Este miércoles 14 de diciembre se cumplen diez años de la aprobación de la ley de dependencia, la norma que reconoció en 2006 el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado. Aunque su aplicación haya generado luces y sombras, en su décimo aniversario existe un amplio consenso sobre que esta ley es una gran conquista en materia de derechos sociales. Sin duda, el dato más positivo es que, a día de hoy, 856.452 personas están recibiendo una prestación económica o un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) en virtud de esta ley.
José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales, ensalza la norma y asegura que "supuso el mayor avance en protección social en lustros". No obstante, reitera la necesidad de "cumplirla estrictamente y de revertir los últimos recortes". Además de la función social, Ana Lima, su homóloga en el Consejo General del Trabajo Social, recuerda que el sector de la dependencia genera "riqueza y empleo". Por ejemplo, la ratio es que por cada dos personas atendidas en una residencia se crea un puesto de trabajo. Además, la ayuda a domicilio es un factor de sostenibilidad que adquiere más valor en el medio rural.
En el Gobierno central presumen, y con razón, de que actualmente hay 117.000 personas más que reciben una prestación o servicio que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Los beneficiarios de algún tipo de ayuda ascendían en octubre a 856.452, respecto a las 738.587 de diciembre de 2011. En el Ejecutivo aseguran que las "medidas de sostenibilidad" adoptadas han dado sus frutos. Pero los colectivos insisten en que esas medidas son, en realidad, severos recortes.
De hecho, el documento con las previsiones oficiales incluidas en el programa de estabilidad 2016-2019 [ver PDF] recoge un "ahorro" logrado con estas medidas en todas las administraciones de 2.278 millones entre 2012 y 2014, de los que 1.183 correspondieron a la Administración General del Estado y 1.095 a las comunidades. Además, los Presupuestos recogen que, desde 2012, el Gobierno ha invertido, de media, 320 millones de euros menos cada año si se toma como referencia lo consignado en 2011.
La pregunta, entonces, parece obvia: ¿cómo se consigue dar atención a más personas con menos dinero? Ramírez señala que tras un fase de gran expansión del sistema entre los años 2009 y 2010, la llegada de los conservadores a la Moncloa, a finales de 2011, supuso una "derogación encubierta" de la ley. En 2012 llegó el gran tijeretazo a través de un real decreto por el que se modificaron hasta 14 artículos de la ley. Uno de esos cambios fue la reducción de un 15% como mínimo de las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes, lo que se tradujo en un "ahorro" de unos 289 millones anuales.
El Gobierno también aplazó el calendario de entrada al sistema de los dependientes moderados –que solo pudieron hacerlo en julio de 2015– aunque muchos siguen todavía esperando sus prestaciones. También se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado –285 millones– y se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, que es el importe que destinan las Administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacidad. También se suspendió la retroactividad en el cobro de las ayudas, el pago de la cotización a las personas que atienden a familiares dependientes y se endurecieron los criterios de acceso al sistema.
Un año después, en 2013, el Ejecutivo aprobó, también vía real decreto, la disminución de las intensidades de las prestaciones de servicios de centro de día/noche y del servicio de ayuda a domicilio y dejó la regulación de los servicios residenciales a las comunidades autónomas. ¿Qué consecuencias tuvo este recorte? Por ejemplo, la atención domiciliaria para las personas con dependencia muy grave se redujo 25 horas de promedio al mes; en las personas con dependencia severa, la reducción fue de 10 horas al mes; y en las personas con dependencia leve, la reducción fue de otras 10 horas al mes.
El decreto aprobado en el verano de 2012 incluyó también la suspensión de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente. Cuando el Gobierno socialista aprobó en 2007 la ley de dependencia estas cotizaciones se presentaron como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron el trabajo para cuidar de sus mayores o de familiares discapacitados. Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener en el futuro una pensión.
Más de tres años después de la puesta en marcha de este recorte –aunque se aprobó en verano, entró en vigor en diciembre de 2012– las cifras evidencian cómo la mayoría de estas personas desaparecieron de los registros de la Seguridad Social. En julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas a este convenio. En octubre de 2016 apenas eran 9.904 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 90% son mujeres y una de cada dos tiene más de 56 años.
Lista de espera
Por otro lado, los retrasos que soportan los ciudadanos para recibir las ayudas previstas en la ley y los farragosos trámites administrativos han constituido durante este tiempo algunos de los motivos de queja más recurrentes de su aplicación. Durante estos años, en algunos casos, los plazos de espera han sido tan acusados que miles de ancianos han muerto en toda España esperando lo prometido, tal y como viene denunciando en sus informes la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) –entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– no ofrece datos oficiales sobre el tiempo medio que pasan los dependientes esperando por sus prestaciones, aunque sí hay información oficial sobre la situación de la lista de espera. El pasado octubre (últimos datos disponibles) un total de 355.596 personas seguían a la espera de recibir un servicio o prestación que ya se les había reconocido. "Este sigue siendo uno de los grandes problema del sistema", señala Ramírez.
El Imserso también informa de la situación de la lista de espera en las diferentes autonomías, lo que permite evidenciar la gran desigualdad existente entre territorios. Por ejemplo, en Castilla y León apenas un 0,5% de los dependientes que tienen una prestación reconocida están en lista de espera para recibirla. Un porcentaje muy alejado del 39,5% de Aragón, del 42,0% de Cataluña o del 46,9% de Canarias. "Desde los inicios de su implantación existen múltiples diferencias territoriales. Las comunidades más eficaces son las que encajaron en el sistema de servicios sociales autonómico y local la gestión de la ley", explica Lima.
Más allá de la dispersión autonómica, los más damnificados por las "medidas de sostenibilidad" adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy son los beneficiarios de ayudas para el cuidado en el entorno familiar. La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. A pesar de ello, se conceden más pagas para los cuidadores familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar. Según los datos del pasado octubre hay concedidas 358.685 de estas prestaciones, un 33,94% del total.
Pues bien, en julio de 2012 el Ejecutivo central metió un gran tijeretazo a estas ayudas. A través de un real decreto determinó que para las personas que, a partir de esa fecha, solicitaran prestaciones por cuidados familiares sus ayudas estarían sometidas a un "plazo suspensivo" de dos años"plazo suspensivo" de dos años. Es decir, que aunque tuvieran una paga reconocida no empezarían a cobrarla hasta pasado ese período. Este plazo, sumado a los seis meses de resolución de los trámites administrativos, hace que algunos beneficiarios puedan pasar hasta dos años y medio esperando sus prestaciones.
Aumento del copago
Lima considera que otro de los asuntos "polémicos" de la aplicación de la norma y que explican que haya más atenciones con menos dinero público es el copago. Los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos, según documentan sucesivos informes de la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. No obstante, la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62% de lo que cuesta atender a estas personas.
Los datos muestran que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido más de 21 puntos, pasando del 39,2% al 18,1%. Al tiempo que el copago de los usuarios ha crecido de forma considerable, pasando de aportar el 14,7% del coste total al 19,9%. "Se podría entender que el copago puede llegar a ser abusivo en cuanto que un 50% de las rentas de las personas usuarias pueden tener que ser destinadas a este copago y si hablamos de residencias puede llegar a ser un 95%", señala Lima.
Este aumento del copago en dependencia se ha producido, además, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias y ha ido acompañado de la inclusión de copagos por otros conceptos como los medicamentos. Un informe elaborado por el Observatorio del sector de atención a la dependencia en España –elaborado por CCOO, UGT, y las asociaciones empresariales Fed, Lares y Aeste, a partir de los registros publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)– reveló que la media de la aportación de los usuarios había pasado de 960,88 euros en 2009 a 1.613,59, en 2013.
Este miércoles 14 de diciembre se cumplen diez años de la aprobación de la ley de dependencia, la norma que reconoció en 2006 el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado. Aunque su aplicación haya generado luces y sombras, en su décimo aniversario existe un amplio consenso sobre que esta ley es una gran conquista en materia de derechos sociales. Sin duda, el dato más positivo es que, a día de hoy, 856.452 personas están recibiendo una prestación económica o un servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, atención residencial...) en virtud de esta ley.