La Audiencia Nacional propina otra 'bofetada judicial' a Vox por sus 'denuncias falsas'

Vox vuelve a tropezarse con la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz inadmitió a trámite este jueves la querella que presentó Vox contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de colaboración con banda armada, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir los delitos durante la negociación que su Ejecutivo mantuvo con ETA entre 2005 y 2007. Según el auto [que se puede consultar en PDF en este enlace] del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el escrito presentado por el partido de extrema derecha no tiene fundamento jurídico, pues está basado en noticias periodísticas. Pero además, añade el juez, pretende iniciar un procedimiento que ya se habría tramitado contra otras personas en el Tribunal Supremo, que afirmó que negociar con la banda terrorista carecía de toda relevancia penal. Un varapalo judicial que, en cambio, no pilla de sorpresa a los de Santiago Abascal. La formación de ultraderecha han presentado al menos una veintena de querellas y denuncias contra todo tipo de adversarios: políticos y periodísticos. Y una decena han sido o archivadas o, directamente, inadmitidas a trámite. Como esta última.

El juez Pedraz es claro en su auto. Según indica al comienzo de su escrito, hecho público este jueves, el "armazón" de la querella se conforma con "noticias periodísticas de toda índole". "El armazón de la querella se conforma por una serie de afirmaciones que tiene su origen en noticias periodísticas de toda índole, elevando a la categoría de ciertos e incontrovertibles los hechos que se describen en la misma", argumenta. De este modo, añade, Vox eleva "a categoría de hecho demostrado afirmaciones ayunas de todo sustento probatorio". Unos argumentos que ya empleó la jueza que inadmitió a trámite la querella presentada por la formación contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En mayo de 2016, el partido acusó al líder de la formación morada de blanqueo de capitales, delitos electorales y "delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado", según informó Vox. Así, el partido pretendía que la justicia investigara la presunta financiación de Iglesias y Podemos por parte de Venezuela a través de un paraíso fiscal, una supuesta información que publicó Okdiario. 

Este comportamiento ha sido habitual en el partido. La estrategia de golpear a sus enemigos en la arena judicial ha sido recurrente, pero los archivos e inadmisiones de sus actuaciones judiciales también. No obstante, hay al menos otra decena de actuaciones que están pendientes de resolución. Y es que la justicia no puede resolver estos casos de forma inmediata. La única manera de frenar esta actitud sería acusar a los de Abascal de cometer un presunto delito de acusación y denuncia falsa e injurias. Justo lo que está estudiando la Fundación de Análisis e Iniciativas Socialdemócratas, presidida por el miembro del comité regional del PSOE de Madrid Antonio Miguel Carmona. Según confirma él mismo en conversación con infoLibre, observarán si el texto de la denuncia incluye alguna calumnia y, después, iniciarán acciones penales. "Dijimos que si en el texto de la denuncia se incorporaban calumnias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero emprenderíamos acciones legales, es decir, una querella criminal. Es lo que vamos a hacer si en el texto hay denuncias", confirma. "Vamos a por todas, se acabó calumniar en este país de forma falsa, se acabó el cometer delitos de palabra, obra y omisión", denuncia. 

Contra miembros del Gobierno

La inadmisión de la querella presentada contra Zapatero se suma a la larga lista de acciones judiciales emprendidas contra varios líderes políticos. Y de distinto signo. En septiembre del año pasado, los de Abascal presentaron una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que acusaron de falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y contra la propiedad intelectual por haber utilizado, supuestamente, trabajos de otros autores en su tesis doctoral sin citarlos. Pero el Tribunal Supremo decidió ni siquiera investigar estos hechos porque, según argumentó, los supuestos de los que acusaban al líder de los socialistas no constituyen delito alguno porque no existía "propósito de enriquecimiento con la obra ajena". Además, "la mayor o menor originalidad de una tesis, su valor dogmático y, en fin, lo verdaderamente innovador de su contenido, son cuestiones que han de ser evaluadas en el ámbito académico y totalmente ajenas al derecha penal". 

Su antecesor en el cargo también se situó en el punto de mira de Vox. En 2017, la formación de extrema derecha acudió al Supremo contra Mariano Rajoy al entender que estaba haciendo una "dejación de funciones" por no aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y no ordenar la detención del entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero el Alto Tribunal tampoco vio al entonces presidente del PP como autor de los cuatro delitos de los que fue acusado: desobediencia, denegación de auxilio judicial y omisión del deber de impedir y perseguir delitos. 

Pero estos no han sido los únicos miembros del Gobierno contra los que Vox ha dirigido sus actuaciones judiciales. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se vio acusada de prevaricación por decidir que el Estado no costease la defensa del magistrado instructor del caso del procés catalán, Pablo Llarena, en la demanda que varios exconsellers de la Generalitat presentaron contra él en Bélgica. Pero el Supremo decidió a finales de año que la querella no debía ni investigarse. 

Contra presidentes autonómicos y alcaldes

No obstante, los de Abascal no sólo apuntan a los cargos más altos. Su ofensiva judicial también se ha dirigido, en otras ocasiones, contra los líderes autonómicos y locales. Es el caso, por ejemplo, de la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, a quien denunciaron por un supuesto delito de odio por haber asegurado durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas andaluzas que el partido de extrema derecha es "machista" y justifica la violencia contra las mujeres. Pero ella no ha sido la única líder llevada por Vox ante la Justicia por criticar sus declaraciones vertidas sobre asuntos relacionados con la violencia machista. Los de Abascal también llevaron a los tribunales al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y su líder andaluza, Teresa Rodríguez, que acusaron al partido de extrema derecha de proponer políticas cómplices con los asesinatos de mujeres por violencia de género. La formación les adjudica supuestos delitos de injurias, calumnias y odio por haber asegurado, en el caso de Echenique, que "PP y Ciudadanos negocian el gobierno de Andalucía con los cómplices de los violadores y los asesinos", y haber afirmado, en el de Rodríguez, que Vox "no quiere que se luche contra la violencia contra las mujeres" y "es cómplice de los feminicidios".

Otra presidenta autonómica a la que Vox llevó a los tribunales fue la navarra Uxue Barkos. Fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por "autorizar la publicación" de un programa escolar para su comunidad en el que, según el partido, se "pretende explicar a niños de 0 a 6 años las múltiples identidades sexuales a través de juegos eróticos infantiles". Fue acusada de haber cometido un delito de provocación sexual. La justicia todavía no se ha pronunciado sobre su admisión. 

Pero Vox también ha emprendido acciones legales contra líderes de la política municipal. Un ejemplo fue el alcalde valenciano Joan Ribó, que vio cómo, a principios de este año, la justicia archivaba la querella que pesaba contra él por haber cedido un muro en la pared de un solar para que un artista pintase un mural en el que pedía la puesta en libertad de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por terrorismo. Según la formación de ultraderecha, el regidor había cometido un delito de odio. Pero no lo vio así la justicia. "La denuncia apenas cumple los mínimos requisitos para ser considerada como tal porque, su sucintísimo relato fáctico, de tan solo diez líneas, apenas permite hacerse una idea de las conductas cuyo acaecimiento pretende dar noticia", dijo el juez. 

Los otros dos alcaldes contra los que se ha querellado Vox son los de Terrassa y Girona, Alfredo Vega y Marta Madrenas, respectivamente. Al primero, la ultraderecha lo acusó de no haber cedido un recinto municipal a Vox para una celebración del aniversario de la Constitución, mientras a la segunda la formación la denunció por el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución de Girona por el de Plaza 1 de octubre. La de Madrenas es la única de las dos querellas ya resuelta: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió ni siquiera entrar a investigar e inadmitirla.

Contra el procès 

Pero si hay una fuente de querellas y denuncias de Vox esa es el procès. Además de estar presente como acusación popular en el juicio contra los dirigentes catalanes que promovieron la declaración de independencia en 2017, Vox ha presentado querellas contra la Mesa del Parlament y el actual president Quim Torracontra la Mesa del ParlamentQuim Torra, todas ellas inadmitidas. Asimismo, la justicia también ha rechazado investigar las demandas contra Puigdemont, varios de sus consellers y el abogado Gonzalo Boyé por delitos de rebelión y alternativamente sedición, contra la paz e independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio, falsedad documental y estafa procesal. También ha sido inadmitida la querella contra el juez belga que admitió la demanda de Puigdemont contra el magistrado español Pablo Llarena.

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Además, los de extrema derecha también pidieron judicialmente la ilegalización de Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP. Un procedimiento todavía no resuelto, al igual que los otros dos emprendidos contra otro partido: el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Los de Abascal solicitaron a la justicia que investigase la protesta que realizó la organización delante de un recinto en Murcia donde se celebraba un acto de Vox y, además, que dirimiera si hubo delito de odio en unos carteles distribuidos en Castellón en los que se acusaba a la formación de "nazis y fascistas".

Contra periodistas y otras personalidades

No obstante, los adversarios políticos contra los que Vox ha emprendido acciones legales no han sido sólo líderes de distintos partidos. El periodista Antonio Maestre recibió una querella por calumnias, injurias y delito de odio por acusar a quienes defienden al partido liderado por Abascal de ser "responsables" y "cómplices" de muertes como la de la profesora Laura Luelmo, asesinada tras ser agredida sexualmente. La justicia todavía no se ha pronunciado. Idénticos fueron los delitos que Vox imputó al actor Willy Toledo, que a finales de octubre del pasado año afirmó en un programa de televisón que "el fascismo sólo se combate a ostias" cuando fue preguntado por el crecimiento de la formación.