El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha revelado este jueves que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir sus pesquisas sobre Tsunami Democràtic contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont llevó a Junts a "revisar" lo que habían negociado ambos partidos sobre la ley de amnistía.
"Evidentemente, lo que ha sucedido durante la semana con las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont les ha invitado también, a Junts, a hacer una relectura y volver a revisar todo lo que teníamos hablado. Por eso también se demoran las negociaciones", ha dicho Cerdán en una rueda de prensa desde Bruselas.
Fue el pasado lunes cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigió las pesquisas contra Puigdemont e imputó a una decena de personas, entre ellas su 'mano derecha', Josep Lluis Alay, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En lo tocante al ex presidente catalán, le ofreció comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional porque, para imputarle formalmente, antes debe recabar el permiso de la Eurocámara -a la que pertenece- y del Tribunal Supremo -ante el que está aforado-.
Además, el magistrado consideró que los disturbios provocados por la plataforma independentista en el otoño de 2019, tras la sentencia del 'procés' encajan en delitos de terrorismo, una calificación con la que la Fiscalía no está de acuerdo, por lo que recurrirá para que los hechos se definan como desórdenes públicos y el caso se envíe a Cataluña.
El acuerdo alcanzado este jueves por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno incluye una ley de amnistía que, según ha asegurado Cerdán, ya está cerrada y, si no la hacen pública, es porque aún deben firmarla los partidos políticos que quieran apoyarla.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este jueves en sesión extraordinaria para aprobar una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en la que expresa su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos".
El órgano ejecutivo del CGPJ ha tachado de "inadmisibles", "tanto semántica como sustantivamente", las referencias "al lawfare -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura".
"Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", ha indicado.
La Comisión Permanente expone que "tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales", decisiones que defiende que "se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".
Por todo ello, considera que "la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".
"La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", advierte.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido a la protesta de este jueves frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz y ha llamado a mantener las movilizaciones "el tiempo que haga falta".
"Estoy aquí como un español más, para estar junto a mis compatriotas, para apoyarles, para respaldarles, para que sepan que no están solos, pero creo que no es el momento de ninguna manera de los partidos, es el momento del pueblo", ha subrayado Abascal en declaraciones a los medios en el marco de la concentración.
Para el presidente de Vox también es el momento "de las instituciones leales", "donde no hay una mayoría golpista", a las que ha pedido que sean las que "convoquen a los ciudadanos de manera sistemática y permanente". "Hasta que seamos capaces de detener el golpe", ha clamado.
"Sánchez y el PSOE tienen que oír la voz del pueblo español y tiene que resultarles imposible continuar adelante", ha señalado Abascal, quien ha lamento el "periodo negro" de la historia de España que se inicia con la ley de amnistía recogido en el acuerdo de PSOE y Junts alcanzado este jueves.
Varios miles de personas se concentran este jueves ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, custodiada por la Policía, en la séptima jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía.
La Policía ha dispuesto un importante cordón para proteger la sede socialista, ante la que los manifestantes, que portan banderas de España o la Unión Europea, corean cánticos como "Puigdemont, a prisión" o "Sánchez traidor". También se escuchan pitos, caceroladas y gritos contra la monarquía y también contra la prensa.
La manifestación es más numerosa que la de ayer miércoles, que reunió a 1.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, en una jornada que discurrió de forma pacífica sin que se registraran detenidos ni heridos.
Los manifestantes han comenzado sobre las 19.00 horas en una concentración que se desarrolla sin incidentes y a la que ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal.
A la concentración se han sumado las personas que a las 19.00 horas se han manifestado ante la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía que PSOE y Junts han pactado este jueves.
La concentración, con el lema 'Europa, detén la amnistía', ha sido convocada por la plataformas Libertad sin Ira, Pie en Pared, S'ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta con el fin de "internacionalizar la situación de España".
"España, una y no 51" o "el traidor, a prisión", han protagonizado los gritos, entre otras proclamas, en una protesta que ha contado con la participación de los 'populares' Cayetana Álvarez de Toledo y Alfonso Serrano, recibidos entre aplausos.
Decenas de personas se han concentrado este jueves frente a la sede del Parlamento Europeo de Madrid para protestar contra la ley de amnistía justo en la jornada en la que se ha culminado el acuerdo entre PSOE y Junts.
La concentración ha arrancado sobre las 19.00 horas con el lema 'Europa, detén la amnistía', convocada por la plataformas Libertad sin Ira, Pie en Pared, S'ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta, vinculada a Vox, con el fin de "internacionalizar la situación de España".
'SOS, Europe', 'Amnesty = impunity for terrorist' (Amnistía = impunidad para terroristas) o 'Stop this man' (Parad a este hombre), en referencia al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha podido leer entre los carteles de los asistentes a esta cita, la primera frente a la sede de una institución europea en el marco de los siete días de protestas.
"España, una y no 51" o "el traidor, a prisión", han protagonizado los gritos, entre otras proclamas, en una protesta que ha contado con la participación de los 'populares' Cayetana Álvarez de Toledo y Alfonso Serrano, que han sido recibidos entre aplausos.
Unas 150 personas se manifiestan este jueves en contra de la amnistía y del pacto entre PSOE y Junts para la investidura en la plaza Artós de Barcelona.
La concentración, anunciada por el colectivo 'Los de Artós', se ha iniciado sobre las 19 horas, y sobre las 19.30 se han desplazado guiados por la pancarta "España no se vende, se defiende" en dirección a la Delegación del Gobierno de Cataluña, donde está prevista una concentración a las 20 horas.
Los manifestantes han cortado a su paso la Via Augusta a gritos de "Puigdemont a prisión" y "No nos engañan, Cataluña es España".
El vicesecretario general del PSOE en Talavera, José Gutiérrez, ha informado de que el PSOE ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras los "actos vandálicos" ocurridos en su sede durante la noche del miércoles.
Así, Gutiérrez ha señalado que lo ocurrido "no fue ni una concentración ni fue pacífica; fue una manifestación ilegal al no estar autorizada por la Subdelegación del Gobierno de España y fue violenta porque hubo daños en la sede del PSOE, porque se incitó al odio" y porque se pudieron escuchar gritos de "el mejor socialista, el muerto", algo que "no vamos a consentir".
Igualmente, los socialistas han destacado que "no se puede decir que se quemaron contenedores, sólo faltaba, porque en dicha manifestación estaba el concejal de Talavera delegado de Medio Ambiente y tendría que haber repuesto los contenedores al día siguiente".
Así ha señalado que tres concejales del Ayuntamiento de Talavera participaron en esta "manifestación ilegal y violenta", tres concejales de Vox que forman parte del Gobierno de José Julián Gregorio y otros miembros afines a Vox que están como representantes de dicho partido en diversos consejos locales del Ayuntamiento, ha indicado. Es por ello que, en la denuncia presentada por los socialistas "hemos dado cuenta de lo ocurrido y hemos identificado a esas personas".
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "este ataque a las bases de nuestra democracia debe partir de más democracia" y por tanto debe "ser firme, pero serena".
En un mensaje en redes sociales, el líder de los conservadores apela "a la responsabilidad y a que cualquier movilización sea pacífica". "Nada ni nadie debe romper nuestra convivencia", ha agregado.
Varios centenares de personas se concentran este jueves ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, custodiada por la Policía, en una nueva jornada de protestas contra los pactos con los independentistas y la ley de amnistía.
Sobre las 19.00 horas ya han comenzado a llegar personas a la concentración después de que esta mañana se anunciara el acuerdo entre PSOE y Junts.
La Policía ha cortado las calles adyacentes y ha dispuesto un cordón para proteger la sede socialista, ante la que los manifestantes, que portan banderas de España o la Unión Europea, corean cánticos como "Puigdemont, a prisión".
Esta nueva concentración se desarrolla de forma paralela a la que se celebra ante la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía que PSOE y Junts han pactado este jueves.
El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado y condenado la agresión sufrida en la mañana de este jueves por el exalcalde de Sanlúcar de Barrameda y actual teniente de alcalde, Víctor Mora, "a manos de un individuo que ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial". En este sentido, ha afirmado que "ante actos intolerables son fruto del clima de crispación social que ha generado la derecha ultra".
Según ha explicado en una nota, la agresión se ha producido delante de un bar donde había numerosos testigos del empujón por la espalda que recibió el dirigente socialista haciéndole caer al suelo.
Ruiz Boix ha pedido "a todos los demócratas que condenen cualquier tipo de violencia o acoso" y ha hecho un "llamamiento a las fuerzas políticas para que se sumen a la condena de este tipo de conductas inaceptables que se sitúan fuera de la democracia.
"El PP sabrá si se deja arrastrar por los sectores más reaccionarios de la sociedad, el PP sabrá si se somete a esos marcos conceptuales que utiliza Ayuso sobre la dictadura que es el mismo lenguaje que usan los extremistas en sus proclamas callejeras", ha afirmado.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente han suscrito este jueves un comunicado conjunto en el que rechazan el acuerdo entre Junts y el PSOE debido a las referencias al "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias.
Las cinco asociaciones critican las "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación" con el objetivo de determinar "la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Los jueces y juezas creen que ello podría suponer, en la práctica, "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales" con una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiera de la separación de poderes".
Las citadas expresiones, señalan en el comunicado, "no son aceptables", en tanto que transmiten "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial", que es "independiente y no actúa sometido a presiones políticas".