¿Vivimos en una democracia plena o imperfecta? ¿Quién pone nota a cada país y en qué se basa para decidir qué Estados tienen una hoja de servicios más aseada que otros? Los expertos en ciencia política llevan años tratando de diseñar y perfeccionar métodos estandarizados con los que medir la calidad de los regímenes de gobierno y el grado de libertad del que gozan los ciudadanos en todo el mundo, pero todavía no han logrado ponerse de acuerdo en un sistema aceptado por todos.
En el mundo contemporáneo conviven en estos momentos numerosos índices internacionales que pretenden establecer calificaciones por países en función de la calidad de la democracia, el respeto al derecho a la información o la libertad de empresa. Los partidos españoles y sus líderes los citan cada vez más a menudo en España como arma arrojadiza. Unos, los de la oposición, para culpar al Gobierno del supuesto retroceso del país. Otros, los que apoyan al Ejecutivo, para jactarse de lo bien que lo están haciendo. O para cuestionar sus imperfecciones, como ha hecho el vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como parte de su estrategia para marcar perfil propio dentro del Gobierno de coalición.
Uno de los más citados últimamente y al que más recurren los medios de comunicación es el Índice de Democracia creado por la revista The Economist. Pero está lejos de ser el único y desde luego no es el más reconocido por el mundo académico. Otros prefieren tomar como referencia el Freedom in the World, elaborado por la organización no gubernamental Freedom House con sede en Washington (Estados Unidos). Una entidad que se autoproclama “una voz clara para la democracia y libertad por el mundo” y que muchos especialistas consideran claramente escorada hacia valores estrictamente norteamericanos.
Algunas clasificaciones tienen una inspiración ideológica. Es el caso del que publica The Wall Street Journal, la biblia del capitalismo, junto a la Fundación Heritage, vinculada a la derecha conservadora estadounidense. Esta clasificación mide supuestamente la libertad económica y es, de todos los consultados por infoLibre, el que peor nota otorga a nuestro país. España ocupa el puesto 69 de una lista de 180 en la que encontramos, en puestos de cabeza, regímenes autoritarios como Singapur (2º), dictaduras teocráticas como Emiratos (8º) o naciones totalitarias como China (11º).
Lo cierto es que ninguno de estos índices tiene carácter oficial y, en la mayoría de los casos, su metodología tiene inevitables componentes subjetivos. En parte porque no existe una definición de democracia o de libertades que pueda expresarse en una escala matemática y en parte porque muchas de las conclusiones son valoraciones de expertos, no expresiones numéricas o dicotómicas homologables y comparables.
Con todo, los expertos en ciencia política tienen, naturalmente, sus preferencias. Y entre ellas destacan dos índices. En primer lugar, el conocido como Polity IV, en el que España está en el grupo de países con máxima calificación democrática, dentro de la categoría “democracia plena”. De él los expertos aprecian su base de datos, que se remonta al año 1800. Aunque a muchos les hará dudar de su fiabilidad que estuviese patrocinado hasta hace muy poco por un proyecto de investigación creado por la CIA, lo cierto es que en su último informe (2020), en pleno apogeo de la era Trump, redujo la calificación de Estados Unidos a lo que sus autores denominan “anocracia”: un sistema de gobierno que incluye características de inestabilidad política, ineficacia y una mezcla incoherente de rasgos y prácticas autoritarias y democráticas.
El informe anual que más credibilidad tiene, según la mayoría de los expertos en ciencia política consultados por infoLibre, es el V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
Variedades de Democracia (V-Dem) es un acercamiento para la conceptualización y medición de la democracia que se confecciona gracias a la colaboración de más de 30 académicos de todo el mundo organizados conjuntamente por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). En su elaboración anual participan seis investigadores principales, dos coordinadores, quince gestores encargados de las áreas temáticas, más de treinta gestores regionales, casi 170 coordinadores de países y aproximadamente 3.000 expertos de todo el mundo, lo que lo convierte, según sus promotores, en “uno de los más grandes proyectos de recogida de datos de las ciencias sociales centrado en investigación”.
Este índice examina tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.
Para detallar más el examen que llevan a cabo sus autores, dividen el trabajo en torno a cinco principios o concepciones de alto nivel sobre la democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Teniendo en cuenta asuntos tales como la independencia judicial, la democracia directa o la equidad de género, entre otros.
España, a la cabeza
La última revisión del índice de Gotemburgo (2019) situaba a España en el grupo de cabeza, como la décima mejor democracia liberal del mundo. Sólo por detrás de Dinamarca, Estonia, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, Portugal, Costa Rica y Nueva Zelanda. Y por delante de países tan poco sospechosos de mala calidad democrática como Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, Canadá o Italia. Para encontrar a Estados Unidos hay que descender al puesto 36.
Una manera de entender mejor qué mide el V-Dem es detenerse en sus principales apartados. El primero de ellos, el índice de democracia electoral, pretende captar no sólo el grado en que los regímenes celebran elecciones limpias, libres y justas, sino también su libertad de expresión real, las fuentes alternativas de información y asociación, así como el sufragio masculino y femenino y el grado en que la política gubernamental recae en los funcionarios políticos elegidos. El índice del componente liberal, en cambio, pone el foco en la importancia de proteger los derechos individuales y de las minorías tanto “contra la tiranía del Estado como contra la tiranía de la mayoría”. También recoge los métodos “horizontales” de responsabilidad entre instituciones más o menos igualitarias que garantizan los controles y equilibrios efectivos entre las instituciones y que, en particular, limitan el ejercicio del poder ejecutivo. Esto se consigue mediante “un Estado de Derecho sólido y unas libertades civiles protegidas” por la Constitución, un poder judicial independiente y un parlamento fuerte que puedan exigir responsabilidades al ejecutivo y limitar sus poderes.
El tercer índice que elabora la Universidad de Gotemburgo como parte del V-Dem es el que mide el componente igualitario. Es decir, hasta qué punto todos los grupos sociales gozan de las mismas capacidades para participar en el ámbito político. Se basa en la idea de que la democracia es un sistema de gobierno “por el pueblo” en el que los ciudadanos participan de diversas maneras. El principio igualitario de la democracia está fundamentalmente relacionado con la participación política, ya que las desigualdades sistemáticas en los derechos y recursos de los ciudadanos de determinados grupos sociales limitan las capacidades para participar en los procesos políticos y de gobierno. Por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos entre los grupos da lugar a la igualdad política y, por lo tanto, a la democracia.
El cuarto índice de V-Dem se fija en el principio participativo de la democracia, haciendo hincapié en la participación activa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales. Este principio da más valor al gobierno directo de los ciudadanos, por ejemplo, que a la representación indirecta.
Por último la Universidad de Gotemburgo publica anualmente como parte de V-Dem un índice del componente deliberativo con el que tratan de medir hasta qué punto se cumple el principio deliberativo de la democracia, evaluando el proceso por el que se toman las decisiones en un sistema político. Un proceso deliberativo, tal y como lo entiende V-Dem, es aquel en el que “el razonamiento público, centrado en el bien común, motiva las decisiones políticas, en contraste con las apelaciones emocionales, los apegos solidarios, los intereses o la coerción”. Según este principio, la democracia ideal requiere algo más que una agregación de las preferencias preexistentes, necesita de un diálogo respetuoso en todos los niveles —desde la formación de preferencias hasta la decisión final— entre participantes informados y competentes que estén además abiertos a la persuasión.
Es verdad que el V-Dem puede ser el más riguroso, pero el más conocido de todos y que empieza a ser utilizado como un estándar, al menos en España, a juzgar no sólo por los medios de comunicación que lo citan sino por los líderes políticos españoles que lo usan como referencia, es el que publica anualmente The Economist.
El Índice de Democracia de la revista británica se expresa en una escala de 0 a 10 y se basa en las calificaciones de 60 indicadores agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
Los valores del índice se utilizan para clasificar los países en cuatro tipos de régimen: democracias plenas (puntuaciones superiores a 8), democracias defectuosas (entre 6 y 8), regímenes híbridos (entre 4 y 6) y regímenes autoritarios (por debajo de 4).
España, según el último índice publicado, tiene un 8,12. Así que, de acuerdo con este índice, es una democracia plena. O lo que es lo mismo: “Un país en el que no sólo se respetan las libertades políticas básicas y las libertades civiles, sino en el que hay una cultura política que favorece el florecimiento de la democracia”. Donde el funcionamiento del gobierno se considera satisfactorio, los medios de comunicación son independientes y diversos, existe un sistema eficaz de controles y equilibrios, el poder judicial es independiente y las decisiones judiciales se cumplen.
Esta clasificación se basa en el criterio de expertos, pero a diferencia de otros utiliza, si están disponibles, encuestas de opinión pública, principalmente la Encuesta Mundial de Valores, un proyecto global de investigación social que explora los valores y opiniones de la gente, cómo estos cambian con el tiempo, y su impacto social y político y que lleva a cabo desde 1981 una red mundial de científicos sociales y politólogos. Los indicadores basados en las encuestas predominan en las categorías de participación política y cultura política, aunque se utilizan algunos en las categorías de libertades civiles y funcionamiento del gobierno. Además de la Encuesta Mundial de Valores utilizan otras fuentes como el Eurobarómetro, los sondeos de Gallup, el Barómetro Asiático, el Barómetro Latinoamericano, el Afrobarómetro y las encuestas nacionales.
Resultados por afinidad
¿Y qué pasa en los países en los que faltan los resultados de las encuestas? Los encargados de elaborar la clasificación sencillamente “utilizan los resultados de las encuestas de países similares y la evaluación de los expertos para rellenar las lagunas”, según reconoce el informe de metodología del índice.
The Economist admite además que algunas materias e indicadores están en permanente discusión. Por ejemplo, la participación electoral. Después de haber aumentado durante muchos años, desde la década de 1960 se ha producido una tendencia a la disminución de la participación electoral en la mayoría de las democracias establecidas. Y la baja participación puede deberse al desencanto, pero también puede ser “un signo de satisfacción”, admiten los redactores del estudio. “Sin embargo, muchos ven la baja participación como algo indeseable, y hay un gran debate sobre los factores que afectan a la participación y cómo aumentarla”.
Por lo general, una alta participación se considera generalmente una prueba de la legitimidad del sistema actual, aseguran. “En contra de la creencia generalizada, existe, de hecho, una estrecha correlación entre la participación y las medidas generales de democracia, es decir, las democracias desarrolladas y consolidadas tienen, con muy pocas excepciones, una mayor participación (generalmente superior al 70%) que las democracias menos consolidadas”.
En cuanto al equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, “es muy discutido en la teoría política”, se excusan. En su modelo, “el claro predominio del poder legislativo se valora positivamente, ya que existe una correlación muy fuerte entre el predominio legislativo y las medidas de democracia general”.
A la vista de las explicaciones de los autores del Índice de Democracia es evidente que la fiabilidad de muchos indicadores está en discusión. Cuanto más se basan en criterios objetivos, mejor es el resultado. Pero no siempre están disponibles en todos los países o se obtienen de manera homogénea. Son en su mayor parte obra de agentes privados y en parte por esa razón tampoco son completamente transparentes, según los expertos consultados por infoLibre.
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El índice de la ONG estadounidense The Freedom House (Freedom in the World) sitúa a la cabeza de la calificación mundial a Finlandia, Noruega y Suecia, con puntuaciones de 100 sobre 100. España ocupa el puesto 46, con 90 puntos sobre 100.
La elaboración de este informe se lleva a cabo a través de una evaluación de los derechos y libertades de cada país más que de la actuación de los gobiernos porque parte del criterio de que los derechos políticos y las libertades civiles pueden verse afectados tanto por actores estatales como no estatales, incluidos grupos insurgentes o armados. Los datos salen, según la propia ONG, de un equipo de analistas internos y externos y asesores expertos de las comunidades académica, de think tanks y de derechos humanos. En la edición de 2021 participaron más de 125 analistas y casi 40 asesores.
Para entender mejor cómo funciona es muy ilustrativo examinar la calificación de España. Los panelistas de Freedom House otorgaron a nuestro país la máxima puntuación en relación con el proceso electoral y pluralismo político y participación, pero nos restaron puntos en relación el funcionamiento del Gobierno (la inestabilidad de 2019 jugó en contra) o las salvaguardas frente a la corrupción o la libertad de expresión (concentración de medios, agresión a periodistas o persecución de tuiteros). La lista completa puede consultarse aquí.
¿Vivimos en una democracia plena o imperfecta? ¿Quién pone nota a cada país y en qué se basa para decidir qué Estados tienen una hoja de servicios más aseada que otros? Los expertos en ciencia política llevan años tratando de diseñar y perfeccionar métodos estandarizados con los que medir la calidad de los regímenes de gobierno y el grado de libertad del que gozan los ciudadanos en todo el mundo, pero todavía no han logrado ponerse de acuerdo en un sistema aceptado por todos.