La dirección de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) se resiste a aplicar las sentencias de los tribunales internos. El último episodio en el ya larguísimo serial es la resolución de la Comisión Regional de Arbitraje y Control (CRAyC), que obliga al coordinador, Eddy Sánchez, a rehacer su ejecutiva para dar cabida en ella a los dos sectores minoritarios –Cambiar IU-CM y Frente Amplio–, proporcionalmente a su peso. La cúpula de IU-CM, ya ayer miércoles, cuando trascendió el dictamen, mostró reservas y expuso sus críticas, aunque prometió acatarla. Eso al menos dijo a los medios. Pero a los suyos no les dice exactamente lo mismo: en una circular firmada por la Secretaría del Área Interna, que dirige Carlos Gutiérrez, pone pegas y más pegas a la resolución, tantas que al final indica que quien resolverá el galimatías será la Presidencia Regional. Todo ello cubierto con duras críticas a la CRAyC, a la que acusa de hacer "un ejercicio de fantasía". Resumen: la dirección no acatará el informe en sus términos.
La circular, que ha sido remitida a los cuadros regionales, no a los afiliados, y a la que ha tenido acceso infoLibre [ver aquí en PDF], intenta contrarrestar la catarata de noticias sobre la convulsa vida interna de IU-CM y el "eco" que tienen las "consabidas filtraciones". A partir de ahí, expone que las "conclusiones a las que llega la resolución de la CRAyC son claramente contradictorias con el propio razonamiento del documento". La Comisión de Garantías sostenía en su informe que había dos artículos en los estatutos, el 12 y 17, que ofrecían interpretaciones distintas sobre cómo estructurar la dirección. El primero dice que la Presidencia aprueba la "composición definitiva" de la Comisión Ejecutiva "a propuesta de la coordinación general". Pero el segundo indica que en todos los órganos de dirección debe pretenderse el "consenso" y si este no cuaja, se podrán presentar candidaturas alternativas para que se voten y se distribuyan las sillas en función del peso de cada lista. En consecuencia, y como no hubo acuerdo entre la mayoría de Sánchez (el 51% que ganó la asamblea regional, de diciembre de 2012) y las minorías (el 49%), debía haberse confeccionado una ejecutiva no monocolor –como la que existe desde febrero de 2013–, sino con representación de todos los sectores. Así, si la dirección la forman 29 miembros, 15 puestos deberían ser para Sánchez y su gente, otros 11 para Cambiar IU-CM y tres para Frente Amplio.
Gutiérrez, en su circular, indica que esta conclusión "se apartan de cuanto ha sido la forma" de elección de la ejecutiva como equipo de trabajo propuesto por el coordinador, "optando por fórmulas" que los estatutos "reservan" a los órganos superiores de poder, como la Presidencia o el Consejo Político Regional. "En un ejercicio de fantasía llega hasta proponer la aplicación de fórmulas aritméticas para repartir la Comisión Ejecutiva sin compadecerse de que este órgano no es resultado de listas contrapuestas, sino del acuerdo político". La mayoría sostiene que el instructor del dictamen, Javier Agudo, "sustituye" la posibilidad del acuerdo "por una aplicación torticera de lo que está reglado para otros supuestos".
"IU-CM no será dirigida desde un empacho de recursos"
En su segundo punto, la cúpula explica que como la sentencia de Garantías "se sustenta por la contradicción –laboriosamente buscada– entre el redactado formal de normas genéricas para el conjunto de órganos", lo que indicaba el artículo 17 (hoy 18, por el cambio de normas), y "lo específico de las normas referidas a la Comisión Ejecutiva" –artículos 12 y 13–. Y aquí viene la parte nuclear: Debe ser el órgano competente según nuestros estatutos, la Presidencia Regional, quien delimite el sentido y aclare el alcance de esta cuestión. La cúpula, por último, advierte: "IU-CM no será dirigida desde un empacho de recursos, resueltos con más o menos fortunas por la CRAyC. No se puede sustituir el acuerdo político de fondo, que una vez más reclamamos, por un mandato administrativo".
IU Madrid acepta integrar a la minoría en su ejecutiva regional
Gutiérrez, en declaraciones a este diario, señala que hay que diferenciar dos aspectos: el acuerdo entre mayoría y minoría, que va a intentar perseguir porque a ello se ha comprometido y quiere que se resuelva "de forma positiva", y la disquisición sobre los estatutos, que resolverá la Presidencia, basándose en el artículo 40 de los estatutos, que dispone que en caso de duda, es este órgano el "capacitado" para interpretar las normas. Pero lo que añade el secretario regional del Área Interna es que no se acatará la resolución en sus términos, que no se compondrá una nueva ejecutiva con 15 miembros de la mayoría y 14 de las minorías, un equilibrio de fuerzas que pondría contra las cuerdas a Sánchez. "Es una caricatura lo del 15-14. Los estatutos dicen que la ejecutiva no es una cuestión de listas, sino una propuesta del coordinador que se somete a ratificación de la Presidencia. La dirección no tiene por qué tener 29 miembros, ni tiene por qué trasladarse el 51%-49% de la asamblea. La ejecutiva es el resultado del acuerdo político que el coordinador traslada a la Presidencia. No es una cuestión matemática, menos aún en el órgano de dirección que responde al equipo de trabajo del coordinador".
El dirigente reconoce que "el lenguaje se podría mejorar, pero el fondo es que el acuerdo es necesario, pero no fruto de una decisión de una estructura judicial interna".
La dirección de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM) se resiste a aplicar las sentencias de los tribunales internos. El último episodio en el ya larguísimo serial es la resolución de la Comisión Regional de Arbitraje y Control (CRAyC), que obliga al coordinador, Eddy Sánchez, a rehacer su ejecutiva para dar cabida en ella a los dos sectores minoritarios –Cambiar IU-CM y Frente Amplio–, proporcionalmente a su peso. La cúpula de IU-CM, ya ayer miércoles, cuando trascendió el dictamen, mostró reservas y expuso sus críticas, aunque prometió acatarla. Eso al menos dijo a los medios. Pero a los suyos no les dice exactamente lo mismo: en una circular firmada por la Secretaría del Área Interna, que dirige Carlos Gutiérrez, pone pegas y más pegas a la resolución, tantas que al final indica que quien resolverá el galimatías será la Presidencia Regional. Todo ello cubierto con duras críticas a la CRAyC, a la que acusa de hacer "un ejercicio de fantasía". Resumen: la dirección no acatará el informe en sus términos.