Fondos buitre
El Ayuntamiento pide al Tribunal de Cuentas que condene a Botella a devolver más de 100 millones por la 'Operación Blackstone'
El Ayuntamiento de Madrid acaba de pedir al Tribunal de Cuentas que condene a la exalcaldesa Ana Botella, a los seis miembros de su equipo de gobierno y al exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a devolver 127 millones por el daño que la opaca venta de 1.800 pisos sociales en 2013 al fondo buitre Blackstone infligió al erario madrileño. La demanda, a la que ha tenido acceso infoLibre, incluye entre los demandados a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
La demanda llega al máximo órgano fiscalizador después de que la Audiencia de Madrid decretase hace un mes la reapertura de la querella de los afectados, archivada dos veces por un juzgado de instrucción de Madrid bajo el argumento de que no hay indicios de delito pese a las graves irregulalaridades constatadas no ya por el nuevo equipo local de gobierno sino por la Cámara de Cuentas de Madrid.
Los 127.224.780 millones más intereses cuya devolución exige la Corporación madrileña equivalen, según la demanda, a "la diferencia entre el precio de venta y el precio tasado de mercado a la fecha de venta conforme a dictámenes periciales que se aportan, a lo que hay que añadir el precio abonado por una intermediación inmobiliaria innecesaria".
Esa cifra también incluye el perjuicio que la Corporación madrileña atribuye a la venta de 34 viviendas a un comprador distinto de Blackstone (cuatro millones) y el derivado de la contratación de una "intermediación inmobiliaria injustificada" por la que la EMVS abonó 2,4 millones. De esos dos últimos capítulos, la EMVS solo considera responsable al antiguo consejero delegado de la empresa pública, Fermín Oslé. Es decir, Botella y sus seis ediles de aquel momento tendrían que responsabilizarse de devolver 120,7 millones por la venta de las 18 promociones de vivienda. Oslé, en cambio, sería responsable único respecto de los 127,2 millones que en total reclama el municipio.
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Para el supuesto de que el Tribunal de Cuentas no considere válido el sistema seguido para evaluar el daño, la demanda plantea de manera subsidiaria una alternativa: que se guíe por el valor catastral de los inmuebles para fijar la cifra sujeta a devolución. En ese supuesto, el total que deberían reintegrar Botella y los otros seis miembros de su junta de gobierno por la venta de las 18 promociones de vivienda pública quedaría en 56 millones más intereses.
La demanda se sustenta en un argumento esencial: que en la enajenación de aquellos pisos se prescindió de trámites inexcusables como la tasación de los inmuebles, la fijación de un precio de salida o la elaboración de informes sobre la viabilidad económica y jurídica de la operación. La EMVS, mantienen los demandantes, permitió además que las dos filiales de Blackstone beneficiadas por la venta alterasen de manera injustificada y a última hora el precio ofertado.
Además, recuerda el texto, el procedimiento ni siquiera comenzó con la publicación del anuncio oficial que en teoría daba el pistoletazo de salida para la presentación de ofertas: meses antes, la EMVS contrató como "intermediario" a una UTE capitaneada por un antiguo socio del gigante inmobiliario Aguirre Newman y que terminó cobrando 2,4 millones por un trabajo del que no quedó el menor rastro.
