El compromiso de ETA de entregar sus armasa la justicia francesa a través de mediadores internacionales es un paso más en la recta final de una organización que, tras 43 años de terror, renunció hace poco poco más de un lustro a la violencia organizada sin haber logrado sus principales objetivos políticos. El País Vasco vive hoy en paz, pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas y sus familias, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque Euskadi afronte con total normalidad este proceso de desarme, sí hay tareas pendientes en varios frentes.
Tras la localización de los zulos y la entrega del armamento, entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz cinco años y medio después de la renuncia definitiva a la violencia organizada está la resolución de los 297 asesinatos sin resolver o la política penitenciaria, una cuestión que Mariano Rajoy ha desdeñado afrontar desde su llegada a la Moncloa en 2011. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes visiones.
Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo la banda se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de los presos y de los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. De ahí que entre las tareas pendientes también se encuentre esa disolución formal.
01. Los asesinatos sin resolver
Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia, explica que las secuelas de 43 años de terror perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. La tristeza y rabia de estas víctimas es todavía más intensa cuando no se conoce el nombre de la persona que apretó el gatillo o puso la bomba.
A día de hoy hay 224 atentados, que dejaron 297 víctimas mortales, sin alguno de sus autores conocidos, según datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, encargada de la materia. 128 de ellos, más de la mitad, fueron perpetrados entre 1978 y 1982. Estas cifras evidencia que un tercio de los crímenes cometidos por ETA siguen sin resolverse al 100%. La Fiscalía indica, no obstante, que no todos esos 224 atentados han quedado totalmente impunes, sino que en muchos casos no han sido condenados todos los etarras que participaron en ellos, ya sea como autores materiales o colaboradores.
Todo ello a pesar de los esfuerzos de la Justicia española, que en los últimos años ha reabierto hasta 21 causas para intentar resolverlas antes de que prescribieran. Entre los casos que se han revisado están los de los militares Aquilino Vasco Álvarez y Luciano Cortizo; de los guardias civiles José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez; o de los políticos Manuel Jiménez Abad y Miguel Ángel Blanco. Pero todavía quedan muchos más sin revisar. De hecho, el Ministerio Público quiere analizar si el arsenal de ETA puede contener pruebas o evidencias sobre los atentados que aún no han sido esclarecidos, informa Europa Press.
La portavoz del colectivo de víctimas Covite, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordoñez, del PP, asesinado por ETA en 1995–, señala que el reto más urgente después del "espectáculo" y la "maniobra de propaganda" de la entrega del material será que las fuerzas de seguridad verifiquen si el desarme ha sido completo y en qué condiciones están las armas entregadas.
Por otro lado, al margen de las actuaciones policiales y judiciales Laespada cree que sería interesante conformar, lejos del ámbito partidista, una especie de Comisión de la Verdad para analizar realmente qué es lo que sucedió durante los años de terrorismo. "Todos tendrían que aportar: los Estados deberían garantizar que no se penalizaran las delaciones que se puedan hacer ahora y quienes actuaron en su momento también deberían reconocer qué es lo que sucedió y quién fue el que apretó el gatillo", explica.
En un informe publicado el pasado marzo [consultar, aquí] la ONG Amnistía Internacional afea al Gobierno central no haber promovido estudios para determinar el alcance de las vulneraciones de derechos humanos por parte de ETA y otras organizaciones armados, como sí se ha hecho el Ejecutivo del País Vasco.
02. La política penitenciaria
El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad.
En la actualidad son alrededor de 400 los presos de la banda, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y la mitad en cárceles alejadas del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados.
El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con el alejamiento de Euskadi de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción.
Fabián Laespada (Gesto por la Paz) coincide en la necesidad de acabar con el alejamiento. "La pena que tenían que tener los presos de ETA es la cárcel. Lógicamente el alejamiento fue una pena añadida que jamás se debió producir y de la que han resultado especialmente perjudicados sus familiares. Otra cosa a discutir, aunque no me parece mal en un principio, es la dispersión para que no estuviesen en contacto unos con otros", explica.
También la ONG Aministía Internacional ha alertado sobre la inadecuación de la política penitenciaria. En concreto, en su último informe, solicita a las autoridades españolas que garanticen, a través de una revisión de la actual política penitenciaria, que los presos puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo "siempre que sea posible" y lo soliciten de manera individual.
No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz Consuelo Ordoñez considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. "El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero la mayoría ha elegido obedecer la disciplina de ETA,", señala.
03. El relato de lo que ocurrió
Si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada teme que con "mascaradas" como la escenificación de la entrega del armamento se pueda imponer la visión del "todos ganamos". "El ejercicio de memoria es el único que nos puede salvar de que en un futuro próximo cometamos parecidos errores. Es importante que, especialmente la juventud, sepa qué es lo que ha pasado aquí", asevera.
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Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admitía en conversación con infoLibre el pasado octubre el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir, para quien todavía hay relatos muy distintos en ciernes. Cuando se escriban, no obstante, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales que sean rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subrayaba entonces.
A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". Jonan Fernández, por su parte, asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica.
Para construir ese relato las víctimas sostienen que hay que "desmantelar" las otras armas que ETA ha utilizado estos 40 años: "el proyecto político totalitario por el que ha matado, el chantaje moral a las víctimas, la impunidad, la tergiversación de la historia y el discurso de odio". Así se recoge en el manifiesto Por un fin de ETA sin impunidad [consultar, aquí] promovido por Covite. "Un eventual desarme de ETA no borra su pasado criminal ni repara el daño que han causado a las víctimas porque sus crímenes son irreparables", concluye Consuelo Ordoñez.
El compromiso de ETA de entregar sus armasa la justicia francesa a través de mediadores internacionales es un paso más en la recta final de una organización que, tras 43 años de terror, renunció hace poco poco más de un lustro a la violencia organizada sin haber logrado sus principales objetivos políticos. El País Vasco vive hoy en paz, pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas y sus familias, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque Euskadi afronte con total normalidad este proceso de desarme, sí hay tareas pendientes en varios frentes.