de otros proyectos significativos que aún no han concluido, como el empleo de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, que sigue aún sin contestación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A este respecto la institución que dirige Soledad Becerril no puede por el momento valorar posibles irregularidades de la Administración Pública.
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Almacenes de gas en Castor y Doñana
Asimismo, está estudiando la evaluación del riesgo sísmico que pudiera estar asociado a la actividad de inyección de gas en la planta de almacenamiento El Castor, sobre la que ya han enviado la documentación solicitada tanto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
También ha recibido la documentación solicitada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la evaluación de los impactos acumulativos de diversos proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana, sin embargo, admite que está pendiente de análisis por ser muy extensa.
El informe del Defensor del Pueblo de 2013, que ha presentado este jueves la responsable de la Institución, Soledad Becerril, al Parlamento y al Senado, analiza distintas cuestiones sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos como el aeropuerto de Castellón, de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en Cantabria, o el almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.