El Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada donde el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón pedía investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo por los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.
Además, la Sala de lo Penal designa al magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente para que haga su propuesta sobre si procede o no admitir el asunto remitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.
Se trata del primer movimiento del TS tras la exposición razonada que García Castellón le envió el pasado noviembre para que el alto tribunal investigue a Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que aún debe pensar en qué fecha convoca las próximas elecciones autonómicas y, tras ironizar sobre si el 21 de abril --día al que se apunta en ciertos ámbitos políticos y mediáticos como fecha más probable-- "es el cumpleaños de alguien", ha afirmado que los comicios vascos también podrían ser el 9 de junio, coincidiendo con los europeos.
Urkullu, que ha ofrecido una rueda en Vitoria-Gasteiz junto a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, sobre proyectos conjuntos entre los gobiernos vasco y vizcaíno, ha respondido a varias preguntas de los periodistas acerca del final de la legislatura y las próximas elecciones autonómicas, para las que aún no ha fijado fecha.
El lehendakari, al que un periodista ha mencionado la fecha del 21 de abril, ha bromeado acerca de la posibilidad de que ese día sea el elegido, finalmente, para celebrar los comicios. "¿El 21 de abril es el cumpleaños de alguien?", se ha preguntado.
El Congreso del PSPV-PSOE se celebrará del 22 al 24 de marzo en Benicàssim, pero las primarias para la elección del nuevo o nueva secretario general se celebrarán el 25 de febrero en primera vuelta y el 3 de marzo si fuera necesaria una segunda.
Así lo ha anunciado el secretario general, Ximo Puig, en una rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN), donde ha resaltado que este calendario lo debe refrendar el Comité Nacional de este sábado, y ha reconocido que las elecciones gallegas han hecho que este cónclave se retrase.
Puig ha señalado que este quiere ser un congreso "abierto a la ciudadanía" y ha resaltado la importancia simbólica de Benicàssim para los socialistas, al ser esta ciudad donde se acordó el Estatut d'Autonomia.
En concreto, la presentación de precandidaturas se podrá realizar el 29 y 30 de enero, del 31 de enero al 7 de febrero se recogerán avales y ese mismo día se proclamarán las candidaturas. La campaña será del 9 al 23 de febrero y se votará el domingo 25. El 3 de marzo se votaría en caso de necesitarse una segunda vuelta y el Congreso en sí se celebrará pasadas las Fallas y la Magdalena, del 22 al 24 de marzo.
La Comisión de Trabajo del Congreso se ha quedado sin traductores en medio de la sesión que ha celebrado este lunes, la primera de la historia parlamentaria en la que se podían utilizar el catalán, el gallego y el euskera en reuniones de comisión, pese a que la Cámara había anunciado que este servicio estaría disponible hasta en tres salas de comisión a la vez.
La comisión ha empezado a las doce de la mañana con la comparecencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cuando ya habían transcurrido más de cuatro horas del arranque de la sesión, la presidenta de este órgano, Aina Vidal, ha explicado a los portavoces que ya no estaba disponible la traducción simultánea porque los traductores se habían tenido que "ir a otra comisión".
El sistema de traducción había funcionado con normalidad durante la primera parte, en la que tanto Junts como ERC han utilizado el catalán.
El Gobierno defiende que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunte por la monarquía en sus barómetros de opinión y lo justifica en que los ciudadanos no ven la Jefatura del Estado como un problema para España y ni para ellos mismos.
Como se hacía desde Unidas Podemos, también Sumar, a través del diputado Nahuel González, dirigió una pregunta al Gobierno para saber por qué el CIS no pide opinión a los españoles sobre el funcionamiento de la monarquía ni sobre el apoyo que tendría la república.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno recalca que nunca se ha hecho una serie de preguntas específicas sobre la monarquía, ni existe ningún modelo de cuestionario sobre ello, y por tanto tampoco hay periodos específicos en los que deba o no preguntarse sobre la Corona.
El comité asesor del Plan Territorial por Contaminación Marina Accidental (Placampa) ha decidido este lunes pasar a situación 1 de alerta tras analizar los datos de los últimos días y determinar que la llegada de pellets a la costa está estabilizada y los medios del Principado son suficientes para afrontar las labores de vigilancia y recogida en todo el litoral.
El Gobierno de Asturias ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la modificación de la situación de alerta, que supondrá la retirada de los medios movilizados por el Gobierno de España. El Principado mantendrá el operativo, coordinado desde el Servicio de Emergencias, con una veintena de efectivos.
La red de agentes medioambientales continuará con las labores de vigilancia y control diarios de las 65 playas consideradas prioritarias. Desde el inicio de la activación del Placampa, el Gobierno de Asturias está monitorizando los ecosistemas más vulnerables para conocer de forma exhaustiva las posibles afecciones que pueda conllevar el vertido tanto a la flora como a la fauna.
Los pélets recogidos por las brigadas de limpieza se entregan al Seprona para su registro y para garantizar la trazabilidad y cadena de custodia de las muestras. Además, el operativo de limpieza ha retirado en estos días casi 300 kilos de otros plásticos marinos. Todo ese material está siendo trasladado a Cogersa para darle el tratamiento oportuno.
El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido una querella presentada por un particular contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de odio, en la que se alegaba que a través de redes sociales había alentado a actuar contra una parte de la población de Cataluña, al considerar que dichos mensajes forman parte de la libertad de expresión.
En concreto, el querellante afirmaba que su propia familia había sufrido actos de humillación, caceroladas e insultos, así como que sus vecinos les llamaban fascistas.
La Sala de lo Penal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, reprocha al hombre que "no relata más que unos acontecimientos históricos que ya fueron juzgados" y resueltos por el Supremo con la sentencia del 'procés'.
A ello añade que la querella se completa con una serie de recortes periodísticos que "nada aportan a los efectos del denunciado delito de odio" que atribuye a Puigdemont.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado este lunes el recurso presentado por Jordi Pujol Ferrusola en 2021 con el que pedía personarse como perjudicado en una de las piezas del caso 'Villarejo', la número 31. El magistrado indica que los hechos que el primogénito de los Pujol denuncia, presuntas actividades delictivas desarrolladas en Andorra por ciudadanos españoles contra él, ya están siendo investigados por los juzgados de aquel país.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez incorpora la diligencia de la Letrada de la Administración de Justicia en la que hace constar que se ha localizado un escrito interponiendo recurso contra la resolución inicial de inadmisión de la personación "el cual había quedado postergado involuntariamente a causa del ingente volumen de comunicaciones recibidas diariamente en cada una de las piezas de este procedimiento, informado por el Ministerio Fiscal en los términos que son de ver en la pieza 31 de las presentes actuaciones, procediéndose con carácter inmediato a dar cuenta a su señoría de su contenido, para resolver lo procedente".
Cabe recordar que Pujol Ferrusola pedía formar parte de la macrocausa por las indagaciones que el comisario jubilado José Manuel Villarejo habría dirigido contra él y su familia de forma oficiosa.
El auto del magistrado recuerda que el 28 de octubre de 2021 se dictó auto por el que se rechazó la personación, como acusación particular, de Pujol Ferrusola al no resultar de las actuaciones elemento alguno que permitiera sostener su condición de perjudicado u ofendido. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reforma, respecto del cual el Ministerio Fiscal emitió dictamen el 16 de diciembre de 2022.
El Tribunal Supremo (TS) ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada donde el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón pedía investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo por los disturbios supuestamente orquestados por Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.
Además, la Sala de lo Penal designa al magistrado Juan Ramón Berdugo como ponente para que haga su propuesta sobre si procede o no admitir el asunto remitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.
Se trata del primer movimiento del TS tras la exposición razonada que García Castellón le envió el pasado noviembre para que el alto tribunal investigue a Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
La nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, ha abogado por superar "la crisis institucional" que se produjo en Cataluña y ha hecho una defensa de la ley de amnistía al señalar que la democracia es "más completa" si se incorpora a los actores que "tuvieron que salir" en 2017, en referencia al expresidente Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas que huyeron de la justicia española.
En su primera rueda de prensa después de ser designada este fin de semana, Peña ha señalado que después de la Convención Política celebrada el fin de semana en A Coruña, el PSOE defiende "sin complejos" la amnistía.
En la misma línea ha señalado que siempre hay una oportunidad para volver a empezar -"aunque parece romántico, no lo es, es real"- porque a su juicio significa mejorar la vida de muchos catalanes y reducir la tensión en la relación de esta comunidad con el resto de España.
Respecto a las enmiendas a la Ley de Amnistía que se debaten este martes en el Congreso de los Diputados y la posibilidad de hacer alguna concesión a Junts respecto a la inclusión en la amnistía sobre el delito de terrorismo, la portavoz socialista ha señalado que ellos defenderán sus enmiendas "técnicas". Sin embargo, ha señalado que está en manos de otros grupos "la labor de seducir para convencer".
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se ha pronunciado sobre las críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ve "desafortunadas" y las considera un "ataque". "Entre los poderes del Estado hay que ser muy respetuoso porque detrás de todo eso está la situación del país", ha demandado, al tiempo que ha pedido rebajar la "confrontación", que no es buena para España en términos generales, ha apostillado.
Para Ascensión Martín, portavoz de la asociación, los ciudadanos tienen el derecho a criticar, a ejercer la libertad de expresión sobre resoluciones judiciales. "El problema es cuando esos ataques o esas críticas vienen desde otro poder del Estado, en este caso un miembro del Ejecutivo. Me parece que son desafortunadas", ha contrapuesto en declaraciones este lunes a RNE, recogidas por Europa Press.
De esta forma ha reaccionado a las palabras de Ribera, que el pasado viernes reprochó al juez que instruye 'Tsunami Democràtic' --causa en la que está investigado por presunto terrorismo a Carles Puigdemont-- su "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" como el actual, cuando se está tramitando la ley de amnistía, con el expresidente catalán como uno de los beneficiados.
En cualquier caso, desde JJpD han señalado que si se acude a las hemerotecas se puede comprobar que desde todos los ámbitos políticos se critica al ponente o a la persona que haya asumido la instrucción de un caso cuando no gusta una resolución judicial.
Martín se ha declarado asombrada de que "se judicialice la vida política", es decir, que se cargue a los órganos judiciales responsabilidades que pudieran tener respuesta en el ámbito político. "Estamos en un Estado de Derecho, todas las actuaciones de cualquier juez o jueza de España tienen su causa legal a través de los recursos, que es lo que se puede utilizar", ha recordado, para llamar a la tranquilidad y la prudencia.