Ayuso dice que la detención de Nacho Cano es una estrategia del estalinismo: "Es la destrucción penal con fines políticos"

Vox celebrará este jueves una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar "los próximos pasos" en los gobiernos autonómicos con el PP tras la conferencia sectorial de Tenerife para el reparto de migrantes no acompañados. En un comunicado, Vox ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "romper los pactos de gobierno" en las cinco autonomías al "haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de 400 menas". "Tras entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral Central o aliarse en Europa contra los intereses de los españoles, el PP llega a un nuevo acuerdo con el PSOE y confirma dónde y con quién quiere estar", ha criticado Vox.

Para el partido de Abascal, es Feijóo el que ha roto los gobiernos de coalición que comparten mientras que Vox "cumple con su palabra y su compromiso con los españoles". Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y Vox gobiernan en coalición acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21 menores; Comunidad Valencia, 23; Extremadura, 30; y Murcia 30. Baleares, donde los 'populares' gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de Vox, acogería diez.

Los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, llevan días avisando al PP de que darán por rotos los gobiernos autonómicos si aceptan la distribución de menores migrantes no acompañados, alegando que los pactos de gobierno suscritos abogan por políticas antiinmigración. Abascal avisó el lunes de que cortarían con el PP en las autonomías si los presidentes populares no usan todos los medios "políticos y legales" para oponerse al reparto.

La Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz un escrito para que abra el procedimiento abreviado para celebrar juicio oral contra el exalcalde de Calasparra, José Vélez, por presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la plaza de toros del municipio durante unos festejos cuando era primer edil, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales.

Cabe recordar que Vélez fue primer edil de Calasparra entre 2014 y 2020, año en el que abandonó la Alcaldía para ser nombrado delegado del Gobierno en la Región, cargo que ostentaría hasta 2023. Actualmente, es secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.

La Fiscalía ha remitido ese informe al Juzgado hace unos días y ahora está a la espera de que el magistrado resuelva sobre esa petición, tal y como han confirmado las mismas fuentes.

La Embajada de México en España ha negado su "involucración" en el programa de becas para los artistas del musical 'Malinche' de Nacho Cano, "más allá del acto protocolario" que ofreció en diciembre pasado a los jóvenes llegados a España y que iban a participar en este espectáculo.

"En diciembre pasado, la Embajada recibió a jóvenes talentos mexicanos en una ceremonia protocolaria. Estas acciones reflejan el firme interés de la Embajada en consolidar los lazos entre ambas naciones a través de la educación y el intercambio cultural", han explicado a Europa Press desde la embajada.

Sin embargo, este organismo ha añadido que "más allá de este acto protocolario", la Embajada no estuvo involucrada "en el diseño, otorgamiento y operación" de este programa.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que "la destrucción personal con fines políticos es estalinismo" después de la detención del productor musical Nacho Cano y ha indicado que el Partido Popular está dirigido por "antisistema".

"Los antisistema dirigen el PP. Y si se lo pueden permitir es porque existe el PSOE, que es el partido que sostiene el edificio de nuestro sistema democrático", ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X, que ha sido recogido por Europa Press.

Puente escribió su mensaje junto a las declaraciones de Díaz Ayuso en las que la presidenta madrileña señalaba que se estaba buscando el descrédito de un artista como forma de censura y atacando al adversario político "a través de las herramientas del Estado".

Se acabó la fiesta, la agrupación de electores del agitador Alvise Pérez, ha anunciado que se unirá al grupo Europa de las naciones soberanas, el más a la derecha del Parlamento Europeo, en el que también se encuentran los ultras de Alternativa para Alemania (AfD). Finalmente, el grupo se ha compuesto este mismo miércoles, convirtiéndose en la tercera agrupación de extrema derecha, añadiéndose a los Conservadores y Reformistas (ECR), donde se encuentra el partido de Giorgia Meloni, y los Patriotas por Europa, en el que están el del presidente húngaro, Viktor Orbán y el de Marine Le Pen.

El grupo al que se une Alvise está a la derecha de todos ellos y en él se encuentra AfD, partido que fue expulsado de la agrupación de Le Pen durante la pasada legislatura después de que su líder minimizara los crímenes de las SS nazis. Además de los alemanes también estará en el grupo el partido xenófobo checo SPD y otros partidos radicales de Eslovaquia o Hungría.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la OTAN un mayor compromiso en el flanco sur, especialmente por el incremento de la influencia de Rusia en países del Sahel, la presencia de organizaciones terroristas y de tráfico de personas que generan inestabilidad en la región y están detrás de la migración irregular.

Así lo ha señalado a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Washington, en la que se conmemora el 75 aniversario de la organización. A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha remarcado la "vigencia" que a su juicio tiene la OTAN, al tiempo que ha reiterado la solidaridad de los aliados con Ucrania.

Sánchez considera que el deterioro de la situación en el Sahel se debe, entre otros motivos, al auge de las dictaduras y a los efectos del cambio climático. Una situación que favorece una mayor presencia rusa, así como de organizaciones terroristas y de tráfico de seres humanos.

El fiscal del denominado caso Begoña Gómez ha asegurado en un escrito que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha redactado un nuevo informe en el que concluye que varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

Así lo ha subrayado en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide a la Audiencia de Madrid que "delimite" la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".

En su escrito, el representante del Ministerio Público hace referencia al informe de la UCO del pasado 2 de julio en el que se analizan los contratos que entregó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Según el fiscal, dicho informe sostiene que "en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos -algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cree que el productor musical Nacho Cano "se equivocó de actores" y también al escenificarse como víctima señalando a la Policía. "Lo que hace la Policía es protegernos", ha defendido Maroto desde la Casa Grande de Hortaleza, donde ha criticado la actitud de Cano "al señalar a la Policía de la manera en la que lo hizo, con una escenificación donde él se situaba como víctima y los demás eran los malos".

La socialista ha remarcado la presunta inocencia que le asiste y el hecho de que tendrá que defenderse en los tribunales. "Todo el mundo estamos en contra de que se utilice cualquier espacio en Madrid para tener a inmigrantes irregulares", ha subrayado.

Esto le ha llevado a poner el foco en la reunión en Canarias sobre migrantes. Maroto ha llamado a las comunidades autónomas de la Península a "ser solidarias porque de lo que se habla es de derechos humanos, de niños y niñas que dejan sus países porque hay guerras, porque no tienen un proyecto de vida".

"Todo el mundo debería ayudar a Canarias a solventar un problema devenido de una situación muy compleja. España tiene que ser un país de acogida, como siempre lo ha sido y, sobre todo, la Comunidad de Madrid como región de acogida", ha instado.

El Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) ha notificado este miércoles una resolución de la Sala Civil y Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, sobre el procedimientos del expresidente de la Generalitat Quim Torra, en la que pregunta a las partes si debe consultar al TJUE sobre la aplicación de la ley de amnistía.

El Tribunal da 10 días a las partes "para que puedan alegar lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y prejudiciales ante el TJUE, o sobre el fondo de las cuestiones".

También ha emitido otras dos resoluciones, sobre los procedimientos de los exdiputados Pau Juvillà y Bernat Solé en las que da 10 días a las partes para que "puedan alegar lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y, en su caso, sobre el fondo de la cuestión, en relación con la condena aquí impuesta".

La Confederación Española de Policía (CEP) ha calificado como "intolerable" la estrategia de defensa del músico Nacho Cano y le ha invitado a que "deje de dar el espectáculo atacando de forma indiscriminada" a policías y "acusándolos" de delitos sin tener prueba de ello.

"Nacho Cano debe dejar de dar el espectáculo con ataques indiscriminados a policías nacionales, a los que ha acusado de cometer delitos sin mayor prueba que su opinión", ha advertido la CEP en un comunicado, respondiendo a las declaraciones que hizo el músico el martes tras su detención y ha calificado su comportamiento de "censurable, injusto e intolerable"

Para la CEP, la defensa de Cano sigue la "ley del embudo", que pide respeto a la presunción de inocencia "para sí mismo", mientras "niega ese mismo derecho a un grupo de profesionales que no pueden responder a esas acusaciones". La organización policial ha querido destacar también que Cano "lanza" sus acusaciones desde una posición de "privilegio" derivada de su proyección pública.

"Los policías nacionales no funcionan en su trabajo con consignas políticas, ni ellos lo aceptarían ni la ley lo permite", ha proseguido la CEP recordándole que son el colectivo profesional "más fiscalizado" por su propio régimen disciplinario "estricto", la tutela de jueces y fiscales, así como por "el escrutinio democrático" que los medios de comunicación y redes sociales hacen sobre el trabajo policial, además de por una Unidad de Asuntos Internos que "vigila y reprime" cualquier acto delictivo.

"Las amistades políticas de un detenido no constituyen jamás el criterio orientador de una intervención policial" ha reiterado la CEP ante las acusaciones de Cano, recalcando que "los únicos" elementos que se tienen en cuenta en las investigaciones son los indicios que "puedan llevar a poner a disposición judicial al presunto autor de una infracción penal". También ha destacado que la Policía Nacional "lleva décadas" deteniendo a personas "afines a diferentes partidos políticos".

"Nacho Cano tiene derecho a la presunción de inocencia y a diseñar la mejor defensa penal que crea necesaria. Pero convertir esa estrategia en un espectáculo público y en un ataque indiscriminado a todo el colectivo policial es censurable, injusto e intolerable", ha sentenciado el organismo en su misiva.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que "delimite" la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general".

El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afea que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid siga sin aclarar qué es lo que investiga en la causa.

En el escrito, el fiscal reprocha que el juez diga que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea.

A su juicio, "estas expresiones son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas".

El representante del Ministerio Público recuerda que ya ha pedido al juez en varias ocasiones que precise cuál es el objeto de la investigación y asegura que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta clara.

Así las cosas, avisa de la "dificultad" que atraviesa para "comprender el objeto fáctico" de las diligencias que ha acordado el juez, lo que considera una "muestra de la incertidumbre y deriva procesal en la que se desarrolla la presente instrucción".

En este sentido, la Fiscalía incide en que su interpretación "será o no acertada, y será o no aceptada, pero no es, ni pretende ser, ni puede tacharse de desleal en modo alguno".

El Gobierno ha hecho un llamamiento a Israel para que dé marcha atrás a su reciente decisión de expandir asentamientos y apropiarse de territorios palestinos en Cisjordania, recordando que es contrario al Derecho Internacional.

Así lo ha hecho en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores una semana después de que se conociera que el Gobierno de Benjamin Netanyahu se iba a incautar de 12,7 kilómetros cuadrados de territorios en Cisjordania.

A juicio del Gobierno, que ha condenado "la reciente decisión de expandir asentamientos y la apropiación de tierras en Cisjordania", estas decisiones "agravan la difícil situación de seguridad en la región" de ahí el que haya hecho un llamamiento a revertirlas.

"Los asentamientos en los territorios palestinos ocupados son contrarios al Derecho Internacional, dificultan la aplicación de la solución de los dos Estados y son un obstáculo para la paz", ha reiterado Exteriores, en línea con la postura mantenida en todo momento en relación con esta cuestión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasla, ha negado las acusaciones vertidas por el cantante Nacho Cano a la Policía Nacional tras su detención por la presunta contratación de inmigrantes mexicanos para su nuevo espectáculo musical. Cano tildó el arresto de "operación policial orquestada" y el titular de Interior le ha respondido este miércoles en Ceuta garantizando que "la Policía Nacional no persigue personas", sino que se limita a "investigar hechos".

Durante una rueda de prensa con motivo de su visita a la ciudad autónoma, Marlaska ha mostrado su "más absoluta crítica y oposición a manifestaciones de este tipo" porque suponen "poner en tela de juicio a una institución de 74.000 hombres y mujeres, que lo único que hace es trabajar conforme al ordenamiento jurídico y garantizar la libertad y seguridad de todos nosotros. Y, evidentemente, luchar contra cualquier hecho o conducta que sea ilegal".

El ministro ha aclarado que respeta "el principio de presunción de inocencia" pero ha defendido ante todo la labor del Cuerpo señalado por Cano, que ha calificado como "una de las instituciones más valoradas" de España. "Y no es más valorada por cualquier cuestión, sino por un trabajo absolutamente decidido, profesional, de garantizar la libertad y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de perseguir el delito allí donde se comete", ha añadido.

Marlaska ha remarcado que la Policía "no persigue personas", sino que "investiga, instruye y pone a disposición judicial". "Evidentemente, son personas, pero son hechos. Lo que se investigan son los hechos. No se investigan personas por ninguna circunstancia personal, razonablemente", ha subrayado.

Nacho Cano fue detenido en la tarde de ayer por un presunto delito relacionado con la contratación de migrantes que se encuentran en España de forma irregular para su espectáculo ‘Malinche’. En las primeras declaraciones ofrecidas por el artista, tildó el suceso de "persecución política".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este miércoles la detención del productor musical Nacho Cano, por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical Malinche, en el "interés" que está teniendo el Ejecutivo central y el presidente, Pedro Sánchez, en "tratar de desviar la atención".

"Tenemos la sensación de que esta cuestión de Nacho Cano pues no puede dejar de ser eso, tratar de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo en nuestro país, sobre todos esos casos de corrupción que están asediando al propio presidente del Gobierno, a su partido, a su Gobierno y a su propia familia", ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado, tras el registro de la UCO de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz por el proceso al hermano del presidente del Gobierno, que "la corrupción es el día a día de la agenda política de Pedro Sánchez, del PSOE, del Gobierno socialista y del entorno del PSOE". Así, ha señalado que se ve "cómo también la corrupción asedia a su hermano en otra investigación judicial".

Además, ha denunciado "la obstaculización" a la Justicia" por parte de administraciones que están gobernadas por el PSOE y ha pedido que no se cierre la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Diputación de Badajoz, como "pretende el PSOE".

Gamarra ha participado este miércoles, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de homenaje del Partido Popular al que fuera edil en esta localidad, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro y asesinato a manos de ETA se cumplen 27 años.

Al término de este acto de recuerdo, Gamarra se ha referido al registro que han realizado este miércoles agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Gamarra ha manifestado, al respecto, que "lo que está claro es que no hay un solo día en el que la corrupción no esté presente de la mano del PSOE y de la mano de Pedro Sánchez".

"Cuando no hablamos de la corrupción dentro del Gobierno, hablamos de la corrupción dentro del PSOE y, si no, hablamos de la corrupción en el entorno más personal y familiar del presidente del Gobierno. Hoy está viendo la sociedad española como la UCO se está llevando a cabo una investigación en las dependencias de la Diputación de Badajoz. Y estas investigaciones a quien están afectando es directamente al hermano del presidente", ha agregado.

Cuca Gamarra ha señalado que, a nueve días de que Begoña Gómez, mujer del presidente, tenga que volver a declarar en calidad investigada a un juzgado en una investigación sobre presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias, se ve "cómo también la corrupción asedia a su hermano en otra investigación judicial en la que está interviniendo la UCO", y que "también tiene que ver con delitos de corrupción".

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, considera que esta institución no tenía que pronunciarse respecto a la Ley de Amnistía aprobada para beneficiar a los implicados en el proceso independentista en Cataluña y señala que es una facultad que corresponde otorgar a las Cortes Generales y no al Gobierno.

Calvo ha hecho estas declaraciones al ser interrogada sobre si esa norma se debió tramitar como proyecto de ley, a iniciativa del Gobierno, para que así fuese necesario el informe del Consejo de Estado y de otros organismos, en lugar de como proposición de ley, a iniciativa de los grupos parlamentarios, como finalmente sucedió.

A su juicio es "evidente" que "con arreglo a los parámetros constitucionales quien puede tomar esa decisión es el Parlamento y no el Gobierno", debido a las características del "instituto jurídico de la amnistía, que es el derecho de gracia", según ha indicado en la rueda de prensa en la que ha presentado la memoria de la institución correspondiente al año 2024.

Calvo, que es presidenta del Consejo de Estado desde el pasado mes de marzo, dice que se refiere a la norma "jurídicamente" y remarca que no se pronuncia sobre el contenido de la misma. Así, ha señalado que tiene opinión jurídica y personal de todos los temas sobre los que le han preguntado pero hay algunas que "no puede ni debe" pronunciarse públicamente, según ha indicado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP una "posición única" en todas las comunidades respecto a la reforma del sistema de financiación y dejar de utilizarla como "un tema de competición entre los territorios".

"Lo que se defiende en Cantabria no es lo que defiende Andalucía y no es lo que defiende Madrid", ha lamentado Montero a preguntas de los medios este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde también ha manifestado que "no entiende" que el Gobierno cántabro (PP) haya amenazado con acudir a los tribunales si no considera justa la reforma "antes si quiera de empezar a hablar".

Algo que, a su juicio, demuestra que "Cantabria no quiere" que se impulse la modificación del modelo actual, ante lo que ha pedido al Ejecutivo regional que "se lo explique al resto de comunidades autónomas donde gobierna el PP", porque cree que el partido no tiene una postura común al respecto en todos los territorios y solo quiere hacer "bronca".

La ministra de Hacienda ha remarcado que, al votarse en el Congreso de los Diputados, esta reforma "obliga a que los partidos políticos tengan una sola posición" y por ello considera que el PP "no quiere abordarlo". Y es que opina que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "no se siente con capacidad de liderar al interior de su partido para establecer esa posición única respecto al sistema de financiación".

"Mal comienzo si empezamos a hablar de tribunales cuando ni siquiera alguien ha tomado la palabra en este tema". "Me parece absolutamente sorprendente", ha advertido con respecto a la amenaza del Gobierno de Cantabria, que ha asegurado que desconocía aunque confía en que "va a perder" si finalmente acude a la Justicia.

También ha remarcado que "Cantabria, hoy por hoy, es la comunidad autónoma que tiene un trato mejor en el actual sistema" al ser la que recibe una financiación por población ajustada más alta. "Esto está muy bien y es legítimo que todo el mundo aspire a mejorar sus recursos", pero el Partido Popular "ni siquiera se quiere sentar a hablar", ha denunciado, añadiendo que lo que esto pone de manifiesto es que los presidentes populares "no quieren abordar una reforma del sistema de financiación, quieren convertir este debate en la bronca, en la confrontación y por tanto en el agravio entre territorios, que es la manera de ejercer la oposición" que tienen.

Asimismo, cuestionada por los 400 millones de euros que se anunció que Cantabria perdería si el modelo de financiación autonómica deja de basarse en el coste real de los servicios, Montero ha asegurado que "no sabe de dónde viene esa cifra".

Y ha subrayado que la comunidad ha recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez un "39% más de recursos" que en la época de Mariano Rajoy. En total, las comunidades autónomas habrían recibido 250.000 millones de euros más, según ha dicho.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que, en la reunión de esta tarde entre Gobierno y comunidades autónomas prevista en Tenerife, los responsables populares aceptarán acoger los 400 menores que les plantea el Gobierno central, al que le ha pedido que "asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades" porque superen su capacidad. En este sentido, ante la advertencia de Vox de que romperán sus gobiernos autonómicos con el PP, ha dicho a la formación de Santiago Abascal que "no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber".

Núñez Feijóo se ha desplazado este miércoles a Ermua (Bizkaia) a participar, de nuevo este año, en el homenaje del Partido Popular al que fuera edil en esta localidad, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro y asesinato a manos de ETA se cumplen 27 años.

Al término del homenaje, Nüñez Feijóo se ha referido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este viernes en Tenerife donde el Gobierno y las comunidades autónomas abordarán el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios.

El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas acojan a niños migrantes no acompañados de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menores. Una iniciativa que es rechazada por Vox que ha advertido al PP que romperá los gobiernos autonómicos en los que son socios si en esas comunidades se acoge a menores.

Núñez Feijóo, que no ha llegado a contestar si apoyarán esa reforma de la Ley, sí ha asegurado que van a cumplir con sus obligaciones, como han dicho "desde el principio".

En este sentido, ha afirmado que las comunidades autónomas que en este momento gestiona el Partido Popular atienden ya a más de 5.000 menores, -"que es más o menos el 80% de los menores que hay en los centros de acogida en España"-, y van a seguir siendo "solidarias".

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha citado como testigos al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.

Así consta en una providencia del juez Juan Carlos Peinado, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que fija ambas comparecencias para el 19 de julio a la 13:00, mismo día en el que Begoña Gómez ha sido citada para declarar como investigada después de que se suspendiera su comparecencia del pasado 5 de julio, toda vez que su defensa señaló que no se le había notificado la querella de Hazte Oír.

La citación de estos dos nuevos testigos tiene lugar tras la comparecencia del rector de la UCM, Joaquín Goyache, que aseguró en sede judicial, según fuentes jurídicas consultadas, que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa antes de que empezara el máster y explicó al magistrado que no era necesario que ella tuviera una licenciatura, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible de transformación.