La plataforma SES Hospedajes del Ministerio del Interior ha colapsado este lunes, en su primer día de registro obligatorio, lo que impide la introducción de datos, según la patronal de agencias de viajes Acave.
En un comunicado, Acave denuncia que en un "procedimiento ya caótico de por sí", las agencias de viajes tienen además que trabajar con al menos tres plataformas diferentes", en función de donde se presten los servicios contratados, y que estas están presentando "muchos errores técnicos".
Entretanto, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha vuelto a pedir al Gobierno que las excluya del sistema de registro de viajeros que comienza hoy, por considerar que pone en riesgo la evolución favorable que está teniendo la industria turística, con la afectación que ello puede suponer para la economía española.
En una carta abierta dirigida al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el comité ejecutivo de CEAV llama a estos a una "reflexión que derive en la apertura de un diálogo real, leal, sincero y efectivo que permita poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas".
Las agencias de viajes reiteran en su carta los argumentos que llevan esgrimiendo los últimos años para ser exoneradas de esta norma y acusan al Gobierno de demostrar un "flagrante desconocimiento" de sus operativas y un "manifiesto desinterés por paliarlo".
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen acusó al primer ministro, Michel Barnier, de rechazar el diálogo con su partido, Agrupación Nacional (RN) y anunció que votará a favor de una moción de censura para hacer caer a su gobierno el próximo miércoles. "Le presenté nuestras líneas rojas y no ha querido aceptarlas. No podemos aceptar estos presupuestos profundamente injustos porque hacen pagar a los franceses la incompetencia de Macron", dijo Le Pen tras anunciarse una moción de censura contra el Ejecutivo.
La líder de la extrema derecha, cuyos 140 diputados son fundamentales para la supervivencia del Ejecutivo, anunció que su grupo presentará su propia moción de censura, pero que están dispuestos también a votar la que anunció la izquierda.Con esa posición, las horas del Ejecutivo de Barnier, nombrado el pasado 5 de septiembre, están contadas, pero Le Pen quitó gravedad al asunto: "Se aplicarán los presupuestos del año pasado, habrá un nuevo primer ministro y adoptará un nuevo presupuesto".
Barnier cuenta solo con 211 diputados en una Asamblea de 577, lo que convierte en casi segura su destitución en la moción de censura, que en Francia no son constructivas, sino que simplemente tumban al Gobierno. Será Macron, que se encuentra en visita de Estado en Arabia Saudí hasta el miércoles, quien tenga que nombrar un nuevo Ejecutivo.
Le Pen acusó a Barnier de querer seguir las políticas de Macron y minimizó las concesiones que el primer ministro les ha hecho en los últimos días en la negociación presupuestaria. Además, criticó que no accediera a la última de ellas, la de renunciar a retrasar medio año la subida de las pensiones en 2025 para absorber la inflación de 2024. Aseguró que su obligación es "defender a los franceses" frente a las medidas del Ejecutivo y consideró que Barnier no tuvo en cuenta sus propuestas sobre "recortes y nuevos ingresos". "Los franceses no tienen motivos para tener miedo. Lo único que deben temer son el elevado déficit del país y la subida del paro por culpa de las políticas de los últimos siete años", señaló.
Sobre la decisión de no dejar de subvencionar ciertos medicamentos, adoptada esta misma mañana por Barnier, Le Pen señaló que apenas supone 500 millones de euros.
Los socialistas aprobaron este fin de semana en su congreso una enmienda a favor de excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas, y además, se rechazó incluir la referencia Q+ en los documentos del partido. Esto ha provocado una cascada de críticas que han recordado la grieta del movimiento feminista que se abrió por la ley trans (que incluyó la autodeterminación de género que no aprueban parte de las feministas).
El secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha garantizado que su partido continuará trabajando por los derechos y libertades de "todas las siglas del colectivo sin excepción", aunque no vayan a añadir el Q+ en sus documentos oficiales. Gutiérrez, que repite en la Ejecutiva socialista, ha recalcado en declaraciones a los periodistas, que no se ha eliminado la Q+ porque el partido nunca ha utilizado esa nomenclatura en sus documentos oficiales, solo LGTBI. La propuesta para incluirlo no salió, es decir que "no se añade nada que es muy diferente a 'se elimina'", ha puntualizado. Preguntado por la exclusión de las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas, ha señalado que "es una obviedad que los hombres no pueden participar en la categoría femenina", como está ya regulado por las federaciones nacionales e internacionales.
Por su parte, Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más, advierte de que con la decisión de no incluir la referencia Q+ el PSOE se queda atrás a la hora de reflejar la diversidad del colectivo. "Estamos a la espera de recibir el texto definitivo aprobado para valorar la redacción final, en la que esperamos que se explicite, que, con respecto a las competiciones deportivas, las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres", ha explicado.
Los ataques siguen arreciando en Podemos, quien fuera socio del PSOE y, al frente del Ministerio de Igualdad la legislatura pasada, lideró la ley trans. Si ayer la exministra Irene Montero censuraba al PSOE por "atacar a las personas transexuales y a las no binarias", la eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra, ha señalado este lunes: "Esto no es feminismo clásico, sino transfobia".
Entre los críticos con el PSOE también está su socio de Gobierno, Sumar, cuya secretaria de organización, Lara Hernández, ha argumentado que "las mujeres trans son mujeres; son mujeres cuando acuden a sus puestos de trabajo, son mujeres cuando pagan sus impuestos y sí, sí, también son mujeres cuando hacen deporte".
El PSOE ha presentado una demanda de conciliación como requisito previo a una querella por calumnias contra Carmen Pano Sánchez, la mujer que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede del partido en Madrid.
Según fuentes socialistas, el partido ha tomado esta decisión por las declaraciones de Pano aparecidas el día 28 de noviembre en varios medios de comunicación en las que afirmaba haber entregado 90.000 euros en la sede de PSOE por orden del empresario y comisionista Víctor de Aldama. "Esta persona figura encartada en los informes de la UCO que la vinculan con Víctor Aldama y Claudio Rivas, en relación con la trama delictiva de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional", ha apuntado la formación.
El PSOE ha recordado además que el PP ya presentó una querella por financiación ilegal, donde incluían estas supuestas entregas de dinero en Ferraz de parte del comisionista Aldama, que fue desestimada por la Audiencia Nacional.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha considerado "intolerable" que el Senado, que celebra este lunes una cumbre antiabortista, se convierta "en un parque temático de la extrema frente a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres". "No vamos a consentir que la extrema derecha en el Senado pretenda devolvernos a la caverna, lo que se está produciendo es un aquelarre", ha dicho Redondo en unas declaraciones en el Ministerio del Igualdad al hilo de la VI Cumbre Transatlántica "Por la libertad y la cultura de la vida", organizada por la Red política de los Valores, que reúne en la Cámara Alta a medio centenar de representantes de 20 países.
Redondo ha insistido en que este ataque a los derechos "es absolutamente reprobable" y ha considerado que frente a ese intento de revertir derechos solo hay un camino: "Más libertad y más feminismo".
En la misma línea se ha expresado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García. La titular de Sanidad se ha dirigido a la "ola reaccionaria internacional, amparada en la derecha reaccionaria" de España que quiere "esparcir su odio". "Las mujeres y la sociedad española no lo vamos a consentir, por mucho que quieran traernos sus ideas retrógradas, reaccionarias y medievales", ha dicho la ministra.
La plataforma de registro de viajeros ses.hospedajes funciona ya con normalidad, después de que la sede electrónica del Ministerio del Interior se viera afectada durante esta mañana por una actuación programada en el Centro de Procesos de Datos de El Escorial, según fuentes del ministerio.
Interior, que ha activado este lunes el nuevo registro, al que se oponen las empresas del sector, ha señalado que "no habrá ninguna sanción para los hosteleros que hayan intentado entrar esta mañana".
El nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor está concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este lunes que su partido no teme que la declaración del próximo 12 de diciembre en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos pueda salpicar a los socialistas y ha compartido el respeto de la formación por las decisiones judiciales.
Tras la primera reunión de la nueva Ejecutiva socialista, aprobada ayer en el 41 Congreso Federal, Peña se ha referido a esta cuestión ante las preguntas de los periodistas, donde ha enfatizado que su partido no tiene miedo ante lo que pueda contar el exsecretario de Organización socialista sobre el caso Koldo. "Temor ninguno, el señor Ábalos que responda lo que tenga que responder", ha dicho la portavoz socialista.
La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz, ha dicho este lunes que cada vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está en apuros" hace un anuncio que tiene que ver con la vivienda".
Muñoz ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa en la sede del PP, al ser preguntada por el anuncio de Sánchez en el acto de clausura del 41 Congreso Federal del PSOE de crear una gran empresa pública de vivienda para construirla y gestionarla desde el Estado.
"Cada vez que Sánchez está en apuros hace un anuncio que tiene que ver con la vivienda", ha ironizado antes de señalar que ha estado seis años gobernando.
Ha añadido que la realidad es que de las 183.000 viviendas que se comprometió a construir "no se ha hecho ninguna", algo que, en su opinión, pone de manifiesto que "ha quedado completamente inhabilitado" para gestionar nada que tenga que ver con la vivienda.
Los magistrados Eloy Velasco, Enrique López y María Tardón figuran entre los ocho candidatos que se han postulado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presidir la Audiencia Nacional, al vencer el mandato de su actual presidente, José Ramón Navarro.
Velasco y López están actualmente destinados en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, encargada de revisar las sentencias dictadas por este tribunal, mientras que Tardón es la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 y ha sido la encargada de investigar, entre otros, al narcotraficante Sito Miñanco y a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, en una causa que se está juzgando desde hace unas semanas.
Previamente, Velasco estuvo al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, donde se hizo cargo de casos mediáticos como los de Púnica y Lezo, mientras que López, que siempre ha estado en la Sala de lo Penal, se incorporó a la Sala de Apelación tras una temporada en política como consejero de Justicia del Gobierno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Recientemente Velasco ha protagonizada una polémica con la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, por haber aludido a ella como "cajeta del Mercadona", a lo que ésta le contestó en un mensaje en la red social X con un "póngase a estudiar" con el argumento de que los jueces necesitan formación en "violencias machistas".
Los demás candidatos son: Manuel María Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz; Juan Manuel Fernández Martínez, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Juan Pablo González-Herrero González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y Francisco Manuel Oliver Egea, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
El pleno del Consell aprobará este martes "de manera urgente y exprés" ayudas por un importe de 90 millones de euros para los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo y que se han visto afectadas por la dana, de manera que cada una percibirá 3.000 euros. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en unas declaraciones remitidas por Presidencia, después de la reunión que ha mantenido con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana, (ATACV) Alberto Ara.
"Lo vamos a hacer exprés, lo vamos a hacer (para) que valga con una simple declaración responsable y lo vamos a hacer como estamos haciendo las ayudas, de manera urgente y de manera directa", ha manifestado Mazón, quien ha dicho que estas ayudas se suman a las que ya se están tramitando "de manera urgente para los autónomos societarios".
Ha afirmado que a partir de este jueves se abrirá el plazo para las personas autónomas que no tienen trabajadores puedan solicitar estas ayudas.
"Es muy importante que sigamos apoyando a los autónomos con rapidez, sin burocracia y con ayudas a fondo perdido, no lo que está haciendo el Gobierno", al que ha advertido de que "no vale aplazar la cuota de los autónomos para que en enero o en febrero tengan que pagar (el) doble o triple".
La Federación Estatal LGTBI+ ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de avalar que se cuelgue la bandera arcoíris en los edificios públicos durante la celebración del Orgullo al entender que no es un "símbolo de significación partidista" ni "propugna ningún tipo de enfrentamiento".
Para la FELGTBI+ esta decisión es "un avance en el compromiso institucional con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI+". "Esta decisión del Supremo refuerza algo que siempre hemos defendido: la bandera arcoíris trasciende las ideologías políticas y representa valores universales como la igualdad, el respeto y la inclusión", asevera su presidenta, Paula Iglesias.
Para estos colectivos, su presencia en edificios públicos durante el Orgullo es un acto de visibilización que envía un mensaje de apoyo a la diversidad y a los derechos humanos.
Consideran que el fallo del Supremo llega en un momento crucial en la lucha contra la discriminación y los discursos de odio, instando a las Administraciones Públicas a que sigan promoviendo la igualdad, no solo a través de gestos simbólicos como este, sino mediante políticas concretas que refuercen su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.