Baldoví advierte al PSOE de "que no cuente con Compromís" si no aborda de una vez la infrafinanciación valenciana

Miembros de gobiernos autonómicos liderados por el PP han tachado de "tomadura de pelo", "esperpento", "juego de malabares" y "nuevo vaivén" las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que intentó rebajar el alcance del acuerdo con ERC para otorgar a Cataluña una financiación singular.

En sus primeras declaraciones sobre el pacto de PSC y ERC, la también número dos del PSOE afirmó que el acuerdo suscrito "ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del modelo de financiación", algo que fue reprobado por Esquerra, amenazando con retirar el apoyo a Pedro Sánchez si no se cumple lo firmado.

Entre los 'barones' del PP que han criticado a Montero se encuentra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado de "esperpento" la actitud de la ministra, a la que reprocha una "actitud evasiva" y una falta de explicaciones sobre lo pactado.

A su juicio, el acuerdo entre PSOE y ERC "es la vulneración de la Constitución, la ruptura del principio de solidaridad e igualdad de todos los españoles en todos los territorios".

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puedan acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa.

Fue el pasado 30 de julio cuando el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

En una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que "no puede ser atendida la pretensión" de la Fiscalía.

Así, acuerda "expedirse las copias del acta, y de los soportes digitales en los que se contiene la diligencia llevada a cabo el día 30 de julio, respecto del testigo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, previa aportación por las partes, del correspondiente soporte tecnológico, en el que facilitarles dichas copias".

Sumar ha pedido explicaciones este jueves al Gobierno por dos supuestos contratos que el Ministerio de Defensa habría adjudicado al sector de armamento israelí y que los de Yolanda Díaz consideran que contravienen el compromiso expresado de suspender el comercio de armas con Israel a raíz del conflicto en la Franja de Gaza, donde consideran que se está cometiendo un "genocidio".

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se interesan por un contrato que Defensa adjudicó este lunes por casi 290.000 euros a 'PAP Tecnos', filial de la israelí Rafael Advanced Defense Systems y que se publicó en la Plataforma de Contratación del sector público.

Dicha adjudicación tiene por objetivo "el mantenimiento de las estaciones de armas de accionamiento remoto 'Mini Samson', integrados en los vehículos blindados 'RG-31'", ha explicado la formación, que también se refiere a otra adjudicación de abril por parte de Defensa de "un contrato de más de 207 millones de euros para la fabricación de los designadores para los 'Eurofighter', esta vez para la empresa matriz 'Rafael'.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido de que la capacidad de la Comunidad para acoger menores migrantes está "casi saturada" y al exigido al Gobierno central que ejerza sus competencias en la materia lejos de las "imposiciones".

Fernández Carriedo ha defendido que la Comunidad es "tierra de acogida" y ha detallado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene conversaciones habituales con otros presidentes, en referencia al de Canarias, Fernando Clavijo, quien afirmó que Galicia y Castilla y León se han ofrecido para acoger a más menores.

"Es evidente que Castilla y León es una tierra de acogida que muestra su solidaridad al resto de comunidades autónomas de España y que esa solidaridad la hemos mostrado recientemente con el cumplimiento de los acuerdos que se vienen desarrollando en España desde el año 2021", ha defendido el portavoz, quien ha recordado que a día de hoy la Comunidad acoge a 200 menores migrantes no acompañados lo que "casi satura" la capacidad con la que cuenta la Comunidad para prestar este servicios en condiciones de "seguridad y eficacia".

Tras tomar declaración a J.P.C., el hombre de 20 años acusado de acabar con la vida de un niño de 11 en la localidad toledana de Mocejón, el juez instructor del caso ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza y se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

Ha sido puesto a disposición judicial este jueves detenido por su relación con los hechos ocurridos la mañana del pasado domingo en la localidad toledana de Mocejón, en los que falleció un menor de 11 años. El detenido ha comparecido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, encargado de las Diligencias Previas abiertas, tal y como ha confirmado este jueves mediante un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Previo a la toma de declaración, el juez instructor ha solicitado informe al médico forense, cuyo resultado ha determinado la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su situación de discapacidad, tal y como recoge el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Adaptación que ha consistido en nombrar a una facilitadora que ha asistido al investigado durante toda su declaración ante el juez, a fin de ayudarle a entender y ser entendido. Al margen de este informe forense inicial, el juez instructor también ha acordado pedir dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado, que deberá realizarse, en todo caso, durante la instrucción del procedimiento judicial.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que no se va a producir "ninguna indefensión" de los trabajadores por el "error indeseable" en la Ley de Paridad que permitirá despedir a quienes se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.

"No se va a producir indefensión. Estoy convencida de que con la aplicación sistemática de todo el ordenamiento jurídico estos posibles despidos van a ser considerados nulos", ha aseverado la titular de Igualdad en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de su visita a Palencia.

Así, cuestionada por el mencionado error de la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que precisamente entra en vigor este jueves, 22 de agosto, Redondo ha mandado un "mensaje de tranquilidad".

En este sentido, ha incidido en que el error "va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria", para lo que ya se está "trabajando para incorporar una enmienda", y ha mostrado su confianza en los jueces a la hora de aplicar la legislación vigente "a favor de los trabajadores y en pro del principio de igualdad".

Al respecto, ha explicado que aparte de la ley, se tiene que tener en cuenta "la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico en la reforma del Estatuto de los Trabajadores" que "incorpora precisamente esa protección al ejercicio del derecho de la conciliación".

Asimismo, ha señalado al "principio de indemnidad", que "considera nulo cualquier despido como respuesta del empresario al ejercicio de los derechos de los trabajadores", y ha destacado.

"Toda la jurisprudencia y toda la jurisdicción social laboral es una jurisdicción y una jurisprudencia muy garantista", ha agregado, para, no obstante, lamentar el error en la norma en cuya redacción, tal y como ha detallado, intervienen muchas personas, pese a lo que no se no se pudo "detectar el error".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado en casi 18 millones el presupuesto previsto para hacer frente a las necesidades derivadas de la fase de autonomía del sistema de protección internacional y con el objetivo de atender a 4.600 personas al día entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre ante el aumento del número de solicitudes de protección, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La fase de autonomía está sometida a una fuerte presión desde el año 2022 como consecuencia del incremento en el número de solicitudes de protección internacional y, además, porque también son destinatarias de esta fase las personas beneficiarias de protección temporal como consecuencia de la guerra en Ucrania. El objetivo es atender 4.600 solicitantes que tienen ya una resolución favorable hasta 31 de diciembre

La Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional atiende en la actualidad a más de 34.000 personas, de las que aproximadamente 10.000 proceden de Ucrania. Por ello, consideran reforzar las capacidades en autonomía hasta el final del año 2024 para poder atender a todas las personas, sean ucranianas o no, que son usuarias de la fase de autonomía en la actualidad y el objetivo de esta planificación extraordinaria permitirá atender a más de 4.600 personas por día.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha abierto este jueves una causa penal contra un periodista de la cadena estadounidense CNN y dos corresponsales ucranianas por cruzar de manera ilegal la frontera de la región de Kursk, escenario de una incursión terrestre por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y gracias a la cual Kiev controla ya casi un centenar de localidades y más de 1.250 kilómetros cuadrados.

En concreto, se trata del periodista británico Nick Peyton Walsh y las corresponsales ucranianas Olesya Borovik y Diana Butsko, que ingresaron ilegalmente en Kursk para grabar vídeos e informar desde la localidad de Sudzha, unos diez kilómetros en el interior del territorio ruso, según ha detallado el servicio de prensa del FSB.

Los investigados, que serán incluidos en el listado de personas más buscadas por las autoridades rusas, se podrían enfrentar a una pena máxima de cinco años de prisión por la infracción del Código Penal sobre "cruce ilegal de la frontera estatal de la Federación de Rusia", según recoge la agencia TASS.

Esta investigación sucede a la causa abierta la semana pasada contra los periodistas italianos Simone Traini y Stefania Battistini, que también cruzaron de forma ilegal la frontera rusa para informar de los avances ucranianos. Moscú ha expresado su malestar a los representantes diplomáticos de los países en cuestión.

El PSdeG ha registrado en el Parlamento una solicitud formal para obtener la documentación relativa a los contratos "menores, ordinarios y urgentes" adjudicados por el Gobierno gallego entre los años 2018 y 2024 a las empresas Eulen y Universal Support, a las que vincula con Alberto Núñez Feijóo porque en ellas trabajan familiares.

Según han explicado los socialistas en una nota de prensa, la petición fue realizada por la portavoz de Calidade Democrática e Transparencia, Patricia Iglesias, quien ha destacado la importancia de "arrojar luz" sobre estos contratos.

No en vano, tanto en el ámbito gallego como en el estatal, los socialistas llevan días poniendo el foco en los contratos de la Administración gallega con Eulen, de la que es directiva la hermana del líder del PP y expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo, entre otras adjudicaciones que ven objeto de duda.

En este sentido, el PSdeG ha mostrado su preocupación sobre los posibles "conflictos de intereses", así como los "favoritismos" en estas adjudicaciones realizadas por el Partido Popular en los últimos años.

"Queremos esclarecer si el Partido Popular favoreció a estas empresas que tienen vínculos con sus dirigentes en la adjudicación de contratos millonarios", ha reclamado Iglesias.