La sanidad pública sigue deteriorándose y los gobiernos no reaccionan

¿Se hubiera podido salvar si le hubieran diagnosticado antes? No lo sabemos. Pero tener que esperar, entre la cita en Atención Primaria, la del especialista, la de la prueba de imagen y los resultados, más de seis meses para recibir un diagnóstico y un tratamiento, en un problema que podría ser grave, no es aceptable. No hay derecho.

La sanidad pública está tocada. Es cierto que todavía aguanta. Todavía tiene una plantilla de profesionales bien preparados y una amplia cobertura. Pero la tendencia desde 2010 es de un deterioro progresivo. Me duele que el Gobierno de España, que apuesta por políticas valientes en temas laborales y económicos, con excelentes resultados, no se plantee a fondo una estrategia para refundar o reforzar sólidamente el Sistema Nacional de Salud (SNS). Porque este es un asunto que compete a las CCAA, pero también a la Administración del Estado.

La valoración que hace la población de la sanidad ha empeorado desde 2010, pasando de un 74% que opinaban que funcionaba bien o muy bien, a un 55%. El deterioro de la sanidad pública se nota sobre todo en la dificultad de acceso para recibir atención. Los tiempos de espera se han duplicado desde 2010, tanto en consultas externas de atención especializada, como en atención primaria, en pruebas diagnósticas y en cirugía programada. Muchas personas, que pueden pagárselo, recurren a la sanidad privada. Así, el número de personas que tienen seguros sanitarios privados ha aumentado sensiblemente, de tal manera que un 23,2% tienen seguro privado particular y otro 9,4% seguro privado de empresa. Según datos del Ministerio de Sanidad, el número de atenciones en consultas externas de hospitales públicos se mantuvo estable en 24 millones entre 2013 y 2022, a pesar del fuerte aumento de la demanda. ¿Dónde se atendieron las demás personas que lo necesitaban? En la privada: las consultas en hospitales privados pasaron de 6,7 a 13,2 millones, más de un 90% de aumento. Lo mismo ha ocurrido en pruebas diagnósticas y cirugías. La sanidad privada ha recogido la demanda creciente de la población, como en Salud Mental, donde más del 50% de las consultas se tienen que hacer en la privada, mientras la sanidad pública se ve saturada y sin capacidad de respuesta. Por supuesto, las personas de menos renta y menos posibilidades económicas, engrosaron las listas de espera, quebrándose así el principio de equidad.

Las causas de este deterioro son múltiples, aunque podemos resumirlas en dos. Una reducción de recursos en relación con la demanda creciente. Y una estructura de gobierno debilitada y fragmentada. En efecto, el gasto sanitario público (GSP) se redujo, en euros constantes, un 24% entre 2009 y 2014, afectando al personal y a las infraestructuras. Una herida mortal. En 2015 comenzó una lenta recuperación, y en 2022 el GSP superó, en euros constantes, el GSP de 2009 en apenas un 3%. Buena parte de los recursos adicionales eran fondos europeos en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Pero el problema venía de atrás. Desde 2010 las necesidades de atención han ido aumentando progresivamente. La población había crecido un 4%. Pero, sobre todo, la población mayor de 65 años, que consumimos más recursos sanitarios, creció un 20%. Y las tasas de prevalencia, ajustadas por edad, de patologías como algunos cánceres, o los problemas de salud mental, y otras, habían crecido más del 30%. Por eso es preciso incrementar los recursos destinados a sanidad en, al menos, un 20% para atender a las necesidades actuales. Más de 20.000 millones de euros anuales. Es preciso situar el GSP en relación con el PIB en las cifras de los países europeos más avanzados, en todo caso en la media de la Euro Área. Al menos un punto y medio más de PIB. El Gobierno ha anunciado que va a incrementar el gasto en Defensa. ¿No merece la Sanidad una planificación similar? En cambio, el Gobierno ha dicho que se mantendrá el gasto social. No es suficiente. Eso significaría perpetuar el deterioro del SNS hasta que se hunda.

Es importante debatir con la sociedad si quiere mantener y mejorar el Sistema Nacional de Salud o si quiere que cada uno se las apañe como pueda, con su seguro sanitario privado

Ahora bien, aunque el Gobierno de España incrementara los recursos, tiene que contar con las CCAA a través de la negociación del nuevo marco de financiación. Es previsible que esa negociación inyecte importantes ingresos a las CCAA, gracias a la mejora de la economía y de los ingresos fiscales. Pero las CCAA deben aceptar que se destinen a sanidad. No podemos perder esta oportunidad. Podría ser la última para preservar el SNS. Es importante debatir con la sociedad si quiere mantener y mejorar el SNS o si quiere que cada uno se las apañe como pueda, con su seguro sanitario privado. Si la voluntad de la sociedad es recuperar y fortalecer el SNS, la financiación adicional debe ser, al menos en una parte importante, para la sanidad, con carácter finalista, y con mecanismos de control del gasto. No basta con transferir más recursos, se debe garantizar que se orientan a mejorar la dotación y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, y los medios necesarios para realizar bien su labor. Se debe garantizar que se priorizan, con estándares y controles adecuados, la Salud Pública, la Atención Primaria, la Salud Mental, y las áreas más presionadas en cada CCAA para que los tiempos de espera en la atención sean mucho más cortos, con estrategias nacionales bien definidas. 

Y aquí entra en juego la segunda causa del deterioro que debe repararse. La cohesión del SNS, su capacidad de gobierno. Las estructuras de coordinación previstas en la Ley de Sanidad, en la Ley de Cohesión y en la Constitución no han sido suficientes para asegurar el buen gobierno del sistema, y se han consolidado y agravado diferencias importantes: de hasta un 40% en gasto sanitario público/habitante, de más de tres veces en tiempos de espera, o de más de tres años de esperanza de vida entre CCAA. El Ministerio de Sanidad, que tiene la responsabilidad de garantizar la cooperación y la coordinación, ha visto debilitada su estructura y sus recursos, como se puso de manifiesto en la pandemia de la COVID-19. El Consejo Interterritorial del SNS, que debería ser el órgano que analizara y tomara decisiones, no es vinculante. La Alta Inspección, responsable de garantizar que se cumplen los principios de la Ley, equidad, eficiencia y calidad de los servicios, no está cumpliendo su función. Los tiempos de espera desmesurados son una muestra evidente de falta de calidad y de equidad. Es preciso reforzar los órganos de gobierno del SNS para que pueda cumplir sus objetivos. Y para eso se necesita el acuerdo con los Gobiernos autonómicos y los grandes partidos políticos. Por eso es muy mala noticia el rechazo en el Congreso, el pasado 20 de marzo, a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública por parte de Vox, Junts y el PP.

La sanidad pública española había alcanzado un más que razonable nivel de calidad y concitaba el aprecio de la ciudadanía. Pero ya no es así. Es muy importante recuperar una atención sanitaria adecuada y en tiempo a todas las personas, independientemente de su renta. Y para ello se requiere aumentar significativamente la financiación y reforzar el sistema de gobierno, la cooperación y la coordinación. Es una cuestión de justicia, pero también de desarrollo económico, de cohesión social, de estabilidad y de progreso como sociedad. En definitiva, es una cuestión de vida o muerte. Y el tiempo corre.

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Fernando Lamata es ex secretario general de Sanidad y colaborador de la Fundación Alternativas