"Lo importante es quitar a los pobres del medio". Es la impresión que dice tener el padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz, tras conocer que el Ayuntamiento de Recas (Toledo) quiere establecer como requisito que los niños que utilizan el comedor social gestionado por esta ONG estén empadronados en el pueblo. El padre Ángel se negó este martes a aceptar esta criba y sugirió la posibilidad de buscar otro local –el que se utiliza ahora es de propiedad municipal– para seguir prestando el servicio, interrumpido desde el 31 de julio.
Sin embargo, en conversación con infoLibre, el padre Ángel se muestra dispuesto a "dialogar con la alcaldesa para limar asperezas y que atienda a razones", motivo por el que espera alcanzar una solución para que el primero de septiembre se siga dando de comer en este centro, financiado exclusivamente con fondos de la ONG. Un centro que da de comer a 68 niños, de los que entre ocho y 10 podrían no estar actualmente empadronados en el pueblo según declaró a laSexta Rosa Trujillo, responsable del banco de alimentos de Mensajeros.
En un comunicado emitido en la tarde del martes, el Ayuntamiento considera que "la reacción de Mensajeros de la Paz ha sido desmedida", y asegura que no se ha mantenido "el debido encuentro formal con los responsables municipales". El padre Ángel niega este extremo: "Miente. Hemos tenido 3 ó 4 reuniones con ella, en su propio despacho y sobre esta medida en concreto".
El Consistorio dice no haber tomado ninguna decisión oficial pero reconoce que la alcaldesa, Laura Fernández (PP), visitó las instalaciones del comedor y comentó "la posibilidad de estudiar la exigencia del empadronamiento". El objetivo, aclara el Gobierno local, sería "poder llevar un control riguroso y justo del servicio que se presta" para "asegurar la distribución de alimentos a los niños que verdaderamente lo necesitan".
El Ayuntamiento justifica esta medida porque hay "vecinos de otras localidades que vienen a Recas a disfrutar de servicios sociales por la dejadez de otros municipios", y niega que tenga "nada que ver con la condición o no de inmigrante". Además, habla de que "usuarios que disponen de medios económicos suficientes que están enviando a sus hijos al comedor social", y dice que son "innumerables" las quejas de los vecinos "por ocupaciones ilegales". De los que han llegado a Recas, explica el comunicado, "una minoría ha asumido un modelo de convivencia basado en la ocupación ilegal y en la obtención de comida, ropa, etc, gratuita".
Desde Mensajeros de la Paz dicen no entender estos argumentos porque a los usuarios del comedor se les exige un informe que acredite su situación de necesidad "hecho por la trabajadora social del Ayuntamiento". "Por eso lo absurdo de esta situación", dice el padre Ángel. Preguntado por si cree que el comedor puede estar trayendo hasta Recas a gente que ocupe ilegalmente, el presidente de la ONG cree que es un "temor infundado, y si es fundado, un poco mezquino".
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Los niños, derivados al comedor del colegio
El Ayuntamiento de Recas dice haber dispuesto "un plan de actuación" mientras persista "la decisión de Mensajeros de la Paz de cerrar el comedor", cuyos usuarios serán enviados al comedor del colegio, en el que podrán optar a una plaza y a la subvención "parcial o total para aquellos que atraviesen precariedad". El Consistorio dice haber recibido al menos 20 solicitudes .
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha –al que pidió ayuda el padre Ángel junto a la presidenta del PP autonómico, María Dolores de Cospedal– asegura que "se contactó ayer personalmente con el padre Ángel y han quedado emplazados a una futura reunión para tratar sobre los diferentes servicios de atención social que desarrolla Mensajeros de la Paz en la región".
"Lo importante es quitar a los pobres del medio". Es la impresión que dice tener el padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz, tras conocer que el Ayuntamiento de Recas (Toledo) quiere establecer como requisito que los niños que utilizan el comedor social gestionado por esta ONG estén empadronados en el pueblo. El padre Ángel se negó este martes a aceptar esta criba y sugirió la posibilidad de buscar otro local –el que se utiliza ahora es de propiedad municipal– para seguir prestando el servicio, interrumpido desde el 31 de julio.