Delegación de Gobierno impone la máxima sanción de 600 euros a los organizadores de la marcha homófoba de Madrid

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La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado este miércoles que impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba del sábado por la tarde entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol; y otros 800 euros a cada una de las seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos, ha informado Europa Press.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema "Di no a las Agendas 2030-2050", se exhibió una pancarta en la que se podía leer "En Madrid ni bandas latinas ni menas".

También se añadieron la asociación de vecinos de Villamantilla, otra de San Fernando de Henares, España 2000, plataforma Dignidad y Vida, partido Orden y Ley, Juventud Nacional, etcétera. La manifestación reunió a 200 personas y transcurrió por la plaza de Chueca, calle Augusto Figueroa, Callao, calle del Carmen y finalizó en Sol.

Los manifestantes llevaban una pancarta con el lema "Di no a las Agendas 2030 y 2050" y otra que rezaba "Madrid, ni bandas latinas ni menas" que firmaba la plataforma Madrid Seguro. Algunos de los asistentes lucieron una bandera rojigualda sin el escudo constitucional, otra de Moldavia, una bandera negra con la cruz céltica, otra con el escudo de la División Azul, otra del partido España 2000 y una última con el escudo de Alcalá de Henares y las letras "Defiende Alcalá".

El informe policial también recoge que algunos de los participantes en la marcha gritaron consignas contra el colectivo LGTBI como "Fuera maricas de nuestros barrios", "No son españoles, son maricones" o "Se va a acabar, se va a acabar, el matrimonio homosexual". Al finalizar la protesta, en la Puerta del Sol el presidente de España 2000 dio un mitin sobre las agendas 2030, el nuevo orden mundial y profirió críticas contra de la clase política y los medios de comunicación.

Seis bengalas, cinco palos y un puño americano

La Policía Nacional identificó y cacheó a algunos de los participantes y procedió a la intervención de seis bengalas, cinco palos y un puño americano. De acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, el organismo estatal les impondrá la máxima sanción recogida en esta norma, 4.800 euros (800 euros a cada uno).

En cuanto a los dos organizadores, la Delegación inició este lunes el expediente de infracción administrativa por incumplimiento de la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al no ajustarse el objeto de la manifestación al escrito de comunicación, ya que 'Di no a las Agendas 2030-2050'. "Nos encontramos una manifestación de carácter homófobo con la máxima sanción que permite la norma, 600 euros a cada uno de los dos organizadores", ha indicado Mercedes González.

Además, informó de que desde el punto de vista penal, fueron remitidas a la Fiscalía Provincial de Madrid, a la Sección de Ciberodio, el expediente completo de la manifestación junto a las diligencias de investigación efectuadas por la Policía Nacional con el objeto de que ésta instruya si hay hechos constitutivos de delito de odio, en las proclamas que se profirieron durante el recorrido de la misma.

Aunque no hubo detenidos, la representante del Gobierno central en Madrid confirmó que la Policía Municipal detuvo a una persona al terminar ya la marcha ultraderechista que se adentró en el barrio de Chueca a provocar problemas y conflictos con los vecinos, pero "no tienen nada que ver con la manifestación".

La Policía no se planteó disolver la "vomitiva" marcha nazi porque "habría sido una batalla campal"

González también ha informado de que la Policía Nacional en ningún momento se planteó disolver la "vomitiva" manifestación porque "transcurrió sin incidentes" y, de haberlo hecho, hubiera provocado cargas contra niños y mayores, una "batalla campal". "En ese país se puede manifestar gente que consideramos desde otros sectores que sus opiniones son muy reprobables. Hay comunidades autónomas donde terroristas piden manifestaciones y se le acepta", ha dicho, en referencia a recientes concentraciones en el País Vasco.

La delegada ha afirmado que "le asquea" que en protestas se luzcan banderas y símbolos ultraderechistas y pide al Congreso de los Diputados que apruebe una ley que las prohíba. En ese punto, se ha acordado que los símbolos que sacaron nostálgicos del franquismo cuando salió el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos o de las banderas que veía a aficionados radicales en el estadio Santiago Bernabéu cuando era pequeña.

"Hay nazis en nuestra ciudad y vamos a intentar que tengan el menor espacio posible. Si esto sirve para concienciar del extremismo muy peligroso está bien. La Policía ha hecho un informe objetivo del transcurso de los hechos y aporta vídeos, imágenes de las banderas y a partir de ahora será la Fiscalía quien decida si ha habido delito de odio", ha manifestado.

En otro momento de la rueda de prensa, Mercedes González ha reconocido que conocían la ideología ultraderechista de uno de los convocantes, a través de la asociación de vecinos de Canillejas, pero ha apuntado que desde que lleva en la Delegación ha convocado otras cuatro manifestaciones también minoritarias y sin incidentes: una para fomentar el deporte, la juventud y la seguridad; otra contra la violencia de las bandas latinas; en junio otra contra "el chantaje de Marruecos contra nuestra nación" y la penúltima el 17 de julio bajo el lema "construyendo barrio a barrio un Madrid seguro".

"Hasta ahora no tenía antecedentes, pero ahora ya tenemos datos y se actuará de otra manera", ha avanzado la representante del Gobierno en Madrid para, en caso de que comunique nuevas protestas, la Delegación pueda actuar previamente prohibiéndolas o aumentando la seguridad.

No dimite porque tiene "la conciencia muy tranquila"

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Respecto a la posibilidad de que los manifestantes hubiesen sido desalojados o la marcha disuelta por la Policía cuando comenzaron a corear lemas homófobos y racistas, como apuntó este lunes el consejero de Justicia e Interior madrileño a la delegada, le extraña que "un juez con la reputación" de Enrique López diga eso.

"Toda mi confianza y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Actuaron como consideraron; había niños y personas mayores, disolver supone cargar contra ellas. Si él (Enrique López) considera que había que generar una batalla campal, espero que no sea delegado del Gobierno. La Policía tiene mi máxima confianza, que está para resolver los problemas, no para crearlos. La marcha fue vomitiva, pero transcurrió con toda seguridad y sin incidentes", ha apuntado.

González ha recalcado que solo se pueden disolver manifestaciones cuando se producen incidentes de orden público o se agrede a policías; "no se puede disolver cargando contra otras personas, mayores y niños". Por todo ello, concluye que no va a dimitir porque considera que tiene "la conciencia muy tranquila" y se ha atenido "a lo que marca la ley".

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado este miércoles que impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba del sábado por la tarde entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol; y otros 800 euros a cada una de las seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos, ha informado Europa Press.

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