La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha hecho este lunes un nuevo llamamiento a "quienes tienen en su mano" la "responsabilidad" de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúen "sin más demora", toda vez que entiende que "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa desde diciembre de 2018 es "enorme".
Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".
Apunta, además, que la falta de renovación genera una "seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados" y un "esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven".
El acuerdo tiene lugar a raíz de una petición de 33 magistrados del Supremo, que han elevado el asunto a la Sala de Gobierno al considerar que el alto tribunal "no puede ser ignorado desde los otros poderes del Estado ni ser objeto de descalificaciones genéricas, procedentes de la clase política".
El PSOE y el PP han reconocido este lunes contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años y medio caducado, unas conversaciones que podrían materializarse en "los próximos días" después de que encallaran por enésima vez en octubre de 2022.
De hecho, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha admitido que espera un acuerdo "más pronto que tarde" con el PP sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Hay optimismo para que dentro de unos días esto sea una realidad", ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva socialista.
El pasado 12 de junio, Sánchez dio un ultimátum al PP al fijar este mes como fecha límite para alcanzar un acuerdo en el CGPJ. Entonces advirtió al primer partido de la oposición que si no se avenía a pactar, llevaría a cabo una reforma del Consejo para quitarle la facultad de nombrar jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia.
Sin embargo, los contactos se han intensificado en los últimos días y ahora ambas formaciones se ven más cerca de poner fin a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace más de cinco años.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este lunes que las empresas del Ibex deben aplicar antes que el resto la Ley de Paridad, tal como establece la norma que está en tramitación parlamentaria, pues considera que estas tienen que "dar ejemplo" a las pequeñas y medianas empresas.
En concreto, la Ley Orgánica paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres establece que la norma deberá aplicarse a las compañías del Ibex antes del 30 de junio de 2025, mientras que el resto de empresas cotizadas lo tendrán que hacer en 2026 y, en cambio, sindicatos y asociaciones empresariales tienen margen hasta 2028.
"Tienen que dar el ejemplo, ser el ejemplo para las empresas más pequeñas y medianas para que sigan también avanzando, que sigamos entre todos consiguiendo una paridad efectiva", ha dicho Cuerpo sobre el tema a su salida de la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde ha informado este lunes sobre el avance de los fondos europeos.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha hecho este lunes un nuevo llamamiento a "quienes tienen en su mano" la "responsabilidad" de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúen "sin más demora", toda vez que entiende que "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa desde diciembre de 2018 es "enorme".
Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".
Apunta, además, que la falta de renovación genera una "seria alteración del normal funcionamiento del Tribunal Supremo y de los demás órganos judiciales afectados" y un "esfuerzo añadido que exige a los magistrados que los sirven".
El acuerdo tiene lugar a raíz de una petición de 33 magistrados del Supremo, que han elevado el asunto a la Sala de Gobierno al considerar que el alto tribunal "no puede ser ignorado desde los otros poderes del Estado ni ser objeto de descalificaciones genéricas, procedentes de la clase política".
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 3 años y medio de prisión impuesta por un juzgado de lo penal de Gijón, ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a seis personas por un delito continuado de coacciones graves y de un delito contra la administración de justicia por actos de hostigamiento al propietario de un comercio, que provocaron su cierre. Se trata de las conocidas como Las 6 de La Suiza, seis sindicalistas de la CNT que protestaron por el acoso que sufrió una trabajadora de esa pastelería.
Según fuentes del TSJA, la Sala considera acreditado que las seis recurrentes vinculadas al sindicato CNT participaron en una campaña de hostigamiento y de coacciones a un empresario hostelero que había sido jefe de una de las condenadas. Los hechos se remontan a junio de 2016 cuando la pareja sentimental de esta recurrente se presentó en el lugar de trabajo de su mujer y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según los hechos ahora confirmados, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia. Entre otros actos, la sentencia confirmada detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las recurrentes, según el relato de hechos, incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta. Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio. El cierre, según la sentencia, fue la consecuencia directa de la presión, constante y reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones de los acusados.
El TS señala que de los hechos probados se desprende "una actuación concertada de los recurrentes para presionar al empresario del local para conseguir sus fines, entre ellos la retirada de una denuncia interpuesta por el empresario contra la pareja de una trabajadora".
El partido alemán de extrema derecha AfD constituirá la próxima semana en el Europarlamento el grupo Los Soberanistas, según el diario Der Spiegel. Ahí se integrará la formación de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), con tres eurodiputados. Otros partidos con los que coexistirá, además del propio AfD, serán el francés Reconquête!, el griego Niki y el polaco Konfederacja.
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La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha afirmado que no confía en que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que, en caso de naufragar de nuevo la negociación entre populares y el PSOE, reclama que se acometa una reforma del sistema de elección para rebajar las mayorías ante situaciones excepcionales de bloqueo.
En rueda de prensa en el Espacio Rastro de Madrid, Hernández ha expresado sus recelos sobre la voluntad del PP de remodelar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que llevan cinco años con mandato caducado, y que la postura de Sumar es clara de persistir la situación, al apuntar que habrá que cambiar la ley.
Cuestionada sobre si comparten la postura del PSOE, que ha admitido contactos recientes con los populares y esperan llegar a un acuerdo en próximos días, Hernández ha respondido que no le consta información sobre avances y que ahora toca ser prudentes.
Y respecto a si Sumar podría desmarcarse de un acuerdo entre PSOE y PP que no satisfaga al socio minoritario de la coalición, ha señalado que no entra en futuribles ni "van a ponerse la tirita antes de la herida". "Insisto, hay que modificar esa ley de mayorías y me remito simplemente a esto que acabo de apuntar", ha desgranado la secretaria de Organización.
En el seno de la formación insisten en su escepticismo respecto a que el PP acceda a renovar el órgano de gobierno de los jueces y que hace una semana el mensaje del Ejecutivo era que había que acometer reformas.
El juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Koldo, ha rechazado transferirle el caso a la Fiscalía Europea, que había reclamado la investigación completa señalando que los delitos que se investigan "afectarían directamente a los intereses financieros de la Unión Europea" y que debe quedarse con la totalidad de las pesquisas porque "la investigación conjunta es la solución más adecuada".
El juez ha declarado "no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa (Diligencias Previas 65/2023)" que tramita el Juzgado Central de Instrucción nº 2, "en favor de la Fiscalía Europea", según ha indicado en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Moreno ha acordado plantear una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El alto tribunal tendrá que dirimir qué órgano es el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los contratos adjudicados por los Servicios de salud Balear y canario que investiga la Fiscalía Europea, manteniendo esta su competencia en los hechos relativos a la comisión de un posible delito contra los intereses financieros en la Unión Europea.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha emplazado este lunes al Gobierno a poner fecha con urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que pretende celebrar en julio y concretar "la agenda" y el "orden del día" de los asuntos que se tratarán en esa reunión. Dicho esto, y después de que Moncloa sostenga que los 'populares' no tienen una posición "única" ni "clara" en financiación, ha rebatido esas declaraciones asegurado que la postura del PP es "unívoca".
"Le puedo asegurar que la posición del PP de norte a sur y de este a oeste es unívoca y refleja una postura común, que pasa por garantizar la igualdad de todos los españoles, que el sistema de financiación responda a criterios de equidad y que el sistema de financiación se debata y se apruebe de manera multilateral", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras las la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.
El dirigente del PP ha recalcado que lo que no saben es "cuál es la posición del Gobierno", algo que ha achacado a que Pedro Sánchez "tiene un problema" con su propio Gobierno y con los socios que le sustentan.
"Y el Gobierno no nos cuenta cuál es el modelo que ofrece al conjunto de los españoles. Hasta ahí podíamos llegar que la culpa y que la responsabilidad fuera del PP cuando ni tan siquiera el Gobierno y sus socios tienen una posición inequívoca, sobre la que poder posicionarnos los demás", ha exclamado Sémper, al ser preguntado por las declaraciones de la ministra portavoz, Pilar Alegría, acusando a las comunidades de no tener una única posición en financiación.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García, ha respondido a la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, que los viajes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se planifican con "muchísimas semanas de antelación" y de forma "ajena a las agendas que otras personas puedan tener".
Lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press tras firmar el convenio de financiación de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Alegría calificaba este lunes como "curioso" el viaje oficial de Ayuso el mismo día que su pareja, Alberto González Amador, estaba citado a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla por presuntos delitos fiscales.
García Martín ha descrito como "absoluto desconocimiento" que Alegría apunte a esta coincidencia y ha añadido que, además, la declaración de González Amador ya había sido pospuesta una primera vez y este lunes lo ha vuelto a ser de nuevo.
"Nada tiene que ver la agenda de la presidenta con las agendas que puedan tener los juzgados en nuestra región", ha espetado el portavoz del Gobierno de Ayuso para a continuación cargar contra el Ejecutivo central por "volver a utilizar los medios del Estado para atacar a una presidenta autonómica", al haber señalado esto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La defensa de dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' han pedido al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional que no se aplique la Ley de Amnistía a los investigados porque hacerlo implicaría romper "el principio constitucional de igualdad".
En dos escritos remitidos a sendos tribunales, y a los que ha tenido acceso Europa Press, el despacho Fuster-Fabra Abogados asegura que la ley "no cuenta con base constitucional expresa, lesiona gravemente el principio de igual sujeción de todos ante la ley, es ambigua y arbitraria". "Todo muy lejos de los objetivos de pacificación de los que alardean en el propio preámbulo de la ley", critican.
Cabe destacar que en la Audiencia Nacional el juez Manuel García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019. El alto tribunal, por su parte, abrió de forma paralela causa penal al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por un presunto delito de terrorismo al estar ambos aforados.
Para la defensa de los agentes, además del "gravísimo vicio jurídico de vulneración del principio de igualdad, se pueden añadir otros que refuerzan su inconstitucionalidad, como el principio de seguridad jurídica", así como "el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".