El ex diputado de Podemos por Málaga en el Parlamento de Andalucía Félix Gil, que fue cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2015 y dimitió el 8 de febrero por problemas de salud, cobrará su cesantía –dos meses de sueldo íntegro, más de 7.000 euros brutos– pese a la oposición de su propio partido. Al cumplir Gil los requisitos para cobrarla, la Mesa del Parlamento aprobó dicha cesantía en su reunión del pasado 30 de marzo. Esta indemnización consiste en el cobro, durante unos meses determinados –en este caso dos, el mínimo en el Parlamento–, del mismo salario que se percibía como representante público una vez abandonado el cargo.
Gil pidió la asignación económica temporal el 16 de marzo –tras haber estado menos de un año como diputado– y la Mesa del Parlamento la aprobó, informan fuentes parlamentarias a INFOLIBRE. El ya ex diputado percibirá dos meses de sueldo una vez abandonado el trabajo parlamentario: es decir, dos pagas de 3.546,48 euros, que suman un total de 7.092,96 euros. La Mesa aceptó la solicitud de Gil con la oposición expresa del vicepresidente tercero, Juan Ignacio Moreno Yagüe, de PodemosJuan Ignacio Moreno Yagüe.
El diputado malagueño declina realizar cualquier manifestación sobre la posición de su partido. Gil aclara que, al ser su dimisión el 8 de febrero y el alta en la seguridad social para volver a cobrar la pensión el 8 de mayo, tenía tres meses de vacío. De no haber solicitado esta cesantía –subraya– habría estado tres meses sin ingresos. "Aplicadas las retenciones y teniendo que dividir el dinero", señala, "salen 5.500 euros entre tres meses, que son poco más de 1.800 euros mensuales". Gil explica que como pensionista percibirá "más de 2.200 euros".
La Mesa del Parlamento está compuesta por siete miembros, tres del PSOE (entre ellos el presidente, Juan Pablo Durán) y uno de cada uno de los otros cuatro partidos: PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. El diputado de Podemos, durante la reunión de la Mesa del Parlamento que aprobó la cesantía de Gil, afirmó no estar de acuerdo con la cuantía y desconocer de hecho que su compañero la hubiese solicitado. La Mesa dejó constancia de dicha posición, pero aprobó la solicitud.
El asunto no se votó, porque no era más que la aplicación de una norma que establece un derecho individual de cada diputado. Algunos integrantes de la Mesa reprocharon a Yagüe que se posicionara en contra de la aplicación de una norma. "Podemos no está en contra de las cesantías, sino en contra de esta cuantía excesiva. Si en España las pensiones más altas están en 1.900 euros, no tiene lógica una cuantía superior", explica Yagüe a infoLibre. Añade: "Hay casos de diputados que abandonan su actividad para ir al Parlamento y cuando cesan, pueden necesitar esa cesantía. Yo mismo he cerrado mi despacho, por ejemplo [Yagüe es abogado]. Pero no tiene sentido una cuantía como ésta, que no se da en ningún otro ámbito", afirma Yagüe. Hay que considerar que los diputados no tienen acceso a prestación por desempleo cuando dejan su cargo, aunque en el caso de Gil sí tiene derecho a la pensión de jubilación.
También molestó a Podemos que Gil no informara al grupo formalmente antes de solicitar la cesantía y que con menos de un año de parlamentario se le concedieran dos meses de cesantía, lo cual supone de largo más de un 15% poniendo en relación la indemnización con el total trabajado. La sesión constitutiva del Parlamento se celebró el 16 de abril de 2015.
El discurso de los "privilegios"
El episodio ha incomodado al grupo parlamentario de Podemos porque la asignación de cesantías de más de 3.500 euros mensuales resulta contradictoria con el discurso del partido sobre los "privilegios" de los políticos, uno de los arietes con los que se abrió paso en la política nacional, y también parece entrar en conflicto con el artículo 233 de su programa electoral para las generales del 20 de diciembre, aunque el mismo no explicita expresamente nada contra las cesantías. Dicho punto dice: "Acabaremos con los privilegios de los cargos electos (diputadas, diputados, senadoras y senadores), tanto de aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos". También afirma: "Revisaremos los complementos económicos: gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera". Y añade: "Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas 'pensiones de oro' de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras".
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La regulación de estas asignaciones temporales a los diputados que dejan de serlo (por terminar su mandato, por disolución de la Cámara o por renuncia, como ha sido el caso) fue establecida por la Mesa del Parlamento de Andalucía en 2005, aunque luego fue modificada en algunos detalles. En el pasado la cuestión ha aparecido en el debate político, aunque ahora no está en el candelero. El que fuera líder del PP andaluz, Javier Arenas, hizo campaña durante un tiempo contra este dereecho, aunque a la postre, y una vez que se mantuvo, no dio orden a los parlamentarios de su grupo para que no lo ejerciesen.
Periodista de TVE
Gil, de 67 años, fue periodista de Televisión Española durante más de 30 años. También fue jefe de prensa de Comisiones Obreras. Actualmente es un jubilado con derecho a pensión. Según establece el reglamento, no podrá cobrar a la vez la cesantía y la pensión. A principios de 2015 Gil amagó con presentar una candidatura alternativa a la de Teresa Rodríguez para liderar Podemos Andalucía, pero finalmente no lo hizo. Sus relaciones con una parte relevante del Grupo de Podemos en Andalucía no eran las mejores –aunque no como resultado de aquel amago de candidatura–.
El ex diputado de Podemos por Málaga en el Parlamento de Andalucía Félix Gil, que fue cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2015 y dimitió el 8 de febrero por problemas de salud, cobrará su cesantía –dos meses de sueldo íntegro, más de 7.000 euros brutos– pese a la oposición de su propio partido. Al cumplir Gil los requisitos para cobrarla, la Mesa del Parlamento aprobó dicha cesantía en su reunión del pasado 30 de marzo. Esta indemnización consiste en el cobro, durante unos meses determinados –en este caso dos, el mínimo en el Parlamento–, del mismo salario que se percibía como representante público una vez abandonado el cargo.