La candidata del Gobierno a ocupar la Fiscalía General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, superó este jueves el trámite de comparecer ante el Congreso antes de recibir el mandato con la única oposición de las tres derechas —PP, Vox y Ciudadanos—, cuyos portavoces fueron los únicos que le discutieron la idoneidad para ejercer el cargo. El resto —PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Junts, EH Bildu y hasta la CUP— o admitieron su capacidad e idoneidad o, concediéndole el beneficio de la duda, evitaron pronunciarse en contra.
Delgado, que en el arranque de la legislatura se convirtió en el blanco de las críticas de las derechas y de una buena parte de las organizaciones judiciales por pasar directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía, se defendió lamentando que PP, Vox y Ciudadanos evitasen hablar de su plan de actuación para el ministerio público y se centrasen en hacer “juicios de intenciones” sobre el trabajo que se propone desarrollar. “Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema”, pidió a los portavoces. Haber estado en el Gobierno, subrayó, “no es una debilidad sino una fortaleza”, y sólo mejora “su perfil” para el nuevo puesto.
Un sistema que, en su opinión, garantiza la autonomía y la independencia de la Fiscalía, entre otras razones, citó, porque todos los fiscales pueden discrepar de sus superiores jerárquicos, porque el fiscal general “actúa en contadísimos casos”, lo que de paso limita al máximo las hipótesis de abstención, y porque además no puede ser removido por el Gobierno.
Para contrarrestar las acusaciones de dependencia del Ejecutivo, la candidata recordó las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que consagran que la ideología no es motivo para perder la idoneidad en el ejercicio de una función judicial. “Esta candidata”, concluyó, “se va a atener a la legalidad, la independencia y la transparencia porque el sistema garantiza la autonomía fiscal”.
Delgado también lamentó que a menudo se reduzca la labor de la Fiscalía a una “injusta sospecha continua” por el hecho de que el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno y se refirió al principio de jerarquía como una “herramienta de la unidad de actuación de los fiscales”, no de dependencia.
No son un “colectivo robótico” que realiza su labor “a la orden de un mando único”, sino funcionarios “capaces de asumir las mas complejas responsabilidades” tanto ante la sociedad como ante la propia jerarquía interna de la institución, afirmó.
Frente a quienes critican el modelo de elección del fiscal general, Delgado repasó los que rigen en otros países, recordando aquellos en los que, como en el caso del Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, el fiscal forma parte incluso del Gobierno. Y se reivindicó como una fiscal forjada “en las trincheras” de la lucha contra el tráfico de drogas que entraban hace 30 años a través del Aeropuerto de El Prat (Barcelona). Alguien, además, con un extenso currículum frente al GRAPO, ETA y el terrorismo yihadista, así como en la pelea contra el crimen organizado y la persecución del blanqueo de capitales.
“Dinamitar el Estado de Derecho”
En contra de su nombramiento tomó posición el portavoz del PP, Luis Santamaría, según el cual “Delgado será una fiscal general genuflexa ante el Gobierno, guardiana del PSOE y protectora del independentismo”. Su “lealtad está al lado de los intereses del Gobierno y de los pactos con quienes lo sostienen”. De su parte, subrayó, sólo están “Sánchez, los condenados por sedición, los independentistas y los abertzales”. Su nombramiento no es “más que el primer paso para dinamitar no solo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia sino también el Estado de Derecho, como le han pedido los independentistas”.
El portavoz de Vox, Francisco Ortega, fue igualmente duro con la exministra, a la que recordó las veces que fue reprobada en el Senado y en el Congreso y a la que acusó de venir “a garantizar el pago de la deuda” que, según él, Pedro Sánchez tiene “contraída” “con comunistas, proetarras y separatistas”.
El dirigente ultra intentó minimizar el currículum de Delgado, a la que atribuyó la intención de perseguir judicialmente a su partido a través de la legislación contra los delitos de odio y a la que descalificó diciendo que es de “desconocido prestigio”. Sus planes para el ministerio fiscal, profetizó, situarán la Fiscalía al nivel de Venezuela o Cuba.
Edmundo Bal, en nombre de Ciudadanos, siguió la estela de PP y Vox. Para su partido, la propuesta del Gobierno es “inaceptable” porque como exministra del PSOE estará siempre “bajo sospecha”.
El PP recurrirá ante el Supremo el nombramiento de Delgado como fiscal general: su "odio" al PP la inhabilita
En favor de su candidatura se pronunciaron abiertamente PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno que la ha propuesto, cuyos portavoces, Pablo Arangüena y Jaume Asens, defendieron su amplio currículum y su larga trayectoria como fiscal y criticaron a las derechas por ver ahora dependencia del Gobierno y no cuando el nombramiento tenía origen en el PP.
Carolina Telechea (ERC) y Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) le pidieron expresamente que sea “valiente” y luche contra la judicialización de la política, un aspecto en el que también se fijó la portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta, a la que el portavoz de Vox interrumpió a gritos cuando reclamaba que la Fiscalía investigase supuestos casos de torturas.
Mikel Legarza (PNV) subrayó su “cualificación y méritos” y aplazó opinar sobre su nombramiento a la espera de que avance en su mandato. Y la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, se limitó a preguntarle por su opinión sobre “la represión” en Cataluña, algo sobre lo que Delgado eludió responder.
La candidata del Gobierno a ocupar la Fiscalía General del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, superó este jueves el trámite de comparecer ante el Congreso antes de recibir el mandato con la única oposición de las tres derechas —PP, Vox y Ciudadanos—, cuyos portavoces fueron los únicos que le discutieron la idoneidad para ejercer el cargo. El resto —PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, Junts, EH Bildu y hasta la CUP— o admitieron su capacidad e idoneidad o, concediéndole el beneficio de la duda, evitaron pronunciarse en contra.