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La ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz de los "ataques racistas" sufridos por el futbolista del Real Madrid Vinicius, ha pedido este martes al PSOE que, desde el Gobierno, aceleran "ya la tramitación de la Ley antirracista".

"Necesitamos ir a la raíz del problema, fomentar la educación, el conocimiento del racismo y por tanto, el compromiso antirracista, estudiado y enseñado en nuestras escuelas desde bien pequeñitos", ha dicho la ministra.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en la Feria de Córdoba, donde, en su condición de secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, ha apoyado al candidato a la Alcaldía de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, la ministra ha defendido la "tolerancia cero que tenemos que tener ante el racismo", que se está manifestando de modo evidente "en el ámbito del fútbol y en otros ámbitos deportivos" y, ante ello, "hay mucha ciudadanía tomando conciencia de que necesitamos acabar con el racismo" que ya "es una realidad estructural en nuestro país".

Por eso, Montero ha querido pedirle al Partido Socialista acelerar "ya" la tramitación de la Ley Antirracista, para actuar contra el racismo desde la raíz, siendo necesario "también hablar de la regularización de las personas migradas", pues "todo el mundo es consciente de que hay muchísimas personas migrantes que están haciendo tareas de cuidados, labores del hogar y en muchos ámbitos de nuestra sociedad, que son esenciales para sostener la economía y la vida".

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido de las consecuencias "devastadoras" del "pago" que va a hacer el presidente Pedro Sánchez a sus socios independentistas catalanes y vascos, que en el caso del País Vasco se va a traducir en que todos los presos de ETA que han sido trasladados a Euskadi, "se les va a ver paseando por las calles".

"Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar", ha alertado.

Aznar ha participado en un mitin electoral en Bilbao, junto el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, la candidata a la alcaldía de Bilbao Esther Martínez, y la candidata a diputada general, Raquel González, donde ha preguntado si "estamos dispuestos a pagar ese precio". "¿Queremos el conjunto de los españoles estar dispuestos a pagar ese precio?", ha cuestionado.

Según ha criticado, los pactos y las políticas que practica el Gobierno están en manos de "minorías extremistas", por lo que ha acusado al "partido de Sánchez" de dejar de ser un "baluarte constitucional" para convertirse en un "problema constitucional" para España.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha subrayado la importancia de los medios de comunicación para denunciar las actitudes racistas, ante los insultos al futbolista del Real Madrid Vinicius, y ha pedido "medidas contundentes" por parte de las autoridades.

"La FAPE quiere subrayar la importancia del compromiso de los medios de comunicación de garantizar, como responsables de transmitir la información con objetividad, el rechazo a cualquier manifestación de racismo o actitudes que conduzcan al mismo y para denunciar estos casos, que pueden ser constitutivos de delitos de odio", señala la federación en un comunicado.

Desde esta organización que agrupa a los periodistas de España, califican de "deleznables" los ataques racistas sufridos el pasado domingo por el futbolista y subrayan que "deben desaparecer de los campos de fútbol y de todos los recintos en los que se celebran acontecimientos deportivos".

Por ello, hacen un llamamiento a la Federación Española de Fútbol, a la Liga de Fútbol y a todos los clubes deportivos, así como al Consejo Superior de Deportes, para "que se adopten las medidas más contundentes, algunas ya contempladas en el Protocolo Antiviolencia, para erradicar definitivamente este tipo de hechos".

En todo caso, la FAPE precisa que estos comportamientos "no representan nada más que a grupos radicales o a individuos exaltados y en ningún caso al conjunto de las aficiones" aunque "dañan su integridad, la imagen de los territorios a los que pertenecen, al deporte y al país en general".

Los detenidos por la Policía Nacional por presunta pertenencia a una trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo han quedado en libertad este martes, a la espera de que en próximas fechas sean citados por la juez que dirige la investigación.

Los arrestados están vinculados a Coalición por Melilla (CPM), según estas fuentes. La Delegación del Gobierno en Melilla informó de que eran nueve los detenidos, tres el lunes y seis este martes, si bien otra fuente oficial eleva a diez el número total de arrestados en esta operación.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, entre las personas arrestadas están el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán.

Este partido es el mayoritario en el Gobierno de Melilla desde junio de 2019, en coalición con el PSOE y un ex diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos que permitió desbancar hace cuatro años a Juan José Imbroda (PP) de la Presidencia de Melilla tras 19 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo melillense.

Las detenciones se han producido en el marco de una operación en distintos puntos de Melilla, dentro de la investigación judicial que se ha abierto ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple.

El consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán, se encuentran entre los nueve detenidos en la ciudad española del norte de África por presunta pertenencia a una trama de "compra de votos" a través del voto por correo para las elecciones del 28 de mayo.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Policía Nacional ha detenido este martes al consejero Mohamed Ahmed y a un familiar de la hija de Mustafa Aberchán en el marco de una operación que se está desarrollando en distintos puntos de Melilla, dentro de la investigación judicial que se ha abierto ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple.

Además de la detención de nueve personas, efectivos de la Policía Nacional, tanto de uniforme como de paisano, también están realizado registros en una docena de locales, entre viviendas y oficinas, entre ellos el inmueble que usa CPM como centro de datos y gabinete de prensa y comunicación que habría cedido a la formación un simpatizante de la misma.

CPM es actualmente el partido mayoritario en el Gobierno de Melilla desde junio de 2019 en coalición con el PSOE y un ex diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión que permitió desbancar a Juan José Imbroda (PP) de la Presidencia de Melilla tras 19 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo melillense.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha prometido que se acelerará la elaboración de la Ley contra el Racismo, ante la polémica por los insultos al jugados del Real Madrid Vinícius Júnior, y ha lanzado que "está muy preocupada" que en España solo se "suspenda un partido de fútbol cuando le llaman nazi a un nazi", en alusión al jugador Roman Zozulia .

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en una visita a la localidad madrileña de Getafe, preguntada por los cánticos racistas al futbolista del equipo blanco y haciendo, en su caso, mención a la suspensión en 2019 del partido Rayo Vallecano y Albacete, cuando parte de la afición del equipo madrileño profirió sobre Zozulia, según el acta del colegiado, 'Puto nazi. Zozulia eres un nazi'.

"Nosotras estamos muy preocupadas porque España sea un país en el que solo se suspende un partido de fútbol cuando se le llama nazi a un nazi", ha enfatizado Belarra.

Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia y encargada del caso Vinicius, ha manifestado que es "importante" actuar "de forma tajante y sin fisuras" en este tipo de casos ante la repercusión de un deporte como es el fútbol: "Precisamente en este ámbito, en el deportivo, se deberían primar los buenos valores, con lo que este tipo de prácticas hay que cortarlas de raíz", ha dicho.

Gisbert se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a Europa Press al ser preguntada por este procedimiento, en el que ha decidido abrir diligencias de investigación tras los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius en Mestalla el pasado domingo. Por el momento hay tres detenidos en Valencia y cuatro en Madrid.

La fiscal ha manifestado que se acordó la apertura de diligencias ante unos hechos que pueden ser constitutivos de delito de odio y ha explicado que se actuó de forma rápida "puesto que estos delitos afectan especialmente a víctimas vulnerables. Hablamos de racismo", ha señalado.

El Gobierno de España ha respondido al Gobierno de Brasil que España es "antirracista" y que "este tipo de comportamientos no quedan impunes", después de que este lunes el Gobierno brasileño afeara a España su pasividad ante los ataques racistas sufridos por el futbolista del Real Madrid Vinicius.

"Lo que sí decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional es que en España este tipo de comportamientos no quedan impunes y por tanto todos los órganos judiciales y policiales trabajan para perseguirlos siempre", ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz ha recordado que España cuenta con una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que data del año 2007 y ha añadido que el Gobierno también está abordando estas circunstancias y cuenta con "organismos interministeriales para hacer un seguimiento".

En todo caso, ha precisado que hay que distinguir las acciones que se enmarcan dentro del régimen interno del deporte e incluso dentro de la propia Liga, de aquellas que tienen que ver con la legislación común y que "se aplican independientemente de que estos hechos se produzcan en un campo de fútbol, en un supermercado o en una fábrica". "Estos hechos en España se persiguen y se castigan", ha abundado.

La Embajada de Brasil en España ha solicitado sendas reuniones con los ministerios de Asuntos Exteriores de Igualdad, así como con la cúpula de la Policía Nacional y LaLiga, a raíz de los insultos racistas recibidos el domingo por el jugador del Real Madrid Vinicius Jr., que consideran "inaceptables" y ante los que ha reclamado medidas.

La Embajada reclama un posicionamiento "enérgico" por parte de las autoridades españolas, reconociendo no obstante que han tenido una "reacción positiva" durante estos últimos días, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Así, se han mostrado "muy receptivos" a llegar a algún tipo de entendimiento sobre un tema del que, según las fuentes, se habla ya "desde hace tiempo".

La legación diplomática ha aplaudido de manera específica la buena relación con la Policía, que notificó personalmente al embajador, Orlando Leite, la operación en la que han sido detenidas este martes cuatro personas por el muñeco contra Vinicius colgado en un puente antes de un partido Real Madrid-Atlético.