Un delito residual sin apenas presencia en los juzgados: los datos que ignora la derecha sobre la 'okupación'

La derecha, con la complicidad de buena parte de los medios de comunicación, sigue agitando el avispero de la okupación ilegal, un fantasma que atemoriza a algunos ciudadanos de manera cíclica y especialmente en contextos de crisis económicas. A pesar de los datos.

Los casos concretos expuestos en los programas de televisión dibujan una casuística muy definida, pero particularmente excepcional: el propietario desesperado que, tras ir a por el pan, encuentra su casa okupada. O el de la familia que al llegar a su segunda residencia, se topa con la cerradura sellada y un grupo de inquilinos a los que nadie ha invitado y que han entrado a la fuerza en el hogar. Supuestos que encajan con el delito de allanamiento de morada. No son, ni mucho menos, los casos más habituales ni suponen un quebradero de cabeza para los jueces. Así lo reflejan las estadísticas.

Ministerio del Interior: caída de la okupación en 2022

La primera aproximación a la realidad de la okupación llega de la mano del Ministerio de Interior, que realiza un seguimiento de los hechos conocidos de los delitos de ocupación de inmuebles. Eso sí, sin distinguir entre allanamiento de morada (que describe toda aquella entrada ilegal en una morada, incluidas las segundas o terceras residencias) y usurpación (la ocupación de pisos vacíos, habitualmente de bancos o instituciones). El genérico balance realizado por el departamento de Fernando Grande Marlaska evidencia un incremento en la última década: los casos de okupación han pasado de 10.619 en el año 2010 a 17.274 a lo largo de 2021. No obstante, en lo que va de año la tendencia avanza en la dirección contraria y apunta hacia un descenso. Entre los meses de enero y abril de 2021 y el mismo periodo de 2022, los hechos conocidos se han reducido un 4,38%. Concretamente, han pasado de 6.203 el año pasado a 5.931 el actual.

El número de hechos conocidos vinculados a la okupación solo ha experimentado un aumento en cinco comunidades: Aragón (1,14%), Castilla-La Mancha (9,5%), Extremadura (3,17%), Murcia (6,64%) y Comunitat Valenciana (25,26%). En las doce autonomías restantes se ha constatado un descenso de las denuncias, según los datos oficiales de Interior.

INE: las sentencias por allanamiento, las más escasas

¿Qué dice el Instituto Nacional de Estadística? El INE recoge las condenas dictadas en función de las distintas tipologías penales. Los últimos datos corresponden al año 2020 y revelan que durante ese ejercicio hubo 3.157 condenas por usurpación y 185 por allanamiento, este último es el delito que castiga los supuestos que más espacio ocupan en los medios de comunicación, a pesar de ser los más residuales. 

Si se analiza la evolución de estas condenas se ve aún más claro. Entre 2019 y 2020, las condenas por allanamiento cayeron un 16,5%, mientras que aquellas relacionadas con el delito de usurpación descendieron un 22,2%. Parece lógico que las restricciones a la movilidad y la dilación de los tiempos judiciales como consecuencia de la crisis sanitaria hayan tenido peso en las estadísticas. Sin embargo, el descenso ya se venía consolidando en el año anterior: ambos tipos delictivos experimentaron caídas entre 2018 y 2019.

Una panorámica más global, incluyendo los datos registrados desde el año 2013, muestra que los delitos de allanamiento no han hecho más que disminuir. Es decir, el okupa que decide asaltar ilegalmente la casa de la playa no es sino una excepción. Por contra, los delitos de usurpación no han hecho más que crecer: son quienes okupan viviendas vacías, habitualmente propiedad de bancos o fondos de inversión, los que sí engrosan la estadística. 

Fiscalía: "Tendencia de estabilización"

La Fiscalía General del Estado completa la panorámica. La última Memoria del Ministerio Público, presentada este miércoles, dedica un apartado específico a la okupación. Y sus conclusiones son nítidas: “La tendencia de estabilización del número de incoaciones por este delito [usurpación] se consolida en el año 2021”. Si en los años previos a la pandemia iba en aumento, continúa el análisis, en 2020 y 2021 los números “se han mantenido prácticamente iguales”. El año de la pandemia se registró un incremento de solo un 1% y durante el siguiente el ascenso “fue mínimo: solo se ha producido la incoación de nueve procedimientos más”.

Sí se registra una “ligera recuperación” del número de calificaciones, pero la proporción entre los procedimientos incoados y las calificaciones emitidas “se mantiene en un 2%, continuando en porcentajes muy bajos”.

En paralelo, el delito de allanamiento de morada se mantiene como una anomalía, también según el análisis de los fiscales:  solo 83 delitos fueron calificados como tal en 2021.

El CGPJ y los anecdóticos juicios exprés

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Fue bajo un Gobierno del PP cuando entró en vigor uno de los principales instrumentos que combaten la okupación ilegal. Se trata de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada en 2018, gracias al PDeCAT y con el apoyo inestimable de los conservadores. El mecanismo, un procedimiento verbal especial dada su brevedad, refuerza la protección de los pequeños propietarios y las instituciones sin ánimo de lucro que gestionen vivienda social. Es decir, quedan fuera los bancos, las inmobiliarias y los fondos de inversión. Al calor de la modificación se gestó un nuevo procedimiento civil exprés, cuya finalidad última es precisamente acelerar los plazos y facilitar el desalojo de las personas que hayan entrado de manera ilegal en una residencia. Sobre sus efectos da cuenta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Son datos del Poder Judicial.

En el primer trimestre de 2022, últimas cifras disponibles, ingresaron 740, un 6,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. En este primer trimestre del año, según los datos del órgano de poder de los jueces, se registraron 1,6 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas por cada cien mil habitantes.