Dinero público para robar pruebas y enriquecer a mandos policiales: el descontrol de los fondos reservados que revela la 'Kitchen'

"Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales". Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que da por finalizada la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que podía afectar al partido conservador en la causa judicial que se había abierto sobre su financiación ilegal. Una trama en la que sitúa en el "vértice" al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al que fue su número dos, Francisco Martínez, responsables de repartir ese dinero público.

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial. 

El magistrado no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen, ya que el espionaje implica medios personales –los agentes que se destinaron, las horas que echaron, etc.– y materiales –vehículos, por ejemplo– que son muy difíciles de calcular. Sï explica que lo que ha quedado acreditado son los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevaron al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que en 2020 alcanzaron los 27,86 millones de euros, cantidad que se mantiene en los Presupuestos de 2021. Según la investigación de la trama parapolicial, Sergio Ríos habría cobrado los 2.000 euros al mes justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Se daban los fondos antes de comprobar para qué

En el auto que pone fin a la instrucción, el juez García Castellón destaca que la normativa reguladora de los fondos reservados "atribuye las funciones de su control al ministro del Interior y por delegación a la Secretaría de Estado de Seguridad". Y su conclusión de todo lo investigado es que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para sufragar la operación Kitchen "no se ajustaba a la normativa legal" por varios motivos. En primer lugar, desde el departamento que dirigía Francisco Martínez "se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa" (DAO) que en aquel momento gestionaba Eugenio Pino.

Asimismo, se abonaban fondos reservados mensualmente al comisario jefe de la UCAO, que "en ningún caso era una unidad autónoma receptora de fondos reservados, con independencia de los fondos que podía recibir su unidad en la Comisaría General de Información". El dinero que recibía García Castaño, que tenía una cuantía fija, "no estaba vinculado a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario". Las entregas estaban autorizadas "verbalmente" por Eugenio Pino. El descontrol, por tanto, era total.

García Castaño ha manifestado en varias ocasiones ante el juez que Martínez conocía estos hechos. El instructor reconoce que no se ha podido acreditar este extremo –que el ex número dos de Interior niega–, pero sí relaciona al ex secretario de Estado con "otro gasto directamente vinculado con la operación ilegal", la compra de un ordenador y de una pistola para Ríos "con cargo a fondos reservados", por un recibí en el que constan "1.905,82 euros, compra material informático para S.E." y "700 euros, compra pistola para cocinero", aparte de los 2.000 euros mensuales.

El exjefe de la UCAO es uno de los principales investigados en la macrocausa Tándem y su patrimonio y cuentas bancarias ha sido escrutado por los investigadores por supuestamente ser uno de esos mandos policiales que se habrían enriquecido ilícitamente. Pero no sólo por los fondos reservados de la operación Kitchen, sino por participar activamente en los negocios privados de Villarejo por los que habría percibido comisiones. En un informe del año pasado incorporado al caso, se le atribuyen ingresos en efectivo durante más de una década que suman más de medio millón de euros.

No sólo el exjefe de la UCAO aparece relacionado en la operación Kitchen con el gasto de este dinero público para fines ilícitos. En el desarrollo de la operación ilegal, prosigue el juez, "al menos en una primera fase habrían participado funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando del comisario Marcelino Martín Blas, quien, al parecer, sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo". Posteriormente, Martín Blas "habría dejado paso a García Castaño, quien habría encomendado a la unidad especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos".

Permitido por Martínez, cono conocimiento de Fernández Díaz

Según García Castellón, "una vez desclasificada la documentación relativa a los pagos efectuados a Ríos, se ha podido comprobar que la solicitud mensual de asignación de fondos reservados se elevaba desde la Dirección Adjunta Operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad". Las peticiones "no cumplían con la normativa interna del Ministerio del Interior sobre gestión y control de los fondos reservados, que exigía que se tenían que adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior, y que en esos documentos constaría la designación de la operación policial concreta para la cual se solicitan fondos de carácter reservado extremos que no se cumplía en este caso". 

Así, lo que concluye el magistrado es que la Secretaría de Estado que dirigía Martínez libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995". "Esta irregular entrega de fondos reservados era permitida por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior", afirma en el auto, razón por la cual propone juzgar a los dos por malversación, entre otros delitos.

Sobre este modo de actuar fueron muy reveladoras las declaraciones en calidad de testigos que prestaron en sede judicial José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa. Una forma de trabajo, y aquí está lo preocupante, que no enmarcaban en la operación Kitchen, sino en el quehacer general de esos años en la DAOoperación Kitchen.

Según Benavides, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones. Pérez de los Cobos gestionaba los seis millones de euros que aproximadamente maneja Interior –según cifras del propio coronel–, pero aseguró al juez que no conocía el pormenor de las operaciones. Declaró como testigo en noviembre de 2020 y en el auto de cierre de la causa no aparece por ninguna parte en el relato de hechos.

De la explicación de Benavides y Lacasa se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Los dos subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

La trama en la cárcel y el falso cura

Esto es lo que ha permitido revelar una investigación que ha estado abierta casi tres años. En los últimos meses, se descubrió también que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que Luis Bárcenas pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del PP en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general del partido Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos, Bárcenas le encargó supuestamente que destruyera esos audios, ya que en aquel momento el PP y él mantenían un pacto de no agresión en los tribunales.

La Fiscalía pide reabrir 'Kitchen' para Cospedal e imputar a Cosidó en su recurso contra el fin de las pesquisas

Ver más

García Castellón ve acreditado que a principios de 2014, Sergio Ríos informó de que un preso llamado Isidro Sánchez Suárez "podría tener en su poder las claves que facilitarían el acceso unos archivos a los que pretendería acceder siguiendo instrucciones de aquel". Con la "coordinación activa del secretario de Estado", y gracias a la información facilitada por Ríos, García Castaño y Villarejo "lograron impedir este acceso".

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado que alargara el plazo de instrucción para, entre otras cosas, tratar de determinar cuánto de los fondos reservados se destinó a esta parte de la trama, sobre todo a saber a qué otros colaboradores se habría recurrido en la prisión y si se les pagó por ello. Pero García Castellón considera que ya se han acometido las diligencias necesarias para ello y no han llevado a una conclusión.

Tampoco ve necesario seguir indagando en el asalto al domicilio de la familia de Bárcenas de Enrique Olivares, conocido como el falso cura, que cumple pena de prisión por el secuestro. Por un lado, el juez recuerda "no se encuentra en condiciones psíquicas" para declarar y considera que el planteamiento de los fiscales de que podría haber estado “bajo el control de otros servicios de seguridad" es de una "amplitud y generalidad" que "impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma".