La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer al completo su "renovada" lista electoral a la Asamblea de Madrid para los comicios del 28 de mayo, de la que salen los afines al expresidente del PP Pablo Casado y en la que ha querido unir "experiencia e integración".
Ha sido este martes cuando el PP de Madrid ha remitido a la Dirección Nacional del partido las listas electorales de la Cámara regional y del Ayuntamiento de la capital para su aprobación definitiva, después de recibir la luz verde del Comité Electoral Autonómico.
Ayuso destacaba este lunes, tras conocerse los primeros veinte nombres, la "renovación" como clave en la elaboración de las mismas, combinando a su vez experiencia e integración. La también candidata del PP a la reelección ha explicado que ha sido un trabajo de muchos meses en el que "no ha habido nada al azar" y cuyos resultados son fruto de "un trabajo en equipo".
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado este martes en rueda de prensa responder a cuestiones sobre su papel en la campaña al 28M, su posición sobre Marruecos, si había más distancia con Podemos o sobre su relación con el exvicepresidente Pablo Iglesias, al subrayar que iba a centrarse en asuntos de la "política útil".
Durante una comparecencia en Nueva York, tras defender una resolución sobre economía social ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Díaz ha sido interpelada por los medios de comunicación sobre diversas cuestiones relacionadas con su entrevista del pasado domingo en el programa 'Salvados'.
Por ejemplo y respecto a la afirmación de Iglesias de que sus palabras, que definió como una "ensalada de hostias", alejaban más a Podemos y Sumar, la titular de Trabajo ha señalado que le encantaría responder a esa cuestión pero no debía ni podía hacerlo, porque estaba centrada en la "política útil".
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se destinarán 742,9 millones de euros para comprar armamento, 16,5 millones para material de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 76 millones para construir infraestructuras de Defensa. Para ello, el Ejecutivo ha acordado modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2024-2033.
Así, el Ministerio de Defensa podrá atender necesidades relativas a la modernización y adquisición de nuevos programas de armamento y material, adquisición de nuevo material para la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como para la realización de obras de infraestructura.
En relación con la modernización y adquisición de nuevos programas los compromisos futuros ascienden a 742.949.297 euros. Esta cantidad se destinará a seis programas de defensa.
El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ha avalado al PP en su gestión de Doñana en una carta a la Comisión Europea en la que afirma que el proyecto de ley para regularizar los regadíos en el humedal impulsada por la Junta de Andalucía no afecta al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige su protección, sino que, al contrario, "garantiza su cumplimiento al no permitirse la extracción de aguas subterráneas del acuífero".
Así lo señala Weber en una carta que también firman los eurodiputados españoles Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, y que va dirigida "con la mayor urgencia" al vicepresidente para el Pacto Verde, Frans Timmermans, y al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, a quienes ha pedido una reunión para explicar la situación actual del parque y la propuesta que se pretende llevar a cabo para solucionar el problema existente, "desatendido por anteriores gobiernos".
"Considerando que el daño ya es importante y la urgencia es innegable, ruego su atención en este asunto", señala en la carta el líder de los 'populares' europeos, en defensa de la gestión del humedal por parte del PP andaluz.
El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso presentado por Vox contra la Ley de Educación o ley Celáa, tal y como propone una nueva ponencia que entiende que la norma respeta el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, señalando que en el sistema educativo debe haber "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas".
Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha respaldado la ponencia de Ricardo Enríquez, aunque tanto este magistrado como sus otros tres compañeros de la minoría conservadora han anunciado voto particular al considerar que hay determinados preceptos de la ley Celáa que deberían declararse inconstitucionales.
En cuanto al derecho a recibir educación en castellano, la sentencia explica que la nueva regulación es conforme con el artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas, así como con la responsabilidad del Estado de velar por el respeto a los derechos lingüísticos de los alumnos.
El TC considera, en particular, que de la Constitución no deriva la necesaria fijación por el Estado de una proporción de uso del castellano en el sistema educativo sino, conforme a la doctrina anterior del tribunal, "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas" y un derecho efectivo a usarlas, que no niega la ley recurrida.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a tender la mano a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para lograr un acuerdo de coalición y ha subrayado que su partido ha demostrado con hechos que cuando lidera la izquierda han construido candidaturas de unidad.
En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, y sobre la falta de acuerdo entre su partido y Sumar, Belarra ha defendido que la "hoja de servicios" de Podemos para impulsar frentes amplios está "absolutamente fuera de toda duda".
Concretamente, ha presumido que de cara al 28M han conseguido más acuerdos de coalición que nunca y que en el caso de Euskadi y Navarra, donde lideran las listas, se ha logrado la unidad entre formaciones de izquierda no nacionalistas, algo que han tratado de hacer en todos los territorios.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que lo que ha hecho el PSOE en la negociación de la reforma de la ley del sólo sí es sí es "valorar el trabajo de los grupos parlamentarios que va a permitir solucionar el problema" que ha generado la norma.
Rodríguez ha respondido así a una pregunta en la que hacía referencia a las críticas que ha vertido Podemos contra los socialistas por pactar con el PP para sacar adelante esta reforma. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que los conservadores estaban "humillando" al PSOE en esta tramitación.
"La mejor manera de proteger la ley era rectificar los efectos no deseados y lo que hacemos es valorar el trabajo de los grupos parlamentarios que va a permitir solucionar este problema", ha respondido la ministra portavoz.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer al completo su "renovada" lista electoral a la Asamblea de Madrid para los comicios del 28 de mayo, de la que salen los afines al expresidente del PP Pablo Casado y en la que ha querido unir "experiencia e integración".
Ha sido este martes cuando el PP de Madrid ha remitido a la Dirección Nacional del partido las listas electorales de la Cámara regional y del Ayuntamiento de la capital para su aprobación definitiva, después de recibir la luz verde del Comité Electoral Autonómico.
Ayuso destacaba este lunes, tras conocerse los primeros veinte nombres, la "renovación" como clave en la elaboración de las mismas, combinando a su vez experiencia e integración. La también candidata del PP a la reelección ha explicado que ha sido un trabajo de muchos meses en el que "no ha habido nada al azar" y cuyos resultados son fruto de "un trabajo en equipo".
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PP contra la Ley de Memoria Democrática, tal y como hizo el pasado mes de febrero con la impugnación de Vox a esta misma norma, según ha informado este martes la corte de garantías.
El recurso 'popular' alega que la Ley de Memoria Democrática podría ser contraria al artículo 1.1 de la Constitución, conforme al cual "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
El Partido Popular entiende que la norma infringe derechos fundamentales como las libertades ideológica, de expresión, enseñanza y creación literaria y científica, así como el orden constitucional de distribución de competencias, la reserva de ley orgánica y la autonomía municipal.
Vox también recurrió al considerar que esta ley supone "exaltar las memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros", con lo que —a su juicio— "se pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil".
Portavoces de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País y BNG en el Congreso han afeado este martes la visita del rey emérito, Juan Carlos I, a España, subrayando que el viaje es una muestra de la "impunidad" que rodea al monarca, del que dicen que "no es digno de recibir honores".
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ve "desafortunado" el viaje de Juan Carlos I, que llegará el miércoles a la localidad gallega de Sanxenxo, e insiste en que el emérito "no ha dado explicaciones" sobre su presunta implicación en supuestos casos de cobro de comisiones.
En la misma línea se ha expresado en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que es secretario en la Mesa del Congreso. Ha resaltado que Juan Carlos I "nunca respondió por sus fechorías" por lo que ve la visita como una "indecencia" y un "descrédito". A su juicio, "debería estar dando explicaciones y no paseándose en regatas".
Requerido por su opinión, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que la visita "demuestra la impunidad" de España porque "todo el mundo sabe que (Juan Carlos I) fomentó corruptela en los últimos 40 años y pensaba que parte de este país era suyo".
La empresa Damm facturó 1.876 millones de euros el año pasado (un 26% más) y obtuvo un beneficio neto de 101 millones, lo que supone una reducción del 16,4% que vincula a la subida general de los costes, informa este martes en un comunicado que recoge Europa Press. Los resultados se someterán a la aprobación de la junta de accionistas que se celebrará en la Antigua Fábrica Estrella Damm, en Barcelona, el martes 23 de mayo.
La compañía ha constatado "la buena evolución del negocio y la superación de los niveles previos a la pandemia" durante el ejercicio, en el que se alcanzó una plantilla de 5.577 personas. Sin embargo ha contrastado el inicio de 2022 con el final: tras la vuelta a la normalidad "con un crecimiento destacado especialmente en el canal de la hostelería", la guerra en Ucrania empeoró la cadena de suministros y encareció energías, materias primas, materiales de envasado y logística.
Aun así, la compañía constata unos sólidos resultados "gracias a los esfuerzos e inversiones realizadas para la mejora constante de la eficiencia y productividad" de toda su actividad. Entre estos esfuerzos ha destacado su voluntad de proteger los intereses de los clientes de hostelería y el poder adquisitivo de los consumidores para "evitar trasladar a los precios los incrementos en costes".
Los volúmenes de ventas subieron en todas las categorías de productos: en 2022 se comercializaron 21,6 millones de hectolitros, frente a los 19,33 del año anterior, lo que supone un 12% más sobre el total de la producción en 2021. Al margen de la división de bebidas, el resto de los negocios de distribución, restauración y logísticos tuvieron "un gran comportamiento en línea con el incremento de los ingresos consolidados".
El grupo de bebidas tiene presencia en más de 130 países; más del 30% de actividad del negocio de bebidas se desarrolla en el mercado exterior y en instalaciones de producción propias; tiene más de 500 personas dedicadas sólo a actividades internacionales, y el mercado británico es uno de los principales mercados donde sus cervezas siguen ganando cuota. La adquisición de la fábrica inglesa Eagle Brewery (la primera fuera de la península ibérica) ha reforzado esta presencia: tiene una capacidad de producción de 1 millón de hectolitros anuales (sobre todo de cerveza en barril) y emplea de forma directa a 67 personas.