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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alabado este viernes la "ambición y rapidez" de Ucrania en la agenda de reformas para integrarse en la Unión Europea y espera que estos avances se reflejen en decisiones por parte de los Veintisiete el próximo otoño, cuando evalúen la situación de todos los países candidatos a la adhesión.

En una rueda de prensa desde Suecia, la jefa del Ejecutivo europeo ha defendido que la adhesión a la UE es un proceso que va "paso a paso", con el informe sobre Ampliación del próximo otoño como siguiente meta, pero no ha dudado en alabar la "rapidez y ambición impresionante" demostrada por Kiev.

La conservadora alemana ha puesto el acento en que Ucrania dé pasos adelante en la senda de reformas europeas "con calidad" además de rapidez, para que precisamente el informe sobre los avances en la adhesión refleje estos logros. "Y eso, por supuesto, trae entonces, con suerte, decisiones interesantes y positivas del Consejo", ha afirmado.

Confluencia Feminista ha calificado de "ataque brutal" a los derechos de la mujer las medidas 'provida' anunciadas por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, al que acusa de tratar a las mujeres como si estas "no pudieran tomar sus propias decisiones".

Desde la entidad han explicado a Europa Press que hacer escuchar a las mujeres que desean abortar el corazón del feto es un "maltrato psicológico" y una "presión" para que tomen la decisión "que a ellos les parece oportuna" y que, a su juicio, está "basada en fundamentos religioso" y en un "derecho a la vida" que, según ha apuntado, "se han sacado ellos de la manga".

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, a petición de la Procuraduría, ha abierto una investigación contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por "negligencia" durante el asalto de las instituciones del Estado por parte de una turba de fanáticos del expresidente Jair Bolsonaro.

Además de Rocha, quien fue apartado de su cargo durante 90 días por el propio De Moraes después de los actos violentos del 8 de enero, también han sido incluidos en la investigación el que era responsable de la seguridad de la capital, el exministro de Justicia con Bolsonaro, Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de arresto.

Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad Pública de Brasilia y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar de Brasilia, también serán investigados por "negligencia" durante la gestión de los ataques y "connivencia" con sus responsables.

En el caso de Rocha, De Moraes sostiene que no solo defendió una falsa protesta política en Brasilia "a sabiendas de que las instituciones serían atacadas", sino que además "ignoró" todos los llamamientos del resto de autoridades para que pusiera en marcha un plan de seguridad.

Un tribunal de Nueva York ha impuesto este viernes una multa de 1,6 millones de dólares (1,4 millones de euros), el máximo estipulado por la ley, a la organización del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por fraude fiscal, entre otros delitos.

Dos entidades de Trump, The Trump Corp. y Trump Payroll Corp., fueron condenadas el mes pasado por 17 delitos fiscales de carácter grave, incluido el mencionado fraude o la falsificación de registros comerciales.

Los fiscales argumentaban que la empresa de Trump cubría gastos personales como el alquiler y el arrendamiento de automóviles de los ejecutivos, sin declararlos como ingresos, según recoge el portal de noticias Politico.

Este veredicto tiene lugar después de que el antiguo responsable de finanzas de la empresa, Allen Weisselberg, se declarara culpable de delito de fraude y pasara a colaborar con la Fiscalía neoyorquina.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hecho hincapié en la importancia de aprobar el Estatuto del Becario para evitar que las empresas "abusen de trabajadores cuyo objetivo es aprender".

"No es posible que las empresas abusen de trabajadores cuyo objetivo es aprender. Hay que garantizar la formación y evitar que se use a falsos becarios", ha manifestado este viernes Díaz en la conferencia 'Un año de reforma laboral', celebrada en Madrid en el marco de las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT.

Para la ministra de Trabajo, es "muy importante" sacar adelante el Estatuto del Becario porque "es muy importante" para España porque "no es posible que la formación sea una excusa para recortar derechos y que se tenga que pagar para recibir formación". "Hay que garantizar la formación y evitar que se use a falsos becarios", ha sentenciado.

"No hay discusión doctrinal en esta materia. Un becario no sustituye a un trabajador, un becario es alguien que está aprendiendo. Esto está muy claro en la jurisprudencia española", ha explicado Díaz.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha asegurado este viernes que las medidas "pro-vida" que se anunciaron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, fueron "previamente consensuadas" con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y se aplicarán "de forma inmediata". Así lo la asegurado el vicepresidente a través de su cuenta personal de Twitter quien ha precisado que las medidas que se anunciaron este jueves, en su comparecencia junto al consejero Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se "aplicarán con carácter inmediato tal y como figura en la nota de prensa difundida ayer por la Consejería de Sanidad".

No obstante, en la nota de prensa de la Consejería que se difundió este jueves se informa de que fruto del acuerdo de Gobierno suscrito para esta legislatura entre el Partido Popular y Vox, "se van a poner en marcha", entre otras, iniciativas dirigidas "a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre".

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el vicepresidente explicó que la Junta implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la Comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha pedido hoy al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que no entre en la legitimidad de la política para legislar, después del auto que emitió ayer en el que criticó la supresión del delito de sedición en el Código Penal y señaló que la reforma realizada por el Gobierno está cercana a la despenalización del procés. Montero ha comparecido este mediodía ante los periodistas después de la reunión convocada hoy por Pedro Sánchez en Ferraz de la Ejecutiva socialistas y de los ministros del PSOE en el Gobierno.

Al ser preguntada por el auto emitido ayer por el magistrado del Tribunal Supremo, la ministra ha afirmado que no iba a entrar en los contenidos "de la misma manera" que piden que cada poder ejerza su responsabilidad: "Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación".

Además, y en base al auto de Llarena, que mantiene la acusación del delito de malversación contra Carles Puigdemont, ha acusado al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de mentir por decir que el expresidente catalán iba a regresar a España con alfombra roja y paseándose con impunidad.

Previamente, la dirigente socialista ha acusado al líder del PP de seguir el "manual de instrucciones del señor Trump o Bolsonaro" y de practicar la misma "política de tierra quemada de las instituciones y también de delirios conspiranoicos que causan un profundo daño a nuestra democracia".

El ex presidente catalán Carles Puigdemont recurrirá el auto dictado el jueves por el instructor del procés, Pablo Llarena, que ajusta su procesamiento a la reforma penal manteniéndolo por malversación pero reemplazando el derogado delito de sedición por el de desobediencia, según han informado fuentes de su entorno a Europa Press.

Se trata del auto con el que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) adaptó el procesamiento de Puigdemont y los demás prófugos del procés a la reforma penal que entró en vigor el mismo jueves, por la que se eliminó el delito de sedición y se modificó el de malversación.

En el caso del ex president, sustituyó el delito de sedición -penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación- por uno de desobediencia -castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años-, al considerar que los hechos perseguidos no encajan en el delito de desórdenes públicos.

Llarena descartó que se le pueda procesar por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, creado con esta reforma penal, ya que no existía cuando tuvo lugar el procés.

El PSOE y los socialistas de Castilla y León han comenzado la reunión de la Ejecutiva Federal abordando las medidas 'provida' anunciadas ayer por el Gobierno encabezado por Alfonso Fernández Mañueco y han suscrito una declaración conjunta en contra de estas cuestiones, al considerar que suponen "un ataque a la libertad de las mujeres".

Así lo ha asegurado este viernes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal, con la presencia del secretario general, Pedro Sánchez, y de los ministros socialistas del Gobierno.

Este anuncio se produce después de que la Junta de Castilla y León presentara una serie de medidas 'provida' y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a poner en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada.

El jurista y exdiputado del PP Jesús López-Medel ha mostrado su apoyo a Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, y participa en el grupo sectorial dedicado a elaborar propuestas en materia de justicia.

López-Medel acudió ayer al encuentro que tuvo lugar este jueves en Madrid entre los grupos de trabajo, así como el posterior balance público que protagonizó Díaz y donde esbozó varias líneas maestra del futuro proyecto programático de Sumar, que aún continúa.

Fuentes de la plataforma han confirmado a Europa Press la presencia del exparlamentario del PP, que dejó este partido a finales de 2007 y expresó su oposición por la guerra de Irak de 2003, es una de las personas inscritas para participar en el área de justicia.

Un grupo formado por casi medio centenar de congresistas demócratas ha pedido por carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dé orden al FBI para que investigues al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro por los ataques a las instituciones del pasado domingo en Brasilia.

En total, 46 congresistas del Partido Demócrata han solicitado que el FBI investigue si los ataques en la plaza de los Tres Poderes fueron planeados en Estados Unidos, donde Bolsonaro se encuentra desde el pasado 30 de diciembre.

"El ataque ilegal y violento del 8 de enero contra las instituciones del Gobierno brasileño fue elaborado en base a meses de invenciones antes y después de las elecciones por parte de Bolsonaro y sus aliados, en las que alegaban que las elecciones presidenciales del 30 de octubre habían sido robadas", reza la carta.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que una parte del repunte de la inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, que cerró 2022 en el 7%, se explica "por los beneficios de las empresas".

"Con los datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que, homologando a un gallego como yo, (el líder del PP) Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. No era quien decía Feijóo, pero algo hay que hacer aquí", ha comentado Díaz en las Jornadas Confederales de UGT.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "la cesta de la compra sigue disparada" y "las familias no pueden más". Por eso, ha pedido al Gobierno liderado por Pedro Sánchez "menos propaganda y más hechos" y aplicar "sin demora" medidas como las que plantea su partido, entre ellas, ampliar la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas.

Así se ha pronunciado después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y haya recortado 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rebajan en una décima los avanzados por el organismo a finales del mes pasado, cuando apuntó a un IPC interanual del 5,8% y a un ascenso mensual de los precios del 0,3%.

No ha sido así en el caso de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente finalmente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992.

La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí se arriesga a ser detenida si regresa a España y no comparece ante el Tribunal Supremo (TS), donde está procesada por un delito de desobediencia por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, ya que contra ella pesa una orden de detención y puesta a disposición.

Ponsatí es una de las destinatarias del auto dictado el jueves por el instructor del procés, Pablo Llarena, para adaptar la situación de los procesados por el 1-O a la reforma penal que elimina el delito de sedición y modifica la malversación.

El magistrado del Tribunal Supremo ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del primer ilícito.

Además, dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden de detención y puesta a disposición contra Ponsatí para tomarla declaración.

La consellera de la Presidencia y líder de ERC, Laura Vilagrà, ha criticado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantenga el procesamiento contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por malversación en su tipo agravado: "Es retorcimiento del delito", ha lamentado.

"Nos parece evidente que esto también decaerá y que el juez Llarena no podrá aplicar este agravado", ha augurado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes recogida por Europa Press.

Ha calificado de "éxito completo" la derogación del ya inexistente delito de sedición —que entró en vigor este jueves— al considerar que muy pocas personas confiaban en que se produjera.

Vilagrà ha abogado por apoyar a los encausados en otras causas abiertas vinculadas con el 1-O y ha destacado que la Generalitat ha cambiado los criterios de personación en procesos judiciales a independentistas: "Una de las fortalezas es la movilización popular", ha defendido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que una parte del repunte de la inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, que cerró 2022 en el 7%, se explica "por los beneficios de las empresas".

"Con los datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que, homologando a un gallego como yo, (el líder del PP) Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. No era quien decía Feijóo, pero algo hay que hacer aquí", ha comentado Díaz en las Jornadas Confederales de UGT.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recalcado que España, con un IPC del 5,7% en diciembre, "tiene la menor inflación en Europa", gracias a "todos los esfuerzos para reducir los grandes problemas" de la economía.

Díaz ha recordado que el Gobierno ha regulado los precios energéticos, a pesar de se decía "que no se podía hacer", y ha insistido en que no se puede seguir admitiendo que las empresas "sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores".

La exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí prevé volver a Cataluña "lo antes posible" pero no se presentará ante el Tribunal Supremo al asegurar que no reconoce la jurisdicción del juez Pablo Llarena, por lo que desconoce si será detenida.

"Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", ha recalcado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa press.

Tras explicar que su vuelta dependerá de su agenda, ha asumido que su decisión de no presentarse ante el Supremo puede tener consecuencias, y por ello está estudiando las implicaciones que puede tener su vuelta.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha expresado este viernes su confianza en que la inflación subyacente empezará a bajar en enero gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno.

En este sentido, Calviño, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado que la rebaja del IVA en alimentos básicos impactará en el IPC durante el primer semestre.

En todo caso, ha destacado que la inflación ha bajado "muy rápidamente", con un descenso de cinco puntos en cinco meses desde el pico de julio del 10,8%, lo que ha llevado a que el IPC termine el año 2022 "muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la zona euro".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este jueves que luchará para poder volver en libertad y que no lo hará "ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente", en alusión implícita al magistrado Pablo Llarena.

Lo ha dicho en un mensaje telemático después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) haya eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán pero lo haya mantenido por los delitos de desobediencia y malversación.

Ante ello, Puigdemont ha destacado que quiere "librar la batalla europea hasta el final", pese a admitir que puede no tener el resultado esperado.