Mar Cambrollé, presidenta de la federación de asociaciones Plataforma Trans, se ve a las puertas de un día "histórico". Unidos Podemos prevé registrar en el Congreso de los Diputados en los próximos días la primera ley integral de "protección jurídica" de personas transexuales y por el "derecho a la libre determinación de la identidad de género". La plataforma de Cambrollé, que aglutina a 12 entidades y es ampliamente representativa del movimiento trans, ha sido la interlocutora fundamental en la definición del texto. La norma, cuyas líneas fundamentales fueron adelantadas por infoLibre y que actualmente está siendo objeto de los últimos retoques antes de su presentación, es ambiciosa. Su idea central es la "despatologización", de forma que se pueda acceder a tratamiento hormonal, cirugía y cambio de nombre en el Registro Civil sin tener que acreditar que la persona transexual no sufre problemas mentales. Fija el derecho a ser llamado por el nombre deseado. Crea diversos mecanismos de discriminación positiva para las personas trans, históricamente expuestas a marginación y exclusión social y laboral. En los centros escolares, garantiza aseos y uniformes conforme a la "identidad de género". En resumen, da un impulso desconocido al reconocimiento de la identidad transexual en España y a los derechos de las personas que se reconocen en dicha identidad.
El empeño fundamental de Cambrollé ha sido defender que para las personas trans no bastan las leyes para la protección de derechos y libertades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), sino que necesitan un marco legal propio. Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Cambrollé participó desde su fundación, en 1976, en el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR). Desde entonces lleva dando guerra. Los últimos 11 años de trayectoria los ha dedicado específicamente a "las personas cuya identidad sexual no se ajusta a la asignada al nacer". Hombres que se sienten (son) mujeres; mujeres que se sienten (son) hombres. Transexuales.
Cambrollé destaca la aportación ya realizada por la ley trans andaluza de 2014, "la primera del Estado español y de Europa", a la que siguieron las comunidades de Madrid y Valencia. Pero considera que, sin una ley estatal, el trabajo se quedaba a medio hacer. Y lamenta que, tanto sobre el papel como en la práctica, aún abunden los enfoques "patologizantes" en la atención sanitaria a personas transexuales, citando el caso desvelado por este medio de la inclusión de esta identidad sexual como enfermedad en un listado del Ministerio de Sanidad.
PREGUNTA: ¿Por qué una ley trans si ya hay en marca una ley estatal LGTBI?hay en marca una ley estatal LGTBI
RESPUESTA: Porque a nivel internacional –y esto no no es un discurso baladí, sino la pura verdad–, las personas trans están situadas como el colectivo más vulnerable. En muchos ámbitos. A la hora de acceder al mercado laboral, por ejemplo. Porque cada 48 horas es asesinada una persona trans en el mundo. Porque nuestra identidad no es reconocida más que unos pocos países, muy pocos. Porque la atención sanitaria que recibimos, allá donde la recibimos, se da desde una perspectiva que nos trata como a enfermos mentales. Porque en la educación no aparece la realidad de las personas trans.
Es importante aclarar que orientación, que es qué me gusta, e identidad, que es quién soy, son realidades distintas. Es decir, gays y lesbianas no necesitan cambiarse el nombre, no necesitan atención sanitaria de reemplazo hormonal, no se ven excluidos del mercado laboral. Son realidades distintas que necesitan respuestas distintas.
P: Destaca usted que es una ley que sale de los colectivos trans.
R: Es importante. Aunque un grupo político, Unidos Podemos, ha tenido la gran iniciativa de registrarla, el texto legal sale del consenso unánime de las entidades de la plataforma. Y además con las sugerencias y aportaciones de todo el mundo, en un proceso de más de siete meses, en el que hemos recogido por ejemplo aportaciones de familiares de menores trans. Así que la ley no sólo tiene consenso, sino también respaldo social de sindicatos, partidos, asociaciones pro derechos humanos, feministas, instituciones... En total, son casi 150 entidades. No es una ley impuesta desde el buró de ningún partido. Ha salido del propio sujeto político, de las propias personas trans. Eso es fundamental.
P: ¿Parten de una situación de discriminación incluso en comparación con gays y lesbianas?
R: Después de 40 años la democracia no ha llegado a las personas trans. Esto es sangrante, pero real. No ha llegado porque no somos tratados en igualdad. A nivel sanitario, no somos iguales que el resto de la ciudadanía. Lamentablemente acabamos de ver la desgracia de que un joven, cuando estaba empezando a vivir, acabe con su vida porque las hormonas no le llegaban, precisamente por este protocolo que patologiza y que nos enrola en un modelo de atención donde hay que asegurarse de que no eres un enfermo mental, situando a priori a todas las personas transexuales como si fueran enfermas mentales. Esto no lo sufren gays ni lesbianas. Por eso esta ley es necesaria. El colectivo LGTBI debe tener su ley contra la violencia y el odio, por supuesto. Y también lo defendemos. La diferencia es que hay otras federaciones obcecadas en seguir teniendo la voz y el tutelaje de las personas trans.
P: ¿Por ejemplo?
R: Por ejemplo, FELGTB [Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales]. Nosotros hemos aplaudido el registro de la ley LGTBI, porque la vemos necesaria, pero no suficiente. Pero la FELGTB nunca ha manifestado que esté de acuerdo con una ley trans. Y no es incompatible una con la otra, como se ha demostrado en Andalucía, en Valencia y en Madrid. Los políticos con altura de miras entienden que las necesidades de un colectivo y otro son distintas. Hace falta una ley que nos defienda del odio a todas las personas del acrónimo LGTBI, pero también una ley trans específica, legitimada por el sujeto político trans y nacida de sus necesidades.
P: Usted ha dicho que las personas transexuales "fueron las grandes castigadas de la dictadura y son las grandes olvidadas de la democracia". ¿Por qué?
R: Es duro, pero es así. Sólo hay que mirar las fotografías históricas de la lucha por la libertad sexual, en Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía, pero también en Stonewall, para comprobar que las mujeres transexuales hemos estado siempre en primera línea contra la represión y el autoritarismo. Pero además sufrimos el olvido de la democracia. No hay democracia para las personas trans cuando los niños se siguen suicidando porque no pueden cambiar su nombre legal. Esto es contradictorio con la Convención de los Derechos del Niño, que establece el interés superior del menor, porque se vulnera su derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen. Los menores también tienen dignidad.
P: Hace un relato duro, pero España es reconocido como uno de los países más abiertos y tolerantes con las personas transexuales.
R: Ha habido avances. La sociedad va por delante de los políticos, que deberían estar en sintonía. Hace poco un informe de Ipsos decía que España es el país más tolerante con las personas transexuales. Si la sociedad está por el respeto, es necesaria una reforma legal que recoja ese sentir. Y que venga a resarcir y reparar tantos años de vivir como ciudadanía de tercera.
P: Un lastre histórico de las personas transexuales ha sido verse abocadas a la prostitución, como resultado de su exclusión del mercado laboral. ¿Cómo se encara este problema?
R: Es necesario reparar el daño que el Estado ha provocado o consentido a toda una generación que no ha tenido acceso al mercado laboral, que no ha podido estudiar, que ha sufrido exilio familiar, que se ha buscado la vida donde todo el mundo sabe. Pero eso es hablar de una foto en blanco y negro. El presente es una foto digital en color. Las actuales generaciones de chicos y chicas trans están en universidades, en centros profesionales, cualificándose. Si tenemos que calcularlo ahora, serían entre un 5 o un 7 por ciento [las personas trans dedicadas a la prostitución], en su mayoría de países que se encuentran desgraciadamente en situaciones parecidas a la que se encontraba España hace 30 años, por ejemplo en Latinoamérica. Hoy la gran mayoría de personas trans son personas preparadas, que exigen trato igualitario. Y algo más. Cada vez hay más familias que no nos expulsan del hogar familiar, que nos apoyan, que nos acompañan, que están a nuestro lado peleando por los mismos derechos.
P: ¿Qué es la "libre determinación de género"?
R: Es un elemento introducido por primera vez en Argentina. O sea, que aunque pueda parecer muy nuevo tiene rango de derecho. Se reconoce que las personas son sujetos de pleno derecho, sin más. Con esta ley decimos: "Mi cuerpo es mío, yo decido, yo soy dueña de mí. Mi identidad la decido yo".
P: "Yo decido si soy hombre o mujer", se podría decir.
R: El Estado tiene que garantizar jurídicamente que la identidad que la persona expresa y siente no es cuestionada. De lo contrario, entramos en situación de desigualdad, porque a las personas no transexuales no les discute. No se puede poner en duda la identidad de las personas trans.
P: ¿Esta ley termina con la llamada "patologización" de las personas trans?
R: Esta ley acaba con la patologización, lo cual es imprescindible, porque la reforma de la vergonzosa e inconstitucional ley de 2007 [reforma actualmente en marcha] no despatologiza, sólo desmedicaliza el proceso administrativo registral. Esta ley termina con esa idea de que la transexualidad se puede curar.
P: Y que en ningún caso haga falta un psiquiatra para acceder a un tratamiento.
R: Claro. Como los demás tampoco lo necesitan, ¿no? ¿Esto quiere decir que no vamos a recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico? Sí, sí que recibimos. Pero cuando yo lo precise. Sin paternalismo. Es denigrante y estigmatizador que los protocolos continúen señalando a las personas trans como enfermos mentales.
P: ¿Se crea un derecho a tratamiento hormonal?
R: Sí. La ley establece un derecho fundamentado en la Convención Internacional de Derechos del Niño: que en el libre desarrollo de la personalidad, los menores tendrán derecho a tratamiento con inhibidores hormonales y a tratamiento cruzado [para frenar o desarrollar caracteres indeseados o deseados]. Debemos ahorrar al máximo el sufrimiento. Pensemos que más del 80% de los menores transexuales piensa en el suicidio. Es una situación a la que nos tenemos que enfrentar.
P: Es muy delicada la cuestión de la cirugía de cambio de sexo en menores, sobre todo si hay un conflicto o un desacuerdo con los padres. ¿Cuál es la solución?
R: Bueno, nosotros no hablamos de cambio de sexo. No es que cambiamos el sexo. Se trata de una reconstrucción genital. Será el juez el que determine, mediante autorización. Pero esto [la reconstrucción genital en menores] no es una demanda mayoritaria. La gente cada vez más se asume desde la diversidad. Empoderarse es amarse como un es. La demanda mayoritaria es el tratamiento hormonal.
P: La ley no es suficiente para la "despatologización". Las personas trans y sus familias advierten de una mentalidad "patologizante" muy arraigada en las instituciones médicas que no cambia sólo con normativas y protocolos nuevos.
R: Pero cada vez más este tipo de posicionamientos obsoletos y carentes de rigor pierden protagonismo. En la sexología, en la antropología... Igual que las actitudes intolerantes, van a menos. La Asociación Americana de Psiquiatría ha sacado la transexualidad [de la consideración de enfermedad].
P: Pero se mantiene como "disforia de género", una angustia por una supuesta incongruencia entre el sexo real y el sexo sentido.
R: Cuando hablamos de incongruencia de género, pues ya estamos entrando en lo que es o no congruente. No va a ser fácil cambiar las cosas, pero es posible. Ya no estamos dentro de las enfermedades mentales. Andalucía fue la comunidad en la que se ensayó el modelo patologizante, con la unidad de trastorno intergénero del [hospital malagueño] Carlos Haya. Nos parecía imposible superar eso. Pero después de tres años de aprobada la ley, hoy las personas trans son atendidas en sus provincias, con puerta de entrada en medicina primaria.
P: La ley establece la posibilidad de inscribir a los menores como "no binarios": ni masculinos ni femeninos.
R: Exactamente. Que ellos determinen cuál es su identidad. Que el DNI ofrezca la posibilidad de poner hombre, mujer o no binario. Es algo que está en legislaciones europeas. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque no queremos que esta ley nazca con fecha de caducidad, como la ley de 2007 de Navarra, o la ley de Canarias, que nacieron con fecha de caducidad.
P: La ley incide en la importancia del nombre. La importancia de que la persona sea llamada como desea, no por su nombre de nacimiento.
R: Es fundamental ese derecho a la identidad y al nombre legal de manera sencilla, rápida. Un chico pasa pavor si en un listado se le pone Paula, y se le llama.
P: Hay en marcha una reforma para que los menores puedan cambiar el género y el nombre en el Registro Civil sin permiso paterno y sin declararse enfermos. ¿La valora positivamente o cree que distrae de los objetivos más ambiciosos del colectivos trans?
R: Vamos a ver, no es negativo. Pero, tras 40 años de discriminación ya en democracia, en todos los ámbitos, nos parece una limosna. Llega tarde y es insuficiente. Las personas trans nos merecemos más que el cambio en un registro. Nos merecemos estar en los currículos educativos, en los protocolos de atención sanitaria. Nos merecemos no ser discriminadas en el deporte, atención especial a menores, mayores, inmigrantes... Por eso esta ley es integral.
P: España es un país adelantado en la legalización del matrimonio homosexual, que ya parece irreversible, al menos a medio plazo. Pero también es el país del autobús con mensajes contra los menores transexuales. ¿Qué España cree que se van a encontrar con esta ley?autobús con mensajes contra los menores transexuales
R: Bueno, creo que vamos a tener enfrente las voces de la caverna mediática y moral. Las voces de quienes han campado libremente con sus ataques a personas cuya identidad no coincide con sus valores. Pero será una batalla ganada. La sociedad ha demostrado que está en otras lindes.
P: ¿Qué espera de los grupos políticos en el Congreso?
R: Creo que no va a haber oposición. Desde aquí hago un llamamiento al PP para que no se oponga a este avance social. Esta ley va a convertir a España en un referente mundial. La mayoría de países han querido conformar a las personas transexuales con una ley administrativa, pero no es suficiente. Necesitamos leyes como ésta, de ámbito integral.
P: A nivel autonómico el PP ha apoyado o incluso liderado normativas de este tipo. ¿Por qué hay dudas a nivel estatal?
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R: La dirección estatal está desfasada y desconectada de la sociedad. Y le va a pasar factura. No pueden acumular en su haber una negativa a un avance en derechos humanos. Sería indigno.
P: ¿Está el feminismo en efervescencia? ¿Recuerda un momento de tanta pujanza del movimiento por la igualdad de la mujer?
R: El feminismo ha sido la ideología que nos ha servido para avanzar más a las personas trans. Hay una gran alianza entre el movimiento trans y el feminista, porque somos grupos humanos que hemos sufrido lo mismo. Antes las mujeres no eran sujetos de pleno derecho. Nosotros estamos ahora en esa situación, tutelados por la medicina o el Estado.
Mar Cambrollé, presidenta de la federación de asociaciones Plataforma Trans, se ve a las puertas de un día "histórico". Unidos Podemos prevé registrar en el Congreso de los Diputados en los próximos días la primera ley integral de "protección jurídica" de personas transexuales y por el "derecho a la libre determinación de la identidad de género". La plataforma de Cambrollé, que aglutina a 12 entidades y es ampliamente representativa del movimiento trans, ha sido la interlocutora fundamental en la definición del texto. La norma, cuyas líneas fundamentales fueron adelantadas por infoLibre y que actualmente está siendo objeto de los últimos retoques antes de su presentación, es ambiciosa. Su idea central es la "despatologización", de forma que se pueda acceder a tratamiento hormonal, cirugía y cambio de nombre en el Registro Civil sin tener que acreditar que la persona transexual no sufre problemas mentales. Fija el derecho a ser llamado por el nombre deseado. Crea diversos mecanismos de discriminación positiva para las personas trans, históricamente expuestas a marginación y exclusión social y laboral. En los centros escolares, garantiza aseos y uniformes conforme a la "identidad de género". En resumen, da un impulso desconocido al reconocimiento de la identidad transexual en España y a los derechos de las personas que se reconocen en dicha identidad.