La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lamentado este martes el abandono del sistema sanitario público y del Ministerio de Sanidad a tenor de un informe presentado por este a las comunidades autónomas en las que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión.
En el citado documento, el Ministerio de Sanidad reconoce, según la asociación, las dificultades del sistema de información que marcó como obligatorio a través de la Orden SND/275/2020 de 23 de marzo, por la que obligaba a las comunidades autónomas a suministrar los datos relacionados con la evolución de la epidemia en las residencias. "La inconsistencia de los datos así obtenidos es tal que el propio Ministerio concluye que difícilmente puedan ser objeto de difusión", sostienen los directores.
En este documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por covid, en 9.830 se detectó sintomatología covid, pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas. En el mismo documento, se especifica que el número total de centros sobre los que se comunica su intervención, fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.
Los directores de Servicios Sociales sostienen en un comunicado [ver aquí] que en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, hay "fechas incoherentes en el envío de la información, informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención, informes con ausencias de datos respecto de las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en centros intervenidos, discrepancia de datos evolutivos... Incluso una comunidad no ha enviado los datos ni una sola vez".
El informe llega a reconocer, según el colectivo, que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y que algunas no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo (dos comunidades solo notificaron una vez los datos).
Según la entidad, la información sobre el número de residentes encuadrados en cada una de las categorías que establecía la orden, así como sobre el número de fallecimientos debía ser registrada y proporcionada por los departamentos de sanidad de las comunidades autónomas y los criterios para el triaje debían ser inequívocas para que pudieran ser "mínimamente fiables".
"No es lo mismo los datos de muertes en residencias que los de residentes fallecidos y, en algunas comunidades, los residentes que fallecían en hospitales no se registraban como residentes fallecidos", ha indicado el colectivo.
Además, el Ministerio reconoce lo "poco amigable de la plataforma para el registro, la dificultad de acceso y la ausencia de depuración de datos" por el sistema de información. "Todo ello ha producido una información de escasa fiabilidad evidenciada en lagunas de ausencia de datos, errores en las sumas en centros intervenidos y graves discrepancias entre cifras y en los datos evolutivos. Entre ellas, la más destacada, la de fallecimientos totales comparada con otras fuentes: 27.359 vs 32.843".
A tenor de este informe, el colectivo estima que los centros residenciales de los servicios sociales "no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad".
Y creen incomprensible que, a estas alturas "todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado".
Ven urgente tomar medidas
Para ello ve "urgente e imprescindible" tomar medidas con carácter inmediato para prepararse para un rebrote como monitorizar los datos para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento unificado para todo el Estado. "Es posible que se estén filtrando los datos, incluso manipulando, por los gobiernos autonómicos, por las empresas o entidades gestoras e incluso por las direcciones de los centros".
Consideran necesario, además, realizar estudios de los centros para encontrar evidencias científicas de dónde se han tomado decisiones que han protegido a los residentes, además de dotar de equipos de protección individual y realizar pruebas a residentes y personal.
Considera necesario establecer protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, especialmente desde la atención primaria.
Asimismo, apuntan la posibilidad de medicalizar residencias, garantizar la atención sanitaria específica de todo tipo de centros residenciales de servicios sociales y establecer corredores seguros y poder establecer los drenajes necesarios en las residencias para atender según gravedad en hospitales o en centros residenciales covid con servicios coordinados de Servicios Sociales y Sanitarios a las personas que lo requieran.
El documento de Sanidad: la falta de calidad de los datos "ha dificultado su difusión"
El escrito del Ministerio de Sanidad, revelado por El País, resulta especialmente llamativo por el reconocimiento de múltiples errores de las distintas Administraciones a lo largo del mismo. “La calidad de los datos ha dificultado su difusión”, reconoce el texto, que recoge cifras hasta el 21 de junio. En otra página del documento, una presentación con gráficos y resúmenes de la situación, se describen punto por punto los errores que impiden dar por buena la radiografía final. Fechas incoherentes en el envío o reporte de la información, informes con ausencia de datos en las causas de fallecimiento de residentes, errores en la suma de residentes en los centros intervenidos o discrepancia de datos evolutivos son algunos ejemplos.
Esta última frase sintetiza el hecho de que hay casos en los que el número de fallecimientos, en lugar de aumentar con el paso de los días, disminuye. Y no ha ocurrido en una ocasión por un error puntual sino que el documento habla de “algunas comunidades” con este problema.
Las comunidades están obligadas a informar dos veces a la semana, martes y viernes, de las defunciones en las residencias de servicios sociales, tanto por covid-19 confirmado como por síntomas compatibles con la enfermedad. Sin embargo, estos números no son homogéneos: hay quienes no contabilizan a residentes fallecidos en hospitales, quienes suman otras tipologías de residencias además de las de ancianos (salud mental o discapacidad) o, incluso, disparidades entre consejerías de una misma autonomía.
El Gobierno justifica la no publicación del informe de Sanidad sobre residencias por ser "un borrador", no consolidado
En el documento los nombres de las comunidades aparecen anonimizados, por lo que no es posible, de momento, conocer qué comunidad no envió datos ni una sola vez y cuáles son las dos que lo hicieron en una sola ocasión. Así, el ministerio reconoce que no cuenta con un sistema de información “fiable, accesible, sustentable, transparente, comparable e interoperable que responda a recomendaciones europeas”, en referencia al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés).
A este centro le reveló el Gobierno el dato de fallecidos en residencias que no publicaba en España el pasado 8 de mayo. Lo envió para una reunión el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) de Fernando Simón, según El Confidencial, que ha accedido a los correos electrónicos intercambiados durante la crisis entre estos dos organismos.
Dos días después Pedro Sánchez afirmaba sobre los datos de fallecidos: “Estamos trabajando en ese informe. Se hará público”. A preguntas de los periodistas este lunes, Fernando Simón evitó aclarar cuándo va a dar a conocer los datos el Gobierno. “Yo no soy la persona que tiene que hacer pública en España la cifra de fallecidos en residencias”, dijo, y añadió que el CCAES es “un simple transmisor de datos”. También rechazó que fuera correcta la cifra que recoge el documento del CCAES, 17.231 personas fallecidas hasta mayo: “Los datos no son esos. Hay que matizarlos”, concluyó.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lamentado este martes el abandono del sistema sanitario público y del Ministerio de Sanidad a tenor de un informe presentado por este a las comunidades autónomas en las que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión.