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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a solicitar este martes al Tribunal Supremo (TS) le aplique "sin mayor dilación" la Ley de Amnistía, después de haberlo solicitado tras la aprobación de esta norma el 11 de junio.

En una petición consultada por Europa Press, el abogado de Turull, Aníbal Bordallo, ha presentado alegaciones para la aplicación de la Amnistía, para que quede "completamente extinga cualquier responsabilidad penal" sobre Turull incluidos los antecedentes penales.

El letrado ha reclamado que, "en el improbable caso" de que el TS decida plantear una cuestión prejuidical ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), se deje en suspenso la inhabilitación de Turull hasta la sentencia de estos tribunales.

Ha presentado este escrito después de que dos de los fiscales del TS que participaron en el juicio del 1-O se opusieran a amnistiar la malversación "anticipando su voluntad de oponerse de modo abierto no solo a la opinión del propio Fiscal General, sino también a la inequívoca voluntad del legislador democrático".

La Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, en la que han asistido el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas, ha aprobado por unanimidad el reparto de 20,2 millones del Fondo de Cohesión Territorial para 2024. Los criterios para el reparto son los de densidad de población, económicos y sociales, según defiende el Ejecutivo.

"Con la aprobación del reparto del Fondo lo que hacemos es dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con un espíritu de colaboración muy importante, entre los distintos niveles de la administración", ha subrayado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las acciones e iniciativas seleccionadas por las comunidades deberán cumplir objetivos como los de promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial, más integrado, equitativo e inclusivo o abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios públicos (sanitarios, educativos, habitacionales o relativos a la movilidad y la conectividad territorial).

También tendrán que promover medidas de ordenación del territorio con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de declive demográfico, así como garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que las políticas del actual Ejecutivo han permitido "la mayor rebaja fiscal" a las familias españolas, lo que les ha permitido un ahorro de más de 31.000 millones de euros.

Así ha respondido la vicepresidenta primera al senador del PP, José Manuel Barreiro Fernández, que ha acusado al Gobierno de "voracidad fiscal" en el pleno de esta tarde del Senado.

Montero ha recordado al senador popular que durante los gobiernos del PP "subieron los impuestos más que nunca, recaudando, según sus cifras, 74.000 millones de euros en los aumentos fiscales que protagonizaron los gobiernos del PP" y ha añadido que el PP perdonó la deuda a los "contribuyentes defraudadores más ricos que había en el país".

Así, se lo ha recalcado a Barreiro, que fue durante el Gobierno del PP cuando se gastó más de 60.000 millones de euros de los españoles en el rescate que se produjo a la banca.

"Nosotros bajamos los impuestos por 31.000 millones de euros a la familia, ustedes lo suben y, además, votan en contra de esta medida como votan en contra de los impuestos a la banca y a la energética y a los grandes patrimonios, que es lo que ha propuesto siempre este Gobierno", ha añadido la vicepresidenta primera.

La mayoría del Congreso de los Diputados se ha mostrado este martes a favor de tomar en consideración de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, pese a las críticas de los socios del Gobierno que han cuestionado la medida por su "autoritarismo" y "populismo".

En la defensa de la proposición de ley, el PSOE ha apelado al PP para que se deje de "excusas baratas" y este partido le ha contestado adelantado su voto favorable, pero entre una cascada de críticas a los socialistas por "tomar el pelo" a los trabajadores de prisiones al no respaldar otras iniciativas similares, como la que aprobó hace semanas el Senado gracias al impulso de los 'populares'.

La iniciativa del PSOE supone reformar la Ley General penitenciaria de 1979 para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una antigua aspiración de este colectivo que se volvió a reclamar tras el reciente asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona), de forma que se agravarían las penas para quienes atenten contra su integridad y darían presunción de veracidad a su testimonio.

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha negado este martes el apoyo de su formación a una posible investidura tanto del candidato socialista, Salvador Illa, como del candidato de Junts, Carles Puigdemont: "A día de hoy, y lo hemos dicho así de claro, ninguna de estas dos formaciones tiene nuestros votos, de ninguna de las maneras".

Así se ha referido Estrada en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de las consultas de cara a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, donde ha apuntado que avanzar en los ámbitos "social y nacional" son dos cuestiones inseparables para su formación.

"Nadie nos ha puesto sobre la mesa propuestas para avanzar ni en clave nacional, con nuestro proceso de independencia, ni en clave social, para mejorar el día a día de la mayoría de la población en materia de vivienda, de sanidad, de educación. Absolutamente nadie", ha remarcado.

Estrada ha subrayado que con el PSC "no hay entendimiento posible" porque, asegura, es un partido contrario a reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y, en el terreno socioeconómico, beneficia a los "grandes lobbies económicos".

Respecto a Junts, la diputada ha afirmado que no tiene los apoyos suficientes para tirar adelante una investidura y que sus posibilidades pasan por una abstención del PSC, algo que para la CUP impediría "aspirar a hacer avanzar en el proceso de independencia".

El programa de descuentos en el transporte 'Verano Joven' registró ayer, en su primer día de lanzamiento, hasta 400.000 altas, lo que supone cuadruplicar las cifras registradas el año pasado, cuando se puso en marcha esta iniciativa por primera vez.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante el transcurso de la rueda de prensa posterior a la celebración del consejo de ministros de este martes.

En concreto, el lunes se abrió el plazo para registrarse en la página web del Ministerio de Transportes para obtener el código que deberán utilizar los jóvenes de entre 18 y 30 años para comprar los billetes con descuentos de hasta el 90% y para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

"Estas cifra de 400.000 registros en un solo día, que cuadruplica los número del año pasado, confirma claramente el éxito de esta iniciativa, que lleva ya dos años consecutivos", ha señalado la ministra portavoz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, gana la batalla a los fiscales del procés en su pulso por la aplicación de la amnistía. La Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera, ha respaldado finalmente el criterio del jefe del Ministerio Público, que defendía que la malversación por la que están procesados el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y por la que han sido ya condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entra dentro del ámbito de aplicación de la amnistía y que, por lo tanto, deben levantarse las medidas cautelares que aún pesan sobre alguno de los dirigentes independentistas.

La cúpula fiscal se ha reunido desde primera hora de la mañana en el Palacio del Marqués de Fontalba para afrontar el debate sobre la postura que debía mantener el Ministerio Público en relación al encaje de la malversación en la nueva ley de amnistía. Un cónclave al más alto nivel convocado tras el choque de criterios entre García Ortiz y los cuatro fiscales del procés: Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. El primero, claramente partidario de defender ante el Supremo que los hechos y la malversación que persiguen a los líderes independentistas entran dentro del ámbito de aplicación de la norma. Los segundos, firmes defensores de rechazar que en este caso ese delito pueda ser amnistiado por el Alto Tribunal.

Al encuentro han asistido 36 de los 38 fiscales que integran el órgano —dos de ellos no han podido acudir por motivos médicos—, a los que se suma el jefe del Ministerio Público. Sobre la mesa, dos informes. Por un lado, el del fiscal general, que sostenía, apoyándose en la sentencia del procés, que no existió un “propósito de enriquecimiento” de los líderes independentistas en la desviación de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y que, por tanto, la malversación tiene encaje en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, lo que implicaría, además, el alzamiento de la orden de detención nacional que aún pesa sobre el expresident Puigdemont.

Informa Álvaro Sánchez Castrillo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que el Ejecutivo nunca ha planteado un modelo de concierto económico para Cataluña, que supondría abandonar el régimen común de las comunidades autónomas, e insiste en que es compatible una financiación singular para esta región con una negociación multilateral con el resto. Asegura además que esta se llevará a cabo dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa al señalar que "este Gobierno nunca ha hablado de conciertos" tras ser cuestionada sobre si descartaba por completo esta posibilidad que exige Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para negociar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa.

No obstante, reitera que es "perfectamente compatible" una negociación sobre "financiación singular" con la negociación "multilateral" con el resto de comunidades autónomas para acordar un sistema de financiación que lleva caducado desde el año 2014.

Además, ha acusado a la oposición de avivar el enfrentamiento entre territorios en este debate. "No avanzamos absolutamente nada si la única respuesta y la única propuesta es agitar el debate territorial", según ha señalado después de recriminar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que no tenga una propuesta común entre todas las comunidades que gobierna para afrontar esta reforma.

El partido político Vox ha presentado ante los juzgados de Madrid una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".

El partido señala además que Gómez, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, "utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo".

Por estos hechos, Vox pide que se investigue a Gómez y reclama que se practique una batería de diligencias de investigación: que se le cite a declarar a ella como investigada y al rector de la UCM, Joaquín Goyache, como testigo. También pide las testificales de representantes de Telefónica, Indra y Google España y que se requiera información a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Asimismo, el partido propone al juzgado madrileño que solicite documentación a la Universidad Complutense y que cite como testigo a la coordinadora del Máster Transformación Social Competitiva, Esther Álvarez, al también director de la cátedra José Manuel Ruano y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el Gobierno está trabajando en la prórroga temporal del IVA a algunos alimentos y ha detallado que está "aún está examinando en qué condiciones, con qué espectro y con qué alcance se llevará a cabo".

"En el seno del Gobierno estamos trabajando en relación con lo que anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez", es decir, "la prórroga temporal y extraordinaria de la rebaja del IVA de los alimentos", ha afirmado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

En este contexto, el titular de Agricultura ha destacado que el Gobierno "aún está examinando en qué condiciones, con qué espectro y, evidentemente, con qué alcance se llevará a cabo". "Tenemos una reducción evidente del precio de los alimentos en los últimos 24 meses", ha considerado Planas.

"Afortunadamente, la senda decreciente es bien clara, aunque también hay algunos elementos que nos han llevado a una cierta preocupación", ha opinado Planas, quien avisa de que el índice FAO de alimentos lleva tres meses subiendo, lo cual muestra que hay una volatilidad en los mercados alimentarios "bastante importante".

"Eso es lo que lleva de forma prudente y responsable al Gobierno a tener esta reflexión al anuncio efectuado por el presidente del Gobierno", que presentará una vez se lleve al Consejo de Ministros, ha concluido el titular de Agricultura.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha rehusado este martes opinar sobre la reclamación de soberanía fiscal que ha puesto sobre la mesa ERC para apoyar una eventual investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y se ha afanado en exponer los principios del nuevo modelo de financiación autonómica que defenderá su partido: atender la "singularidad" de cada territorio con la suficiencia financiera para que puedan ejercer sus competencias.

López ha tenido que hacer frente a varias preguntas sobre esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso después de que, desde el Gobierno, se haya abierto la puerta a una financiación "singular" para Cataluña.

El dirigente socialista ha evitado opinar sobre la exigencia de ERC, que equivaldría a un especie de 'concierto' similar al vasco, y tampoco ha especificado si la idea del Gobierno es abordar este asunto primero por Cataluña en el marco de las negociaciones para la investidura de Illa y hablar después con el resto de comunidades.

El Gobierno ha asegurado que por el momento no tiene detalles sobre la agenda del próximo viaje del presidente de Argentina, Javier Milei, a España pero ha aprovechado para pedirle "respeto a las instituciones" en las declaraciones que realice durante su estancia. "Desconocemos la agenda", ha comentado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, al ser preguntada por la visita que presuntamente realizará Milei este viernes a España para recoger un premio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Si el viaje se produce finalmente, Alegría ha confiado que en las declaraciones que pueda realizar el mandatario argentino durante su estancia "mantenga siempre un respeto hacia las instituciones de este país y hacia el pueblo español".

La portavoz se ha eco así de lo expresado la semana pasada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la eventual visita. "Las afinidades ideológicas son libres en los gobiernos, pero el respeto es obligado", sostuvo.

Durante su anterior visita el pasado 19 de mayo para asistir a un acto de Vox, Milei tildó de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, provocando una airada reacción del Gobierno con una declaración institucional del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Moncloa.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el Gobierno tiene que buscar una vía "de entendimiento y de acuerdo" ante la posición de China de abrir una investigación contra el sector de carne de cerdo que afecta, especialmente, a España. "Tenemos que buscar una vía de entendimiento, una vía de acuerdo. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, siempre defendiendo los intereses de Europa y los intereses de España, un conflicto comercial en materia agroalimentaria", ha destacado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

En concreto, el Ministerio de Comercio de la República Popular China, a instancias de la Asociación de Ganadería de China, anunció este lunes la apertura de una investigación antidumping respecto de las importaciones de carne de cerdo y subproductos porcinos relevantes con origen en la Unión Europea.

El titular de Agricultura ha evidenciado que las guerras o los conflictos comerciales "no son buenos para nadie". "Se sabe como empiezan y no se sabe nunca como acaban", ha opinado Planas. "El sector agroalimentario nunca suele ser el origen de conflictos, sino más bien la víctima o el instrumento", ha criticado Planas, que detalla que ahora hay propuestas de la Comisión Europea para negociar e intentar evitar este conflicto comercial. "Creo que hay posibilidades, tanto temporales como materiales", ha avanzado.

Planas ha recordado que sector porcino español es "muy importante", dado que ha exportado 1.190 millones de euros en el año 2023 a China.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de incitar a un "enfrentamiento civil" en la calle con sus llamadas a la movilización contra los privilegios a Cataluña y ha alertado del riesgo que a su juicio suponen esas palabras: "Es peligrosísimo".

Así se ha pronunciado López este martes durante una rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces al ser preguntado por las palabras de este lunes del exdirigente 'popular' haciendo una llamada movilización de la ciudadanía para hacer frente a los "ataques" al Estado de derecho del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Aznar vuelve a decir que el que pueda hacer que haga, y ya sabemos que eso significa la incitación a movimientos antisistema", ha señalado el portavoz socialista, ya que, según él, con este llamamiento a la movilización lo que hace el expresidente es convertir al adversario político en un "enemigo" promoviendo un "a por ellos en la calle".

En ese sentido, López ha pedido a Aznar que como expresidente de España tenga "cierta consideración" para "no incitar permanentemente al enfrentamiento civil" porque es "peligrosísimo".

Aunque durante su intervención López también ha hecho referencia a otros líderes del PP, concretamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las afirmaciones en las que la presidenta autonómica aseguraba que Sánchez está llevando al país a una "dictadura" al querer "controlar" el Poder Judicial y los medios de comunicación. "La señora Ayuso habla sin conocer las medidas, sin tener ni idea de lo que está hablando", ha afeado López, lamentando además que esas palabras vengan de una representante del partido que "tiene secuestrado" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz del Gobierno y la ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que la voluntad del Ejecutivo siempre ha sido "la misma" con respecto al desbloqueo del CGPJ. "Si a Feijóo lo dejaran, la renovación del CGPJ estaría resuelta en quince minutos", asegura en referencia a las declaraciones de algunos líderes del PP.

"Nos reunimos cuando sea necesario", puntualiza Alegría que asegura que desconoce la propuesta de la fecha para la próxima reunión en Bruselas. "Queremos avanzar en esta cuestión", reconoce la portavoz que recuerda que "tenemos este mes de junio para cumplir con un mandato constitucional"

"Si el PP prefiere quedarse en este día de la marmota, el Gobierno y el Parlamento avanzaremos y asumiremos nuestra responsabilidad", concluye Alegría. 

El Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que el Pleno de la corte de garantías ha aprobado el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional.

La mayoría progresista del tribunal ha rechazado así el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.

No obstante, los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez, del ala conservadora, han anunciado voto particular en contra de la decisión de la mayoría.

Los de Santiago Abascal llevaron la ley ante el Constitucional al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica.

La portavoz del Gobierno y la ministra de Educación, Pilar Alegría, defiende en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la negociación con Cataluña para una financiación singular al tiempo que lamenta que haya comunidades, como la de Madrid, que "supriman los impuestos a los ricos, el de patrimonio y sucesiones". "Se dejan de recaudar 1.400 millones. Con eso se podrían abrir 700 escuelas infantiles nuevas, 250 colegios o 20 hospitales en esta comunidad", asegura.

Alegría reconoce que es un debate que hay que afrontar con "seriedad y serenidad" pero también "con la realidad de los datos". "También sería importante que por parte del PP nos explicarán también cuál es su modelo. Por que no lo conocemos", asegura la ministra.

"Es compatible una negociación de una financiación singular con la negociación multilateral con las comunidades", defiende Alegría que insiste en que es un "debate importante" porque son "los servicios públicos de este país". 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha alabado al expresidente del Gobierno José María Aznar por su "coherencia" tras pedir una "movilización permanente" contra el Gobierno, alegando que el dirigente del PP empezó su carrera política "atacando la Constitución" y que en estos momentos intenta "desestabilizar la democracia española".

Así lo ha dicho el ministro de Sumar en declaraciones a los medios en el acto 'Hacia una prestación universal por crianza', organizado por su Ministerio, al ser preguntado por la movilización contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez alentada por Aznar, que aseguró el lunes que es "deseable" que la ciudadanía se movilice para mantener el "sistema democrático con buena salud".

"Querría alabar su coherencia. El señor Aznar empezó su carrera política atacando la Constitución española, por el camino nos metió en una guerra ilegal que costó cientos de miles de muertos y, ahora, en este momento, ha decidido que no puede hacer otra cosa mejor más que alabar un genocidio insoportable en la Franja de Gaza e intentar desestabilizar la democracia española", ha asegurado Bustinduy.

La mejor respuesta que se le puede dar al expresidente del Gobierno 'popular', según el ministro de Derechos Sociales, son "unos buenos Presupuestos Generales del Estado" que "amplíen derechos y el bienestar" de los trabajadores en España y que espera que se empiecen a negociar "de forma inminente".

Bustinduy también ha calificado como "positivo" el debate abierto sobre la financiación autonómica tras la sugerencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de otorgar a Cataluña un "tratamiento especial", y ha hecho un llamamiento a evitar la "hipérbole" usual de la política española.

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado parcialmente los recursos que presentó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra los reales decretos de nombramiento de tres generales del Instituto Armado aprobados por el Gobierno el pasado diciembre, que los magistrados anulan. Así lo ha comunicado este martes el alto tribunal, que dará a conocer en los próximos días la sentencia íntegra.

Cabe recordar que ya el año pasado el Supremo estimó otros tres recursos presentados Pérez de los Cobos contra la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no proponer al Consejo de Ministros su ascenso a general de Brigada.