El presidente del TC aplaude la renovación del CGPJ y da la bienvenida al nuevo magistrado acordado por PSOE y PP

Dos de las mayores e influyentes agrupaciones de trabajadores de Bolivia han reclamado este jueves una amplia investigación sobre el intento de golpe de Estado en la víspera, así como una reestructuración de las Fuerzas Armadas, según informa Europa Press.

El mayor sindicato del país, la Central Obrera Boliviana (COB), ha señalado la necesidad de una reforma de las Fuerzas Armadas ya que es difícil que lo ocurrido el día anterior frente a la sede del Gobierno en La Paz haya sido responsabilidad única del general Juan José Zúñiga y del vicealmirante Juan Arnez Salvador.

"Reitero, un análisis profundo porque, como piden los compañeros, tiene que haber una reestructuración al interior de las Fuerzas Armadas", ha hecho suyas las demandas el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien ha insistido en llevar a cabo una investigación para hallar a todos los responsables.

"Hay que esperar seguramente las investigaciones (...) Nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que se restablezca la paz, la tranquilidad en las familias bolivianas", ha dicho Huarachi, quien ha rechazado las teorías de que el presidente Luis Arce hubiera orquestado un "autogolpe".

La ministra de Asuntos Sociales con el Gobierno de Felipe González y también exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Cristina Alberdi, ha muerto este jueves a los 78 años, según ha confirmado el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

En 1993 fue nombrada ministra de Asuntos Sociales y militante socialista de 1995 a 2003, año en el que decidió dejar la formación entregando una carta al entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que expresaba su "discrepancia radical" con la postura del partido los últimos meses. En especial, tras el pacto de Gobierno en Cataluña, que calificó como una "estafa política".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo boliviano, Luis Arce, en la que le ha trasladado el apoyo y la solidaridad del Ejecutivo a su gestión y al pueblo de Bolivia por mantener un "comportamiento ejemplar" en defensa del orden constitucional.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Sánchez ha recalcado que "en un Estado de derecho no caben acciones contra el Gobierno democráticamente elegido".

Precisamente este jueves han sido detenidos al menos diez militares por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado en Bolivia que, de ser hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de entre 15 y 30 años de cárcel.

Por su parte, el ministro de Defensa ha asegurado que el Gobierno tiene "el control y absoluto de las Fuerzas Armadas" después de que el miércoles el general Juan José Zúñiga y sus hombres tomaran la plaza Murillo y el Palacio Quemado, antigua casa de Gobierno, y anunciaran su intención de nombrar un nuevo gabinete. Sin embargo, horas más tarde, el comandante fue destituido y las tropas regresaron a los cuarteles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibiera el pasado viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, una decisión que, según ha dicho, adoptó en el marco de sus competencias. Dicho esto, ha pedido "bajar el suflé" y restablecer de forma "inmediata" las relaciones con Argentina.

"La señora Ayuso en el ejercicio de sus competencias ha recibido al señor Milei. Si yo soy presidente de la Xunta en Galicia y el señor Milei me pide que le reciba porque viene a Santiago de Compostela, yo también le recibiría", ha declarado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha admitido que le parece "sorprendente toda esta polémica" porque el canciller alemán, Olaf Scholz, que "no es una persona sospechosa de ultraderecha", recibió también al presidente de Argentina. "Lamentablemente en este país estamos perdiendo un poco el sentido institucional", ha afirmado, para recalcar que España "no es una democracia populista" sino "una democracia occidental".

Por eso, ha pedido "bajar el suflé" y "restablecer relaciones con la República Argentina", máxime cuando, según ha dicho, estos años ha visto a gobernantes "de dudosa honestidad" que fueron "puestos siempre como ejemplo por parte del Gobierno socialista". "De momento, el señor Milei, que yo sepa, no tiene ningún problema con la justicia, eso para mí es muy importante", ha aseverado.

Los líderes de la Unión Europea han firmado este jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el acuerdo de seguridad con el que se comprometen a ayudar militarmente a Kiev frente a la invasión rusa, marcando una senda anual de 5.000 millones de euros al año en ayuda militar hasta 2027.

En el marco de la cumbre de líderes europeos, la UE ha suscrito un acuerdo de seguridad con Kiev que deja por escrito la voluntad de apoyar a Ucrania a largo plazo, siguiendo el ejemplo del G-7 y de países europeos como España.

En cuanto a apoyo militar, la UE recalca que el fondo de asistencia a Ucrania, el apartado específico en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz, seguirá siendo la base para el suministro de material militar a Kiev, un instrumento que precisamente Hungría lleva bloqueando desde hace más de un año, complicando que los Estados miembros reciban financiación del armamento que suministra a Ucrania.

El Ministerio de Igualdad ha convocado la próxima semana un Comité de Crisis para evaluar los asesinatos machistas ocurridos en el pasado mes de abril, con siete víctimas de violencia de género (cuatro mujeres y tres menores). Según han asegurado fuentes ministeriales a Europa Press, este encuentro tendrá lugar el martes 2 de julio.

"La semana que viene vamos a celebrar un comité de crisis ante la confirmación del asesinato de dos mujeres en abril, mes en el que el número de víctimas ascendió a siete, cuatro mujeres y tres menores", ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, en la Comisión de Igualdad, que ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

En lo que va de año, un total de 60 mujeres han sido asesinadas por violencia de género y 1.260 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. En el caso de los menores, este 2024 han sido siete los asesinados y 60 desde 2013.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido en que en "ningún momento" en sus declaraciones de este miércoles sobre la razón por la que no se coloca la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la celebración del Orgullo realizó "ninguna comparación del colectivo con ninguna enfermedad", algo que ha manifestado que estaba "lejos" de su intención, y ha enmarcado la polémica en "una malinterpretación" de sus palabras.

"En ningún caso, en ningún momento y en ninguno de mis escenarios mentales quise comparar en absoluto el colectivo LGTBI con ninguna enfermedad. Me limité a hacer una relación de días internacionales que se celebran con la colocación de pancartas en el Ayuntamiento de València tradicionalmente y que ahora se celebran con la ubicación de unos mupis electrónicos en los laterales", ha explicado, en declaraciones a los medios este jueves. Además, ha subrayado que durante esta semana el edificio consistorial se ilumina también con los colores de la banera arcoíris.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al eurodiputado electo Luis 'Alvise' Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), a pagar 7.000 euros de indemnización a la periodista Ana Pastor por publicar en sus redes sociales dos fotos de ella sin interés informativo.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados consideran que Alvise cometió sendas intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen de la periodista y le obligan a retirar esas fotografías de sus cuentas en X (antes Twitter).

La Sala de lo Civil del TS estima parcialmente el recurso del eurodiputado electo contra la condena a pagar 10.000 euros de indemnización que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid, cantidad que ahora rebaja el alto tribunal.

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han testificado ante el magistrado que instruye la querella de Alberto González Amador contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ambos han declarado este jueves en calidad de investigados en la causa que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el magistrado Francisco Goyena en relación a la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal sobre el caso de un presunto fraude fiscal.

En primer lugar ha declarado Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, que ha respondido a las preguntas formaladas por las partes durante una hora y diez minutos. Tras un receso de diez minutos ha comparecido durante algo más de una hora María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no se va a modificar "ni una coma" de la ley que han registrado el Grupo Popular y el Grupo Socialista para proceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo al PSOE de que si quiere enmendarla, ni se aprobará esa norma ni habrá renovación. Dicho esto, ha subrayado que el PSOE ha aceptado "por primera vez" en una norma con "rango legal" que "los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares en el Consejo".

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acerca de que no es vinculante el acuerdo con el PP para cambiar el sistema de elección de los jueces.

El líder del PP ha señalado que el texto registrado en el Congreso "es claro" porque el Consejo tiene "el compromiso" y "mandato" de hacer una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces "puedan participar de forma directa en la elección de sus pares en el Consejo General del Poder Judicial".

"Esto es lo que dice la ley. Por tanto, si el Poder Legislativo solicita al ámbito judicial que haga una cosa, lo que no tiene mucho sentido, es pedirle que la haga para no tenerla en cuenta o para simplemente echarla atrás", ha afirmado, para admitir que "por supuesto se puede aceptar en su totalidad" o "parcialmente".

En este punto, ha insistido en que "lo que está claro es que el CGPJ tiene que hacer esa propuesta de reforma". "Y por primera vez, el PSOE, en un texto con rango legal, acepta que los jueces participen de forma directa en la elección de sus pares en el CGPJ", ha resaltado.

El Gobierno ha derogado este jueves vía Real Decreto-ley el artículo que reforzaba la suspensión de los procedimientos cuando los jueces planteaban cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que, según Junts, dificultaba o retrasaba la aplicación de la ley que amnistía una década del procés.

El artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, impulsado por el Ejecutivo el pasado diciembre, fijaba que cuando un juez plantease una cuestión prejudicial se acordaría "la suspensión de las actuaciones" hasta que la Justicia comunitaria resolviese o hasta que se retirase la cuestión planteada.

Esto implicaba, por ejemplo, que en el caso de que los jueces advirtiesen de una posible colisión de la ley de amnistía con las normas comunitarias podrían dirigirse al TJUE para resolver sus dudas y, hasta entonces, los casos en los que planteasen la cuestión prejudicial quedarían congelados, lo que supondría dilatar la aplicación de la nueva ley a dichos casos.

En enero Junts pidió que se derogara dicho artículo. Este jueves, ha quedado derogado por el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su redacción, se explica que la disposición derogatoria única suprime el artículo 43 bis "de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del TJUE, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que "no se podría entender" un voto contrario del Partido Popular a la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. "Otros partidos políticos tienen posiciones sobre la inmigración, que ustedes conocen, pero aquí lo importante es saber qué va a hacer el Partido Popular y si va a ser coherente con el Gobierno de Canarias que ha pedido esto", ha subrayado este jueves Montero en los pasillos del Congreso.

En este contexto, la ministra ha destacado que el PP es el que "tiene una responsabilidad superior". "El PP gobierna en Canarias, conoce, sabe y comparte que la situación que se produce en este momento lo desborda y la que se puede producir durante el verano, la previsión, todavía más", ha advertido.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este miércoles que el Gobierno llevará la propuesta de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados a la siguiente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, con las comunidades autónomas.

Esta reunión tendrá lugar, según dijo, "en las próximas semanas", en Canarias y, después de la misma, volverán a tener la palabra los grupos políticos con las aportaciones definitivas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves renovar con el PSOE más órganos del Estado pendientes, citando el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), si bien ha expresado su rechazo a "blanquear ilegalidades" en RTVE, donde a su entender, lo que ocurre es "ilegal".

"Entendemos que lo que está ocurriendo en Televisión Española es ilegal, además de amoral, porque se han roto todas las reglas en el ente público RTVE. Y de hecho, en mi opinión, la está presidiendo una persona de forma ilegal. Por tanto, nosotros no vamos a blanquear ilegalidades", ha manifestado Feijóo en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Poco después, en la misma cadena, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recriminado a Feijóo que diga que el nombramiento de la presidenta actual del ente, Concepción Cascajosa, era "ilegal" y ha aludido a una sentencia para rebatir esas declaraciones.

"Le tengo que decir que hay una sentencia clarísima de hace dos semanas del Tribunal Supremo que dice que el nombramiento y las funciones y las competencias que tiene la presidenta interina de Televisión Española son conforme a derecho. Aquí no hay debate. El Supremo ha hablado", ha manifestado.

La presidenta interina de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, ha rechazado este jueves la decisión rusa de prohibir el acceso y transmisión en Internet a 81 medios de la Unión Europea en su territorio, entre ellos RTVE, ha refutado "categóricamente" las acusaciones a las que han sido sometidos estos medios y ha expresado su "compromiso por el mantenimiento del trabajo de la corresponsalía en Moscú y el bienestar de su personal".

En su comparecencia periódica para la contestación de preguntas ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, Concepción Cascajosa ha explicado que esta tarde hará una declaración en relación con la prohibición, que trasladará a los grupos.

También ha expresado la solidaridad de la Corporación con el resto de medios europeos afectados por esta prohibición y ha reivindicado el trabajo de Radio Exterior de España y la onda corta, particularmente la emisión en lengua rusa de REE en la zona en conflicto, que garantiza el derecho a la información de esa población.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el pacto con el PP para renovar el CGPJ es vinculante, pero solo en los términos que aparecen en el texto y acusa al PP de intentar trasladar "algo que no viene en el acuerdo".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Dirección General de Tributos, en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, donde ha explicado PP y PSOE fijaron un plazo de seis meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta para la designación de vocales del propio órgano de gobierno de los jueces.

"Esperamos esa propuesta para valorarla, eso es lo que está escrito y lo que es vinculante para ambas formaciones políticas", ha remarcado Montero que considera que desde el PP se está trasladando "algo que no viene en el acuerdo", después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que el acuerdo es "muy claro" y advirtiese al Gobierno de que la ley "o se vota en su totalidad o no se hará".

En la misma línea, la también número dos del PSOE pide no confundir y ha insistido en los términos en los que está redactado el acuerdo es a lo que se ha comprometido el Ejecutivo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por un voto el proyecto de Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, más conocida como Ley de Paridad, que permitirá que las mujeres superen el 60% de representación y lleguen hasta un 100% en el sector público y privado, gracias a un acuerdo entre PSOE y Podemos. El texto será remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

Así, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos PP y Vox, que han votado en contra. En concreto, se han emitido 348 votos, 177 a favor y 171 en contra. Necesitaba un total de 176.

En el debate previo a la votación, el Grupo Parlamentario Popular ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de "borrar" el "propio espíritu" de la Ley de Paridad por los votos de Podemos y el PSOE ha lamentado la actitud de los 'populares'. Así, el diputado Jaime de los Santos, del Grupo Parlamentario Popular, se ha referido a la enmienda transaccional pactada entre PSOE y Podemos por la que las mujeres podrán superar el 60% de representación.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha encargado de "borrar" el "propio espíritu" de la ley, "haciendo saltar por los aires el artículo 5 al vender la paridad real por un puñado de votos, exactamente cuatro, los de Podemos, que han decidido que sólo se respete el límite de género infrarrepresentado o sea ese 40% cuando estemos hablando de mujeres", ha denunciado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este jueves que el Ministerio que dirige está estudiando desde el punto de vista jurídico si se pueden emprender "acciones penales" contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por su rechazo a poner la bandera LGTBI en el balcón del consistorio por la celebración del Orgullo.

Catalá justificó su decisión en que "el Ayuntamiento de Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo; no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer".

La ministra ha dicho que se debe estudiar la posibilidad de emprender acciones penales porque son "declaraciones que nos interpelan a todos y nos sorprenden de esa manera tan terrible y desagradable, yo creo que hay algo más", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Lo ha dicho al preguntársele si cree que la decisión de Catalá y las declaraciones del diputado de Vox en Extremadura Javier Bravo contra la implantación del número de teléfono 028 para informar de los derechos de las personas LGTBI, pueden suponer un delito.

El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios han evitado este jueves la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, en el Pleno del Congreso, una censura que había planteado Vox y que apoyó el PP por lo que consideran "intolerable" conducta al frente del ministerio público.

Este asunto se incluía en una moción de Vox que el Pleno de la Cámara baja ha votado separadamente cada uno de sus siete puntos, y todos han sido rechazados por los partidos del Gobierno y sus aliados de investidura, tanto independentistas (ERC, Junts, Bildu) como nacionalistas (PNV, BNG y CC).

En concreto, el Congreso ha rechazado instar al Gobierno a cesar en su permanente ataque a la independencia del poder judicial y el sometimiento político de las instituciones e impulsar las reformas necesarias para garantizar la despolitización de la justicia y la neutralidad de las instituciones.

Vox no cierra la puerta a romper con el PP en las autonomías en las que cogobiernan si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados, una cuestión que los de Santiago Abascal describen como "crítica".

Así lo han avisado fuentes de la dirección del partido, que han recalcado que "valoran" todas las opciones en caso de que las comunidades autónomas en las que comparten ejecutivos con los 'populares' acepten esta distribución.

Las mismas fuentes señalan que "probablemente" se trata del asunto más "crítico" que han atravesado los gobiernos de coalición desde su conformación y recuerdan la brecha que la acogida de 13 menores abrió en el Ejecutivo de Aragón. De hecho, los de Santiago Abascal pidieron al PP una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que sirvió para que ambos asumieran sus discrepancias en materia de migración.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ya hizo el miércoles alusión a la posibilidad de convocar reuniones de las comisiones de seguimiento de los pactos de gobierno si el reparto de menores recibe luz verde.