El Gobierno ha hecho oficial este martes el nombramiento de José González-Trevijano como presidente del Tribunal Constitucional y el de Juan Antonio Xiol Ríos como vicepresidente del mismo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después del acuerdo parlamentario alcanzado para renovar a los cuatro miembros que tenían el mandato caducado.
Asimismo, el BOE publica composición de las salas y secciones que entra en vigor este miércoles. La sala primera, presidida por el presidente del TC, está integrada por José González-Trevijano Sánchez, , Santiago Martínez-Vares García, Alfredo Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas.
El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 6.777 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.747 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.987 registrados el lunes, lo que eleva a 5.103.315 la cifra total de personas contagiadas de covid-19 desde el inicio de la pandemia.
Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 139,1 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 132,19 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.
En cuanto a los fallecidos por covid-19, se han notificado 34 más, de los cuales 84 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 87.866 personas.
Actualmente, hay 3.004 pacientes ingresados por covid-19 en toda España y 547 en UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 481 ingresos y 342 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,42% y en las UCI en el 5,97%.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha comprometido, a medio plazo, a "dar la batalla" para "terminar con la prostitución" en España. Así lo ha puesto de manifiesto este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado.
"Quien les habla tiene la convicción íntima, verdadera, auténtica de que los días de prostitución en nuestro país están contados. El proyecto de libertad sexual ya va apuntando en esa línea", ha subrayado Llop.
Según ha puntualizado, "si algo sostiene la prostitución, si hay dos caras de la misma moneda que sustentan esa esclavitud son el proxenetismo y los clientes".
Por ello, se ha comprometido a erradicarla. "Les adelanto mi compromiso, que espero se pueda materializar a medio plazo, para dar la batalla contra quien haga falta para terminar con la prostitución en nuestro país", ha subrayado la ministra de Justicia.
El Tribunal Supremo ha confirmado la obligación de que haya un mínimo del 25% de enseñanza de castellano dentro del sistema educativo catalán al no admitir un recurso de casación de la Generalitat catalana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Así lo ha dado ha conocer el conseller catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, acompañado de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Gonzàlez-Cambray ha añadido que el TS sostiene que los centros no deben cambiar sus proyectos lingüísticos.
"Es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes", ha lamentado el conseller, que ha dicho que es una muestra más de la necesidad de una Cataluña independiente -en sus palabras-.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha afirmado sentirse "impresionado de la brutalidad y la desproporción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los antidisturbios" en la jornada de este martes, donde parte de la manifestación ha terminado con enfrentamientos. Por ello, ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco.
"Por segundo día se repite una actuación de represión absolutamente desproporcionada e intolerable. Lo que ha vivido hoy la ciudad y sus barrios no puede volver a repetirse", ha afirmado el alcalde a través de su cuenta oficial de Twitter recogida por Europa Press.
Además, ha enlazado un vídeo con declaraciones a la televisión municipal Onda Cádiz en la que afirma que "en Cádiz no se necesita tanqueta ni antidisturbios, sino planes de reindustrialización e inspectores de trabajo que hagan cumplir el convenio".
El Gobierno respira tranquilo este martes tras confirmarse el pacto con ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Es más, en Moncloa celebran que estas nuevas cuentas, que verán la luz "en tiempo y forma", garantizan que se va a poder agotar la legislatura, según explican fuentes gubernamentales.
Aunque el Ejecutivo defiende que el año que viene tratará igualmente de aprobar unos nuevos Presupuestos, admite que estas segundas cuentas públicas ya les garantizan poder seguir aplicando su plan de reformas hasta las próximas elecciones, previstas para final de 2023.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha defendido en este sentido que los Presupuestos para 2022 permiten implementar el "plan de desarrollo y de transformación de mejora del sector económico y productivo" ideado por el Gobierno, avanzar "en la generación de empleos de calidad" y mantener la protección social "para atender a los más vulnerables.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en que ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire la tanqueta desplegada por las Unidades de Intervención Policial (UIP) ante las protestas en Cádiz, dado que los trabajadores del sector del metal "no son delincuentes" sino que están "legítimamente defendiendo sus derechos".
Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, para explicar que ayer se puso en contacto con su compañero en el Gobierno al efecto de que fuera retirada este vehículo blindado del espacio en el que estaba ubicado.
Sobre todo porque los trabajadores de este sector en la Bahía de Cádiz "no son delincuentes" sino que están defendiendo sus derechos, utilizando la manifestación y la huelga que consagra la Constitución como prerrogativas fundamentales de los ciudadanos.
El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero El Albondiguilla, ha asegurado este martes que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio. En su declaración en el juicio, Panero ha detallado que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" -durante la presidencia de José María Aznar- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.
La manifestación en apoyo del sector del metal convocada para la mañana de este martes por los sindicatos en la capital gaditana ha concluido tras haber sido secundada por unas 5.000 personas, según los convocantes.
La concentración comenzó a las 11.00 horas en la plaza Asdrúbal para iniciar un recorrido que ha terminado, para una parte, en la sede de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) reclamando un acuerdo para un convenio colectivo "digno" en el que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
No obstante, más de un centenar de manifestantes, considerados más radicales, decidieron continuar por la avenida principal para intentar llegar al puente Carranza, lo que cual fue impedido por un cordón policial antes de llegar a la salida de la ciudad. Finalmente, hubo un enfrentamiento que terminó con disturbios y carreras, una persona detenida y ningún herido, según han indicado desde la Subdelegación.
El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha anunciado un acuerdo con el Gobierno por el cual se establece que "una cuota del 6% del contenido audiovisual ofertado en las plataformas sea en lenguas cooficiales". Esta medida se enmarca en las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el portavoz de ERC, Gabriel Rufián que ha detallado que "esto significa que de cada 100 películas ofertadas en plataformas, 30, por directiva europea, tienen que ser en lengua europea y de estas la mitad tienen que ser en lenguas cooficiales del Estado". "Eso significa que el 20% de las películas europeas tienen que ser y serán en catalán en gallego y en euskera", ha apostillado.
El Gobierno ya cuenta con los votos suficientes para sacar adelante su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se votan esta semana en el Congreso. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha confirmado el apoyo de los 13 diputados de su grupo tras llegar a un acuerdo respecto a la ley audiovisual. “El 20% del catálogo ofertado será en lenguas cooficiales”, ha afirmado.
ERC se une así a EH Bildu (5), cuyos portavoces han comparecido junto a Rufián en rueda de prensa, el PdeCat (4), que ha confirmado su ‘sí’ este martes, a Más País (2), Compromís (1) y Nueva Canarias (1). De esta manera el Gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos cuenta con 181 apoyos, 5 más de la mayoría absoluta requerida para su aprobación. Previsiblemente estas cuentas públicas contarán también con el voto favorable de los 6 diputados del PNV.