El director del CNI habla de Corinna y el rey emérito en una sesión del Congreso con riesgo de sanción a quien rompa el secreto

A puerta cerrada y con la amenaza expresa de sanciones para los diputados de la comisión de gastos reservados que rompan el secreto. Así se producirá este miércoles a partir de las cinco de la tarde la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, para ofrecer al Congreso su versión sobre lo que Corinna zu Sayn Wittgenstein revela en las cintas del controvertido excomisario Villarejo.

Aunque los socialistas supeditan su posición sobre la comisión de investigación propugnada por Unidos Podemos al resultado de esta comparecencia, la gran incógnita –y la gran duda– es la de si el jefe del espionaje español aportará realmente datos de importancia sobre sus comunicaciones con la que durante años fue amiga íntima de Juan Carlos de Borbón. Y sobre todos las sombras que los archivos de audio difundidos por elespanol.com y por okdiario.com extienden sobre el mandato de Juan Carlos de Borbón y su posterior y actual etapa como rey emérito tras la abdicación de junio de 2014.

La cita de Sanz Roldán con el Congreso llega precedida de interrogantes como los siguientes: ¿desvelará si, como publicó elespanol.com, el padre de Felipe VI entregó a Corinna archivos clave del CNI para protegerla si él moría, archivos que supuestamente contienen información comprometedora sobre miles de personalidades públicas? ¿En qué términos se expresará sobre las amenazas que, según Corinna, él mismo profirió contra su vida y las de sus hijos durante un encuentro en Londres, al parecer celebrado en 2012? ¿Negará que quien fue jefe de Estado hasta su abdicación en 2014 cobró comisiones del AVE a la Meca, como sostiene la empresaria, o pasará de largo por ese episodio invocando una hipotética obligación de secreto? Y, sobre todo, ¿dará alguna explicación sobre la gravísima afirmación que la "amiga entrañable" lanza cuando sostiene que el restaurador de la dinastía borbónica la utilizó como testaferro para ocultar propiedades, escondió dinero en Suiza a través de uno de sus parientes, Álvaro de Orleans, utilizó los servicios del mismo gestor de fondos que manejó los fondos depositados por la trama Gürtel en una misteriosa cuenta del Credit Suisse, la cuenta Soleado, y se acogió, finalmente, a la amnistía fiscal de 2012?   

Todas las cuestiones enunciadas en el párrafo anterior colocan en el disparadero al anterior jefe del Estado. Pero, de manera paradójica, quienes se arriesgan a sufrir las consecuencias si las respuestas -si llega a haberlas- traspasan las puertas de la comisión de secretos oficiales no es Juan Carlos I sino los diputados que eventualmente puedan filtrarlas. El Reglamento de la Cámara prevé incluso la suspensión de sueldo para los diputados que vulneren el "deber de secreto". Los artículos 99 y 101 del Reglamento establecen que el parlamentario "podrá ser privado" de alguno o todos sus derechos"cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el artículo 16". En este supuesto, la Mesa del Congreso, "en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a la seguridad del Estado" podrá directamente proponer al Pleno incluso que se le suspenda al sancionado en su condición de diputado.

"El sistema construyó una Línea Maginot para impedir la transparencia en lo que concierne a la Casa Real porque de la transparencia se pasaba al debate sobre la legitimidad de la restauración monárquica y de ahí al de la impunidad", diagnostica un diputado que no solo pide el anonimato para sí mismo sino que lo reclama para la formación política a la que pertenece. Como publicó este periódico, en las dos últimas décadas el Congreso ha vetado casi 200 preguntas sobre la Casa Real bajo la coartada de que la Constitución asigna al rey un estatuto de "inviolabilidad" que le hace irresponsable de sus actos a todos los efectos. También en lo penal. 

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No obstante, los archivos sobre los que hoy disertará -si llega a hacerlo- ya están bajo investigación en la Audiencia Nacional. El mismo juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso contra el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre bajo graves acusaciones de corrupción, abrió hace una semana una pieza separada. La inviolabilidad -término que aquí opera como sinónimo exacto de inmunidad- que la Constitución garantiza al rey durante su mandato convierte en inviable cualquier acción relativa a hechos anteriores a junio de 2014. Es decir, previos a la abdicación.

Pero la gran duda estriba en si sería perseguible un hipotético delito de blanqueo de capitales posterior a ese momento: el que se habría perpetrado si son ciertas las afirmaciones de Corinna. En el supuesto de que la Audiencia Nacional encontrase indicios de delito y concluyera que es perseguible, debería entonces remitir el caso de manera automática al Tribunal Supremo, ante el que goza de aforamiento Juan Carlos de Borbón desde que abdicó.