Con la reducción del número de desalojos por impago de hipotecas no se ha acabado el problema de la vivienda en España. Así lo vienen reiterando los colectivos antidesahucio y lo certifican también los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, entre 2013 y 2016 se produjeron 254.365 desahucios en España, de los que 144.055, el 57%, se debieron a impago del alquiler. Los 110.310 restantes lo fueron por no abonar las letras de la hipoteca.
En consecuencia, los desahucios de inquilinos han superado en un 30,6% a los de propietarios en los últimos cuatro años. Todo ello, además, en un entorno en el que casi el 80% de las familias residen en viviendas que tienen en propiedad –ya sean libres de cargas o hipotecadas–, lo que pone en contexto la magnitud de las cifras. "Estos datos muestran que la gente que vive de alquiler tiene más riesgo de ser desalojada", explica Koldo Casla, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe La crisis de la vivienda no ha terminado [consultar, aquí].
Los datos evidencian también que las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno –moratoria antidesahucios, código de buenas prácticas bancarias, fondo social de viviendas...– han limitado los desalojos por impago de hipotecas, pero que no se ha afrontado el problema de la vivienda en su totalidad. "Estas acciones han hecho que muchas personas, a pesar de haber pasado por un proceso de ejecución hipotecaria, no hayan sido desalojadas. Pero en el ámbito del alquiler ha habido una total falta de medidas. De hecho, se han flexibilizado los contratos y se han acortado los trámites procesales para favorecer los desalojos", explica Casla.
El acceso a una vivienda supone, en muchas ocasiones, tener la posibilidad de acogerse al último eslabón que separa la precariedad de la exclusión social. Especialmente en un contexto de crisis económica, donde las personas que corren riesgo de quedarse sin una alternativa habitacional ya suelen haber perdido el empleo. No obstante, Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), confirma que a las asambleas del colectivo cada vez llegan más inquilinos que, pese a tener trabajo, no pueden pagar el alquiler. "En el último año y medio nos estamos encontrando también con mucha gente que no puede hacer frente a los aumentos que les piden cuando se les acaba el contrato o que directamente no les renuevan y, por tanto, se ven obligados a dejar esa vivienda", añade.
Los colectivos sociales y los expertos alertan de que la situación puede ir a peor. Y es que España es también el país de la Unión Europea donde más ha subido el gasto particular en vivienda, pasando de representar el 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23% en 2015, según datos de Eurostat. Además, este año vencen miles de contratos firmados tras el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, por los que los propietarios tendrán la oportunidad de subir las rentas. Existe el temor de que se produzca una nueva oleada de desalojos "en la sombra" de las personas que tengan que verse obligadas a abandonar sus viviendas por no poder afrontar la subida.
Barcelona, que es la ciudad donde se gestó hace diez años la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha vuelto a tomar la iniciativa ahora contra la subida de los alquileres impulsando la creación de un sindicato de inquilinos. Allí los precios se han disparado a niveles de antes de la crisis y en la mitad de los barrios no es posible encontrar un piso por menos de 800 euros. "De los diez desahucios de media que hay cada día en la ciudad, nueve son de viviendas de alquiler", ilustra Macías.
Las alternativas
El portavoz de la PAH señala que, ante la carencia de alternativas por parte de la Administración, muchas personas se ven abocadas a optar por opciones "inseguras" como la ocupación. "Si hubiera un parque público de pisos como existe en la mayoría de países europeos todas esas personas que se han visto obligadas a elegir entre la calle u ocupar una vivienda vacía habrían tenido otra opción. Agilizar los desahucios sin garantizar los realojos aboca a estas familias a un círculo vicioso entre ocupación y desahucio", asevera.
Se refiere Macías a la proposición de ley que se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados a iniciativa del PDeCat (antigua Convergència) para abreviar los trámites requeridos para que los propietarios de una vivienda ocupada puedan recuperarla. Por el momento se han posicionado a favor PP, Ciudadanos y PNV. La propuesta es que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las demandas se limiten a juicios verbales y la presentación de los títulos de propiedad baste para la inmediata recuperación de la vivienda ocupada.
Los expertos suelen coincidir en que la solución al problema habitacional sólo puede venir por revertir problemas estructurales como la carencia de un parque público de pisos. Lo cierto es que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, un 1,1%, sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Es decir, ante la realidad de los desahucios provocados por el desempleo y el sobreendeudamiento, el Estado carece de una red pública potente de apoyo, algo que sí ocurre en otros países.
Sin embargo, las grandes cifras no llaman al optimismo. El gasto público general de España en vivienda y servicios comunitarios fue del 0,50% del PIB en 2014 (últimos datos comparativos disponibles), inferior al de la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos Estados Unidos (0,54%), Portugal (0,60%), Eslovaquia (0,61%) y Francia (1,44%), según recoge el informe La crisis de la vivienda no ha terminado [consultar, aquí], realizado por Amnistía Internacional. Además, el presupuesto público español para acceso a la vivienda y fomento de la edificación en 2016 apenas superó los 587 millones de euros, casi un tercio de los 1.606 millones consignados en 2009.
Casi el 60% de los desahucios son fruto de impagos por alquiler
Por otro lado, Casla también propone que haya una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan evaluar la "proporcionalidad" de cada desahucio en función de las circunstancias particulares de cada caso para que puedan calibrar el "grado potencial de vulnerabilidad del inquilino". "La falta de evaluación de la proporcionalidad en caso de desahucio tiene efectos especialmente perjudiciales para las mujeres, que constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar", señala.
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha arrojado algo de luz al respecto, aunque únicamente para los beneficiarios de vivienda protegida. Los jueces del alto tribunal fallaron que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. (EMVS), que depende del ayuntamiento de la capital, no podía desahuciar a un inquilino que tenía ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional y ninguna otra alternativa habitacional.
Antes de esta sentencia se habían producido decisiones contradictorias de tribunales inferiores. Pero este fallo unifica doctrina y supone una buena noticia para los arrendatarios de este tipo de viviendas, especialmente para los arrendatarios de las 4.800 viviendas públicas vendidas a fondos buitre en 2013 por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que depende de la Comunidad, y la citada EMVS.
Con la reducción del número de desalojos por impago de hipotecas no se ha acabado el problema de la vivienda en España. Así lo vienen reiterando los colectivos antidesahucio y lo certifican también los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, entre 2013 y 2016 se produjeron 254.365 desahucios en España, de los que 144.055, el 57%, se debieron a impago del alquiler. Los 110.310 restantes lo fueron por no abonar las letras de la hipoteca.