La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha negado este martes el apoyo de su formación a una posible investidura tanto del candidato socialista, Salvador Illa, como del candidato de Junts, Carles Puigdemont: "A día de hoy, y lo hemos dicho así de claro, ninguna de estas dos formaciones tiene nuestros votos, de ninguna de las maneras".
Así se ha referido Estrada en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de las consultas de cara a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, donde ha apuntado que avanzar en los ámbitos "social y nacional" son dos cuestiones inseparables para su formación.
"Nadie nos ha puesto sobre la mesa propuestas para avanzar ni en clave nacional, con nuestro proceso de independencia, ni en clave social, para mejorar el día a día de la mayoría de la población en materia de vivienda, de sanidad, de educación. Absolutamente nadie", ha remarcado.
Estrada ha subrayado que con el PSC "no hay entendimiento posible" porque, asegura, es un partido contrario a reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y, en el terreno socioeconómico, beneficia a los "grandes lobbies económicos".
Respecto a Junts, la diputada ha afirmado que no tiene los apoyos suficientes para tirar adelante una investidura y que sus posibilidades pasan por una abstención del PSC, algo que para la CUP impediría "aspirar a hacer avanzar en el proceso de independencia".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a solicitar este martes al Tribunal Supremo (TS) le aplique "sin mayor dilación" la Ley de Amnistía, después de haberlo solicitado tras la aprobación de esta norma el 11 de junio.
En una petición consultada por Europa Press, el abogado de Turull, Aníbal Bordallo, ha presentado alegaciones para la aplicación de la Amnistía, para que quede "completamente extinga cualquier responsabilidad penal" sobre Turull incluidos los antecedentes penales.
El letrado ha reclamado que, "en el improbable caso" de que el TS decida plantear una cuestión prejuidical ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), se deje en suspenso la inhabilitación de Turull hasta la sentencia de estos tribunales.
Ha presentado este escrito después de que dos de los fiscales del TS que participaron en el juicio del 1-O se opusieran a amnistiar la malversación "anticipando su voluntad de oponerse de modo abierto no solo a la opinión del propio Fiscal General, sino también a la inequívoca voluntad del legislador democrático".
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes un plan para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, una iniciativa de la que podrán beneficiarse más de medio millón de personas.
El plan de Biden para "mantener juntas a las familias estadounidenses" permitirá que estas personas puedan obtener el estatus de residencia permanente sin necesidad de salir del país, con vistas a "promover la unidad familias y reforzar la economía" norteamericana.
La medida aspira a llegar a unas 500.000 personas casadas con ciudadanos estadounidenses y a alrededor de 50.000 de sus hijos, con un máximo de edad de 21 años. El Gobierno establece como requisitos que hayan residido al menos diez años en Estados Unidos antes del 17 de junio de 2024.
La Casa Blanca ha resaltado en un comunicado que, aunque "el presidente Biden cree que asegurar la frontera en esencial", también considera que forma parte del "tejido social" de Estados Unidos "ampliar las vías legales y mantener juntas a las familias", habida cuenta de que estas personas también "pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades".
De hecho, parte del foco de estos nuevos cambios se centra en los denominados dreamers, personas que llegaron a Estados Unidos cuando aún eran niños y a los que Washington quiere "sacar de las sombras". Las autoridades facilitarán que puedan recibir "más rápidamente" visados de trabajo si tienen estudios superiores y cuentan con un empleo.
La Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, en la que han asistido el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas, ha aprobado por unanimidad el reparto de 20,2 millones del Fondo de Cohesión Territorial para 2024. Los criterios para el reparto son los de densidad de población, económicos y sociales, según defiende el Ejecutivo.
"Con la aprobación del reparto del Fondo lo que hacemos es dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con un espíritu de colaboración muy importante, entre los distintos niveles de la administración", ha subrayado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las acciones e iniciativas seleccionadas por las comunidades deberán cumplir objetivos como los de promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial, más integrado, equitativo e inclusivo o abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios públicos (sanitarios, educativos, habitacionales o relativos a la movilidad y la conectividad territorial).
También tendrán que promover medidas de ordenación del territorio con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de declive demográfico, así como garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que las políticas del actual Ejecutivo han permitido "la mayor rebaja fiscal" a las familias españolas, lo que les ha permitido un ahorro de más de 31.000 millones de euros.
Así ha respondido la vicepresidenta primera al senador del PP, José Manuel Barreiro Fernández, que ha acusado al Gobierno de "voracidad fiscal" en el pleno de esta tarde del Senado.
Montero ha recordado al senador popular que durante los gobiernos del PP "subieron los impuestos más que nunca, recaudando, según sus cifras, 74.000 millones de euros en los aumentos fiscales que protagonizaron los gobiernos del PP" y ha añadido que el PP perdonó la deuda a los "contribuyentes defraudadores más ricos que había en el país".
Así, se lo ha recalcado a Barreiro, que fue durante el Gobierno del PP cuando se gastó más de 60.000 millones de euros de los españoles en el rescate que se produjo a la banca.
"Nosotros bajamos los impuestos por 31.000 millones de euros a la familia, ustedes lo suben y, además, votan en contra de esta medida como votan en contra de los impuestos a la banca y a la energética y a los grandes patrimonios, que es lo que ha propuesto siempre este Gobierno", ha añadido la vicepresidenta primera.
La mayoría del Congreso de los Diputados se ha mostrado este martes a favor de tomar en consideración de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, pese a las críticas de los socios del Gobierno que han cuestionado la medida por su "autoritarismo" y "populismo".
En la defensa de la proposición de ley, el PSOE ha apelado al PP para que se deje de "excusas baratas" y este partido le ha contestado adelantado su voto favorable, pero entre una cascada de críticas a los socialistas por "tomar el pelo" a los trabajadores de prisiones al no respaldar otras iniciativas similares, como la que aprobó hace semanas el Senado gracias al impulso de los 'populares'.
La iniciativa del PSOE supone reformar la Ley General penitenciaria de 1979 para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una antigua aspiración de este colectivo que se volvió a reclamar tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona), de forma que se agravarían las penas para quienes atenten contra su integridad y darían presunción de veracidad a su testimonio.
La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha negado este martes el apoyo de su formación a una posible investidura tanto del candidato socialista, Salvador Illa, como del candidato de Junts, Carles Puigdemont: "A día de hoy, y lo hemos dicho así de claro, ninguna de estas dos formaciones tiene nuestros votos, de ninguna de las maneras".
Así se ha referido Estrada en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de las consultas de cara a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, donde ha apuntado que avanzar en los ámbitos "social y nacional" son dos cuestiones inseparables para su formación.
"Nadie nos ha puesto sobre la mesa propuestas para avanzar ni en clave nacional, con nuestro proceso de independencia, ni en clave social, para mejorar el día a día de la mayoría de la población en materia de vivienda, de sanidad, de educación. Absolutamente nadie", ha remarcado.
Estrada ha subrayado que con el PSC "no hay entendimiento posible" porque, asegura, es un partido contrario a reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y, en el terreno socioeconómico, beneficia a los "grandes lobbies económicos".
Respecto a Junts, la diputada ha afirmado que no tiene los apoyos suficientes para tirar adelante una investidura y que sus posibilidades pasan por una abstención del PSC, algo que para la CUP impediría "aspirar a hacer avanzar en el proceso de independencia".
El programa de descuentos en el transporte 'Verano Joven' registró ayer, en su primer día de lanzamiento, hasta 400.000 altas, lo que supone cuadruplicar las cifras registradas el año pasado, cuando se puso en marcha esta iniciativa por primera vez.
Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante el transcurso de la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo de ministros de este martes.
En concreto, el lunes se abrió el plazo para registrarse en la página web del Ministerio de Transportes para obtener el código que deberán utilizar los jóvenes de entre 18 y 30 años para comprar los billetes con descuentos de hasta el 90% y para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
"Estas cifra de 400.000 registros en un solo día, que cuadruplica los número del año pasado, confirma claramente el éxito de esta iniciativa, que lleva ya dos años consecutivos", ha señalado la ministra portavoz.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gana la batalla a los fiscales del procés en su pulso por la aplicación de la amnistía. La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera, ha respaldado finalmente el criterio del jefe del Ministerio Público, que defendía que la malversación por la que están procesados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y por la que han sido ya condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entra dentro del ámbito de aplicación de la amnistía y que, por lo tanto, deben levantarse las medidas cautelares que aún pesan sobre alguno de los dirigentes independentistas.
La cúpula fiscal se ha reunido desde primera hora de la mañana en el Palacio del Marqués de Fontalba para afrontar el debate sobre la postura que debía mantener el Ministerio Público en relación al encaje de la malversación en la nueva ley de amnistía. Un cónclave al más alto nivel convocado tras el choque de criterios entre García Ortiz y los cuatro fiscales del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. El primero, claramente partidario de defender ante el Supremo que los hechos y la malversación que persiguen a los líderes independentistas entran dentro del ámbito de aplicación de la norma. Los segundos, firmes defensores de rechazar que en este caso ese delito pueda ser amnistiado por el Alto Tribunal.
Al encuentro han asistido 36 de los 38 fiscales que integran el órgano —dos de ellos no han podido acudir por motivos médicos—, a los que se suma el jefe del Ministerio Público. Sobre la mesa, dos informes. Por un lado, el del fiscal general, que sostenía, apoyándose en la sentencia del procés, que no existió un “propósito de enriquecimiento” de los líderes independentistas en la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y que, por tanto, la malversación tiene encaje en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, lo que implicaría, además, el alzamiento de la orden de detención nacional que aún pesa sobre el expresident Puigdemont.
Informa Álvaro Sánchez Castrillo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que el Ejecutivo nunca ha planteado un modelo de concierto económico para Cataluña, que supondría abandonar el régimen común de las comunidades autónomas, e insiste en que es compatible una financiación singular para esta región con una negociación multilateral con el resto. Asegura además que esta se llevará a cabo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa al señalar que "este Gobierno nunca ha hablado de conciertos" tras ser cuestionada sobre si descartaba por completo esta posibilidad que exige Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para negociar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.
No obstante, reitera que es "perfectamente compatible" una negociación sobre "financiación singular" con la negociación "multilateral" con el resto de comunidades autónomas para acordar un sistema de financiación que lleva caducado desde el año 2014.
Además, ha acusado a la oposición de avivar el enfrentamiento entre territorios en este debate. "No avanzamos absolutamente nada si la única respuesta y la única propuesta es agitar el debate territorial", según ha señalado después de recriminar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que no tenga una propuesta común entre todas las comunidades que gobierna para afrontar esta reforma.
El partido político Vox ha presentado ante los juzgados de Madrid una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".
El partido señala además que Gómez, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, "utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo".
Por estos hechos, Vox pide que se investigue a Gómez y reclama que se practique una batería de diligencias de investigación: que se le cite a declarar a ella como investigada y al rector de la UCM, Joaquín Goyache, como testigo. También pide las testificales de representantes de Telefónica, Indra y Google España y que se requiera información a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, el partido propone al juzgado madrileño que solicite documentación a la Universidad Complutense y que cite como testigo a la coordinadora del Máster Transformación Social Competitiva, Esther Álvarez, al también director de la cátedra José Manuel Ruano y al empresario Juan Carlos Barrabés.