El pleno del Congreso volverá a debatir y a votar el próximo 26 de septiembre la senda de déficit acordada por el Gobierno para el periodo 2025-2027, sin contar a día de hoy con el apoyo asegurado de los imprescindibles siete diputados de Junts per Catalunya, que ya tumbaron la senda el pasado mes de julio.
En esa ocasión, Junts justificó su rechazo en la baja ejecución en Cataluña de presupuestos anteriores.
Desde el Gobierno confían en que Junts no permita, votando nuevamente en contra, que se haga un recorte fiscal que en Cataluña supondría dejar de ingresar más de 500 millones de euros.
En España el ajuste sería en total de 11.550 millones: 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y 4.950 millones en dos años a las entidades locales.
En caso de que esta segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas.
Un número récord de latinos elegibles se registró para votar tras la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris a la contienda por la Casa Blanca, en especial de electores jóvenes y mujeres, en estados considerados clave para ganar la elección de noviembre, lo que puede inclinar la balanza hacia la candidata demócrata.
La organización Voto Latino anunció este martes en una conferencia de prensa que ha sobrepasado la meta de registro de votantes en cinco estados clave: Florida, Texas, Georgia, Arizona y Carolina del Norte al inscribir 112.035 electores latinos en lo que va del año.
María Teresa Kumar, directora de Voto Latino, dijo que el registro de votantes de su organización aumentó en un 200 % y atribuyó el inusitado incremento a la llegada de Harris a la carrera por la Presidencia en Estados Unidos. “Todo este entusiasmo comenzó a juntarse y acumularse alrededor del 21 de julio, cuando el presidente Joe Biden decidió hacerse a un lado y nominar y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris”, ahondó la activista.
Eurodiputados de siete partidos de la ultraderecha europea, incluyendo a Vox, cerraron este martes filas con el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por impedir el desembarco de 147 inmigrantes del barco humanitario español Open Arms en 2019, cuando era ministro del Interior.
Los eurodiputados de la ultraderecha de Hungría, Italia, Francia, Austria, España, Bélgica y Portugal, que desde este verano conforman juntos el grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, comparecieron juntos desde Estrasburgo para criticar la decisión del Ministerio público italiano e instar a repensar la política migratoria europea.
"Nuestro grupo cree que las fronteras deben protegerse y los barcos de la ONG que traen migrantes a Europa deben frenarse", aseguró la eurodiputada del Fidesz húngaro Kinga Gal, que criticó que "el mundo está al revés" cuando se sanciona a quienes "defienden las fronteras europeas"."En lugar de amenazar a países y a líderes que protegen las fronteras europeas, la Comisión Europea debería dar todo el apoyo posible a quienes lo hacen", añadió.
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones después de que los siete diputados de Junts votaran en contra, en lugar de abstenerse, como habían anunciado
Lo ajustado de la votación, en la que la diferencia prevista entre papeletas a favor y en contra era de un solo voto (171 frente a 170), ha llevado finalmente a que la iniciativa no pudiera prosperar.
La toma en consideración de la propuesta se ha rechazado por 178 votos a favor (PP, Vox, UPN y Junts) y 172 a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y CC).
Durante el debate, la representante de Junts, Marta Madrenas, ha arremetido contra su contenido sin aclarar por qué se iba a abstener, si bien su secretario general, Jordi Turull, había anunciado, en una entrevista en La 2 y Radio 4, que sus disputados se abstendrían porque el PSOE le había asegurado que la pondría "en el cajón".
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo jueves en el Palacio de la Moncloa con Mahmud Abás durante la primera visita del presidente palestino a España después del reconocimiento de Palestina como Estado.
El embajador de Palestina en España, Husni Abdelwahed, avanzó el lunes esa visita de Abás, y fuentes del Ejecutivo han informado a EFE de que el encuentro con Sánchez se ha fijado para el jueves.
En la reunión, ambos analizarán la situación que se vive en Gaza a punto de cumplirse un año de los ataques de Hamás que provocaron la ofensiva israelí, así como los esfuerzos internacionales por lograr la paz, algo que Sánchez insistirá en que solo es posible mediante la solución de los dos Estados.
Abás ya agradeció a España su decisión de reconocer a Palestina y recibió en noviembre pasado en Ramala al presidente del Gobierno durante una gira que este hizo por Oriente Medio.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este martes al expresidente catalán Jordi Pujol en el Palau de la Generalitat, en el marco de una ronda de reuniones con los expresidentes del Govern.
Illa, que la semana pasada ya se reunió con el expresidente José Montilla y tiene agendado un encuentro con Artur Mas este jueves, por ahora no tiene previsto reunirse con el expresidente Carles Puigdemont.
"El expresidente Jordi Pujol es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña. Ha sido un placer recibirlo hoy en el Palau de la Generalitat", ha indicado Illa en un mensaje en la red social X.
Este mediodía, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha señalado que esta ronda de reuniones de Illa con expresidentes de la Generalitat tienen el propósito de "dignificar" la Generalitat de Catalunya, mostrar su respeto a los expresidentes y dar un "mensaje de continuidad de la institución más allá de quién la haya ocupado".
El grupo parlamentario Junts mantiene, a una semana de que se vote de nuevo la senda de déficit en el Congreso, su 'no' a la propuesta del Gobierno, con el que no ha abierto ninguna negociación. La nueva propuesta aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros, insisten desde Junts, es "la misma" que ya rechazaron en julio, por lo que, de no haber cambios en la misma, mantendrán su negativa.
Fuentes del grupo parlamentario han indicado que ningún miembro del Ejecutivo se ha puesto en contacto con ellos para negociar la propuesta, que critican por ser poco transparente y por no dotar, en su opinión, de suficientes fondos a Cataluña. Sin embargo, fuentes parlamentarias han confirmado a EFE que el Gobierno sí ha contactado con otros grupos para confirmar su apoyo a la propuesta.
El pasado julio el partido independentista ya rechazó, junto al PP y a Vox, la senda de déficit acordada por el Gobierno, alegando la baja ejecución de los presupuestos anteriores. Los siete diputados de Junts son claves para dar luz verde a esta norma.
El pleno del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de arrendamiento de habitaciones, con el que cada vez más propietarios burlan el control de precios.
La toma en consideración de la propuesta se ha aprobado, a falta de la votación, con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y CC, la abstención de Junts per Catalunya y los votos en contra del PP y Vox.
Durante el debate se ha planteado la posibilidad de que la iniciativa no prospere si el PSOE usa la técnica de prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas para dar tiempo al Gobierno a que apruebe sus propias medidas.
Al no estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino al Código Civil, es decir, a la voluntad de las partes, los contratos de temporada y los de habitaciones permiten a los arrendadores la "trampa" de subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable y tampoco están sujetos a las limitaciones de precios de la ley de vivienda.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en respuesta en el Senado al PP sobre si Venezuela es un régimen dictatorial, ha señalado que, "si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no", por qué no usan ese término para Franco, en vez de aprobar leyes de concordia autonómicas sin llamárselo.
"¿Por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura?", le ha espetado Albares a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien le pidió que siguiera el ejemplo de otros socialistas, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y se atreviera a llamar dictador a Nicolás Maduro. En cambio, Albares ha instado al PP a derogar las leyes de memoria aprobadas en Baleares y la Comunidad Valenciana, si reconocen que Franco fue un dictador.
El ministro ha explicado a los senadores que se ha reunido este martes con el candidato de la oposición venezolana en las presidenciales de julio, Edmundo González, y les ha indicado que si hubiese hecho lo que le pedía el PP, reconocerle como presidente legítimo, ahora "no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas".
PSOE y PP han mostrado su apoyo a la iniciativa impulsada por Junts para frenar la multirreincidencia en algunos delitos y que, entre otras cosas, plantea que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión
A falta de la votación final, el pleno del Congreso ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley de Junts, que varios portavoces parlamentarios han situado en la misma línea que una propuesta del PP, actualmente en tramitación, que busca endurecer el castigo a la multirreincidencia en hurtos y estafas.
En su defensa de la iniciativa, Junts ha explicado que busca "facilitar el trabajo a los jueces para conseguir más condenas" porque existe una "grave alarma social" ante "la oleada de delitos (hurtos y peleas)" que "el sistema es incapaz de evitar", ya que por "la poca gravedad del delito son puestos en libertad y siguen delinquiendo", lo que "genera impunidad e inseguridad".
Al respecto, ha dicho que de los 666.000 hurtos cometidos en España en 2023, solo se dictaron 58.000 condenas, lo que quiere decir que 92 de cada 100 hurtos quedaron impunes y eso tiene como consecuencia que el delincuente reincida.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes a Venezuela que los dos ciudadanos españoles detenidos en ese país a los que atribuyen una supuesta operación para actos terroristas no tienen ninguna vinculación con organismos públicos de España "y mucho menos con el CNI".
Albares se lo ha trasladado así este martes a la Cancillería venezolana, según ha explicado a los periodistas en los pasillos del Senado, tras señalar que de nuevo este martes le ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, esa total ausencia de vinculación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) u otro organismo público.
También Albares ha exigido al canciller venezolano, Yván Gil, que, "como marca la Convención de Viena", confirme la identidad de los detenidos, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos.