Feijóo avanza que, si caen los decretos de Sánchez, el PP llevará al Congreso iniciativas para "salvar" algunas medidas

La viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Olha Stefanishyna, afirmó este martes que la “supervivencia” de su país depende de que la Unión Europea (UE) logre dar luz verde a un apoyo de 50.000 millones de euros para los próximos años procedente de la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027.

“Que se complete este apoyo financiero para los próximos cuatro años, es vital para nosotros, y básicamente no nos podemos imaginar la situación si la decisión no se toma el 1 de febrero”, indicó Stefanishyna.

La vice primera ministra ucraniana se pronunció así en una intervención por videoconferencia del foro Europa Global organizado en el Parlamento Europeo por el grupo de los liberales en esa cámara, Renovar Europa, según ha informado Efe.

Se refirió a la cumbre extraordinaria de la UE convocada en Bruselas el próximo 1 de febrero para llegar a un acuerdo sobre la revisión del presupuesto plurianual comunitario hasta 2027, después de que los líderes de la Unión no consiguieran en diciembre desbloquear el veto de Hungría a dedicar 50.000 millones de euros para Ucrania.

“Es literalmente una cuestión de supervivencia”, enfatizó.

Nicaragua cerró el 2023 con 119 personas consideradas "presas políticas" por los organismos humanitarios, entre ellos un periodista, dos obispos, tres seminaristas y 13 sacerdotes, según un informe divulgado este martes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Hay "119 personas presas políticas al 31 de diciembre de 2023" con el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, en el poder desde el 2007, indicó en un informe el Mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según recoge Efe.

Entre ellos están monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023.

También monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siuna, en el Caribe norte de Nicaragua, que fue detenido el 20 de diciembre pasado junto a los seminaristas Alester Sáenz Centeno y Tony Palacios, un día después de orar durante una homilía por el obispo Álvarez.

Además los sacerdotes Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua; Pablo Villafranca, canciller de la Curia Arzobispal de Managua; Héctor Treminio, tesorero de la Arquidiócesis de Managua; y Silvio Fonseca, vicario de Familia, Niñez y Juventud de la Arquidiócesis de Managua y director del Instituto Juan Pablo II.

Un tribunal iraní condenó a dos años y ocho meses de cárcel y 74 latigazos al cantante Mehdi Yarrahi por publicar una canción en la que llamaba a las mujeres a quitarse el velo y apoyaba las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, ha recogido Efe.

Yarrahi ha sido condenado "de acuerdo con la sentencia de la sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán”, según informó este martes Zahra Minuei, una de sus abogadas, en la red social X.

Minuei indicó que el cantante se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza de unos 275.000 euros (300.000 dólares) y podría cumplir al menos un año de prisión.

“Soy libre y esta es mi sangre. No dudes de mi camino, tu fe”, escribió Yarrahi en su cuenta de X poco después de que se conociese la sentencia. "Roosarito", que así se llama la canción ilegal del músico -detenido a finales de agosto- "desafía las costumbres y la moral de una sociedad islámica". En ella incita a las iraníes a quitarse el hiyab y muestra su apoyo a las protestas de 2022.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que los trabajadores puedan decidir su propia baja durante los tres primeros días de una enfermedad leve y ha destacado que se quiera promover la autobaja laboral mientras se desincentiva la automedicación.

En un almuerzo-coloquio en el Club siglo XXI, Garamendi ha señalado que la mayoría de trabajadores son responsables, pero no tienen conocimientos médicos, por lo que el derecho a la atención sanitaria debería ser "lo primero", según ha recogido Efe.

Se ha quejado de que el Ministerio de Sanidad "haya lanzado un titular" sin contar primero la medida ni a las comunidades ni a los agentes sociales y ha considerado que se podría pedir la colaboración de las mutuas y del sector de la sanidad privada en situaciones específicas, como ya se hizo durante la pandemia.

Garamendi ha hecho hincapié en que las empresas tienen derecho a llevar un control del absentismo y ha reclamado al Estado que corra con el gasto de las autobajas y que alivie de ese coste a las empresas.

Las empresas no están obligadas a asumir el pago de los primeros tres días de baja, aunque muchas lo contemplan en sus convenios. 

El Gobierno no ha dejado clara su posición respecto a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su marcha por el 'procès'. Una posición medida con el objetivo de "respetar" y no perjudicar la negociación que está en marcha con Junts para la convalidación de varios decretos leyes.

Así lo indican fuentes de Moncloa, que insisten en que están negociando, sentados a la mesa con el partido del expresidente Carles Puigdemont y lo seguirán haciendo "hasta el último minuto".

A pesar de que queda solo un día para que los decretos se voten en el pleno del Congreso de los Diputados, en el Gobierno son optimistas y confían en llegar a un acuerdo que salve la votación. Por el contrario, dan por perdido el posible apoyo del PP y consideran que el principal partido de la oposición ya ha fijado posición y votará 'no'.

Al ser cuestionada sobre la posición del Ejecutivo sobre sancionar a las empresas, la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, se ha limitado a repetir que el Gobierno "siempre" da la máxima seguridad jurídica a las empresas españolas.

A pesar de que ha sido preguntada en cuatro ocasiones sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha llevado a cabo este martes en La Moncloa, Alegría no ha llegado a aclarar si el Gobierno rechaza la iniciativa propuesta por Junts, cuyos votos son imprescindibles para alcanzar la mayoría necesaria.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que no funcionará el "pressing" a Junts que asegura que está haciendo el Govern para que apoye los decretos del Gobierno central que se votarán este miércoles en el Congreso.

"Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla", ha afirmado en un apunte en 'X' este martes recogido por Europa Press.

"La pelota no está en nuestro tejado. Y lo saben", ha subrayado el expresidente catalán, después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, haya defendido la necesidad de aprobar los reales decretos del Gobierno.

Eurodiputados españoles socialistas, de Izquierda Unida y del BNG han reclamado este martes a la Comisión Europea que se pronuncie sobre el vertido de pellets que afecta a las costas del norte de España y critican la gestión de la Xunta de Galicia, que tachan de "pasiva" y "negligente".

Los eurodiputados socialistas César Luena y Nicolás González han solicitado una reunión urgente con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para tratar sobre la contaminación por pellets plásticos, una petición a la que se ha sumado también la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que además ha solicitado un encuentro con la comisaria europea de Transporte, Adina Valean.

Además, en una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario "con carácter prioritario", González ha pedido que se "considere activar un protocolo europeo a la vista de que la contaminación por pellets plásticos afecta a varios Estados miembro" y que recuerda que la pérdida de seis contenedores cargados de pellets frente a Portugal "está contaminando las costas de Galicia y se ha extendido a las del norte de España y aparentemente de Francia".

Los socialistas han criticado que "ante este grave problema el Gobierno gallego ha mantenido una actitud pasiva, con graves carencias de información a las autoridades locales y total descoordinación".

En la misma línea, Ana Miranda ha lamentado en rueda de prensa la "falta de respuesta rápida" de la Xunta, que ha hecho que los ayuntamientos afectados se sientan "abandonados" y "desbordados", mientras la limpieza de playas corre a cargo de voluntarios que "carecen de medios" y utilizan "escurridores y coladores" frente a esta "catástrofe" medioambiental.

La eurodiputada gallega considera que la Comisión "tiene que mojarse" ante esta situación y debe instar a la Xunta a que haga "todo lo posible por la limpieza y el control de vertidos y a que active todos los mecanismos legales que exige la normativa europea tras el desastre del Prestige".

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvieron este martes que el Gobierno "da siempre la máxima seguridad jurídica a las empresas" ante las preguntas sobre la petición de Junts de multar a las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña durante el procés.

Esta es una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa Junts en la negociación para convalidar los tres reales decretos del Ejecutivo que se someterán este miércoles a votación en el Pleno del Congreso y que todavía no tienen los votos suficientes.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría y Cuerpo evitaron responder con un sí o no a la propuesta de Junts, pero remarcaron en varias ocasiones el mensaje de que el Ejecutivo garantiza la seguridad jurídica de las empresas.

Además, Cuerpo remarcó que la "estabilidad y la seguridad jurídica en el marco jurídico es fundamental". "Ahí es donde nos van a encontrar las empresas", añadió el nuevo titular de Economía, que compareció por primera vez tras el Consejo de Ministros.

Informa Antonio Ruiz Valdivia.

La Xunta de Galicia declarará este martes el nivel 2 de alerta por la marea de microplásticos para que "el Estado asuma la limpieza de los 'pellets"

Pellets de plásticos similares a los localizados en las playas de Galicia han sido encontrados este martes en los arenales de Santander, según han confirmado a EFE fuentes del consistorio, que va a mantener un encuentro con el Gobierno cántabro para analizar esa situación.

De hecho, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital cántabra, Margarita Rojo, acude a las 13.30 horas a la sede del Ejecutivo, donde se va a hablar de la llegada de los microplásticos a las playas de Cantabria.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ya ha mostrado en sus redes sociales, sobre las 13.00 horas, un vídeo con pellets de plástico en su mano, que asegura que han recogido en la playa de la Virgen del Mar de la capital.

Sumar ha decidido finalmente demandar a la Xunta de Galicia por considerar que no ha hecho lo que debía de hacer ante la catástrofe ambiental originada por el vertido de pellets en las costas gallegas.

Una demanda que ha anunciado la candidata de Sumar a la Xunta de Galicia y portavoz de la coalición en el Congreso, Marta Lois, en una rueda de prensa en la cámara, donde ha dicho que el presidente gallego, Alfonso Rueda, no ha actuado ni ha ejercido sus competencias para hacer frente a esta catástrofe.

El candidato del PSdeG-PSOE a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado a Alfonso Rueda de "mentir" a los gallegos y "ocultar" la crisis ambiental que está provocando la llegada de pellets de plástico a la costa.

En declaraciones a los periodistas en A Illa de Arousa (Pontevedra), en donde ha visitado la playa de O Carreirón, una de las zonas afectadas por la aparición de estos microplásticos, Gómez Besteiro ha señalado que "merecemos un gobierno que no nos mienta".

"Hace un mes el presidente convocó elecciones, se fue de vacaciones y ocultó lo que está sucediendo en nuestro litoral", ha señalado el líder socialista, que ha asegurado que durante todo ese tiempo Rueda "no se preocupó por la gente del mar".

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará la próxima semana un Pleno donde se espera que respalde la ponencia redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo que propone admitir a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la reciente reforma operada por el PP en el Senado para dilatar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Conforme al orden del día, el TC estudiará la propuesta presentada por el ex ministro de Justicia, que apuesta por admitir a trámite el recurso firmado por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de los artículos 133 y 182 del Reglamento del Senado que quedó aprobada el pasado noviembre a instancias del PP y con el respaldo de Vox y UPN.

El artículo 133 se modificó con el fin de atribuir a la Mesa de la Cámara Alta la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley procedente del Congreso de los Diputados, en un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este martes que la economía española creció "en el entorno del 2,4 %" en 2023, con lo que superó "ampliamente" a sus principales socios europeos.

En su primera intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha destacado el "excelente comportamiento" de la economía española en 2023, "incluso en un contexto de elevada incertidumbre internacional".

Esta primera estimación de crecimiento del 2,4 % se basa, ha explicado, en la buena evolución del mercado de trabajo -con mayor calidad y un crecimiento "específico" en sectores de alto valor añadido- y del sector exterior, con "robustez" de las exportaciones, así como al efecto del plan de recuperación.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado este martes que en este mes de enero trasladará al Consejo de Ministros la declaración de emergencia por acumulación de embarcaciones irregulares en diferentes puertos de Canarias.

Esto permitirá trasladar el encargo por emergencia para que la empresa Tragsa comience a realizar "de forma inmediata" la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos en todos los recintos portuarios de Canarias donde exista una acumulación sobrevenida de embarcaciones debido al repunte migratorio, según ha informado el citado Ministerio en nota de prensa.

Las labores se han centrado en este sentido, desde el mes de diciembre, en el puerto de La Restinga (El Hierro), ya que era el que sufría mayor colapso aunque también se han podido retirar embarcaciones en Arinaga (Gran Canaria), gracias a otros fondos disponibles.

El borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez propone eliminar la pena accesoria de inhabilitación, lo que supondría anular la pérdida del escaño, que después le retiró la expresidenta del Congreso Meritxell Batet.

El Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de 45 días por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Tras esta condena, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó a Rodríguez la pérdida de su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que este borrador será examinado por el pleno de la próxima semana, que ya había discutido previamente esta cuestión hace meses cuando la magistrada ponente María Luisa Segoviano pidió estimar el recurso atendiendo a la vulneración del principio de proporcionalidad.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este martes que "el chantaje no es el método del diálogo social" y le ha pedido al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que llegue a un acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha indicado Pérez Rey en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, poco antes de participar en el acto inaugural del curso de posgrado 'Derechos humanos laborales, empresas transnacionales y diligencia debida' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Pérez Rey ha defendido la subida del SMI como elemento "decisivo y relevante" en esta legislatura y que continuará por la senda de trabajo con empleo estable "estable, de calidad y que permita superar brechas históricas de España como la pobreza salarial, la brecha de género y la dificultad de inserción de los jóvenes"

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que la Comunidad de Madrid no se opone al uso de mascarillas pero ha reclamado "rigor científico" y que se establezca un procedimiento para que las comunidades autónomas adopten medidas concretas en caso de transmisiones víricas.

En una entrevista con Antena 3, Matute ha afirmado que Madrid cumplirá "con lo que diga el Gobierno", al tiempo que ha remarcado que no están en contra del uso de las mascarillas, sino que recriminan la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

El Ministerio de Sanidad ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios a partir de mañana, miércoles, para actuar de forma coordinada frente a los virus respiratorios, una decisión que rechazan la inmensa mayoría de comunidades salvo las cuatro que ya la han impuesto -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón- y dos que se sumaron este lunes, Asturias y Canarias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno de Asturias ha elevado al nivel dos de emergencia el Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental en el Principado (PLACAMPA) ante el aumento de la presencia de microplásticos en varias playas del litoral occidental, lo que le permitirá pedir ayuda al Estado para su retirada.

En concreto, el aumento del nivel de emergencia permite incorporar al dispositivo de limpieza y retirada, medios distintos a los municipales, incluyendo recursos estatales y su coordinación a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), donde están representadas las distintas administraciones implicadas.

El Principado confirmó ayer la llegada a la costa asturiana de microplásticos procedentes del buque Toconao, que el pasado 8 de noviembre perdió en aguas portuguesas hasta seis contenedores con millones de pellets, y que también ha afectado a numerosas playas gallegas