La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado este martes la designación del exministro Juan Carlos Campo para ocupar un sillón en el Tribunal Constitucional y ha sostenido que ni el Partido Popular ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen "autoridad" para criticarlo.
En declaraciones a los medios antes de inaugurar unas jornadas sobre ciberseguridad del CCN-CERT, Robles (magistrada de profesión) ha reconocido que no comprende ni comparte la "desconfianza" hacia los jueces que están en política.
"Campo es un magistrado que tiene un gran currículum", ha reivindicado calificando de "magnífico" el trabajo que puede hacer en el Tribunal Constitucional y criticando que el PP solo tenga "desconfianza" cuando los jueces son nombrados por los socialistas, pero no por ellos mismos.
Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y del PSOE se reunieron esta tarde con el objetivo de sacar adelante la norma, que fue aprobada en segunda vuelta del Consejo de Ministros el pasado agosto, y que se encuentra bloqueada sin que se haya abierto aún la fase de Ponencia. Según fuentes de Unidas Podemos, en la reunión se ha podido constatar que el PSOE persiste en su apuesta por dejar fuera de la ley de protección animal a los perros de caza, algo que es inasumible para los morados.
Uno de los objetivos de esta ley es acabar con la impunidad ante el maltrato animal, del que cualquier perro, independientemente de a qué actividad se dedique, puede ser víctima. Por ello, excluirlos de la norma supondría dejarlos desprotegidos frente a los maltratadores de animales, según UP.
La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha avanzado este martes que "pronto" se llevará a cabo su "relevo" como diputada en el Parlamento andaluz al cumplirse en este ejercicio ocho años desde su entrada en política, en la que se estrenó presentándose a las elecciones europeas de 2014 desde la candidatura de Podemos, con la que obtuvo un escaño en la Eurocámara.
La actual portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz ha realizado este anuncio en declaraciones a la cadena 7TV, recogidas por Europa Press, en las que recuerda que empezó su trayectoria política "en 2014", por lo que han pasado ya ocho años desde entonces, y "es importante buscar un relevo a mi papel".
En esa línea, Teresa Rodríguez, que es profesora de Educación Secundaria, señala que cree que "estamos en condiciones de poner sobre la mesa un relevo", y aunque su "órgano de dirección me tira para que esté un poquito de más tiempo", aclara que "en ese ten con ten será pronto ese relevo" en el Parlamento.
El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe analizar su idoneidad comprobando que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional -ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional-.
Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
No obstante, las fuentes recalcan que se trata de una decisión temporal. En este sentido, advierten de que el TC podría revisarla si el órgano de gobierno de los jueces se retrasa en el nombramiento de sus dos aspirantes. En esa tesitura, no descartan que los nominados por Moncloa tengan que enfrentarse en solitario al examen del Constitucional.
El presidente en funciones de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha impedido que una diputada de Vox continuase con su discurso en el pleno después de llamar “filoetarras” a los socios del Ejecutivo de coalición. “Este Gobierno premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas”, ha asegurado la diputada mientras se debatía una Proposición No de Ley sobre Málaga, según informa Marta Monforte.
La diputada ultra, Patricia Rueda, se ha negado a retirar la palabra tras el requerimiento de Gómez de Celis y ha permanecido en silencio mientras su grupo parlamentario le aplaudía. Finalmente se ha bajado de la tribuna y, acto seguido, todos los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. El portavoz ultra, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su grupo presentará un escrito contra la Presidencia de la Cámara.
El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que no están buscando "ningún acuerdo con el PP" para sacar adelante sus enmiendas a la ley trans, enmiendas que han provocado el enfrentamiento con sus socios de Gobierno al querer limitar la autodeterminación de género en los menores de 14 a 16 años.
"No estamos buscando ningún acuerdo con el PP para la ley trans, nuestra voluntad es llegar a un acuerdo con la mayoría de la investidura. Vamos a ver, nosotros daremos nuestros argumentos para defender nuestras enmiendas que son muy sensatas, que no rompen los objetivos que persigue esta ley", ha abundado López, este martes, en rueda de prensa en el Congreso.
La Cámara Baja activará este miércoles 30 de noviembre la tramitación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, un mes después de que los grupos registraran sus enmiendas parciales al texto.
El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'sólo sí es sí' asciende al menos a 42, entre revisiones de condena a la baja (37) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (5). Un total de 10 personas han sido excarceladas.
Las últimas rebajas que han trascendido han sido dictadas por el Tribunal Supremo, que este martes ha condenado a 9 años de cárcel a dos exjugadores del caso Arandina. Los magistrados han elevado sus penas -desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)- tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima.
El Supremo ha estimado el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público pedía 10 años de condena y el TS lo ha dejado en un año menos por la aplicación de la ley del solo sí es sí.
La futura Ley de Trata recoge penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes hagan uso de servicios, prestaciones o actividades de la víctima, pero exime de las mismas a aquellos que hagan un uso ocasional y lo denuncien ante la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales.
Así consta en el anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que modifica varios artículos del Código Penal.
El texto señala que los puteros no ocasionales serán castigados, además de con penas de cárcel, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo superior entre tres y seis años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.
La Comisión de Igualdad ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que, entre otras medidas, recupera el derecho al aborto para las menores de 16 y 17 años, que no necesitará el permiso paterno para realizar esta práctica.
La norma ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios representados en el órgano, a excepción de PP, Vox y Ciudadanos. Al ser un texto de carácter orgánico, deberá pasar por el Pleno del Congreso para ser ratificado.
Entre las enmiendas que han sido incluidas en el texto en esta primera fase hacia su aprobación definitiva, se recoge la habilitación de un procedimiento judicial "urgente" en caso de discrepancias entre una menor de 16 años y aquél que deba autorizar que ésta se someta a un aborto.
Además, se han añadido modificaciones a la formación de los comités clínicos. En concreto, no se permitirá que ninguno de sus miembros esté en el registro de objetores o haya estado en el mismo en los últimos tres años. Tampoco se permite que estos comités tengan la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá recurrir en vía jurisdiccional su decisión en caso de no estar de acuerdo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe hacer un examen de idoneidad para comprobar que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional -ser español y magistrados, fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional-.
Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
El presidente del TC, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares vieron expirar su mandato el pasado 12 de junio, tratándose de los cuatro magistrados que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha anunciado que este jueves 1 de diciembre, sólo una semana después de tomarse en consideración la proposición de ley que suprimirá el delito de sedición que se aplicó a los líderes del proceso independentista de 2017, se celebrará un nuevo Pleno en la Cámara para acelerar su tramitación parlamentaria.
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso cerca de la una de la madrugada del pasado viernes y nada más terminar se reunió la Mesa del Congreso para fijar su calendario. En concreto, se decidió que el plazo de enmiendas de totalidad con texto alternativo acabara este mismo martes, o sea se dio un margen de sólo un par de días, en lugar de los 15 días de una ley ordinaria o de los siete de una ley con el procedimiento de urgencia.
El siguiente paso era que la Junta de Portavoces decidiera cuándo se celebra ese nuevo debate en el Pleno del Congreso para votar las enmiendas de totalidad y el PSOE ha propuesto que este mismo jueves, cuando acabe la sesión plenaria ordinaria, se celebre un nuevo Pleno monográfico para debatir y votar esos textos alternativos.