El general jefe de la UME, Javier Marcos, al mando del despliegue militar ante la emergencia por la dana en Valencia pide "paciencia" ante una situación caótica con una "terrible destrucción de infraestruturas" que complica el trabajo de los 7.800 militares sobre el terreno que "hacen todo lo que pueden y están doblando turnos".
En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa junto la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, el general jefe de la UME ha informado de la respuesta militar a la emergencia tras la séptima reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana, presidida por el rey en el cuartel general de la UME, situado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
"Hemos estado y seguimos estando" en cada municipio afectado, ha asegurado el militar, al tiempo que ha garantizado que las Fuerzas Armadas no se dejan "una casa atrás" y se "están dejando la piel en cada momento".
El mando militar ha dejado claro que alertó a mil militares cuando se conoció la alerta del temporal y que esa misma noche comenzaron a desplegarse por los pueblos más afectados.
"Es cierto que no intervenimos rápidamente", ha admitido, antes de subrayar que la meteorología impidió esa actuación inmediata y que es importante el orden y la disciplina. "No podemos añadir caos a lo que es una situación caótica", ha advertido.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado este lunes al Gobierno un primer paquete de ayudas de 31.402 millones de euros para aplicar 136 medidas de un plan de recuperación destinado a reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana en la provincia de Valencia.
Así lo ha señalado en una comparecencia institucional en el Palau de la Generalitat tras la reunión extraordinaria del pleno del Consell que se ha celebrado este lunes por la tarde, después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reclamado la declaración de emergencia nacional, cuestión a la que no se ha referido.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley de medidas urgentes para que los afectados por la dana reciban ayuda inmediata.
En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con los grupos parlamentarios para informarles de las actuaciones que va a adoptar el Gobierno por la dana, ha asegurado que todos ellos –a excepción de Vox, que no ha acudido a la cita– han mostrado su predisposición a aprobar este decreto cuando se convalide.
Ha asegurado que el Ejecutivo quiere trabajar "de la mano" con las fuerzas políticas, que hoy han estado a la altura de las circunstancias y que han mostrado –ha dicho– un tono constructivo y "buena disposición" para colaborar conjuntamente.
Bolaños ha insistido en su comparecencia en que ahora "es el momento para la unidad" y de que todas las administraciones trabajen unidas y dejen los debates "estériles" porque la ciudadanía así lo reclama.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes, con el apoyo de todos los grupos menos PP y Vox, el informe de la ponencia sobre el proyecto de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, que incluye una enmienda para eliminar los visados dorados o golden visa.
La Comisión ha dado luz verde, con 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, al texto del proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
En relación a esta ley, se impulsaron inicialmente 1.100 enmiendas y se ha alcanzado un acuerdo para presentar 106 enmiendas transaccionales.
Ahora, el texto continuará su trámite parlamentario y será debatido en el pleno del Congreso antes de pasar al Senado.
Durante el debate de la comisión, el diputado de Sumar Enrique Santiago ha destacado, por "importantísima", la derogación de la golden visa a propuesta su grupo y ha opinado que es "muy positivo" aprovechar este proyecto de ley para regular en la disposición final decimosexta la supresión de los artículos del 63 a 67 de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la derogación de la Ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática con la mayoría de PP y Vox y el rechazo del PRC y el PSOE, que han advertido de que "sin memoria no hay futuro", como también lo han hecho las asociaciones memorialistas de la región.
Con la presencia como público de integrantes esas asociaciones, que se han concentrado previamente frente a la Cámara regional, el PP y Vox han tachado en el pleno de "sectarista" la normativa que hoy deroga el Parlamento, porque insiste en que intentó dividir a las víctimas en "buenas y malas" para imponer un relato "único" de la Guerra Civil.
PRC y PSOE, que sacaron adelante esa ley en 2021, han denunciado que con ella se deroga una norma que "reconoce los derechos de todas las víctimas", "cierra heridas" y acababa con una "mentira intencionada", que "instala en el olvido los crímenes del franquismo".
Y, en este debate, se ha colado la dana tras el reproche del portavoz socialista y secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, al PP por dar este paso "cuando todavía se localizan víctimas".
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado por finalizada la fase de alerta en Cataluña por la dana, al considerar que ya se ha superado "lo peor" de este episodio, si bien ha pedido que se mantenga la prudencia porque todavía se prevén lluvias intensas para el resto de la semana.
Así lo ha indicado Illa en una rueda de prensa tras presidir la séptima reunión del Comité de Seguimiento de la dana en Cataluña, después de que desde anoche se han registrado inundaciones en Tarragona y el litoral de Barcelona, lo que ha obligado a cerrar durante horas el servicio de Rodalies, a cortar carreteras y a cancelar unos 70 vuelos, si bien a partir de la tarde la situación se ha empezado a normalizar.
Illa ha subrayado que, según la previsión del Servicio Meteorológico, los episodios más intensos de la dana que ha azotado varios puntos de España desde el pasado martes ya han finalizado en Cataluña, por lo que "lo peor" ya se ha superado en esta comunidad.
Pese a que ya no hay una situación de alerta en Cataluña, Illa ha insistido en que se mantiene la prealerta, porque pese a que ya no prevén más avisos por acumulación de agua ni por tiempo violento, podría haber a lo largo del resto de la semana lluvias intensas, como las de un otoño lluvioso.
La Fundación Amancio Ortega ha anunciado este lunes que pone a disposición de los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la dana un fondo dotado con 100 millones de euros.
En un comunicado, la entidad que lleva el nombre del fundador del gigante textil gallego Inditex explica que los fondos son para el apoyo a la ciudadanía "en sus necesidades más inmediatas".
"La Fundación trabajará con las administraciones competentes para que la ayuda se canalice a los afectados de la forma más ágil, rápida y efectiva", concluye.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha convocado un pleno extraordinario del Consell para este lunes por la tarde. Según ha informado Presidencia, el jefe del Consell reunirá a su Ejecutivo a las 19.00 horas en el Palau de la Generalitat y luego ofrecerá una declaración institucional.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent, en funciones de guardia, ha abierto diligencias para investigar los incidentes ocurridos durante la visita de los reyes, Felipe VI y Letizia, a Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado ha recibido este lunes un atestado de la Guardia Civil relativo a los incidentes acaecidos este domingo en la citada localidad.
La comitiva de los reyes, en la que se encontraban también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, fue recibida en Paiporta con gritos de "fuera, fuera" y el lanzamiento de barro y lodo, y de algunos objetos, como palos.
Más de 2.600 edificios y más de 534 kilómetros cuadrados se han visto afectados hasta ahora por las inundaciones en Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, según las estimaciones del fabricante y operador de microsatélites ICEYE.
La constelación de satélites SAR (radar de apertura sintética) de ICEYE, monitoreó el impacto de las inundaciones en tiempo real durante los últimos días, capturando hasta 89 imágenes de las áreas afectadas, según un comunicado facilitado por la compañía.
En el análisis de los datos recogidos, sus especialistas pudieron constatar que este pasado domingo 3 de noviembre las inundaciones alcanzaron en algunos puntos una profundidad máxima de 441 centímetros (4,41 metros).
Las imágenes SAR son capaces de aportar información del planeta "en cualquier momento del día y en cualquier condición climatológica" empleando "gran cantidad de datos, algoritmos y aprendizaje automático de terceros" con un equipo de expertos en los campos de meteorología, hidrología y análisis geoespacial avanzado, de acuerdo con el comunicado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes un "escudo laboral" que tendrá efectos desde el 29 de octubre, el día que la dana devastó la provincia de Valencia, para que "no caiga ni una empresa, ni un trabajador".
Ese "escudo" incluye medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), sin periodo de carencia, que no consume desempleo y con obligación de las empresas de mantener el empleo, y restablecer el Plan Me Cuida que se aplicó en la pandemia para garantizar los derechos de conciliación en la Comunitat Valenciana.
En una declaración institucional tras reunirse junto al conseller de Empleo del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, con las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana, Díaz ha pedido a las empresas que mantengan el empleo, pues tienen los recusos para que no se despida a nadie y mecanismos para limitar los despidos.