La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas, porque de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial" y para "conjurar el riesgo de fuga". Constata pagos de la trama y asegura que se hallaron más de 61.000 euros en su domicilio de "ilícita procedencia".
Así consta en el auto de 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que la jueza apunta que Espinosa en su comparecencia judicial reconoció las reuniones, las comidas y los viajes a Fuerteventura y Las Palmas que le habrían pagado. "También ha reconocido parcialmente que había pedido tarjetas prepago, y ha negado haber recibido dinero, pero el dinero hallado respondería a esos pagos en b y de dudosa procedencia, a la vista de la investigación patrimonial", añade la jueza.
En este sentido, y para atar las vinculaciones del general con empresarios ligados a la trama, la jueza considera que deben seguir practicándose diligencias como la citación de "testigos clave" —empresarios, ganaderos y funcionarios públicos—, el clonado de sus múltiples dispositivos y el requerimiento a la FIIAP.
Francia ambiciona construir más centrales nucleares de las previamente planeadas tras el "renacimiento de la energía nuclear" auspiciado por el presidente Macron durante su discurso en Belfort de hace un año.
"Estamos hablando de unos seis reactores, y ocho más están siendo estudiando", ha afirmado este miércoles la ministra francesa de Energía, Agnès Pannier-Runacher, en una entrevista concedida al diario económico Les Echos. "Pero le he preguntado directamente al sector: ¿podéis ir más allá de los 14 reactores en 2050?", ha añadido.
Pannier-Runacher ha explicado que alcanzar la neutralidad en CO2 para 2050 requerirá producir "masivamente más electricidad", pero siendo realistas y conscientes de las capacidades de la industria y de la ciencia.
Naciones Unidas ha concedido al Gobierno peruano de Dina Boluarte un plazo de 60 días para que entregue informes sobre la respuesta policial a las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde principios de diciembre y en las que han muerto en torno a 60 manifestantes.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha remitido un comunicado al Gobierno andino en el que reconoce haber recibido información sobre el "uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas", así como decenas de heridos.
El escrito, al que ha tenido acceso el diario peruano El Comercio, fue remitido al Ejecutivo el pasado viernes y cuenta con la rúbrica de Beatriz Balbín, jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales.
CC.OO. considera "preocupante" que una multinacional española como Ferrovial quiera trasladar su sede social a Países Bajos, un movimiento que tacha de "socialmente irresponsable e insolidario con su país de origen", sobre todo en un momento en el que cree que las empresas deberían mostrar su compromiso con el país.
El sindicato asegura que la compañía ha crecido "a la sombra" de los contratos e inversiones realizadas con las administraciones públicas españolas, como la infraestructura del AVE, por lo que critica que ahora "decida deslocalizarse fiscalmente para optimizar sus beneficios, aprovechando las ventajas fiscales de los Países Bajos".
"Además de ese ahorro fiscal inicial, este tipo de operaciones causan normalmente un efecto arrastre de otras unidades de negocio de la compañía, como pueden ser inicialmente los Servicios Centrales, con una doble pérdida de empleo y de tributación en otros impuestos como IVA e IRPF con el traslado de una parte relevante de sus personas con mayores sueldos a Países Bajos", señalan desde CC.OO.
El empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador de la trama que lleva este nombre, ha afirmado que él recuerda haber participado en cinco comidas con diputados socialistas, en las que, entre otras cosas, se habló sobre agilizar trámites en la puesta en marcha de placas solares por parte de algunas Diputaciones Provinciales.
Así se ha expresado el mediador en una entrevista en el programa Todo es mentira, al ser preguntado por el número de comidas en las que participó él mismo en esta trama y qué se hacía en ellas.
"A mi recuerdo son cinco. Había una comida que pagaba el señor de las placas solares y se hablaba de qué posibilidad había de mostrar placas solares en ciertas Diputaciones de España", ha sostenido Marco Antonio Navarro.
El presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia de las islas, Manuel Domínguez, ha admitido este miércoles que conoció hace algo más de un año y a través de un periodista al intermediario de la trama de corrupción conocida como caso mediador, Antonio Navarro Tacoronte, que le quiso informar de maniobras en su contra.
Esta presunta operación en su contra y del propio municipio de Los Realejos, del que en ese momento Domínguez era alcalde, provenían de "alguien" sin determinar del Cabildo insular de Tenerife. Navarro Tacoronte le explicó también que existía un caso de corrupción que "iba a salpicar a todos lados".
Domínguez ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Parlamento de Canarias, que le dio la credibilidad justa que se le puede dar a unas afirmaciones vertidas durante el transcurso de "un café".
La dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso ha enviado un mensaje a todos sus diputados en el que asegura que van a defender la dignidad y honorabilidad de los parlamentarios que están siendo señalados por el caso Mediador de forma injusta e intencionada, según denuncian.
En el mensaje, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE afirma que hay diputados que están sufriendo un "acoso intolerable" a través de las redes sociales y aseguran que les defenderán "con la misma contundencia" que actuaron para apartar del grupo y expulsar del PSOE al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presuntamente involucrado en esta trama de corrupción en la que también están implicados varios empresarios y un general de la Guardia Civil, que ya se encuentra en prisión.
El PSOE condena los señalamientos contra sus diputados y aseguran que les ayudarán a llevar a cabo medidas legales contra los autores de dichas acusaciones. Para ello, les animan a "recopilar toda la información posible sobre estos señalamientos: medio, autor, fecha, soporte y si es posible una copia del mismo", indican.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa, con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas, porque de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial" y para "conjurar el riesgo de fuga". Constata pagos de la trama y asegura que se hallaron más de 61.000 euros en su domicilio de "ilícita procedencia".
Así consta en el auto de 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que la jueza apunta que Espinosa en su comparecencia judicial reconoció las reuniones, las comidas y los viajes a Fuerteventura y Las Palmas que le habrían pagado. "También ha reconocido parcialmente que había pedido tarjetas prepago, y ha negado haber recibido dinero, pero el dinero hallado respondería a esos pagos en b y de dudosa procedencia, a la vista de la investigación patrimonial", añade la jueza.
En este sentido, y para atar las vinculaciones del general con empresarios ligados a la trama, la jueza considera que deben seguir practicándose diligencias como la citación de "testigos clave" —empresarios, ganaderos y funcionarios públicos—, el clonado de sus múltiples dispositivos y el requerimiento a la FIIAP.
La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha solicitado al PSOE que impulse a petición propia una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador, dado que son los principales interesados en que se esclarezca toda esta trama y se diriman responsabilidades.
También ha rechazado que su formación brinde apoyo a la petición del PP, al que ha acusado de ejercer una "hipocresía repugnante" con este asunto cuando, a su juicio, es el partido "más corrupto" de Europa.
En declaraciones a la cadena 'Cuatro', recogidas por Europa Press, y cuestionada sobre quién debería pedir una investigación parlamentaria, Belarra ha respondido que quien debería hacerlo es el PSOE, que es el "afectado" por esta trama.
El presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia de las islas, Manuel Domínguez, ha admitido este miércoles que conoció hace algo más de un año y a través de un periodista al intermediario de la trama de corrupción conocida como caso mediador, Antonio Navarro Tacoronte, que le quiso informar de maniobras en su contra.
Esta presunta operación en su contra y del propio municipio de Los Realejos, del que en ese momento Domínguez era alcalde, provenían de "alguien" sin determinar del Cabildo insular de Tenerife. Navarro Tacoronte le explicó también que existía un caso de corrupción que "iba a salpicar a todos lados".
Domínguez ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Parlamento de Canarias, que le dio la credibilidad justa que se le puede dar a unas afirmaciones vertidas durante el transcurso de "un café".
"Quedé con un periodista local que vino acompañado por otro señor que resulta ser este señor, el señor Navarro [el mediador], que no recordaba ni cómo se llamaba, y me dijo: cuidado porque hay un señor desde el Cabildo de Tenerife que va a reventar a Los Realejos", relató el popular.
Vox, Ciudadanos, ERC y Compromís, además del PP, han adelantado su disposición a respaldar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el llamado caso Mediador que provocó la destitución del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. A ellos se podrían sumar Junts y la CUP; mientras que Unidas Podemos no lo descarta, siempre que la comisión no esté impulsada por el PP.
Ciudadanos fue el primer partido que habló de crear una comisión de investigación por esta trama canaria de corrupción, a la vista de que la investigación judicial ha destapado reuniones en despachos del Grupo Socialista y cenas con diputados de este partido seguidas de fiestas que incluían droga y prostitución.
Pero el partido naranja no logró las firmas necesarias y ha sido el PP quien ha anunciado este miércoles que la registrará. La portavoz 'popular', Cuca Gamarra, alega que este caso "no se puede tapar" y que es momento de que el Congreso "no mire hacia otro lado" porque en sus dependencias también "actuaba esta trama".
Vox ya ha confirmado que apoyará la comisión para depurar responsabilidades políticas, aunque insiste en que "la mejor forma de señalar al PSOE" es apoyando su moción de censura. Los de Santiago Abascal confían más en personarse como acusación popular en el caso, que aún está en fase judicial.