La ofensiva judicial de Vox contra sus adversarios políticos no ha dado resultados a la formación ultraderechista, al menos por ahora. De las más de 20 denuncias y querellas presentadas por Vox ante los tribunales contra dirigentes como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Susana Díaz o Carles Puigdemont, la justicia ya ha archivado o desestimado un total de 11, mientras que otras 12 están pendientes de ser admitidas o inadmitidas.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite la querella presentada por Vox en septiembre contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el partido acusaba de falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y contra la propiedad intelectual por haber utilizado, supuestamente, trabajos de otros autores en su tesis doctoral sin citarlos. El Alto Tribunal, en su fallo, sostiene que los supuestos no constituyen delito alguno, ya que no existe "propósito de enriquecimiento con la obra ajena", y asegura que "la mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al derecho penal".
Pero la de Sánchez no es la única querella de Vox que ha sido archivada sin ni siquiera entrar a investigar por parte de la justicia. Su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, también fue objeto de una de las acciones judiciales de la ultraderecha, que en 2017 acudió al Supremo contra él al entender que estaba haciendo "dejación de funciones" por no aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y no ordenar la detención del entonces president Carles Puigdemont. El Alto Tribunal inadmitió en febrero de 2018 la querella, en la que Vox acusaba a Rajoy de cuatro delitos: dejación de funciones, desobediencia, denegación de auxilio judicial y omisión del deber de impedir y perseguir delitos.
Vox también se ha querellado sin éxito contra el líder de otro de los cuatro grandes partidos nacionales: el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Lo hizo en mayo de 2016, cuando acusó a Iglesias ante un juzgado madrileño de blanqueo de capitales, delitos electorales y "delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado", según informó la formación ultraderechista en un comunicado. La querella pretendía que la justicia investigase la presunta financiación de Iglesias y Podemos por parte de Venezuela a través de un paraíso fiscal, una supuesta información que publicó Okdiario. Pero la jueza consideró que las "sospechas" planteadas por Vox en su escrito eran insuficientes para comenzar un proceso. Según el auto, los artículos periodísticos que utilizó el partido para su querella no aportan ningún elemento que sustente las afirmaciones realizadas.
Iglesias no es el único dirigente de Podemos contra el que Vox ha presentado querella. El secretario de Organización de la formación, Pablo Echenique, y su líder andaluza, Teresa Rodríguez, también han sido señalados por el grupo de Abascal, que se querelló contra ellos hace unas semanas por acusar a Vox de proponer políticas cómplices con los asesinatos de mujeres por violencia de género. La formación les adjudica supuestos delitos de injurias, calumnias y odio por haber asegurado, en el caso de Echenique, que "PP y Ciudadanos negocian el gobierno de Andalucía con los cómplices de los violadores y los asesinos", y haber afirmado, en el de Rodríguez, que Vox "no quiere que se luche contra la violencia contra las mujeres" y "es cómplice de los feminicidios".
Díaz, Barkos, Delgado y Ribó
Las querellas contra Echenique y Rodríguez aún no han sido revisadas por la justicia, y lo mismo ocurre con la de otra de las denunciadas por delito de odio por parte de Vox: la ya expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por haber asegurado en la campaña electoral de las pasadas elecciones en esa comunidad que el partido de extrema derecha es "machista" y lo acusó de "justificar la violencia contra las mujeres". De igual manera, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también se ha visto acusada en los tribunales por Vox, en su caso por prevaricación al haber decidido que el Estado no costee la defensa del magistrado instructor del caso del procés catalán, Pablo Llarena, en la demanda que varios exconsellers de la Generalitat presentaron contra él en Bélgica. A finales del pasado diciembre, el Supremo decidió no admitir la querella.
Otra presidenta autonómica a la que Vox ha llevado a los tribunales es la navarra Uxue Barkos, a quien el pasado mes de octubre la ultraderecha denunció ante la Fiscalía General del Estado por "autorizar la publicación" de un programa escolar para su comunidad en el que, según la formación de extrema derecha, se "pretende explicar a niños de 0-6 años las múltiples identidades sexuales y se espera que menores tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos infantiles". Vox acusa a Barkos de haber cometido un delito de provocación sexual, si bien la justicia aún no ha analizado el escrito y no se ha pronunciado sobre su admisión.
Las querellas de Vox también han llegado a la esfera de la política municipal, ya que ha llevado a los tribunales a tres alcaldes. El más conocido de ellos es el regidor valenciano Joan Ribó, que vio cómo el mes pasado la justicia archivaba la querella que pesaba contra él por haber cedido un muro en la pared de un solar para que un artista pintase un mural en el que pedía la puesta en libertad de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por terrorismo. Vox acusaba a Ribó de un delito de odio, pero en su auto el juez criticó que "la denuncia apenas cumple los mínimos requisitos para ser considerada como tal porque, su sucintísimo relato fáctico, de tan solo diez líneas, apenas permite hacerse una idea de las conductas cuyo acaecimiento pretende dar noticia".
Los otros dos alcaldes contra los que se ha querellado Vox son los de Terrassa y Girona, Alfredo Vega y Marta Madrenas, respectivamente. Al primero, la ultraderecha lo acusó en diciembre del año pasado de no haber cedido un recinto municipal a Vox para una celebración del aniversario de la Constitución, mientras a la segunda la formación la denunció por el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución de Girona por el de Plaza 1 de octubre. La de Madrenas es la única de las dos querellas ya resuelta: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió ni siquiera entrar a investigar e inadmitirla.
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De hecho, son varias las querellas y denuncias presentadas por Vox por asuntos referentes al procés catalán. Además de estar presente como acusación popular en el juicio contra los dirigentes catalanes que promovieron la declaración de independencia en 2017, Vox ha presentado querellas contra la Mesa del Parlament y el actual president Quim Torrapresident , ambas inadmitidas. Asimismo, la justicia también ha rechazado investigar las demandas contra Puigdemont, varios de sus consellers y el abogado Gonzalo Boyé por delitos de rebelión y alternativamente sedición, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio, falsedad documental y estafa procesal. E igualmente ha sido inadmitida la querella contra el juez belga que admitió la demanda de Puigdemont contra el magistrado español Pablo Llarena.
Los partidos tampoco se han librado de la ofensiva judicial de Vox. La formación ultraderechista ha presentado dos denuncias contra el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), una para que se investigue la protesta que realizó la organización delante de un recinto en Murcia donde se celebraba un acto de Vox y otra para aclarar si hubo delito de odio en unos carteles distribuidos en Castellón en los que se acusaba a la formación de "nazis y fascistas". Asimismo, Vox ha pedido judicialmente la ilegalización de Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP. Ninguno de los tres procedimientos ha sido aún resuelto.
Pero la actividad judicial de la formación ultraderechista contra sus adversarios políticos no se ha limitado a partidos y dirigentes. Periodistas como Antonio Maestre o incluso actores como Willy Toledo también han sido llevados a los tribunales por Vox. El partido se querelló contra el primero por calumnias, injurias y delito de odio por acusar a quienes defienden a Vox de ser "responsables" y "cómplices" de muertes como la de la profesora Laura Luelmo, asesinada tras ser agredida sexualmente. Y el delito de odio es también el que la formación ha utilizado para basar su querella contra Toledo, que a finales de octubre afirmó en un programa de televisión que "el fascismo sólo se combate a hostias" cuando fue preguntado por el crecimiento de Vox.
La ofensiva judicial de Vox contra sus adversarios políticos no ha dado resultados a la formación ultraderechista, al menos por ahora. De las más de 20 denuncias y querellas presentadas por Vox ante los tribunales contra dirigentes como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Susana Díaz o Carles Puigdemont, la justicia ya ha archivado o desestimado un total de 11, mientras que otras 12 están pendientes de ser admitidas o inadmitidas.