La delegada del Gobierno en Madrid dice al juez que la operación por la que la investigan fue "buena para Mercamadrid"

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha declarado este lunes ante el juez que la investiga por un delito societario sobre una transacción de Mercamadrid que dicha operación fue "buena" para la empresa pública, al tiempo que ha criticado la falta de "unidad de acción" por parte del Consistorio actual.

Dancausa ha declarado durante hora y cuarto ante el magistrado del Juzgado número 15 de Instrucción de Plaza de Castilla, José Luis Calama. Luego, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que el interrogatorio ha transcurrido "con absoluta normalidad". "Ha sido positivo haber podido explicar al juez los beneficios de esta operación para Mercamadrid y espero que archive la causa", ha agregado.

La delegada ha aseverado que con dicha transacción se obtenían "beneficios para Mercamadrid". "Eludía una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones, ponía en marcha unas naves que eran muy importantes, se aseguraba un canon que tenía concedido hasta 2032 y revertía estas naves para el Ayuntamiento. La operación no tenía ningún coste para el Ayuntamiento porque Mercasa era el que pagaba el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio", ha explicado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha reconocido que hubo "una serie de problemas" con dicha concesión porque el hotel se puso en marcha pero las naves "no consiguieron las licencias".

"Cuando yo llegué en 2013 (como concejal delegada de Economía) veo que había un problema con una demanda de Merca Ocio como contestación a la que Mercamadrid había hecho reclamándole las cuotas que había dejado de pagar por un importe de 600.000 euros. Y había una reclamación de 8 millones, una cantidad importante. Por eso se decide hacer una propuesta tanto del secretario general, letrados, director general y el comité ejecutivo (de Mercamadrid) para esa operación, que vemos que es buena para Mercamadrid. Teníamos un problema importante y lo resolvimos de esa forma porque pensábamos que era lo mejor para Mercamadrid", ha detallado.

​​​​​​​Dancausa también ha negado que como consecuencia de la misma haya un perjuicio para las arcas públicas municipales de 11 millones de euros, como se ha reclamado. "Ese perjuicio sólo podía ocurrir si en 2032 no se ha hecho nada con esas naves, es decir, en el supuesto de ese contrato de arrendamiento se mantuviese hasta ese año y no se hiciera nada", ha añadido Dancausa, quien ha apuntado que en la actualidad dichas naves siguen vacías.

Además, ha acusado al actual Consistorio de Ahora Madrid de "no haber hecho lo que tenía que hacer". "Aquí falta una unidad de acción. Cuando se inicia una operación por un gobierno, si no es fraudulenta, que no es el caso, lo que hay que hacer es tratar de llevarla a término. Y lo que han hecho es llevarla a los tribunales por la vía penal y no tiene ningún sentido", considera.

Por último, Concepción Dancausa se ha mostrado "tranquila" y con la "conciencia tranquila" tras la declaración de hoy. "He contado al juez lo que tenía que contar. Ahora nos queda conocer su propia opinión, es la más importante. Me gustaría el sobreseimiento y creo que no tiene por qué continuar el proceso", ha dicho.

También han declarado hoy el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide; el entonces jefe del departamento comercial de Mercasa, Florencio Casillas; el consejero delegada de Konin 22, que fue la empresa inicial a la que le dieron la concesión traspasando los derechos a MercaOcio, Juan María López Alvarez.

En el caso están investigados todos los que estaban en el Consejo de Administración de Mercamadrid y de ellos de momento sólo han declarado tres personas. En total, el juez investiga a un total de 14 personas.

Un caso muy complejo

En 2001 la empresa Mercamadrid S.A., participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid, convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie suya de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

​​​​​​​Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, Merca Ocio comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

​​​​​​​Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, en 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

Luego Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

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En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros "para obtener el uso de dos salas —de su propiedad— que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".