La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, confirmó este viernes la disposición de Bruselas a trabajar mano a mano con Varsovia para transferirle el primer desembolso de los fondos de recuperación pospandemia, que llevaba años bloqueado por las dudas de Bruselas sobre la independencia judicial polaca.
En una declaración a la prensa junto al nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, avanzó también que Polonia recibirá antes de final de año los 5.000 millones de euros del adelanto de la financiación de los fondos europeos específicos para impulsar la descarbonización de su economía bajo el programa Repower EU, ya que este tramo de ayudas solo está vinculado a que se apruebe el plan de recuperación revisado polaco que incluye este capítulo.
"Me alegra haber recibido al fin la primera solicitud de pago. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y espero que trabajemos estrechamente para abordar los hitos sobre independencia judicial para que podamos proceder con el primer pago", dijo Von der Leyen.
"Tendremos que trabajar duro, pero a la vista de las medidas que ha tomado hasta ahora y las que planea tomar, tengo esperanza de que juntos podamos resolver estos asuntos", añadió al flanco de Tusk, cuyo Gobierno sustituye al frente de Polonia al anterior ejecutivo ultraconservador.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este viernes que los países de la Unión Europea (UE) están "progresando en la misma dirección" en lo que se refiere a solicitar un alto el fuego en la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás en Gaza, tras la votación de una nueva resolución en la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión, según EFE.
No obstante, reconoció que los Veintisiete no tienen "una visión unánime" sobre lo que sucede en Oriente Próximo, aunque sí "objetivos unánimes".
"Constato que casi la totalidad (de Estados miembros de la UE), con la excepción de unos pocos, se ha abstenido o ha votado a nuestro lado (a favor)", dijo en referencia a la resolución que votó la Asamblea General de la ONU esta semana, en la cual se pide "un alto el fuego humanitario inmediato" en Gaza.
Los líderes de la Unión Europea han mostrado este viernes su confianza en poder llegar a un acuerdo a Veintisiete para la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania en el próximo presupuesto comunitario, tras frustrar el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la revisión del marco financiero de 2024-2027 durante la noche del jueves.
El bloqueo de Budapest aplaza la negociación, y por ello la confirmación del apoyo a Kiev, hasta el próximo enero. Sin embargo, varios jefes de Estado y de Gobierno ha exhibido optimismo de cara a lograr un pacto en una cumbre extraordinaria en enero o febrero del próximo año.
Así, el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha destacado que los líderes europeos consiguieron importantes avances en las negociaciones de las cuentas y ven "el marco de lo que puede ser el acuerdo". "Pero necesitamos algo más de tiempo. Tengo confianza en que en cuestión de semanas estemos ahí", ha declarado a su llegada a la segunda jornada de la cumbre europea.
El Gobierno de Israel acordó este viernes autorizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza por el puesto de Kerem Shalom, para descongestionar el único autorizado hasta ahora, el de Rafah.
Kerem Shalom, en el sur de Israel cerca de Egipto, ya funciona como punto de control de los camiones con ayuda que van a la Franja palestina, pero una vez revisados tienen que cruzar por el paso de Rafah, lo que provoca allí "una gran congestión", según un comunicado del Gobierno israelí.
"Israel se comprometió -con Estados Unidos- a transferir doscientos camiones al día de alimentos y ayuda humanitaria desde Egipto para la población civil de Gaza", recordó.
Pero el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, tiene capacidad solo para cien camiones al día, lo que "impidió la implementación del acuerdo entre Israel y Estados Unidos", añadió el Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La reunión entre el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prevista para el próximo martes, está en el aire debido a la agenda institucional del ministro para ese día, si bien se está reajustando la fecha.
Fuentes consultadas por EFE informan de que el ministro tiene asuntos institucionales el martes que hacen difícil que se puedan reunir ese día, ya que por la mañana tiene Consejo de Ministros e inmediatamente después sesión de control en el Senado.
Por tanto, precisan las fuentes, se antoja complicado que se pueda mantener la cita, si bien ambas partes están en conversaciones para reajustar la fecha para la misma semana, ya sea el miércoles o el jueves después de la comparecencia de Bolaños ante la Comisión de Justicia del Congreso.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que este fin de semana, en el que el partido celebrará su Comité Nacional, "empezará una nueva etapa", y ha afirmado que se necesitan "nuevos vientos, nuevos cambios y nuevos liderazgos".
Puig se ha referido así, en declaraciones a los periodistas en la sede de UGT-PV, al ser preguntado por su futuro político y por el Comité Nacional que los socialistas valencianos celebran este sábado, y al que acudirá el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
"Estos días el Partido Socialista va a tomar decisiones importantes de cara a representar de la mejor manera posible la ambición de los progresistas valencianos", ha afirmado, y ha añadido que cada etapa tiene su dinámica.
En este sentido, ha considerado que este "es un momento en que se necesitan nuevos vientos, nuevos cambios, nuevos liderazgos", y ha asegurado que, como siempre ha dicho, él no va a ser "nunca un obstáculo", sino que va a ayudar "a la mejor solución posible".
Esquerra Republicana quiere que se investigue, identifique y sancione a los militares y exmilitares ultras que recurrentemente realizan pronunciamientos políticos, a su juicio, antidemocráticos, y que se informe de sus actuaciones a la Fiscalía por si estima oportuno actuar legalmente contra ellos.
Este es el objetivo de la proposición no de ley que el portavoz de ERC en la Comisión de Defensa, Francesc-Marc Álvaro, ha registrado en el Congreso tras las críticas de determinados sectores militares a la investidura de Pedro Sánchez y sus pactos con las formaciones independentistas, en especial el relativo a la Ley de Amnnistía.
En concreto, el diputado de ERC cita el manifiesto vinculado a la Asociación de Militares Españoles (AME) hecho público el 17 de noviembre en el que se hacía un "llamamiento implícito" a las Fuerzas Armadas a la destitución del gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha acusado este viernes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de negarse a "a hablar con el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, imposibilitando "alcanzar grandes pactos que benefician a la inmensa mayoría de los ciudadanos".
"Es inédito en la historia de nuestro país que haya existido un líder de la oposición que al comienzo de una legislatura y llamado por el presidente del Gobierno se niegue a ir a la Moncloa", ha añadido Rodríguez, desde el acto institucional de toma de posesión de Milagros Tolón como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha celebrado en Toledo.
La ministra de Vivienda ha defendido que a lo largo de sus cinco años de mandato, Pedro Sánchez, "ha demostrado ser capaz de forjar muchísimos pactos, muchísimos acuerdos, hasta quince acuerdos con los agentes sociales".
El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, reclama formalmente al Ministerio del Interior que informe de las "detenciones, sanciones y denuncias" que han efectuado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por conductas violentas en las concentraciones ante la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
Así lo traslada el también portavoz de Sumar en la Comisión de Interior del Congreso mediante una serie de preguntas parlamentarias suscritas junto a los diputados de IU Nahuel González y Engracia Rivera, donde pide al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska datos sobre el número de incidentes y personas arrestadas por incidentes en el marco de estas protestas.
De esta forma, demanda que Interior concrete el número de sanciones que se han impuesto en las concentraciones de la calle Ferraz, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', por desobediencia y falta de respeto a la autoridad.
Santiago ya avanzó durante la comparecencia de Marlaska el pasado miércoles en el Congreso que iba a impulsar estas iniciativas, para intentar "arrojar luz" ante las "manipulaciones y tergiversaciones" de PP y Vox sobre la respuesta policial en el marco de esas concentraciones.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha reclamado este viernes a los políticos que rebajen la tensión, en un mensaje dirigido a Junts y al senador del PP José Antonio Monago, que en los últimos días han señalado a distintos magistrados durante sus intervenciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. "¡Déjennos en paz!", ha dicho.
"Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado, por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz", ha indicado durante el acto de entrega de los XVIII Premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
No obstante, también ha querido mandar un mensaje a los vocales del CGPJ: "Desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada". En este sentido, ha recalcado que "la independencia judicial es bidireccional". "No a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo", ha subrayado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "no compartirá ningún recorte" respecto al subsidio de desempleo porque "no es tolerable teniendo un superávit" gracias a las cotizaciones de las personas trabajadoras.
Tras reunirse en Bilbao con trabajadores de la empresa Mecaner, que pretende cerrar su planta de Urduliz (Bizkaia), Díaz ha reconocido estar "distante" con la posición del Partido Socialista respecto a esa negociación.
"El Ministerio de Trabajo y Economía Social no va a compartir un recorte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Solamente el PP se atrevió a recortar, nada más y nada menos que la protección social de los trabajadores" cuando eliminó el subsidio para mayores de 52 años, ha expuesto.