El 3 de agosto la Casa del Rey lanzaba un comunicado en el que se informaba de que el rey Juan Carlos I, salpicado por varios escándalos y en el punto de mira de la Justicia, ponía tierra de por medio y se marchaba de España. Nada se precisaba en ese momento sobre el destino del emérito de forma oficial, lo que dio pie a especulaciones sobre su nueva ubicación en el mapa: desde Portugal a República Dominicana pasando por Emiratos Árabes Unidos. Ni de cómo iban a sufragarse los gastos de esta nueva etapa.
Tampoco desde el Gobierno se ha aportado algo de luz a la situación actual de Juan Carlos I. En la rueda de prensa de balance de curso ofrecida por el presidente del Gobierno un día después del comunicado de la Casa del Rey, Pedro Sánchez fue cuestionado por el destino del padre de Felipe VI. También sobre quién se hace cargo de los gastos de seguridad que implican ese desplazamiento. No hubo respuesta. El jefe del Ejecutivo se limitó a señalar que "lo importante", a su juicio, es que don Juan Carlos se pone a la disposición de la Justicia, "como cualquier otro español".
La opacidad que ha reinado en este proceso con el que el rey pretende marcar distancia con su padre para evitar un mayor desgaste de la institución es un suma y sigue. Con sus aciertos y errores, la ley de transparencia lleva en vigor en España desde diciembre de 2013 y nada se ha hecho desde entonces para mejorar la rendición de cuentas de los miembros de la casa del rey. Felipe VI, pues, tiene un estatus especial. Y, a grandes rasgos, esta ley, que recibió luz verde con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, no es de aplicación para quien ostenta la Jefatura del Estado. Durante su redacción, los conservadores mantenían que la pretensión era que la Casa del Rey estuviese en igualdad de condiciones que el resto de instituciones afectadas por el texto legal. Pero en la práctica nunca ha sido así. El texto lleva la firma de Juan Carlos I.
Dos años después, Felipe VI firmaría la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con la obligación para estos de efectuar declaración de actividades económicas y declaración de bienes y derechos. El rey no aparece entre los sujetos obligados.
El mapa que queda en casi siete años de vigencia de la ley de transparencia y en cinco de la del alto cargo es muy desigual en lo que tiene que ver con los datos que los representantes de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– ponen a disposición de los ciudadanos y lo que se conoce de quien ostenta la Jefatura del Estado. Gran parte de estos ejercicios de transparencia llegaron a rastras, en un contexto de escándalos de corrupción que levantaron un muro de sospecha sobre la clase política ante el que se hizo urgente lanzar un mensaje a la sociedad. La Casa del Rey parece no haber tomado nota todavía.
Tomando como ejemplo a representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del ámbito municipal, infoLibre repasa la información que estos protagonistas están obligados a hacer pública y los detalles de la misma.
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y diputado, por lo que la información que el jefe de los socialistas ha hecho pública sirve como ejemplo de lo que la legislación obliga a los miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Como miembro del Gobierno está afectado por la ley del alto cargo. En su artículo 17 refleja lo siguiente: "Los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, respectivamente, el certificado de su última declaración anual presentada del impuesto sobre el patrimonio, si tienen obligación de presentarla. Quienes no tengan tal obligación, presentarán un formulario cumplimentado equivalente que elaborará la Oficina de Conflictos de Intereses en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria". El contenido estas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los secretarios de Estado y demás altos cargos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso del presidente del Gobierno esto ocurrió en el BOE del sábado 29 de septiembre de 2018. En junio se había convertido en presidente del Gobierno tras lograr los apoyos que le permitieron superar la moción de censura que planteó a Mariano Rajoy.
Por aquellas fechas, Sánchez declaraba 180.794,88 euros en bienes inmuebles, 21.434,92 euros en cuenta corriente, 5.667,20 euros en acciones, 135.093,83 euros en concepto de "demás bienes y derechos de contenido económico". En cuanto a sus deudas, ascendían a 192.026,83 euros.
Una vez que el presidente abandone la Moncloa, deberá informar de los mismos datos, un ejercicio que serviría para poder detectar, por ejemplo, si ha habido algún enriquecimiento sospechoso. Estos datos podrían cruzarse con los 83.080,02 euros anuales en los que está fijada su retribución.
La declaración de bienes y rentas que presentó como diputado de esta XIV legislatura ofrece una información algo más completa y detallada de la que se demanda en la ley del alto cargo. Es lo que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 160: "Los diputados y senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos Reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir corno al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias".
La última declaración de Sánchez depositada en el Congreso lleva fecha de 27 de noviembre de 2019. En ella informa de que entre enero y mayo de 2018 había percibido 30.261,23 euros del Partido Socialista. Y, entre junio y diciembre del mismo año 35.299,48 euros como presidente del Gobierno. El apartado de "rentas" se completaba con 294,02 euros en "dividendos", 13.871,11 por "arrendamiento de inmuebles" y 16.666,66 en concepto de derechos de autor. Se corresponden con su libro Manual de resistencia. La cantidad pagada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) fue de 34.709,44 euros. La cifra incluye el pago final a Hacienda más las retenciones.
En el capítulo de bienes patrimoniales incluyó dos viviendas y dos plazas de garaje. La primera vivienda fue adquirida en 2008 y dispone del 50% de su propiedad. En 1992 compró otra vivienda; el 100% es de su propiedad. Las plazas de garaje fueron adquiridas el mismo año que adquirió cada una de las viviendas. De una de ellas posee la mitad; de la otra es propietario al 100%. Todos estos inmuebles están ubicados en Madrid, circunscripción por la que el presidente es diputado.
El jefe del Ejecutivo declaró 43.956,98 euros en tres cuentas corrientes, un plan de pensiones con 104.091,73 euros y acciones cotizadas en Bolsa. A fecha de 16 de octubre de 2019 el valor de las acciones era de 5.792 euros. El apartado de "vehículos, embarcaciones y aeronaves" lo dejó vacío.
Además, declaró un microcrédito al PSOE por valor de 2.000 euros y deber al banco 86.242 euros de una hipoteca por valor de 159.300 euros que le concedieron en 2008, año que coincide con el de la compraventa de una de sus viviendas.
Ada Colau
Una modificación de 2015 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local estableció que "los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local" deben formular "declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos" y "declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades". Se adaptaba a la ley de transparencia, que ya en 2013 fijaba la obligatoriedad de que las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales fuesen públicas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en Comú), tiene un apartado propio en la página web del consistorio. Y en una pestaña bajo el título de "transparencia" están volcados su currículum, su expediente académico y sus "bienes patrimoniales".
La regidora municipal presentó esta declaración el 14 de junio de 2019. No dispone de ningún bien inmueble ni vehículo. Su patrimonio está depositado en tres cuentas bancarias. Dos en Caixa d' Enginyers, con 4.969,96 euros y 25.428,18 euros, respectivamente. Y una en el BBVA en la que había un depósito de 2.872 euros. De esta última cuenta Colau es titular al 50%.
El Ayuntamiento de Barcelona también ofrece información sobre los gastos de transporte y comida, las atenciones protocolarias y los viajes. La alcaldesa dispone de una tarjeta de crédito para comidas de reuniones e imprevistos fuera del Ayuntamiento, una tarjeta en la que no ha habido movimientos desde junio de 2015.
Carlos Lesmes
No afectado por la ley de transparencia ni del alto cargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica desde el 23 de septiembre de 2015 el patrimonio del presidente del Supremo y del CGPJ así como de los vocales de la Comisión Permanente y del secretario general de la institución. Ese día, el Consejo informaba de que con este gesto llevaba a la práctica uno de los compromisos en materia de transparencia adquirido en un convenio suscrito el 2 de julio de 2014 con Transparencia Internacional España.
Este compromiso se plasmó en una ficha individualizada en la que los citados altos cargos del Poder Judicial hacen una declaración de su patrimonio. Es la misma ficha que han de consignar los altos cargos de la administración general del Estado. Incluye el valor económico de bienes inmuebles urbanos y rústicos, saldo total de las cuentas bancarias, créditos, préstamos o deudas, acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversión, certificados de depósitos y otros valores mobiliarios y automóviles.
Desde el 4 de diciembre de 2018, cuando caducó su mandato, Carlos Lesmes es presidente en funciones del Supremo y del CGPJ. En 2015, cuando empezó a hacerse pública esta información en la página web del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes declaraba bienes inmuebles por valor de 321.839,10 euros, 7.000 euros en cuenta corriente, 104.000 euros en acciones, 15.000 euros en concepto de "demás bienes y derechos de contenido económico" y un "pasivo", es decir, deudas, por valor de 75.139 euros.
Para que el ejercicio de transparencia no quede a medias, una de las obligaciones de los cargos públicos es mantener actualizada la información que ponen a disposición de la ciudadanía.
En el caso de Lesmes, la ficha de sus bienes y derechos patrimoniales fue actualizada en abril de 2019 "por venta de inmuebles".
Así, el valor de su capital inmobiliario bajó hasta los 175.721 euros. Y subieron sus cuentas corrientes (162.322) y el valor de sus acciones (124.253). Las deudas de quedaron en 50.000 euros y declaró 111.222 euros en concepto de "seguros de vida".
...Y el espejo de Felipe VI
La disposición adicional sexta de la ley de transparencia recoge que el órgano competente para tramitar "el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey" será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
Los deberes de Felipe VI para dejar atrás el juancarlismo: transparencia, honores a raya y comunicación cercana
La única información que recoge el apartado de transparencia de la web de la Casa del Rey se refiere a contratos y convenios en vigor y presupuestos anuales. Con los presupuestos prorrogados, la dotación este 2020 para el sostenimiento de la familia real y Casa del Rey es de es de 7.887.150,00 euros. "La distribución de esta cantidad global corresponde a S.M. el Rey, a propuesta del Jefe de Su Casa", informan desde Zarzuela.
Desde 2015 se publican también los regalos institucionales entregados a la familia real. El 1 de enero de 2015, seis meses después de que Felipe VI accediese a la Corona, la Casa del Rey informaba de que el monarca había considerado "conveniente" regular el régimen de regalos a favor de los miembros de la familia real. Citando un artículo de la ley de transparencia aplicable a los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, que les prohíbe aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía "o favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones", Zarzuela informaba de que la Casa del Rey iba a acogerse también a ese precepto. "Aun cuando a los miembros de la familia real no les resulte de aplicación", destacaban. Desde esa fecha no se han producido más gestos voluntarios de este tipo.
En el estado de liquidación del presupuesto del primer trimestre de año ya aparecía reflejado que Juan Carlos I iba a dejar de percibir 161.036,34 euros sobre el importe anual previsto. Es el fruto de la decisión tomada por Felipe VI el 15 de marzo, cuando anució que renunciaba a la herencia de su padre –de momento una declaración de voluntad– y que este dejaba de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa del Rey.
El 3 de agosto la Casa del Rey lanzaba un comunicado en el que se informaba de que el rey Juan Carlos I, salpicado por varios escándalos y en el punto de mira de la Justicia, ponía tierra de por medio y se marchaba de España. Nada se precisaba en ese momento sobre el destino del emérito de forma oficial, lo que dio pie a especulaciones sobre su nueva ubicación en el mapa: desde Portugal a República Dominicana pasando por Emiratos Árabes Unidos. Ni de cómo iban a sufragarse los gastos de esta nueva etapa.