El diálogo con la Generalitat no consigue salvar el abismo entre el Gobierno y los independentistas

El presidente Pedro Sánchez repite, siempre que tiene oportunidad, que la solución al conflicto en Cataluña no llegará a corto plazo. “Deberán pasar años” porque “hay que reconstruir la confianza”, asegura. “Su tesis es que “la crisis en Cataluña no se va a resolver en un año ni en dos, ni en cinco ni seis. Vamos a estar ante una crisis que va a necesitar de generosidad y de esfuerzo de todas las partes durante la próxima década”, declaró en una entrevista al diario El País nada más tomar posesión de su cargo.

El Govern, en cambio, tiene prisa. Acuciado por la situación de los presos del procés y la necesidad de dar respuesta a los ciudadanos a los que hace un año convenció de que había proclamado la república, necesita mantener el impulso. La protesta social de las últimas semanas presiona a los partidos independentistas a mantener viva la llama secesionista y por eso PDeCAT y Esquerra se cansaron rápidamente de esperar.

El portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, ya dejó claro a mediados se septiembre (apenas tres meses después de que el nuevo Gobierno comenzase su andadura) que si los presos no salían de la cárcel no habría apoyo independentista para los presupuestos. Y apenas unos días después, coincidiendo con el aniversario del 1 de octubre, el president Quim Torra elevó la apuesta y exigió, para antes de noviembre, una propuesta concreta para celebrar un nuevo referéndum. Ya entonces —tres meses después de su primera entrevista— Torra decía que el “margen” de Sánchez en la cuestión catalana se estaba agotando.

La urgencia con la que el independentismo reclama el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la salida de prisión de los presos del procés es incompatible con el tiempo que reclama Sánchez para encontrar una salida negociada. Y desdibuja la trascendencia de la normalización institucional iniciada el 9 de julio cuando el presidente del Gobierno recibió a Quim Torra en el Palacio de la Moncloa en la que Sánchez había puesto tantas esperanzas.

En apariencia, el diálogo ha funcionado a pleno rendimiento, aunque los frutos hayan sido, de momento, limitados. Hasta mediados de noviembre, las entrevistas entre ministros de Pedro Sánchez y miembros del Govern se han sucedido casi de manera ininterrumpida. Han sido 21 encuentros (22 si se incluye el que el 6 de septiembre tuvo como interlocutor al número dos de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor).

La vicepresidenta Carmen Calvo ha mantenido cuatro contactos oficiales: dos con su homólogo catalán, Père Aragonès, y otros dos con la consejera de Presidencia, Elsa Artadi. Aragonès ha tenido también oportunidad de reunirse con las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Economía, Nadia Calviño; Meritxell Batet, responsable de Política Territorial y por tanto pieza clave de la política de normalización, lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones (dos con el conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, y dos más con los de Presidencia, Elsa Artadi, y Política Digital, Jordi Puigneró).

La lista de ministros que se han reunido durante estos meses con representantes del Govern es larga e incluye también a Josep Borrell (Exteriores), Reyes Maroto (Industria), José Guirao (Cultura), Luis Planas (Agricultura), Dolores Delgado (Justicia), Teresa Ribera (Transición Ecológica), José Luis Ábalos (Fomento), Isabel Celaá (Educación) y Pedro Duque (Ciencia).

Hasta la fecha, sólo tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez no han tenido todavía relación con el Govern: Margarita Robles (Defensa), Magdalena Valerio (Trabajo) y María Luisa Carcedo (Sanidad). Fernando Grande-Marlaska, el titular de Interior, no celebró entrevistas con miembros del Govern pero sí acudió a la reunión en Barcelona de la Comisión de Seguridad.

Al mismo tiempo, mientras las relaciones institucionales se normalizaban —hasta el punto de haber dejado de ser noticia en la mayoría de medios de comunicación—, se reactivaron los órganos bilaterales previstos en el Estatuto de Autonomía y que Mariano Rajoy enterró durante sus siete años de mandato. Entre ellos se cuentan la Comisión Bilateral, la Junta de Seguridad de Cataluña, la Comisión Mixta de Seguridad, la Comisión Mixta de Vivienda, la Comisión Bilateral de Infraestructuras y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos. Y la Generalitat ha vuelto a estar presente en varias comisiones sectoriales, junto a otras Comunidades Autónomas para abordas asuntos relacionados con el deporte o la estrategia frente al reto demográfico.

¿Han dado fruto estas reuniones? El Gobierno de Sánchez, más allá de la importancia que concede a la vuelta del Govern al diálogo institucional, sostiene que sí. Y cita el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana que retornaba a la universalización de la sanidad pública y —aunque sólo parcialmente— de las leyes autonómicas de 2015 y 2016 de emergencia habitacional. A pesar del desencuentro presupuestario, el Gobierno español y la Generalitat trabajan conjuntamente para retirar los recursos de inconstitucionalidad de otras leyes sociales consensuadas por el Parlament.

El Gobierno pone encima de la mesa otras medidas de las que se están beneficiando los catalanes, como la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte pesado en la AP7 y la AP2 para reducir la siniestralidad y mejorar el tráfico en las carreteras nacionales N-340 y la N-240, los fondos adicionales repartidos entre las Comunidades Autónomas para atender a los menores migrantes no acompañados y entre los ayuntamientos para luchas contra la violencia machista y hasta el incremento de plazas para las oficinas de extranjería.

Y destaca, sobre todas las demás, el acuerdo económico por el que la Generalitat recibirá 1.459 millones por distintos conceptos: déficit inversor en infraestructuras (759 millones) e integración del coste de los Mossos en el modelo de financiación (700 millones).

El Gobierno también ha autorizado a Cataluña a emitir deuda a corto plazo para refinanciar vencimientos (refinanciación de 2.773 millones) y transferirá 272 millones en materia de vivienda, de los que 21 ya están en poder de la Generalitat.

El relato del Ejecutivo

El relato del Ejecutivo subraya la entrada de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, una decena de acuerdos de cooperación en materia de seguridad, las mejoras en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y los planes para impulsar el servicio ferroviario de cercanías, así como la confirmación dl año 2021 como fecha límite para terminar el Corredor Mediterráneo.

El Gobierno de Sánchez otorga mucho valor a lo conseguido hasta ahora, sobre todo si se compara con la etapa precedente. Y da una enorme importancia a la normalización institucional en sí misma, más allá de los resultados concretos. El Govern no comparte esta opinión. PDeCAT y Esquerra reconocen que las formas son otras, pero no ven avances en lo que realmente les interesa: una fórmula que permita a los catalanes decidir si quieren independizarse de España.

En la reunión bilateral de agosto, el Govern catalán propuso una vía de acercamiento: la creación de un “grupo de trabajo”, en palabras del conseller de Acció Exterior, Ernest Maragall, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en derecho constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.

El Gobierno, representado en la reunión por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, rechazó desde el principio la propuesta. No aceptarán un grupo de trabajo en esos términos ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. Para el Ejecutivo de Sánchez, el único camino para plantear las demandas del Govern es una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum.

Cinco meses después de la reunión entre Sánchez y Torra en el Palacio de la Moncloa el diálogo parece haber entrado en punto muerto. De un lado, el mal resultado del PSOE en las elecciones andaluzas y la influencia que las demandas independentistas hayan podido tener sobre el electorado obligan al Gobierno a extremar las cautelas en relación con la Generalitat. Del otro, PDeCAT y Esquerra insisten en que no piensan negociar el proyecto de presupuestos impulsado por el Ejecutivo de común acuerdo con Unidos Podemos y afirman que lo rechazarán cuando llegue al Congreso en enero.

El Gobierno amenaza a Torra con tomar el control de la seguridad en Cataluña si no abandona la pasividad hacia los CDR

Ver más

Ni siquiera las dificultades que están teniendo para sacar adelante su propia ley presupuestaria en Cataluña ha modificado su posición: o hay referéndum y salida a la calle de los presos o el voto en la Cámara alta será negativo. Los 3.000 millones adicionales que, según Hacienda, recibiría Cataluña si los independentistas facilitasen la aprobación de los presupuestos para 2019 tampoco han conseguido ningún efecto. “No hay partidas presupuestarias suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros, cuatro de ellos en huelga de hambre”, advirtió este miércoles el diputado republicano Gabriel Rufián.

El miércoles Sánchez afronta un debate en el Congreso precisamente sobre la situación de Cataluña que se prevé tenso y en el que todo apunta a que las posiciones de los extremos —por parte independentista y del lado de la derecha— se habrán exacerbado. En la última sesión plenaria, el enfrentamiento que Rufián provocó con el ministro Josep Borrell elevó la crispación en el hemiciclo a cotas poco habituales.

Y el 21 de diciembre, primer aniversario de las últimas elecciones catalanas que volvieron a ganar los independentistas con parte de sus líderes huidos al extranjero o en prisión, Sánchez llevará el Consejo de Ministros a Barcelona. Nadie cree a estas alturas que de alguna de esas citas vaya a salir alguna oferta capaz de salvar los presupuestos que el Gobierno presentará en el Congreso a la vuelta de navidades.