El pacto que PSOE y Ciudadanos firmaron después del 20D incluía la supresión de las diputaciones provinciales, una exigencia que Albert Rivera había planteado como imprescindibe para apoyar a Pedro Sánchez. Ahora, a la espera de que el PP acepte las condiciones sobre corrupción planteadas por Ciudadanos para iniciar la negociación programática, no está claro si Rivera también le exigirá lo mismo a Mariano Rajoy respecto a las diputaciones. Hasta ahora, el PP se ha opuesto frontalmente a su eliminación. Así que el debate sobre el modelo territorial podría dejarse de nuevo de lado pese a que lleva décadas en el candelero sin que ningún Gobierno se haya atrevido a revisarlo en profundidad.
Dejando aparte si es más o menos eficiente que las 38 diputaciones provinciales sean las encargadas de prestar los servicios públicos en el medio rural, infoLibre ha recopilado lo que estas administraciones se gastan en subvencionar a los grupos políticos con representación en las instituciones. El resultado es un gasto anual de 15,3 millones de dinero público. Los datos han sido extraídos de las actas plenarias, los portales de transparencia y los presupuestos provinciales. En los casos en que ha sido imposible localizar la información por estos cauces –la Ley de Transparencia no obliga a publicar estos datos–, se ha solicitado la cifra a los gabinetes de prensa correspondientes.
La Diputación de Zaragoza es la que más gasta en este concepto: destina 1,34 millones al año en subvencionar a los seis grupos políticos que consiguieron representación tras las últimas elecciones municipales en 2015. Requieren una mención especial los grupos de la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés Regional (PAR). Ambos cuentan con un solo diputado provincial –Bizén Fuster y José Antonio Sanmiguel, respectivamente– y, pese a ello, tanto la CHA como el PAR tienen 140.000 euros al año para cubrir los gastos de funcionamiento del grupo. Es decir, para sufragar la actividad política de Fuster y Sanmiguel porque son los únicos diputados de sus respectivos partidos.
Contradicción legal
Expertos consultados en el Tribunal de Cuentas señalan que las subvenciones que los grupos políticos perciben de las diputaciones provinciales son un asunto muy espinoso y que está “pendiente de resolver”. Por un lado, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos permite que este dinero pueda servir para financiar a una formación. Pero, por otro lado, la Ley de Bases de Régimen Local establece que la subvención debe ingresarse en una cuenta bancaria distinta a la del partido. Y de ahí –señalan las mismas fuentes– se interpreta que el legislador buscaba que este dinero no fuera directamente a financiar a una formación política, sino exclusivamente a cubrir los gastos que un diputado provincial pueda tener: compra de papel, fotocopias, quizá algún desplazamiento...
¿En qué gastan Fuster y Sanmiguel los 140.000 euros que tienen asignados? Fuentes de CHA apuntaron que el partido como tal no recibe ni un euro dado que está prohibido. Y añadieron que Fuster dedica este montante a pagar los salarios de tres cargos de confianza que trabajan para él, en concreto, personal administrativo y un encargado de prensa. También argumentaron que, anteriormente, era la propia Diputación la que se hacía cargo de pagar directamente al personal de confianza de los grupos y que ahora esto se ha modificado para que sean los propios partidos los que gestionen las contrataciones. Por su parte, Sanmiguel no atendió las llamadas de infoLibre.
En cualquier caso, existe una alta opacidad con el uso que se da a este dinero público. La propia Ley de Bases indica que es innecesario dar cuenta de su utilización a no ser que lo pida el pleno provincial. En ese caso, serían los propios diputados quienes revisarían las cuentas de los grupos. Este periódico ha contactado con diversos diputados provinciales para preguntarles si allí se solicitaba esta información a los partidos. Todos ellos admitieron que, en sus respectivas instituciones, esto nunca ha ocurrido y añadieron que desconocen un solo caso en el que se haya solicitado esta información.
Las que más y menos gastan
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Detrás de Zaragoza, las diputaciones de Valencia y Cádiz están en el podio de las que más que gastan en estas subvenciones a los partidos. La primera destina 1,15 millones de euros al año, mientras que la segunda se gasta 1,03. Estas tres diputaciones son las únicas que rebasan el millón de euros en este concepto. Sin embargo, si se pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo, hay otras con un gasto porcentual superior. Un ejemplo es Toledo, que se gasta el 0,76% de su presupuesto de 120 millones de euros en estas asignaciones, que ascienden a un total de 915.000 euros.
El gasto medio de las 38 diputaciones en estas subvenciones asciende a 403.000 euros. Pero hay, no obstante, administraciones que destinan un montante prácticamente simbólico. Es el caso de los organismos de Palencia y Soria. Ambas son las que menos gastan: 37.000 euros anuales la primera y 18.000 la segunda. Estas dos, junto a Valladolid y Albacete, son las únicas que reparten menos de 100.000 euros al año para este asunto.
Por horquilas, y como puede observarse en la infografía que acompaña a esta información, hay 13 diputaciones que se gastan entre 100.000 y 300.000 euros; otras 13 que están entre los 300.000 y los 600.000; y cinco que destinan entre 600.000 y un millón de euros. Como ya se ha indicado, solo hay tres que rebasen el millón –Zaragoza, Valencia y Cádiz– y cuatro que estén por debajo de los 100.000 euros: Palencia, Soria, Valladolid y Albacete.
El pacto que PSOE y Ciudadanos firmaron después del 20D incluía la supresión de las diputaciones provinciales, una exigencia que Albert Rivera había planteado como imprescindibe para apoyar a Pedro Sánchez. Ahora, a la espera de que el PP acepte las condiciones sobre corrupción planteadas por Ciudadanos para iniciar la negociación programática, no está claro si Rivera también le exigirá lo mismo a Mariano Rajoy respecto a las diputaciones. Hasta ahora, el PP se ha opuesto frontalmente a su eliminación. Así que el debate sobre el modelo territorial podría dejarse de nuevo de lado pese a que lleva décadas en el candelero sin que ningún Gobierno se haya atrevido a revisarlo en profundidad.