El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha reiterado este viernes su rechazo a la derogación del delito de sedición y ha aseverado que lo ocurrido en Cataluña "fue gravísimo".
En rueda de prensa, Javier Lambán ha afirmado que "se intentó alterar el orden constitucional, la Fiscalía llegó a pedir que se calificara como delito de rebelión y, al final, el Tribunal Supremo estableció que había sido sedición", añadiendo que la respuesta del Gobierno de España fue "ajustada" y los tribunales de justicia "calibraron perfectamente lo que había pasado".
Lambán ha aseverado que "el Estado de Derecho, ante cualquier posibilidad de atentado contra la Constitución, tiene que estar muy bien armado política y jurídicamente", de forma que, además de la legislación vigente, incluido el Código Penal, debería contar con "otras herramientas".
"Espero que alguna vez, cuando a todos nos entre el sentido común, podamos trabajar en esto, uno de los problemas más graves de España", ha agregado.
El presidente de la Comunidad Autónoma ha advertido: "Jamás aceptaré lecciones del PP, que no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sedición, de traslado de presos, de pactos con Bildu, ni de la defensa de la moralidad pública" porque "el PP, para gobernar, es capaz de pactar con el diablo, lo ha hecho con Bildu en el País Vasco".
Respecto a la propuesta de resolución presentada por el PP, tras el Debate de Política General, "para forzar al PSOE a votar" contra la reforma del delito de sedición planteada por el Gobierno de España, Lambán ha manifestado que "el PP lo hace con el propósito de perjudicar, de desgastar al Gobierno de España y al PSOE".
"Ellos, en realidad, no están entrando en el fondo de la cuestión", sino que "están intentando aprovechar los Parlamentos regionales para su estrategia de oposición", ha asegurado Lambán, para quien "el PP carece de proyecto para la Comunidad, es un puro apéndice, un instrumento de Génova en Aragón sin ningún tipo de personalidad ni autonomía propia".
Por este motivo, los socialistas nunca se prestarán a que se les "utilice" a ellos o a las Cortes de Aragón "para ir contra el Gobierno de España". "No nos vamos a dejar manipular por ellos", ha zanjado.
También ha dicho que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sabe cuál es su posición respecto al delito de sedición, que ha expresado en los órganos del PSOE, puntualizando que entre ambos Gobiernos hay "relaciones de lealtad".
La Santa Sede ha decidido abrir una investigación preliminar tras las revelaciones hechas por el propio cardenal Jean-Pierre Ricard a los obispos franceses sobre su "reprobable" comportamiento con una menor.
"Se abrirá una investigación previa, una investigación preliminar, sobre los hechos mencionados con el cardenal Jean-Pierre Ricard", ha informado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondiendo a las preguntas de los periodistas.
La decisión se ha tomado después de que el expresidente de la Conferencia Episcopal Francesa hiciera una declaración sobre lo que él mismo calificó de actos "reprobables" con una menor de 14 años hace treinta y cinco años, cuando era párroco. La investigación se abrió, según el Vaticano, para "completar el examen" de los elementos que han surgido esta semana.
La decisión de PSOE y Unidas Podemos de presentar su propuesta para derogar el delito de sedición, creando un tipo nuevo con penas menores, como una proposición de ley ha generado malestar entre vocales del Consejo General del Poder Judicial por cuanto implica que no será necesario la opinión del propio CGPJ antes de que quede aprobada en sede parlamentaria.
Las fuentes del órgano de gobierno de los jueces han trasladado su malestar por el hecho de que se haya optado por la proposición de ley en vez de por el proyecto de ley, que sí obligaría a solicitar informes al CGPJ y otros organismos, aunque no fueran vinculantes.
Las citadas fuentes interpretan la elección de esta forma de tramitación parlamentaria como una manera de eludir los contrapesos propios del sistema democrático y, en consecuencia, de minar la efectividad del Estado de Derecho.
La Comisión Europea ha anunciado este viernes 300 millones de euros más para apoyar la iniciativa de corredores comerciales para las mercancías agroalimentarias procedentes de Ucrania, en el contexto de la guerra, como parte de la iniciativa global de la UE que espera movilizar 1.000 millones.
En concreto, Bruselas ha anunciado 300 millones en subvenciones para ayudar en el corto y medio plazo a reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación por los pasos fronterizos y sus vías de acceso. También se emplearán fondos para ayudar a desarrollar infraestructuras que mejoren la capacidad de transporte de los denominados 'corredores solidarios', el proyecto ideado por Bruselas para flexibilizar los pasos aduaneros a las mercancías desde Ucrania.
Estos fondos se suman a otras iniciativas europeas que elevan en su conjunto las inversiones hasta 1.000 millones. En este sentido, el Banco Europeo de Inversiones tiene planeado invertir hasta 300 millones de aquí a finales de año para cumplir los objetivos de los 'corredores solidarios'.
El número de personas hospitalizadas por Covid-19 en España se ha estabilizado en la última semana, habiendo registrado un ligero ascenso del 0,2%. Por su parte, la cantidad de pacientes en UCI ha crecido un 7,6% respecto al viernes pasado y se han constatado un total de 86 fallecidos.
En concreto, Sanidad ha informado este viernes de 3.372 personas hospitalizadas en España actualmente, nueve más que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 210 personas en UCI, quince más que el pasado viernes.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece este viernes para valorar la reforma del delito de sedición anunciado el jueves por Pedro Sánchez. A su juicio, el presidente del Gobierno ha "aceptado el chantaje independentista para superar la debilidad parlamentaria", por lo que asegura que la reforma únicamente busca su "supervivencia política". Le acusa de "legislar delitos a la carta de aquellos que lo han cometido y que anuncian la voluntad de reincidir es contrario a los valores democráticos". En este contexto, Feijóo no solo se compromete a derogar dicha reforma si llega al Ejecutivo, sino que además llama a los dirigentes socialistas que estén en desacuerdo con la medida para que se pronuncien y evitar que salga adelante.
El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, busca formas de que los Estados miembros se comprometan con la financiación del envío de armas a Ucrania, una vez el Mecanismo Europeo para la Paz, instrumento clave para suministrar armas a Kiev, se encuentra bajo mínimos tras haber agotado el 85% de los fondos.
"El Mecanismo es víctima de su propio éxito", ha señalado un alto funcionario europeo que explica que el jefe de la diplomacia comunitaria planteará a los ministros de Defensa de la UE en su reunión de este martes en Bruselas la necesidad de garantizar los fondos de un instrumento que se ha usado por primera vez para suministrar armas a un país en guerra.
A Borrell le preocupa la sostenibilidad del fondo, un instrumento extrapresupuestario que depende de las contribuciones de los Estados miembros, los cuales aportan según su porcentaje del producto interior bruto de la UE.
El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el comienzo de bombardeos sobre las zonas de Jersón recientemente desocupadas por el Ejército, en la orilla occidental del río Dniéper, en una serie de ataques confirmados también por las fuerzas de seguridad ucranianas, que han denunciado al menos tres posibles fallecidos en estas operaciones.
"El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informa de disparos contra equipos y mano de obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la margen derecha (la orilla occidental) del Dniéper", según un comunicado recogido por la agencia rusa TASS.
Del mismo modo, la Policía Regional ucraniana en Jersón ha confirmado un bombardeo sobre la ciudad de Berislav, a unos 60 kilómetros al norte de Jersón ciudad, con artillería pesada, que habrían dejado al menos tres muertos.
Las autoridades ucranianas han informado del inicio de la construcción de una valla en la frontera con Bielorrusia, país al que la comunidad internacional acusa de estar colaborando con Rusia en la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace ahora más de ocho meses.
El jefe adjunto de la Oficina de la Presidencia, Kirilo Timoshenko, ha contado a través de su perfil de Telegram que la población civil se ha movilizado con efectivos del Ejército para levantar algunas de estas barreras fronterizas.
Timoshenko ha detallado que en la región de Volinia, en el noroeste del país, en paralelo a la construcción de este muro de hormigón armado coronado por concertinas, se ha cavado una zanja y colocado un terraplén con la ayuda de la población civil. "Ya se han arreglado unos 3 kilómetros", ha celebrado.
El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias ha valorado este viernes como un "avance democrático" la supresión del delito de sedición promovida por el Gobierno de la Nación pero ha advertido de que no tendría sentido de que la eliminación de este delito "anacrónico" concluya con la incorporación "por la puerta de atrás de otros tipos penales para criminalizar la protesta social".
En declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público para presentar su libro Medios y Cloacas en Sevilla, Iglesias ha asegurado que "es bueno que deje de existir ese delito", pero ha querido dejar claro que "lo que no tendría sentido en ningún caso es que aparecieran tipos nuevos que sirvieran para criminalizar la protesta social".
El exvicepresidente del Gobierno ha explicado que ha hablado con miembros de Podemos que están "estudiando muy en detalle una reforma que se ha llevado con enorme secretismo" y ha defendido que existe "consenso en toda la izquierda de que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizar la protesta social".
La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este viernes los costes electorales que entraña la conversión del delito de sedición en el de desórdenes públicos agravados, que acomete el Gobierno a través de una Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, por cuanto ha esgrimido que "no se entiende igual en el sur que en Cataluña" tras considerar que "el momento me genera dudas".
Durante su participación en la tertulia del programa Todo es mentira de Cuatro TV ha esgrimido que "en el ámbito jurídico me parece razonable, el contenido es razonable" para considerar que "el error es que no haya más consenso", de manera que ha defendido que "una modificación razonable del Código Penal me gustaría poder hacerla con la derecha", aunque seguidamente ha expresado su incredulidad al respecto por cuanto "no son capaces (PSOE y PP) de ponerse de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial".
La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE de Andalucía ha apelado a una comparativa con el delito de alta traición en Alemania para poner de manifiesto que existe además "un delito atenuado parecido" a la reforma que impulsa el Gobierno en España.