El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a todos los actores políticos, sociales y administraciones para garantizar el acceso a una vivienda digna a millones de españoles y ha recordado el objetivo del Ejecutivo para sacar adelante 184.000 viviendas públicas asequibles.
En el acto de inauguración de la Casa de la Arquitectura en Madrid, un nuevo museo que se ubica en la Arquería de Nuevos Ministerios de Madrid y que se llevará mañana al Consejo de Ministros, Sánchez ha señalado que tienen toda la legislatura para que la vivienda deje de ser un problema y sea un derecho.
En este sentido, ha asegurado que el acceso a la vivienda se ha convertido en un derecho inalcanzable para 2 millones de familias y ha subrayado que 1,5 millones de hogares destinan el 40 % de su renta al pago del alquiler. "Cuando resulta inaccesible para la mayoría se convierte en la antesala de un privilegio para otros pocos".
Además, ha apuntado que con la Ley de Vivienda se busca poner fin a una anomalía y a una paradoja ya que aunque las comunidades y ayuntamientos tienen muchas competencias en la materia no había una norma estatal al respecto.
La ministra de Capital Humano del Gobierno argentino, Sandra Pettovello, ha anunciado que quienes participen en los piquetes y cortes de calles convocados para el próximo miércoles contra la política del nuevo presidente, Javier Milei, se verán privados de sus prestaciones y planes sociales.
"Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", ha apuntado Pettovello.
La advertencia va dirigida a "todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado" en los cortes de las calles, quienes "perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano" y los planes sociales.
La ministra ha indicado que el Gobierno comenzará "a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales", por lo que que se iniciará "un proceso para la eliminación de la intermediación" y se eliminarán los "certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales".
La proposición de Ley Orgánica de Amnistía que el PSOE pactó con los independentistas de ERC y Junts se tramitará finalmente en la Comisión de Justicia del Congreso y no pasará por la Constitucional, según han confirmado fuentes socialistas, con lo que se confirma también que se ha desechado la opción de forzar un debate exprés en lectura única en sesión plenaria.
La ley superó su primer examen parlamentario la pasada semana al ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso con el apoyo de PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, y el voto en contra de PP, Vox, CC y UPN.
El siguiente paso es abrir un plazo de enmiendas y enviar la ley a una de las comisiones legislativas del Congreso para su tramitación, una decisión que la Mesa del Congreso adoptará este martes en favor de la Comisión de Justicia que preside el socialista murciano Francisco Lucas Ayala, y no en la de Constitucional, que es la otra a la que podría haber ido.
Sumar Galicia ha encajado la decisión de Anova-Irmandade Nacionalista --la formación que cofundó Xosé Manuel Beiras y de la que actualmente es portavoz Martiño Noriega-- de romper de forma definitiva con la izquierda federal y manifiesta que "respeta" las decisiones de aquellas personas y organizaciones que no se sienten apeladas.
"Nosotros interpelamos a personas y organizaciones que se sintiesen representadas en los valores de la izquierda, el progresismo, el ecologismo y el feminismo", han señalado fuentes de la formación a Europa Press, las cuales han apostillado: "si estas organizaciones no se sienten interpeladas por esos valores, respetamos su decisión y seguimos adelante".
La formación que lidera Yolanda Díaz y de la que es portavoz en Galicia Paulo Carlos López destaca que mantiene su "hoja de ruta clara". "Tenemos la fuerza necesaria y no nos ponemos de perfil para sacar al PP de la Xunta. Vamos de cara; damos la cara por la gente, no hacemos cálculos", han incidido estas mismas fuentes.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha señalado este lunes que el nuevo rechazo de la población chilena en el plebiscito constitucional lanza un mensaje para que la clase política busque soluciones, deje a un lado las "peleas" y trate de ponerse de acuerdo por un futuro común.
"El pueblo de Chile nos dio un mensaje muy claro: quieren soluciones, quieren que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Basta de peleas y a trabajar con humildad y mucha convicción y trabajo", ha manifestado el mandatario chileno, según recoge la cadena T13.
Así las cosas, el presidente Boric ha incidido en que en la votación del domingo, cuando más del 55 por ciento de la población chilena rechazó la propuesta constitucional, dejó como claro derrotados a aquellos que "no estaban por los acuerdos".
"Ese es un aprendizaje que todos los que estamos en política tenemos que tomar. Basta de creer que un sector, sea cual sea, puede imponerle su visión al otro. Nos necesitamos todos porque Chile es uno solo", ha defendido el mandatario chileno.
La reunión prevista para mañana martes entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, finalmente ha sido postergada al jueves, a las 17.30 horas, por "motivos de agenda" del dirigente socialista, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Estaba previsto que en un principio Bolaños y Marín Castán se reunieran a las 12.30 horas del pasado miércoles en el TS, pero el también presidente de la Sala de lo Civil suspendió el encuentro en el último momento por "motivos sobrevenidos", de acuerdo con las fuentes jurídicas preguntadas entonces por esta agencia de noticias.
Las mismas fuentes explicaron que en realidad la razón fue el profundo malestar en el alto tribunal por las declaraciones realizadas el martes en el Congreso de los Diputados por la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, que pidió cesar y juzgar a los magistrados encargados de causas relacionadas con el 'procés' y llamó directamente "indecentes" al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, y a sus compañeros Pablo Llarena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela.
Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a casi 19.500 la cifra de víctimas mortales por la cruenta campaña militar israelí iniciada en respuesta a los ataques de la milicia palestina contra territorio israelí el 7 de octubre.
De acuerdo con el último balance facilitado por la oficina de medios del Gobierno de Gaza, la cifra de fallecidos ha aumentado a 19.453 personas, mientras que otras 52.286 han resultado heridas, 5.000 de las cuales necesitan salir de la Franja para recibir atención sanitaria especializada.
"La situación sanitaria y humana en centros y refugios es catastrófica e inhumana como resultado de la propagación de epidemias, enfermedades infecciosas, desnutrición, falta de agua potable, higiene personal y falta de atención sanitaria", reza una publicación de las autoridades gazatíes en Facebook.
El Tribunal Supremo (TS) ha citado al senador del Partido Popular (PP) José Manuel Baltar a las 10 horas de este martes para que declare voluntariamente por un presunto delito contra la seguridad vial, dándole así una segunda oportunidad después de que no acudiera a la comparecencia fijada para la semana pasada por razones de salud de su abogado.
La instructora del caso, la magistrada Ana Ferrer, había ofrecido a Baltar prestar declaración voluntaria a las 10.00 horas del 12 de diciembre, pero el que fuera presidente del PP de Ourense hasta el pasado octubre no acudió al alto tribunal. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, pidió un aplazamiento argumentando que a su abogado le era imposible acudir por estar enfermo.
"Vista su voluntad de acudir al llamamiento judicial", Ferrer fijó nueva fecha para la declaración voluntaria, este martes a la misma hora, conforme señala una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
El objetivo de esta declaración voluntaria es determinar la viabilidad de las pesquisas antes de cursar el debido suplicatorio al Senado para proceder formalmente contra el político 'popular'.
PP y Vox han logrado in extremis cerrar un acuerdo para aprobar los presupuestos de Baleares de 2024 que recoge todas las enmiendas exigidas por el partido de Santiago Abascal, incluidos 20 millones para la libre elección de lengua en los colegios y suprimir los 400.000 euros de subvenciones a patronales y sindicatos.
El acuerdo lo han anunciado este lunes los portavoces de los dos grupos parlamentarios, en ruedas de prensa por separado, la víspera del inicio del debate de los presupuestos en la cámara balear. El PP tiene 25 diputados en el Parlament balear, los mismos que suma la izquierda (18 del PSOE, 4 de MÉS per Mallorca, 2 de MÉS per Menorca y una de Podemos). La mayoría absoluta se sitúa en 30. Finalmente, el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, de Sa Unió, también apoyará al PP tras conseguir para su isla una partida de 2,5 millones.
Vox firmó con el PP al inicio de legislatura un acuerdo programático de 110 medidas que condujo a la popular Marga Prohens a la presidencia del Govern. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado con "humildad" que su partido no cuenta con la mayoría absoluta para aprobar los presupuestos, por lo que era imprescindible contar con el apoyo de Vox.
El acuerdo entre el PP y Vox incluye también una subida del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio a 3 millones de euros, que el PP ha justificando asegurando que "no representa ni un 1 % de los ingresos del Govern". Además de los 20 millones para financiar el programa piloto de libre elección de lengua, también ha generado polémica la supresión de las subvenciones nominativas a patronales y sindicatos.
El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha advertido este lunes a los jueces de que se podrían enfrentar a "consecuencias penales" si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es "de obligado cumplimiento".
En una rueda de prensa en la sede del partido, Rius ha trasladado su apoyo a la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, que lanzó una serie de acusaciones contra algunos jueces que causaron un terremoto en la cúpula judicial y en la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que las calificaron de "inadmisibles" y un ataque a su independencia y a la separación de poderes.
Rius ha insistido este lunes en que tanto la cúpula del Tribunal Supremo como la del Consejo General del Poder Judicial están "politizadas" y han mantenido "un papel activo contra el independentismo y numerosos casos de lawfare": "No sólo es criticable, sino que se tendrá que investigar en el marco de la comisión sobre la Operación Cataluña en el Congreso", ha remachado.
El PP ha exigido rigor y seriedad y no "navajeo" ni "prácticas torticeras" al Gobierno a la hora de fijar la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para la que sigue sin haber un acuerdo. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado que no hay comunicación entre los gabinetes de Sánchez y Feijóo y que Moncloa no ha informado formalmente al PP del orden del día del encuentro, sino que se ha limitado a proponer tres fechas, lo que ve "poco profesional".
"Alguien decía en broma: 'a lo mejor tenemos que convocar en Ginebra y así le interesa más al señor Sánchez', pero España no está para bromas, no está para juegos partidistas, para este navajeo a corto plazo estratégico y táctico y menos si es impulsado por el presidente del Gobierno", ha subrayado.
El PP insiste en que quiere oponerse al Gobierno en la calle, el Congreso y el Senado, pero también cara a cara. "Nosotros no rechazamos hablar y debatir sobre intereses generales de España. No le estamos pidiendo ni amnistía ni indultar a terroristas, ni lo que está pidiendo Junts, le estamos pidiendo un orden del día", ha recalcado Sémper.