En privado, los dirigentes del Partido Popular ironizan sobre una de las críticas más recurrentes que les llega desde los partidos de la oposición y con la que se topan, casi a diario, en los medios de comunicación: la de la aprobación en solitario, sin el apoyo de otras formaciones, de un altísimo número de iniciativas parlamentarias. Lamentan que se les acuse de quedarse solos en las votaciones cuando cuentan con una mayoría absoluta muy amplia –185 diputados de 350 que componen la totalidad del Congreso de los Diputados–. Y, en su descargo, señalan que cumplen con el mandato que le dieron los españoles en las urnas en noviembre de 2011, cuando Mariano Rajoy venció por mayoría absoluta.
Ninguna de las cuestiones más polémicas ha escapado del rodillo de la mayoría absoluta del PP: desahucios, seguridad privada, reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados, reforma educativa, justicia universal... Son sólo ejemplos. No obstante, hay un terreno al que no llega el rodillo parlamentario de los conservadores. Desde que la legislación empieza a tomar forma, e incluso una vez aprobada, diversos órganos consultivos e instituciones ponen peros, en ocasiones muy contundentes, a los textos. A veces, como ha ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana, han sido los propios ministerios los que han criticado el texto que originalmente presentó el equipo del ministro Jorge Fernández Díaz. En otras, como sucedió la semana pasada, ha sido la defensora del pueblo quien, a instancias de un partido político, ha sacado los colores al partido de Gobierno.
Soledad Becerril decidió llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la atribución al alcalde o a la junta de gobierno local de la competencia del pleno del ayuntamiento de aprobar un plan económico-financiero o de acogerse a iniciativas contra la morosidad. Se trata de su primer recurso contra una ley del Partido Popular, la formación que la propuso como candidata a defensora del pueblo.
Becerril dio el paso a instancias de Alberto Garzón, portavoz de Economía de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). En un escrito con fecha del 13 de diciembre de 2013, tras la aprobación del real decreto ley 14/2013, de 29 de noviembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, alertaba de que la disposición adicional tercera chirriaba. En ella, se faculta a la junta de gobierno local, e incluso al propio alcalde, para aprobar un plan de ajuste o adoptar medidas económicas que anteriormente hubieran sido rechazadas por el pleno del Ayuntamiento. Se trata de algo que pone en bandeja que se modifiquen a posteriori decisiones cuando no se cuenta con la mayoría suficiente.
"La Institución considera que la disposición adicional tercera de este decreto ley restringe el 'reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local' (en palabras del propio Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias), que configura nuestro régimen de autonomía municipal", admitió la Defensora del Pueblo en un comunicado.
Pero hay más ejemplos en lo que va de legislatura. A continuación, se repasan los más significativos.
La reforma local y los límites de la Constitución
La reforma local ya es una realidad. Pero han sido muchos los quebraderos de cabeza que este texto ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy y, concretamente, al Ministerio de Hacienda, máximo encargado de la misma. Para que saliera adelante, Cristóbal Montoro no sólo se topó con la oposición frontal del PSOE, el principal partido de la oposición, sino que tuvo que hacer frente al enfado de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) –controlada por el PP– y de un importante número de dirigentes conservadores.
La ley que hoy está ya en vigor tuvo que ser pulida en múltiples ocasiones, sobre todo para frenar las críticas internas de los regidores conservadores que acudieron en más de una ocasión a la sede nacional del partido para marcar sus líneas rojas y amenazar con un plante. Pero también hubo cambios a raíz de un duro informe del Consejo de Estado en el que se cuestionaba la constitucionalidad de la misma. Con algunas variaciones, el texto final pasó por las Cámaras sin problemas gracias a la mayoría absoluta del partido de Gobierno. Pero la batalla aún no ha terminado. Se enfrenta a recursos de inconstitucionalidad planteados desde ayuntamientos y parlamentos autonómicos, como el de Extremadura, donde gobierna el conservador José Antonio Monago, pero sin mayoría absoluta.
En el citado informe, conocido a principios de julio de 2013, el Consejo de Estado puso en duda la constitucionalidad de esta reforma al advertir de que podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Según señalaba, el "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, que incluía la nueva regulación, se convertía en un cheque "en blanco" que se daba al Gobierno mediante el cual se podía quitar competencias a los ayuntamientos.
Antes de llegar a las Cortes, Hacienda suprimió el denominado "coste estándar" y lo sustituyó por el "coste efectivo", lo que implica que se establecen horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– para evitar que los ayuntamientos pierdan competencias. Los partidos de la oposición no tienen muy claro que esto vaya a ser así en la práctica y creen que se trató de un mero cambio cosmético.
El Gobierno es muy consciente de la dificultad de los ayuntamientos para adaptarse a los preceptos de la norma y de que muchos de los conceptos, el del "coste efectivo" entre otros, no han sido todavía asimilados. Hace un mes, Montoro se reunió con responsables municipales y alcaldes de PP, estos últimos les trasladaron la confusión de la ley y a raíz de ahí el Ministerio de Hacienda elaboró una guía para que los consistorios consulten los aspectos básicos de la reforma.
COPAGO EN TRANSPORTE SANITARIO: UNA MARCHA ATRÁS CASI OBLIGADA
El 13 de enero, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba que daba marcha atrás a su intención de imponer nuevos copagos sanitarios a las prótesis, los productos dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente. "Las administraciones tienen que continuar poniendo en marcha medidas de eficiencia para mejorar la calidad de la sanidad", justificó la ministra, quien también defendió que "los esfuerzos de los ciudadanos están dando sus frutos" y que, por ello, no se pedirán "nuevos esfuerzos" porque, además, la situación económica ha mejorado a su juicio en los últimos doce meses.
No pasaba por alto que esta decisión llegaba después de un informe del Consejo de Estado sobre el transporte en ambulancia, que ponía en duda el posible ahorro que implicaría la medida incluida en un real decreto sobre el transporte sanitario no urgente. A juicio del órgano consultivo, el coste de gestionar los cobros podría ser superior a la aportación de los propios usuarios.
No obstante, Mato subrayó que su cambio de parecer no tenía nada que ver con ese documento pues el texto no contenía ninguna objeción mayor.
'Enmienda a la totalidad' al decreto de becas de Wert
Uno de los principales caballos de batalla de José Ignacio Wert en el último año ha sido el de las becas. El pasado junio, el Consejo Escolar del Estado planteó "prácticamente una enmienda a la totalidad" al proyecto de real decreto de becas y ayudas al estudio. En su documento, se plantearon 28 propuestas de modificación sobre el articulado de la norma.
El último Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano, el del 2 de agosto, dio luz a este real decreto. Pero en octubre, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite el recurso presentado por CCOO contra el decreto de becas. El sindicato alegó que la nueva normativa vulneraba el principio de igualdad y el derecho a la educación al endurecerse los requisitos académicos para acceder a estas ayudas.
En concreto, Comisiones Obreras argumentaba en su recurso que el texto normativo vulneraba el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución española por negar la posibilidad igualitaria de alcanzar una educación y estudios a quien no llegue al umbral académico establecido en el real decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios.
CCOO también solicitaba la suspensión cautelar del real decreto para evitar el daño "irremediable" que supondría la aplicación de esta normativa para los estudiantes que dejaran de acceder a sus estudios por no tener una beca en el tiempo que tarde en pronunciarse el TS. Esta petición de suspensión fue rechazada por el tribunal al entender que "perjudicaría el interés público".
La ley de parques nacionales, en tela de juicio
El pasado 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el que, según la Moncloa, "se garantiza la adecuada conservación de estos espacios que cuentan con la máxima protección medioambiental en España, y se refuerza la coordinación y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, encargadas de su gestión".
Las mismas fuentes sostenían que el nuevo modelo "respeta la gestión ordinaria por parte de las comunidades autónomas, suma la coordinación por parte del Estado; procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad; integra en la gestión a los habitantes de los Parques Nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones". Se trataba, no obstante, de un texto que, un mes antes, había sido objeto de crítica por parte del Consejo de Estado. Hasta el punto de que aconsejaba que se reconsiderase de forma global.
A juicio de este órgano consultivo, había aspectos de la ley que podrían no ajustarse a la Constitución, sobre todo en materia de competencias de las comunidades autónomas. Entre otros aspectos, instaba a reconsiderar el artículo 8, sobre el órgano que puede bloquear la decisión de una comunidad autónoma de que las Cortes declaren un Parque Nacional; así como el 13, respecto al que se reclamaba que se explique y defina lo que se entiende por "emergencia" y de la oportunidad a la comunidad autónoma de actuar y adoptar medidas contra posibles daños irreversibles antes de que el Estado tome el mando.
Fuentes de Agricultura sostienen que el texto definitivo que está en el Congreso recogió las principales aportaciones del mencionado dictamen.
Lo que está por venir: la reforma de la ley del aborto
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, podrá aprobar su polémica reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta de su partido. Y también, gracias a que pocos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular se atreverán a romper la disciplina de voto. La apisonadora de la mayoría absoluta volverá a funcionar. Lo que no evitará será el reproche previo de los órganos consultivos.
La Defensora del Pueblo tacha de imprudente el uso de pelotas de goma en Ceuta
El anteproyecto de reforma de la ley del aborto fue presentado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre. Según avanzó infoLibre el pasado 4 de marzo, Justicia ha recibido aproximadamente la mitad de los 29 estudios solicitados. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón remitió el anteproyecto a los 29 órganos consultivos entre los días 10 y 15 de enero. Ateniéndonos a los plazos oficiales, que conceden un mes para la presentación de las observaciones, el ministerio debería haber recibido ya los correspondientes informes. Pero los órganos tienen la posibilidad de solicitar un mes más de plazo. A día de hoy, el ministerio ha recibido esta petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, dos de los informes considerados prescriptivos junto a los de la Agencia de Protección de Datos y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Una vez recibida toda la documentación, el paso siguiente que dará el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón será el de estudiar los informes e introducir los cambios que se estimen oportunos. De ahí, el texto pasará al Consejo de Estado. Este organismo no tiene limitación de tiempo para hacer sus observaciones. Con ellas, Justicia volverá a someter a examen el anteproyecto y, si lo cree conveniente, incluirá nuevas modificaciones. Será en este momento cuando podrá hablarse ya de proyecto de ley y cuando el Consejo de Ministros volverá a ponerlo sobre su mesa. Luego partirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En el Grupo Parlamentario Popular consideran que esto no ocurrirá nunca antes de las elecciones europeas.
No sé sabe hasta qué punto Justicia está dispuesta a modificar el texto original que, como asunto más polémico, acaba con el supuesto de malformación fetal. Lo que sí se sabe es que gran parte de los órganos consultados han remitido o van remitir al ministerio serias objeciones al anteproyecto.
En privado, los dirigentes del Partido Popular ironizan sobre una de las críticas más recurrentes que les llega desde los partidos de la oposición y con la que se topan, casi a diario, en los medios de comunicación: la de la aprobación en solitario, sin el apoyo de otras formaciones, de un altísimo número de iniciativas parlamentarias. Lamentan que se les acuse de quedarse solos en las votaciones cuando cuentan con una mayoría absoluta muy amplia –185 diputados de 350 que componen la totalidad del Congreso de los Diputados–. Y, en su descargo, señalan que cumplen con el mandato que le dieron los españoles en las urnas en noviembre de 2011, cuando Mariano Rajoy venció por mayoría absoluta.